El proyecto de eventos deportivos en vías públicas ya es la Ley 9920

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS

EXPEDIENTE N.° 21.742

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de la parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES

Expediente N.° 21.742

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la obesidad ya alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, la tecnología de alimentos para el mercado creciente de comidas rápidas y ultraprocesadas, ha generado que los alimentos menos saludables sean mucho más baratos, condenando a las personas de menores ingresos a ingerir alimentos con bajo contenido nutricional, pero alto contenido calórico. Asimismo, la mala alimentación aunado al sedentarismo, ha causado que en la actualidad la obesidad también sea prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. De conformidad con los datos recopilados por esta misma organización, al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Entre las causas identificadas, se encuentran la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y el aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. En ese sentido, el incremento del uso de los medios de transporte "pasivos" también han contribuido a la reducción de la actividad física.

Adicionalmente, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica.

Por estas razones, como parte de las estrategias públicas para aumentar la actividad física y contribuir a disminuir los problemas de obesidad causados por múltiples factores, entre los que se encuentra el sedentarismo, consideramos esencial que el Estado fomente el deporte como parte de esa estrategia para promover la actividad física. Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea, que involucre tanto al sector público como el privado.

Sin embargo, hemos encontrado que el acceso universal al deporte y a la recreación, como requisito indispensable para la promoción de estilos de vida saludables y un elemento esencial de cualquier política pública orientada a priorizar la salud preventiva frente al tratamiento de las enfermedades, se ha visto obstaculizado por distintas razones. Así, se puede observar que al año 2013, amplias proporciones de personas jóvenes no tenían acceso a espacios recreativos:

Cuadro 1 Personas de 15 a 35 años sin acceso a espacios recreativos en la comunidad según sexo. Costa Rica 2013

Porcentaje de hombres jóvenes sin acceso Porcentaje de mujeres jóvenes sin acceso

Sin acceso a instalaciones deportivas cerradas (Canchas, piscinas etc) 44.0% 62.8%

Sin acceso a espacios abiertos, plazas, canchas, parques 25.1% 37.8%

Sin acceso a clases de alguna actividad deportiva 65.6% 76.4%

Fuente: Elaboración propia con datos incluidos en Cuadro 6 del Informe Análisis de Situación de Salud, Costa Rica, de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, publicado en marzo, 2014.

El acceso limitado a espacios apropiados para realizar actividad física, se acompaña de una alta proporción de la población que no realiza deportes. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (realizada en 2017 por el INEC) señala que solo el 26,1% de las mujeres mayores de 12 años y el 37,9% de los hombres mayores de 12 años, utilizan parte de su tiempo libre para practicar deporte y ejercicio físico. La baja proporción de realización de actividad física, resulta en un bajo tiempo social promedio dedicado a práctica de deporte y ejercicio físico: 1 hora semanal en el caso de las mujeres y 1:55 horas en el caso de los hombres.

Los altos niveles de sedentarismo tienen impacto sobre la salud de las personas. En este sentido, la Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular (realizada por la Caja Costarricense del Seguro Social en 2018), aunque muestra una disminución del sedentarismo con respecto a los datos del año 2010, evidencia que aún un 36,1% de las personas mayores de 19 años no realiza actividad física o la realiza de manera insuficiente.

Puede afirmarse que el deporte y la recreación son elementos consustanciales al derecho fundamental a la salud, tanto física como mental, que a su vez, se deriva del derecho a la vida, tutelado en el artículo 21 de la Carta Magna.

Al mismo tiempo, este derecho ha sido reconocido por múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1978 reconoció a la educación física y al deporte como derechos fundamentales:

“Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, ya esté basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor.

1.2 La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales por medio de estas actividades debe verse respaldada por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas.

1.3 Se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de participar en la educación física, la actividad física y el deporte a todos los seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar, las personas de edad, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

1.4 La igualdad de oportunidades de participar e intervenir a todos los niveles de supervisión y adopción de decisiones en la educación física, la actividad física y el deporte, ya sea con fines de esparcimiento y recreo, promoción de la salud o altos resultados deportivos, es un derecho que toda niña y toda mujer debe poder ejercer plenamente.

1.5 La diversidad de la educación física, la actividad física y el deporte es una característica básica de su valor y atractivo. Los juegos, danzas y deportes tradicionales e indígenas, incluso en sus formas modernas y nuevas, expresan el rico patrimonio cultural del mundo y deben protegerse y promoverse.

1.6 Todos los seres humanos deben tener plenas posibilidades de alcanzar un nivel de realización correspondiente a sus capacidades e intereses.

1.7 Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación física, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar por que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario, y por que el deporte y la educación física en la escuela y en todas la demás instituciones educativas formen parte integrante de las actividades cotidianas de los niños y los jóvenes.” (Énfasis agregado)

Más recientemente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante la Ley N.° 8612 de 1 de noviembre de 2007, incluyó en su artículo 33 el derecho al deporte como un derecho fundamental de las personas jóvenes:

“Artículo 33. Derecho al deporte.

1. Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos valores así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte.

2. Los Estados Parte se comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura necesaria para el ejercicio de estos derechos.” (Énfasis agregado)

La Sala Constitucional con fundamento en estos instrumentos internacionales, ha ejercido el control de convencionalidad contra conductas activas y omisiones de las autoridades públicas que lesionan el derecho fundamental a la educación física en los centros educativos públicos. Así por ejemplo ha dicho nuestro Tribunal constitucional:

“De conformidad con el artículo 461 de nuestro Código de Educación, la educación física escolar es obligatoria para todos los educandos y forma parte integrante de los programas de enseñanza en todos los establecimientos de educación, públicos o privados; esa norma legal, de larga data, desarrolló lo que, posteriormente, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en París, en su vigésima reunión, el día 21 de noviembre de 1978, reconocería como un derecho fundamental (…) Ese derecho fundamental a la educación física y al deporte es formalmente reconocido en nuestro derecho interno, por fuerza del artículo 33 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (…) En el presente caso, se ha constatado la vulneración de ese derecho fundamental, con la supresión de la educación física en la Escuela República Argentina, durante el presente curso lectivo.” (Voto No. 2010-17206)

Asimismo, ante la falta de infraestructura adecuada que permita el acceso efectivo al deporte, consideramos que el Estado debe tomar las medidas para la utilización de los espacios públicos existentes, con la finalidad de garantizar el desarrollo de la cultura, recreación, ejercicio y deporte. Tomando en cuenta el papel del Estado como promotor de estas actividades, consideramos se debe colaborar también con el sector privado para fomentar y facilitar la realización de todas aquellas actividades que permita realizar actividades deportivas en espacios públicos, como es el caso de los eventos deportivos que utilizan las vías públicas terrestres –maratones, competencias de ciclismo o triatlón, etc-.

Sin embargo, a pesar de los datos alarmantes sobre los problemas de salud por la falta de ejercicio, los mandatos convencionales que nuestro país reconoció y el mandato del derecho de la Constitución, el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad la promoción de la salud y el deporte, sino que en algunos casos, más bien ha obstaculizado con trabas reglamentarias la realización de actividades que promueven estos derechos. Tal es el caso de los eventos deportivos que se realizan en las vías públicas terrestres como ciclismo, triatlón o atletismo, entre otras, que se han visto obstaculizados por la promulgación del Decreto Ejecutivo N.° 40864 MOPT “Reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas”, del 05 de diciembre del 2017 y que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo N.° 411160 del 17 de mayo del 2018 y N.° 41827 del 26 de junio del 2019, que contiene lo siguiente:

Implica para el administrado realizar trámites con plazos excesivos e irracionales:

Costo operativo de la policía de tránsito: 30 días hábiles para que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) evalúe la solicitud, 5 días hábiles para que la DGIT consulte a la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) sobre la disponibilidad de personal para cubrir el evento y 5 días hábiles para que la DGPT responda, 3 días hábiles para notificar al administrado y acreditar el pago del costo operativo de la policía de tránsito, 3 días hábiles para que el administrado responda a la propuesta alternativa si la original fue denegada.

Análisis de la solicitud para cierre parcial o total de la vía: 30 días hábiles para que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) evalúe la solicitud, 5 días hábiles para que la DGIT consulte a la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) sobre la disponibilidad de personal para cubrir el evento y 5 días hábiles para que la DGPT responda, 3 días hábiles para notificar al administrado y acreditar el pago del costo operativo de la policía de tránsito, 3 días hábiles para que el administrado responda a la propuesta alternativa si la original fue denegada.

Cierres permanentes en rutas cantonales: la solicitud deberá presentarla la Municipalidad ante la DGIT y en caso de la documentación presente deficiencias, se le otorgará un plazo de 15 días hábiles al gobierno local para completar la solicitud. La DGIT tendrá 30 días hábiles para analizar la gestión, cuando la solicitud de la Municipalidad, implique el cierre permanente. En caso de que no se reúnan los requisitos, se le otorgarán 3 días hábiles para que cumpla con lo omitido.

Solicitud para utilización de la vía pública: 5 días hábiles para efectuar correcciones cuando los documentos entregados presenten deficiencias, 30 días hábiles para que la que la DGIT, DGPT y el Consejo de Transporte Público, coordinen y resuelvan, 3 días hábiles para que el administrado acredite el costo del operativo, 3 días hábiles para que el administrado responda sobre la propuesta alternativa de la DGIT.

Utilización y cierre de vías públicas para eventos deportivos: Deben presentar una autorización formal para el evento, extendida por el ICODER a través del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, que sesiona muy pocas veces al año. Además, se otorgan 30 días hábiles para que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) evalúe la solicitud, 5 días hábiles para que la DGIT consulte a la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) sobre la disponibilidad de personal para cubrir el evento y 5 días hábiles para que la DGPT responda, 3 días hábiles para notificar al administrado y acreditar el pago del costo operativo de la policía de tránsito, 3 días hábiles para que el administrado responda a la propuesta alternativa si la original fue denegada.

Es contrario a la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Se obliga a presentar documentos a la DGIT que el mismo Departamento de Previsión Vial del MOPT otorga, incumpliendo con la obligación de coordinación a lo interno del mismo Ministerio. Presentar diversos estudios como el de impacto vial, que deberá estar avalado por la municipalidad, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la DGIT, obligando al administrado a recurrir a diversas instancias para un solo trámite ante la administración.

Aunado a lo anterior, mediante la orden DVT-DGPT-2019-2612 del 06 de octubre del 2019, suscrito por la Dirección y Subdirección General de Tránsito, se comunicó a las personas administradas, que no se otorgarán más permisos en lo que resta del año para realizar eventos deportivos en el Gran Área Metropolitana, por la falta de recursos humanos. De lo expuesto, queda claro que es sumamente engorroso y en algunos casos hasta imposible, obtener permisos para realizar actividades deportivas en vías públicas terrestres. Asimismo, esta situación se agrava si tomamos en cuenta los beneficios humanos, sociales y económicos que generan estas actividades. De conformidad con la información aportada por los mismos organizadores de los eventos, estos se realizan en un 80% en el GAM. Actualmente hay aproximadamente unos 259.000 deportistas que practican algún tipo de deporte en calles. Asimismo, en zonas como Puntarenas, se realizan dos carreras de gran renombre como lo son “Sol y Arena” que tiene una participación masiva de atletas y que en su mayoría -aproximadamente el 70%- pasan el día en Puntarenas. Las compañías de buses colocan viajes adicionales para suplir las necesidades en transporte, que se calcula son 4.000 atletas inscritos, más 2000 no inscritos y sus acompañantes, que en promedio consumen 20.000 cólones en la zona por el día, esto nos da un ingreso aproximado de más 120.000.000 de colones a la comunidad directamente. Otra gran carrera que se efectúa en Puntarenas, es “La media maratón Puntarenas”, que se realiza en diciembre, un fin de semana antes de la temporada alta. Este es un evento más pequeño en cantidad de atletas, pero que consumen más al realizarse de madrugada y ser mayor la distancia. Se estima que un promedio de consumo por atleta en este evento, genera 32.500 colones por persona, lo que se traduce en 32.500.000 colones en ingresos para la zona.

En este orden de ideas, los beneficios que generan eventos como estos, también se traducen en empleos temporales por dos días de trabajo en promedio, generando 300 empleos directos y muchos más empleos indirectos. Estas personas reciben en promedio 15,000 colones el día y en muchos casos, se emplean a varios miembros de una misma familia, generando un ingreso familiar de 120.000 colones, lo que significa un aliento a zonas golpeadas por una economía empobrecida. En el caso de los eventos deportivos en el GAM, como la “Media Maratón Mujer Género” realizada este año, ingresaron al país 385 mujeres inscritas, que en su mayoría, llegaron acompañadas por al menos una persona y se hospedaron en hoteles por tres días. Se calcula que el ingreso aproximado, tomando en cuenta pasajes aéreos, tours y alimentación, entre otros, fue de 1.500 dólares por persona, generando más de 1.155.000 dólares en un fin de semana de temporada baja. Aunado a lo anterior, se contrataron 500 voluntarios que trabajaron los tres días del evento, lo que generó ingresos de 45.000 colones en promedio para cada empleado por los servicios brindados. Adicionalmente, la “Maratón Cartago”, un evento realizado el fin de semana antes de semana santa, significó la llegada al país de más de 50 extranjeros, que se quedaron de 5 a 6 días en promedio, generando cada uno ingresos promedios de 2.500 dólares, lo que significó para la zona de Cartago en temporada baja, un ingreso por extranjeros de más de 100.000 dólares, sumado a los casi 600 voluntarios contratados por tres días.

En el caso de la Maratón Pinilla, realizada en Guanacaste en julio, generó la llegada de turistas nacionales e internacionales, que consumen en promedio 1000 dólares por persona aproximadamente. Por el fin de semana, debido a que este evento convoca a 300 atletas, se generó un ingreso aproximado de 300.000 dólares, sin tomar en cuenta los más de 200 empleos temporales, que se pagaron a 15.000 cólones por evento.

Conforme a lo anteriormente expuesto, este proyecto de ley tiene la finalidad de fomentar la salud y el deporte mediante la creación de un procedimiento expedito para las personas que requieran obtener permisos, con la finalidad de realizar un evento deportivo en vías públicas terrestres. Asimismo, se establecen obligaciones y responsabilidades tanto para las Administraciones Públicas como para las personas organizadoras, quienes deben garantizar la seguridad y limpieza del evento, así como pagar el costo operativo en que incurre el MOPT para brindar seguridad vial al evento.

Asimismo, se establecen sanciones a los funcionarios públicos que incumplan con los tiempos y trámites establecidos en este proyecto, así como la obligación de las Administraciones Públicas involucradas, para que brinden la posibilidad de realizar todos los trámites de manera digital o electrónica. Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley y solicitamos a las señoras y señores diputados su aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES

TÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto regular los eventos deportivos que requieran para su realización, el cierre o utilización de vías públicas terrestres nacionales y cantonales, modificando o limitando temporalmente el uso normal de las rutas. Se reconoce la relevancia de dichos eventos por ser actividades fundamentales para el desarrollo físico, intelectual y socio afectivo de las personas, así como garantizar el acceso universal al deporte.

ARTÍCULO 2- Declaratoria de interés público. Se declaran de interés público los eventos deportivos realizados de conformidad con el objeto de esta ley. Es obligación de todas las Administraciones Públicas incentivar la práctica del deporte en el país, con el fin de que se desarrolle un estado de bienestar físico, mental y emocional, que le permita a las personas acceder a mejores oportunidades dentro de la sociedad costarricense. Asimismo, se reconoce que dichos eventos promocionan la salud y el mejoramiento de la calidad de vida, a través del deporte, la recreación, y de la actividad física.

ARTÍCULO 3- Definiciones. Para la interpretación de esta ley, se entenderá por:

Cierre parcial: Cierre de parte de la calzada de una vía pública con el fin de realizar actividades temporales, no permanentes, distintas a aquellas para las cuales fue diseñada la vía, cuya realización se concentre en el mismo sitio de forma continua durante todo el tiempo que dure la actividad y que se puede llevar a cabo de forma segura manteniendo un paso regulado de vehículos la parte de la vía que queda despejada.

Evento deportivo: Evento que se realiza en las vías públicas y que se caracteriza por un afán competitivo, de comprobación, desafío o recreativo, expresada mediante el ejercicio corporal y mental. Bajo ninguna circunstancia, este tipo de eventos deberá ser considerado como un evento de concentración masiva, al no estar confinados a un lugar cerrado. Evento de concentración masiva: evento temporal que reúna extraordinariamente a una cantidad de personas en espacios cerrados, bajo condiciones de aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos o cerrados que por sus características de sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen suponer un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas preventivas de control de uso del espacio y de la conducta humana.

Personas Organizadoras del Evento: Persona física o jurídica a cuyo nombre fue expedido el permiso para el cierre temporal de vías con la finalidad de llevar a cabo un evento deportivo, de conformidad con esta ley.

Ruta Cantonal: Vía pública incluida dentro del cuadrante de un área urbana que no está clasificada como travesía urbana de la red vial nacional, cuya administración le compete a la municipalidad de la localidad.

Ruta Nacional: Rutas que conforman la red vial nacional, cuya administración le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Rutas Nacionales Primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia. Sirviendo para su identificación la codificación establecida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que las numera del 1 al 99.

Salario Base: monto equivalente al salario base mensual del "Oficinista 1" que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, de conformidad con lo regulado en la Ley que Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, Ley N° 7337.

ARTÍCULO 4- Uso de la vía pública. Es prohibido el cierre total o parcial de las vías públicas para fines distintos a los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se cuente con un permiso previo otorgado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito o la Municipalidad, según corresponda.

Asimismo, se prohíbe el cierre de las vías públicas en cualquiera de sus modalidades o su utilización para la realización de actividades en las que medien únicamente fines o intereses publicitarios evidentes, que solo beneficien a las personas físicas o jurídicas que solicitan el permiso, o a terceros cuando se trate de particulares, sin un fin deportivo o recreativo real.

Para los efectos de la presente ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en conjunto con las federaciones deportivas y una representación de las personas organizadoras de eventos deportivos, para que elabore la lista de rutas nacionales primarias o sectores de éstas, en las que no se otorgarán permisos para eventos deportivos en determinados horarios.

ARTÍCULO 5- Alcance de la Ley y aplicación supletoria. Esta ley es aplicable a todas las Administraciones públicas y personas que se vean involucradas en el procedimiento de otorgamiento de permisos, con la finalidad de realizar eventos deportivos en las vías públicas terrestres. Para la aplicación de esta ley, los eventos deportivos en vías públicas terrestres, no serán considerados eventos de concentración masiva.

En lo no regulado en esta norma, se deberá aplicar supletoriamente la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078 y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ley 8220.

TÍTULO II

Sobre la Policía de Tránsito y la Policía Municipal

ARTÍCULO 6- Competencia. Le competerá al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el otorgamiento del permiso respectivo, cuando los eventos deportivos impliquen el cierre parcial o utilización de rutas nacionales. Le corresponderá a las Municipalidades el otorgamiento de los permisos para el cierre de las rutas cantonales. Sin embargo, cuando las rutas a cerrar o utilizar involucren tramos de carreteras tanto nacionales como cantonales, la competencia para otorgar el permiso será exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que podrá requerir colaboración a la Policía Municipal.

ARTÍCULO 7- Seguridad vial del evento. Le corresponde a la Policía de Tránsito y a la Policía Municipal, respectivamente, ejercer las labores de control y vigilancia del tránsito en las rutas donde se realicen actividades con arreglo a esta ley.

Asimismo, deberán verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en lo relativo a la materia de tránsito para los participantes de la actividad, así como de los requisitos establecidos en cada permiso otorgado. En caso de la existencia de algún incumplimiento, solo se impedirá el desarrollo de la actividad si a criterio del oficial encargado, se pone en peligro la vida o la salud de las personas participantes y asistentes del evento, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables a las personas organizadoras.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tomará todas las medidas necesarias para contar con los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad del evento deportivo.

TÍTULO III

Requisitos para obtener el permiso de cierre parcial

ARTÍCULO 8- Permisos. Las personas organizadoras del evento, deberán contar con los permisos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el Ministerio de Salud y cuando corresponda, con el permiso de la Municipalidad respectiva. Para estos efectos, el Poder Ejecutivo deberá crear un único reglamento que establezca todos los requisitos que los organizadores de los eventos deportivos, deberán presentar en ventanilla única. Bajo ninguna circunstancia se podrá requerir documentación o información adicional a la indicada en el respectivo reglamento.

ARTÍCULO 9- Presentación única de documentos y coordinación institucional.

La documentación que debe presentar la persona que solicita el permiso, no podrá ser requerida de nuevo por las Administraciones Públicas involucradas en el proceso de otorgamiento de dichos permisos, de conformidad con lo indicado en artículo anterior. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean.

Los Ministerios y Municipalidades involucradas en proceso para el otorgamiento de los permisos, deberán coordinar para que el administrado no deba aportar la documentación requerida más de una vez.

ARTÍCULO 10- Presentación de documentos electrónicos. Las administraciones deberán disponer de los recursos necesarios para que el administrado pueda presentar todos los documentos e información por medios electrónicos o informáticos, de conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N.° 8454.

ARTÍCULO 11- Respeto de competencias. Las Administraciones Públicas no podrán cuestionar ni revisar los permisos emitidos para el cierre temporal de vías públicas terrestres, de conformidad con lo establecido en la presente ley, salvo lo relativo al régimen de nulidades.

ARTÍCULO 12- Obligación de informar sobre el trámite. Las Administraciones Públicas se encuentran obligadas a proveer a la persona que gestiona el permiso, toda la información sobre los trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia.

Las oficinas de información al ciudadano de las instituciones, serán las encargadas de explicarle a la persona que solicita el permiso, los requisitos y el procedimiento respectivo. En caso de no contar con esta oficina, la institución deberá designar un departamento o una persona para este fin.

ARTÍCULO 13- Plazo para resolver y presentación de documentos. Las administraciones deberán resolver sobre los permisos solicitados en un plazo máximo de treinta días naturales. Sin embargo, cuando se determine que la información aportada por el administrado es incompleta o carece de claridad, se le deberá prevenir para que en el plazo máximo de diez días hábiles, cumpla con lo solicitado, por lo que se entenderá interrumpido el plazo otorgado para resolver.

ARTÍCULO 14- Límites temporales para la solicitud del permiso. Con la finalidad de planificar e iniciar el trámite para la solicitud del permiso en un tiempo prudente, la persona organizadora del evento deportivo podrá iniciar los respectivos trámites, en el momento que considere oportuno y a más tardar dos meses antes de la fecha en la que se realizará el evento deportivo.

ARTÍCULO 15- Silencio Positivo. Si vencido el plazo establecido en el artículo 13 las Administraciones respectivas no han resuelto sobre el permiso, se tendrá por otorgado sin más trámite. Ninguna administración pública podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo, que operará de pleno derecho, sin perjuicio de que la administración pueda declarar la nulidad absoluta o recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa para la declaratoria de lesividad, según corresponda, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo.

TÍTULO IV

Costo operativo de la Policía de Tránsito

ARTÍCULO 16- Costo operativo de la Policía de Tránsito

En caso de los eventos deportivos que requieran para su realización la utilización y/o cierre de vías en rutas nacionales, cantonales o mixtas, el Departamento de Operaciones Policiales de Tránsito de la DGPT establecerá un monto a manera de costo del operativo, mismo que deberá ser cancelado por el solicitante luego de que la Dirección General de Ingeniería de Transito le notifique la viabilidad del permiso solicitado y de previo a la formalización de éste.

Este costo operativo deberá incluir la suma de todos los costos por la utilización de oficiales, vehículos, así como cualquier otro costo implicado en la operación, incluyendo los derivados del pago de horas extra a los oficiales y cualquier otro derecho laboral que les corresponda.

El Ministro de Obras Públicas y Transportes vía resolución justificada, podrá exonerar a solicitud del interesado el pago descrito en esta norma, siempre que se acredite la gratuidad de la actividad y el interés público de ésta.

La totalidad de los recursos correspondientes al cobro del costo operativo, deberán incorporarse al presupuesto del Departamento de Operaciones Policiales de Tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

TÍTULO V

Responsabilidad de los funcionarios públicos y las personas organizadoras de los eventos deportivos

ARTÍCULO 17- Sanción por falta de coordinación. Serán sancionados con suspensión sin goce de salario o dietas, las personas que ocupen los cargos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, la Dirección General de la Salud, la Dirección General de la Fuerza Pública y el Alcalde de la zona donde se realice el evento deportivo, cuando se incumpla con lo establecido en el artículo 9 de la presente ley, de conformidad con los siguientes parámetros:

1- De tres a ocho días de suspensión ante el primer incumplimiento. 2- De ocho días a un mes ante el segundo incumplimiento. 3- De un mes a dos meses ante el tercer incumplimiento.

ARTÍCULO 18- Régimen de responsabilidad del funcionario. Para los efectos de la presente ley, serán aplicables las sanciones establecidas en la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N.° 8220.

ARTÍCULO 19- Incumplimiento de las condiciones. Se impondrá una multa de uno a diez salarios base, sin perjuicio de las sanciones conexas, a las personas organizadoras de eventos que incumplan con alguna de las condiciones de seguridad o con los requisitos establecidos en el permiso otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de esta ley. Para la determinación de la multa, deberá tomarse en cuenta la gravedad del incumplimiento y la magnitud del evento.

ARTÍCULO 20- Responsabilidad de Terceros. Las personas organizadoras del evento deportivo para el cual se extendió el permiso, serán responsables pro todos los daños que se ocasionen como consecuencia de la preparación o realización de la actividad.

ARTÍCULO 21- Limpieza de las vías públicas. Las personas organizadoras del evento, serán responsables de limpiar el área utilizada una vez que el evento haya finalizado, retirando de ella todas las estructuras, equipos y desechos que obstaculicen el libre tránsito y que afecten negativamente el ornato del lugar. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Municipalidad respectiva, según se trate de vías nacionales o cantonales, sancionarán a las personas organizadoras con una multa de diez salarios base, sin perjuicio de las sanciones conexas.

No se otorgarán nuevos permisos a las personas organizadoras de eventos deportivos que al momento de la solicitud del permiso respectivo, se encuentren sancionadas conforme al presente artículo y no hayan pagado.

TÍTULO VI

Reformas a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

ARTÍCULO 22- Se reforman los artículos 131 y 232 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078 del 04 de octubre del 2012, para que en adelante se lea:

Artículo 131- Cierre o clausura de vías sin autorización

Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos de los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. En caso de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una comunicación formal del municipio a la Dirección General de Tránsito para su debida coordinación. Para el caso de eventos deportivos en vías públicas terrestres, se aplicará lo establecido en ley especial.

[…]

Artículo 232- Fijación de tarifas por cursos y licencias

El Poder Ejecutivo mediante decreto fijará las tarifas a pagar por concepto de derechos de licencias de conducir, matrícula de cursos de educación vial, exámenes médicos o prácticos y otros servicios que preste la Policía de Tránsito, Ingeniería de Tránsito, Educación Vial y el propio Cosevi. En el caso de los servicios por eventos deportivos en vías públicas terrestre, se atendrá a lo establecido en ley especial.

TÍTULO VIII

Disposiciones Finales y Transitorias

ARTÍCULO 23- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la presente ley. Dicho reglamento deberá contener todos los trámites que involucren a todas las distintas administraciones públicas y concentrarlos en una única ventanilla.

TRANSITORIO ÚNICO- Durante el plazo de dos meses otorgado al Poder Ejecutivo para emitir la reglamentación de esta ley, los requisitos a solicitar para la realización de eventos deportivos en vías públicas terrestres, serán los establecidos en el Decreto Ejecutivo N.° 40864 MOPT, vigente en diciembre del 2019.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada Paola Alexandra Valladares Rosado Carolina Hidalgo Herrera

Roberto Hernán Thompson Chacón María José Corrales Chacón

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Ana Karine Niño Gutiérrez

Erwen Yanan Masís Castro

Diputados y diputadas

12 de diciembre de 2019

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.