Proyecto que atrasó Código Procesal Agrario ya es Ley 9819
La Ley 9819 movió la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario del 28 de febrero de 2020 al 28 de febrero de 2021.
Título oficial LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO VI DEL CÓDIGO PROCESAL AGRARIO LEY NO. 9609 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2018
A quién le toca
- Personas con pleitos agrarios que esperaban juicios orales desde febrero de 2020
- Trabajadores del Poder Judicial que debían capacitarse en el nuevo código
- Usuarios de la Defensa Pública agraria para personas sin recursos
A quién beneficia
- El Poder Judicial ganó un año para preparar presupuesto, contratar personal y abrir sedes
- Los jueces agrarios podían recibir el reajuste salarial con más calma
Qué cambia
- Los juicios agrarios siguieron con el sistema anterior hasta el 28 de febrero de 2021
- Si no había plata, la reforma se iba a recortar: menos audiencias y menos jueces conciliadores
La explicación completa
Qué propone
El proyecto que usted tiene en el expediente 21.746 ya no está en discusión: se convirtió en la Ley 9819. La Asamblea lo aprobó y hoy está vigente 1.
Lo que propuso fue una sola cosa: cambiar la fecha en que empezaba a regir el Código Procesal Agrario, la Ley 9609 del 27 de setiembre de 2018 (art. único).
El texto original de la Ley 9609 decía que regía un año después de su publicación, o sea el 28 de febrero de 2020 (art. único). El proyecto propuso que dijera: "Rige veinticuatro meses después de su publicación".
La razón que dio el Poder Ejecutivo fue presupuestaria. El Poder Judicial necesitaba contratar jueces, abrir sedes, comprar equipo y capacitar personal para pasar a juicios orales en materia agraria (art. único). Todo eso cuesta plata y el presupuesto público se hace una vez al año.
El texto también advirtió que si no había recursos adicionales, habría que recortar la reforma: menos audiencias, menos competencias, menos jueces conciliadores (art. único).
La Ley 9819 que resultó fijó la fecha así: "Rige a partir del 28 de febrero del año 2021" 1.
En qué va el trámite
El proyecto ya terminó su trámite y es ley. La ficha del expediente registra el primer debate el 28 de enero de 2020 y la votación final en la Comisión de Redacción el 3 de febrero de 2020 2.
La Ley 9819 se firmó en la Presidencia de la República el 18 de febrero de 2020 y está vigente 1.
El plazo cuatrienal del expediente vencía el 11 de diciembre de 2023, pero ya no aplica porque la ley se aprobó 2.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier no tratan este proyecto. La sesión del 21 de enero de 2021 discute el presupuesto extraordinario 2021, la venta de un terreno del INDER y la agencia de gobierno digital 01:02:17 01:06:31 01:12:57.
La sesión del 28 de mayo de 2020 discute una donación en Pérez Zeledón, jornadas laborales y el Código Municipal 01:10:32 01:45:17 02:04:28.
La sesión del 28 de abril de 2022 discute varios expedientes, entre ellos uno sobre financiamiento de secciones especializadas del Poder Judicial, pero ninguno es el 21.746 02:03:43.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre este proyecto y la Constitución. La Constitución permite a la Asamblea dictar, reformar y derogar leyes Constitución, art. 121. También exige dos debates y la sanción del Poder Ejecutivo para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124, y eso fue lo que pasó 2 1.
El artículo 153 dice que al Poder Judicial le toca conocer las causas agrarias y las demás que establezca la ley Constitución, art. 153. El proyecto no le quita esa función: solo le da más tiempo para organizarse (art. único).
Qué puede hacer usted
Esta ley ya está vigente, así que las herramientas para cambiar su contenido ya no sirven. Lo que queda es informarse y, si le afecta, usar las vías que existen.
Paso 1: si tiene un pleito agrario, averigüe en qué fecha se lo tramitan. La Ley 9819 fijó el 28 de febrero de 2021 como inicio del Código Procesal Agrario 1.
Paso 2: si quiere que se discuta un tema parecido en el futuro, puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No necesita el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27.
Paso 3: si quiere que su propuesta tenga garantía de ser votada, necesita una iniciativa popular con al menos el 5% de los inscritos en el padrón electoral guía, p. 30.
Paso 4: para seguir el estado de cualquier proyecto, la Oficina de Iniciativa Popular da información sobre trámites, órdenes del día y comisiones guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto costó finalmente implementar el Código Procesal Agrario ni si el Poder Judicial usó el año extra.
El dossier no incluye el debate legislativo del expediente 21.746, solo la ficha del trámite.
El dossier no dice si la Ley 9819 tuvo consultas a la Sala Constitucional.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto solo cambia una fecha y respeta las facultades de la Asamblea y del Poder Judicial.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. único"Modifíquese la entrada en vigencia de la Ley N.° 9609 de 27 de setiembre de 2018, Ley del Código Procesal Agrario"
Sin choque aparente La Asamblea tiene permiso constitucional para cambiar una ley que ya aprobó, incluida su fecha de entrada en vigencia.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo"
Esta ley, art. único"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El proyecto siguió el trámite de dos debates y sanción que pide la Constitución, según la ficha del expediente.
Constitución, art. 153"Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que establezca la ley"
Esta ley, art. único"Rige veinticuatro meses después de su publicación"
Sin choque aparente El proyecto no le quita al Poder Judicial la función de resolver pleitos agrarios. Solo le da más tiempo para montar el sistema oral.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 9819: Amplía el plazo de entrada en vigencia de la Ley 9609, Código Procesal Agrario (Vigente)
- Expediente 21746: LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO VI DEL CÓDIGO PROCESAL AGRARIO LEY NO. 9609 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2018
- Plenario Legislativo, sesión ordinaria #28, jueves 21 enero 2021
- Sesión extraordinaria Plenario Legislativo, jueves 28 de mayo de 2020
- Plenario Legislativo, sesión extraordinaria #76, jueves 28 de abril 2022
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- El video "Sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, martes 28 de julio del 2020" no tiene subtítulos; no se citó.
- El video "Sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, lunes 28 de septiembre 2020" no tiene subtítulos; no se citó.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO VI DEL CÓDIGO PROCESAL AGRARIO LEY NO. 9609 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2018
PODER EJECUTIVO
EXPEDIENTE N.º 21.746
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO VI DEL CÓDIGO PROCESAL AGRARIO LEY NO. 9609 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2018
Expediente N.º 21.746
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El Estado costarricense aprobó y sancionó la Ley N.° 9609, de 27 de setiembre de 2018, titulada “Código Procesal Agrario”. Mediante la aprobación de esta ley se pretende establecer medidas para optimizar y hacer más célere y eficaz el proceso agrario, a través de la inserción de la oralidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del transitorio VI de esta ley, esta misma inicia su vigencia un año después de su publicación (28 de febrero, 2020); la cual se realizó en el Alcance N.° 45 a La Gaceta N.°41 de 27 de febrero del 2019.
La aprobación de esta ley representa para el Poder Judicial el reto de implementar, en un período muy corto de tiempo, la transformación de la Jurisdicción Agraria Especializada a la oralidad, con ampliación de competencias, por razón de la materia, novedosas, asumiendo incluso temas otrora competencia de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, así como lo ambiental. Dicha jurisdicción estaría ampliándose con juzgados agrarios especializados, jueces conciliadores, jueces ejecutores, y una casación agraria más amplia e informal, que sería conocimiento de la Sala Primera de Casación, sin límite de cuantía e incluyendo ejecuciones de sentencia. Además, se prevé la creación de otros Tribunales agrarios de apelación en el país.
El legislador dejó establecido en forma expresa en el artículo 9 que la Jurisdicción Agraria estará integrada por juzgados y tribunales agrarios, así como la Sala Primera de la Corte, además se contará con “…un equipo especializado de personas juzgadoras especialistas en materia agraria, a cargo de conciliaciones y de ejecución…”; en el párrafo segundo, el artículo 9 agrega que el Tribunal deberá constituirse las secciones que sean necesarias, sin perjuicio de que la Corte disponga la creación de otras sedes regionales del Tribunal “…conforme a los requerimientos de trabajo para ofrecer un servicio público eficiente y de calidad”.
Todo lo anterior eleva el costo de operación de esos despachos judiciales. Máxime si se considera que los Juzgados unipersonales deberán atender juicios ordinarios en su mayoría de dos audiencias, y las secciones del Tribunal también deberán de hacer audiencias si así lo solicitan las partes. Por ello, agregó el artículo 9, en su párrafo tercero que “Los juzgados contarán con las personas juzgadoras que sean necesarias. Se faculta a la Corte plena para que amplíe las sedes de los juzgados agrarios, conforme a los criterios señalados”. Todo ello, requiere también recursos económicos, pues no solamente requiere el nombramiento de más personas juzgadoras, sino también preveer la infraestructura y equipo tecnológico necesario para atender esas nuevas sedes. Lo anterior se ve reforzado en lo dispuesto en el artículo 13 (Funciones de las personas juzgadoras agrarias a cargo de la ejecución), y en el artículo 14, sobre la creación de nuevas sedes de primera y segunda instancia.
Como complemento, y siempre impactando al Poder Judicial, el legislador estableció la ampliación de la Defensa Pública agraria para el patrocinio gratuito de los no habientes, no solamente en procesos judiciales sino también administrativos (artículo 47).
Tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio.
Asimismo, el legislador estableció los Transitorios de la Ley N.° 9609 que para continuar con el trámite de asuntos anteriores a la entrada en vigencia del Código, los tribunales agrarios “…contarán con los recursos humanos y materiales que fueran necesarios…” (Transitorio 1); el Poder Judicial debe designar, en un plazo de seis meses a partir de su vigencia, “…un equipo de personas juzgadoras conciliadoras especialistas en derecho agrario y ambiental…”; y si bien se faculta a mantener las plazas actuales de judicatura, coordinadores judiciales, técnicos, defensores públicos, letrados y letradas para atender, de manera exclusiva los procesos anteriores, , también se faculta “…para crear las plazas necesarias para tramitar y resolver los procesos que se inicien con la entrada en vigencia de este código.” (considerando III) Es decir, se requieren recursos adicionales, para la fase de ajuste.
Además, agrega el transitorio IV, la obligación del Poder Judicial, de tomar las medidas necesarias, para que “…las personas judiciales estén debidamente capacitados acerca de sus fines y contenido, para una mayor eficacia y efectividad de su gestión, conforme al sistema oral…”, indicando también que “Deberá adoptar las previsiones presupuestarias requeridas con ese fin y para ofrecer la infraestructura y tecnología que posibilite su aplicación óptima…”.
Finalmente, se prevé el reajuste de categorías salariales, de las personas juzgadoras, en condiciones de paridad con las reformas del proceso laboral y civil (Transitorio VI), lo que también significa un impacto en los recursos.
Es decir, el Poder Judicial deberá garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción agraria, al momento de entrar en vigencia la presente ley.
Lógica y evidentemente, para realizar las tareas de implementación de esta ley se requiere contar con contenido presupuestario suficiente, lo cual resulta muy difícil lograrlo en solo doce meses, por cuanto deben realizarse los estudios previos de impacto para calcular el costo y así poderlo incluir en el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico respectivo. Por esa razón, y considerando el ciclo presupuestario público (anual), se hace necesario modificar el período de vacatio legis, a fin de extenderlo a veinticuatro meses a partir del 27 de febrero de 2019 (fecha de publicación de la Ley N.° 9609).
En caso de que no se contare con recursos presupuestarios adicionales, necesariamente habrá que hacer reformas, antes de la entrada en vigencia, en función de las limitantes presupuestarias y circunstancias actuales, a efectos de ajustar la reforma a los recursos disponibles y capacidad instalada, por ejemplo replanteando los supuestos en que deben de realizarse audiencias, las competencias, el recurso de casación, y la necesidad de contar o no con jueces conciliadores y de ejecución.
Además, y con fundamento en la Ley General de Control Interno, artículo 14, el cual establece todo un marco jurídico de valoración del riesgo, el Estado costarricense (concretamente el jerarca y los titulares subordinados de los entes públicos), en forma responsable deben tomar todas las medidas que sean necesarias, a fin de identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales, para colocarlos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.
En este sentido, deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento adecuado, en este caso de la Jurisdicción Especializada en materia agraria y ambiental, así como la Defensa Pública agraria y ambiental, las cuales pertenecen al Poder Judicial. Es decir, se requiere toda una labor de estudios técnicos previos, toma de acuerdos, ejecución de estos, implementación, entre otros, por ejemplo: en el campo de la contratación administrativa para dotar a los nuevos despachos judiciales de la planta física, equipo y mobiliario. Asimismo, se requiere dedicar tiempo a las capacitaciones especializadas en materia agraria, agroalimentaria, ambiental, Sector público de la Agricultura, propiedad intelectual, sucesorios, liquidación de empresas agrarias, que deberá ser planeada, organizada e impartida por la Escuela Judicial. También deberán realizarse todas las tareas relacionadas con la selección del recurso humano que laborará en los despachos judiciales dedicados a atender en forma exclusiva los casos nuevos, así como el pago de reajustes por categorías salariales a las juezas y los jueces que laboren para la Jurisdicción Especializada (Juzgados agrarios, Tribunales agrarios y Tribunal de Apelaciones). De manera que son toda una serie de cambios que requieren tiempo para hacer los estudios previos y para estar en capacidad de ponerlos en funcionamiento; además de que la institución depende de la ejecución de un presupuesto público anual, el cual debe ser trabajado con un año de anticipación a efectos de la formulación y aprobación presupuestaria.
Finalmente, es relevante señalar que este proyecto de ley es una muestra de colaboración entre Poderes de la República, para la puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada en materia agraria y ambiental en Costa Rica, colaboración que está consagrada en el artículo 9 de la Constitución Política.
Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley: “Ley para Modificar el Párrafo Segundo del Transitorio VI del Código Procesal Agrario, Ley No. 9609, de 27 de setiembre de 2018”.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO VI DEL CÓDIGO PROCESAL AGRARIO LEY NO. 9609 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2018
ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese la entrada en vigencia de la Ley N.° 9609 de 27 de setiembre de 2018, Ley del Código Procesal Agrario, cuyo texto dirá:
“Rige veinticuatro meses después de su publicación”.
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
CARLOS ALVARADO QUESADA
Marcia González Aguiluz Ministra de Justicia y Paz
18 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.