Archivado el plan que prohibía cargos fijos por mora en créditos

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA ELIMINAR ABUSOS EN COBROS POR MORA

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.° 21.748

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY PARA ELIMINAR ABUSOS EN COBROS POR MORA

Expediente N.° 21.748

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A. SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES.

Los hogares de Costa Rica actualmente padecen altos niveles de endeudamiento. En un Estudio reciente, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional concluyó que “el nivel de endeudamiento de los hogares tocó techo y por ello la capacidad de consumo se contrajo” y que “[a] los datos de endeudamiento formal en el sistema financiero (reflejados en las estadísticas del BCCR) hay que sumar las deudas en casas de empeño, prestamistas informales, endeudamiento en comercios para adquirir artículos del hogar, planes para adquirir teléfonos móviles, entre otros, los cuales tienen tasas de interés más elevadas que las tarjetas de crédito y los créditos para consumo del sistema financiero formal”.

De la misma forma, el Banco Central de Costa Rica ha señalado un alto nivel de endeudamiento de las familias en su Revisión del Programa Macroeconómico 2019-2020, indicando además que este se convierte en uno de los factores que explica la pérdida de dinamismo del consumo privado.

En el caso de las tarjetas de crédito, a julio de este año hay 2.904.537 tarjetas en circulación y el saldo total de la deuda asciende a 1.414.138.000.000 colones. La mayor parte de las tarjetas de crédito (más de 1.126.934) tienen tasas de interés corriente que superan 45%.

La problemática del alto endeudamiento se muestra también en la amplísima cantidad de expedientes activos en procesos de cobro judicial. Según la investigación publicada por Semanario Universidad, al mes de noviembre de este año existían 733.200 casos activos de cobro judicial, de los cuales aproximadamente 636.000 son monitorios dinerarios (créditos garantizados únicamente con cuentas bancarias o remuneración del deudor). La situación de morosidad afecta a miles de créditos generando cobros a las personas deudoras, mediante diversas denominaciones, que van desde los intereses moratorios hasta comisiones o cargos que se cobran sobre cuentas en mora. Estos cobros, a pesar de contar con regulación en el marco jurídico vigente, como se describe a continuación, ascienden en muchas ocasiones a montos absolutamente desproporcionados, siendo que atender esta problemática es el objetivo central de este proyecto de ley.

B. SOBRE EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA LOS INTERESES MORATORIOS.

El marco jurídico actual regula los intereses moratorios. En primer lugar, nuestra legislación dispone de límites a los intereses moratorios:

i) Para el caso de los créditos en general, se dispone que los intereses moratorios no pueden superar en más de 30% los intereses corrientes pactados, de conformidad con lo determinado en el artículo 498 del Código de Comercio, el cual indica:

“ARTÍCULO 498.- Los intereses moratorios serán iguales a los intereses corrientes, salvo pacto en contrario.

Cuando se pacten intereses corrientes y moratorios, estos últimos no podrán ser superiores en un treinta por ciento (30%) de la tasa pactada para los intereses corrientes.

Cuando no se pacten intereses corrientes, pero sí moratorios, estos no podrán ser superiores en un treinta por ciento (30%) a la tasa de interés legal indicada en el artículo anterior.”

ii) Para el caso específico de créditos otorgados por bancos comerciales, los intereses moratorios se limitan a un máximo de dos puntos porcentuales sobre la tasa de interés corriente pactada, como estipula el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N.°1644:

“Artículo 70.-

Todos los créditos que concedan los bancos comerciales deberán ser pagados por los prestatarios en la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de que el pago pueda efectuarse, total o parcialmente, con anterioridad a esa fecha. En este caso, según la índole de la operación, los bancos deberán devolver los intereses cobrados por anticipado y no devengados a la fecha de pago. La cancelación o amortización deberá adaptarse a la naturaleza de la inversión y a la capacidad de pago de los deudores. El pago del principal y de los intereses de cualquier crédito concedido por los bancos comerciales podrá pactarse por cuotas periódicas, pagaderas en plazos no mayores de un año. Los bancos comerciales quedan facultados para establecer tasas de interés variables y ajustables periódicamente en todos sus departamentos, conforme con las políticas del Banco Central de Costa Rica. En los créditos a plazo mayor de tres años, deberán estipularse abonos periódicos adecuados para su normal amortización, salvo en los casos en que la inversión no comience a producir sino hasta después de cierto lapso, durante el cual el pago de las amortizaciones podrá ser pospuesto. Toda deuda constituida a favor de un banco comercial, pagadera por partes o en cuotas periódicas, o cuyos intereses se paguen en períodos distintos al plazo final del crédito, llevará implícita la condición de que el total de la deuda podrá considerarse vencido y judicialmente exigible, con sólo la falta de pago de un período de intereses o de una de las cuotas o partes del principal que se hubieren convenido, sin perjuicio de que el banco cargue intereses moratorios sobre el monto del abono atrasado al capital. a tasas que podrán ser superiores hasta en dos puntos porcentuales sobre la tasa pactada para la obligación. No podrá efectuarse ningún pago, parcial o total, sin que hayan sido cancelados previamente los intereses devengados hasta la fecha de dicho pago. En los juicios ejecutivos promovidos por un banco comercial, bastará para despachar la ejecución, la presentación una fotocopia del documento original en que conste la obligación, debidamente certificada por la Gerencia, la cual será título ejecutivo para esos efectos. El Banco sólo estará obligado a presentar el documento original cuando la fotocopia sea impugnada por quien figure con interés o cuando la autoridad judicial lo exija. Tampoco estará obligado a comprobar la personería de su representante legal en cada juicio; bastará que lo haga por una sola vez y para ello cada oficina judicial en donde litigue, el representante legal llevará un registro de personerías. En la certificación donde conste la personería se deberá indicar el plazo de vigencia de esta última.”

En segundo lugar, existe regulación específica para el caso de los intereses moratorios en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, Decreto Ejecutivo N.° 35867, siendo que para lo que interesa:

i) Se define “interés moratorio” y “tasa de interés moratorio” indicando expresamente que estos intereses se cobran por retraso en los pagos, y que se cobra sobre el principal adeudado dentro del pago mínimo que se encuentra en mora. Así, en las definiciones incluidas en el artículo 2 del Reglamento, se indica:

“Artículo 2º- Definiciones.

[…]

17. Interés moratorio: Monto por intereses según la tasa establecida por este concepto en el contrato, que el emisor cobra cuando el tarjetahabiente incurre en algún retraso en los pagos. El cargo se calcula sobre la parte del principal adeudado (dentro del pago mínimo) que se encuentra en mora.

[…]

30. Tasa de interés moratorio: Porcentaje establecido por el emisor en el contrato que el tarjetahabiente de crédito debe pagar cuando incurre en algún retraso en los pagos del principal de la deuda.”

ii) Se regula el método de cálculo de los intereses moratorios en el artículo 15 del Reglamento:

“Artículo 15.- Sobre el cálculo de los intereses, saldos y otros cargos.

[…]

d) Interés Moratorio. Debe utilizarse para el cálculo de los intereses moratorios sobre los días de atraso, en los términos que indique el contrato y conforme con las condiciones que indique la legislación vigente. La fórmula de cálculo que se debe utilizar es la siguiente: Es la parte del abono al principal, detallado en el pago mínimo, multiplicada por la tasa de interés moratoria expresado en forma mensual, dividido entre treinta y multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha límite de pago anterior hasta la fecha de corte del nuevo estado de cuenta. Si el pago mínimo fuera realizado antes de la fecha de corte, el número de días a utilizar para el cálculo serán los transcurridos entre la fecha límite de pago anterior hasta la fecha en que se realizó el pago. En caso de pagos parciales al pago mínimo, se calculará el monto correspondiente a los intereses moratorios sobre la parte del abono al principal adeudado resultante.

[…]

h) Sobre los intereses. Como principio general, los intereses financieros se calcularán por día sobre los saldos adeudados. Los intereses corrientes y los intereses moratorios no serán capitalizables, por tanto para su aplicación no podrá utilizarse el modelo geométrico.”

iii) Se impone una limitación a los cargos por gestión de cobro en el artículo 18 de la norma:

“Artículo 18.- Cargos por gestión de cobro. La gestión de cobro deberá realizarse conforme con las limitaciones establecidas en el artículo 35 de este reglamento. Los cargos por dicha gestión aplican solamente para las cuentas en mora y deberán incluirse de manera separada y detallada en el estado de cuenta. Tales cargos no podrán exceder el costo de tres avisos o comunicaciones.”

iv) Se define expresamente, en el artículo 2 del Reglamento, lo que corresponde a “comisiones” y a “otros cargos”:

“Artículo 2º- Definiciones.

[…]

8. Comisiones: Porcentajes o montos que el emisor cobra al tarjetahabiente por el uso de servicios acordados en el contrato de emisión de tarjeta de crédito o de la cuenta a la cual está adscrita la tarjeta de débito. No corresponde a intereses.

[…]

19. Otros cargos: Montos que le son cobrados al tarjetahabiente, excluidos los intereses y las comisiones, que corresponden a los servicios administrativos que cobra el emisor por la utilización de la tarjeta de crédito o de débito, y que fueron acordados en el contrato de emisión de la tarjeta de crédito o de la cuenta a la que está adscrita la tarjeta de débito.”

Por último, debe considerarse que actualmente la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472, en su artículo 42 determina abusivas las clausulas generales de los contratos de adhesión que “[e]stablezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente”.

C. SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS COBROS ABUSIVOS POR MOROSIDAD

Existen varias prácticas abusivas y usureras por parte de prestamistas, y en particular por emisores de tarjetas de crédito. Una de esas prácticas señaladas ha sido la de incluir “cargos por mora” (con diversos nombres como por ejemplo “cargo administrativo por cuenta en atraso”) que corresponde a un cargo fijo, por montos de aproximadamente entre $23 y $60, que se cobra sobre cualquier cuenta que no efectúe el pago mínimo a la fecha de vencimiento, y que no es más que una forma de eludir la regulación actual sobre intereses moratorios, mediante la ocultación o encubrimiento de cobros de intereses moratorios mediante la utilización de cargos con denominaciones diversas.

Debe resaltarse que estos “cargos” utilizados para encubrir cobros de intereses moratorios, no corresponden a los “cargos por gestión de cobro”, regulados en el artículo 18 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, como se señaló antes. Esto es claro cuando se observa, por ejemplo, el “Contrato de Apertura de Línea de Crédito y de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito CLASICA” (F-COM- Contratos CLASICOS-CRI-0001304 (Versión 24)) de unos de los emisores más importantes: en este contrato se indica expresamente que el “cargo administrativo por cuenta en atraso” no incluye “el costo por la gestión de cobro, la cual debe ser pagada por las gestiones efectuadas al tarjetahabiente”, siendo que más adelante el mismo contrato indica que “[e]l Emisor podrá efectuar hasta 3 cargos mensuales por las gestiones de cobro llevadas a cabo a un TARJETAHABIENTE a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de pago de su tarjeta. Costo: El costo será de diez dólares por cada gestión hasta un máximo de tres gestiones mensuales, las cuales pueden ser: llamada telefónica, telegrama, email, cobrador a domicilio, fax, y cualquier otra que el Emisor llegare a implementar en el futuro.”

Así, resulta posible que, por un retraso en el pago mínimo, a la persona deudora se le carguen intereses moratorios, cobros por “cargos por gestión de cobro”, y además un “cargo por mora” (o como se denomine en el contrato).

Un ejercicio hipotético realizado por la Fundación Iustitia, organización que recientemente ha denunciado estas prácticas, concluye que con el uso de esta figura de “cargos por mora”, en realidad se cargan intereses moratorios por cifras gigantescas.

Considerando una tarjeta de crédito con una deuda de ₡705.677 (que corresponde a la deuda promedio por cada tarjeta titular, considerando los datos a julio 2019), una tasa de interés corriente anual de 40,68% (que corresponde a la media ponderada de tasas de interés en tarjetas de crédito) y un plazo de 55 meses, la persona deudora debe realizar un pago mínimo de ₡28.474 (₡4.551 por amortización y ₡23.922 por intereses).

Si, por ejemplo, esa persona deudora se atrasa 7 días, por esa morosidad se le aplica un “cargo por mora” de $30 (además de los intereses moratorios expresados como tales y cargos por gestión de cobro). Este cobro de $30 por 7 días de atraso, sobre un monto principal de ₡4.551, siendo que se trata de un cobro de intereses moratorios encubiertos, equivale a cobrar una tasa anual de interés moratorio de 19.460%

A continuación, se incluyen los datos del ejemplo:

Saldo en tarjetas de crédito (jul-2019) ₡1.418.138.000.000

Cantidad de Tarjetas de Titulares 2.009.613

Deuda promedio por cada tarjeta de crédito (titulares) ₡705.677

Tasa de interés (media ponderada de tasas de interés de tarjetas de crédito) 40,68%

Plazo 55 meses

Cuota mensual (pago mínimo) ₡28.474

Amortización ₡4.551

Intereses ₡23.922

Cargo por mora ($30) ₡17.310

Días de atraso en pago mínimo 7

Tasa equivalente por 7 días de mora 19.460%

Este ejemplo muestra lo desproporcionado del cobro que se carga sobre las personas deudoras con denominaciones como “cargo por mora” o ““cargo administrativo por cuenta en atraso” para encubrir el cobro de intereses moratorios anuales por cifras evidentemente desproporcionadas (más de diecinueve mil por ciento en el ejemplo en cuestión). Este interés moratorio, evidentemente desproporcionado, es resultado de la aplicación de un cobro por monto fijo por atraso en el pago mínimo, siendo que se aplica ese monto fijo aún a montos de principal adeudados que pueden ser hasta varias veces inferiores al cargo mismo.

Así, además de la problemática de la carencia de regulación para determinar un tope máximo a las tasas de interés corriente, problemática esta que se busca atender mediante proyectos de ley, como los tramitados bajo expedientes N.° 20.172 o N.° 20.861, como se observa, existe otra problemática, esta última asociada a la aplicación de cargos por mora que no son más que el encubrimiento de desproporcionados intereses moratorios.

Considerando el marco jurídico reseñado en la sección anterior, es evidente que la legalidad de un cobro de esta naturaleza es totalmente discutible ante instancias administrativas o judiciales que correspondan, pues la utilización de denominaciones alternativas para un cobro, encubriendo la naturaleza de un cargo regulado, podría consistir en fraude de ley, pues el numeral 20 del Código Civil indica que “[l]os actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. Además, porque estos cobros llegan a ser desproporcionados y evidentemente usureros si se considera el interés moratorio que ocultan. Estos acontecimientos deben ser analizados y valorados por las instancias administrativas y/o judiciales correspondientes y, sin pretender determinar sobre esta discusión, el proyecto de ley que aquí se presenta únicamente pretende aumentar la claridad de la normativa que regula este tipo de cobros considerando la problemática anotada.

Adicionalmente a la problemática antes reseñada, debemos indicar que nuestro marco jurídico vigente permite a prestamistas que no son bancos comerciales, aplicar un interés moratorio que es mayor al que pueden aplicar los bancos comerciales en prácticamente todos los casos.

Los intereses moratorios cuentan en el presente con límites, tal y como se señaló en la sección anterior, pero son dispares dependiendo de si el prestamista es un banco comercial o no. Para los bancos comerciales el límite es de 2 p.p. sobre el interés corriente, mientras que para los otros prestamistas el límite es de 30% sobre el interés corriente pactado. Así el límite impuesto para los bancos comerciales es, en la práctica, siempre más beneficioso para el deudor que el límite impuesto para otros créditos en el Código de Comercio, pues únicamente en el caso de intereses corrientes inferiores a un 6,66% el límite del Código de Comercio es más beneficioso, y es evidente, al observar los promedios ponderados de las tasas activas negociadas en el sistema financiero nacional, que la mayor parte de créditos otorgados superan ese interés.

En razón de lo anterior, la regulación desigual se convierte, en la práctica, en un incentivo para que emisores de tarjetas de crédito, por ejemplo, separen su actividad de la bancaria, para que así les aplique el límite del Código de Comercio que les permite cobrar intereses moratorios mayores. Así, por ejemplo, en dos tarjetas de crédito con una misma tasa de interés corriente de 40%, si la misma es emitida directamente por una entidad bancaria, el interés moratorio máximo que pueden cobrar es de 42% (40% + 2p.p.) mientras que si esa misma tarjeta es emitida por una entidad no bancaria entonces pueden cobrar intereses moratorios por hasta 52% (40*1,3).

D. SOBRE LAS REGULACIONES EN OTROS PAÍSES.

En otros países se ha abordado esta problemática disponiendo limitaciones a estos cobros o cargos por mora que encubren desproporcionados intereses moratorios.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el caso de Perú, mediante el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero (Resolución SBS N.° 3274-2017) determina que “[l]as empresas no pueden establecer comisiones o gastos respecto de servicios esenciales y/o inherentes a los productos y/o servicios financieros que hayan sido contratados por el cliente. Se entiende por servicios esenciales y/o inherentes, a todas aquellas gestiones o prestaciones que no pueden desvincularse del producto y/o servicio financiero contratado, siendo que su no realización imposibilitaría que las empresas puedan brindarlo u ofrecerlo” (inciso 17.1, artículo 17). Además, detalla que “respecto de los productos activos, tanto en el caso de nuevos productos, como por refinanciamiento o reestructuración de créditos, se entiende por servicios esenciales y/o inherentes a: […] La evaluación del usuario, celebración del contrato, desembolso, administración del crédito y las gestiones relacionadas a su cobro.” (inciso 17.2, artículo 17).

El supracitado Reglamento, mediante el Anexo 3, detalla que “no se adecuan a los criterios establecidos en la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros y en el Reglamento para tener la calidad de comisiones o gastos y no pueden ser incorporados en los formularios contractuales que utilizan las empresas ni cobrado a sus usuarios” cargos como “[c]argos distintos al interés moratorio o penalidad, por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de su vencimiento”.

La Ley de Tarjetas de Crédito en el caso de Honduras, (Decreto No. 106-2006, reformado posteriormente por los Decretos No.33-2013 y No. 57-207) establece que son nulas las clausulas “[…] que establezcan cargos o penalidades por […] gestión de cobranza […]” (inciso 3) del artículo 31 de la citada norma).

Asimismo, en el Reglamento de Tarjetas de Crédito, que desarrolla las disposiciones contenidas en las Leyes antes señaladas, y que emite la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, se indica expresamente “Artículo 50.- Cobros No permitidos // De conformidad a lo establecido en los numerales 3) y 4) del Artículo 31 de la Ley [Ley de tarjetas de Crédito], los Emisores no podrán aplicar al Tarjeta-Habiente, cargos o penalidades definidos en los numerales 2, 3, 4, 8, 11, 20, 34, 35 y 38 del Artículo 3 del presente Reglamento, independientemente de la denominación que el Emisor establezca para dichos cargos”. Respecto a lo que interesa, esta norma prohíbe expresamente aplicar al tarjetahabiente cargos o penalidades por:

• “Administración de Créditos: Gestiones relacionadas con el análisis, evaluación, otorgamiento, seguimiento y gestión de cobranza de la tarjeta de crédito o financiamiento.” (Numeral 3 del Artículo 3 del Reglamento).

• “Gestión de cobranza: La que realiza administrativamente el Emisor, por si o por terceros, que no implique una acción extrajudicial o judicial”. (Numeral 20 del Artículo 3 del Reglamento).

La Ley N.° 8.708 en Brasil determina entre las cláusulas abusivas las que obliguen al consumidor a reembolsar los costos de cobranza sin que se le otorguen los mismos derechos contra el proveedor (inciso XII, artículo 51).

Finalmente, es destacable que en España recientemente el Tribunal Supremo condenó, mediante sentencia STS 3315/2019 a una institución bancaria a eliminar su comisión de 30 euros por una denuncia de la Asociación de Consumidores Vasca, considerando que no se puede realizar un cobro doble, por mora y por los intereses de mora.

E. SOBRE EL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley que aquí se presenta, considerando la problemática antes expuesta y las prácticas internacionales analizadas, pretende:

a) Prohibir por completo la incorporación de costos, gastos o comisiones adicionales, a efecto de cobrar una tasa de interés moratorio superior que supere el límite que dispone la legislación. Esta prohibición incluye cualquier cobro de cargos por gestión de cobro, cargos administrativos por cuentas en atraso, y cualquier cargo o comisión similar. Además, se propone determinar que toda cláusula que incluya cobros de cargos distintos al interés moratorio, por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de su vencimiento, se considerará una cláusula abusiva y absolutamente nula, y que realizar cobros de esta naturaleza será sancionado de conformidad con lo establecido por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

b) Determinar un límite igualitario para los intereses moratorios, para créditos otorgados por cualquier tipo de prestamista, considerando un límite máximo respecto a la tasa de interés corriente pactada.

c) Definir claramente que los intereses moratorios únicamente pueden cobrarse sobre la parte del principal adeudado que se encuentra en mora.

En virtud de las consideraciones anteriores, se somete al conocimiento y la aprobación de los señores y las señoras diputadas el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA ELIMINAR ABUSOS EN COBROS POR MORA

ARTÍCULO 1- Objetivo y fines.

La presente ley tiene por objeto regular los cobros que realizan a los deudores las personas físicas o jurídicas, que otorguen financiamiento a un tercero por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de su vencimiento.

ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación.

Esta normativa aplicará a toda operación mediante la cual personas físicas o jurídicas otorguen financiamiento a un tercero, incluyendo financiamiento otorgado por entidades reguladas o no reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras.

ARTÍCULO 2- Definiciones.

a) Amortización: Extinción de una parte o la totalidad del principal de una deuda mediante pagos realizados en intervalos regulares de tiempo o un solo pago.

b) Comisiones: Porcentajes o montos que las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero cobran al deudor por el uso de servicios acordados en el contrato de crédito. No corresponde a intereses.

c) Interés moratorio: Monto por intereses según la tasa establecida por este concepto en el contrato, que el emisor cobra cuando el deudor incurre en algún retraso en los pagos. El cargo se calcula sobre la parte del principal adeudado que se encuentra en mora.

d) Pago Mínimo: Monto que cubre la amortización al principal según el plazo de financiamiento, los intereses financieros a la tasa pactada, las comisiones y los cargos pactados, que el tarjetahabiente paga al emisor por el uso de la tarjeta de crédito.

e) Tarjeta de crédito: Instrumento financiero que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, que acredita una relación contractual previa entre el emisor y el tarjetahabiente por el otorgamiento de un crédito revolutivo a favor del segundo, para comprar bienes, servicios, pagar sumas líquidas y obtener dinero en efectivo.

f) Tasa de interés corriente: Porcentaje establecido, por las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero, en el contrato por el uso del crédito, que se utilizará para el cálculo de intereses, sobre el saldo del principal.

g) Tasa de interés moratorio: Porcentaje establecido, por las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero, en el contrato que debe pagar el deudor cuando incurre en algún retraso en los pagos del principal de la deuda.

ARTÍCULO 3- Tasa máxima por intereses moratorios.

La tasa de interés moratorio máxima que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero, no podrá superar en dos puntos porcentuales la tasa de interés corriente pactada.

Cuando no se pacten intereses corrientes, pero sí moratorios, estos no podrán superar la tasa de interés legal determinada en el artículo 497 del Código de Comercio, más dos puntos porcentuales.

ARTÍCULO 4- Prohibición de cobro de cargos por morosidad.

Se prohíbe, a las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero, el cobro de cargos distintos al interés moratorio, por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de su vencimiento.

Esta prohibición incluye cualquier cobro de cargos por gestión de cobro, cargos administrativos por cuentas en atraso, y cualquier cargo o comisión similar.

Toda cláusula que incluya cobros de esta naturaleza se considerará abusiva y absolutamente nula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472 del 20 de diciembre de 1994, y sus reformas.

ARTÍCULO 5- Calculo de intereses moratorios

Para el cálculo de los intereses moratorios sobre los días de atraso, deben considerarse los términos que indique el contrato y las condiciones que establezca la legislación vigente.

Los intereses moratorios únicamente pueden calcularse sobre la parte del principal adeudado que se encuentra en mora. No pueden aplicarse cobro de intereses moratorios sobre el monto de intereses corrientes adeudados.

ARTÍCULO 6- Se modifica el artículo 498 del Código de Comercio, Ley N.° 3284 del 30 de abril de 1964 y sus reformas. El texto es el siguiente:

Artículo 498- Los intereses moratorios serán iguales a los intereses corrientes, salvo pacto en contrario.

Cuando se pacten intereses corrientes y moratorios, estos últimos no podrán superar en más de dos puntos porcentuales a la tasa pactada para los intereses corrientes.

Cuando no se pacten intereses corrientes, pero sí moratorios, estos no podrán superar en más de dos puntos porcentuales a la tasa de interés legal indicada en el artículo anterior.

ARTÍCULO 7- Se modifica el primer párrafo y se adiciona un nuevo inciso e) al artículo 44 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, corriendo la numeración respectiva. El texto es el siguiente:

Artículo 44 bis.- Tarjetas de crédito. Además de las disposiciones del artículo 34 de esta ley, los emisores de tarjetas de crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos:

[…]

e) Abstenerse de realizar cobros de cargos distintos al interés moratorio, por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de su vencimiento.

ARTÍCULO 7- Se modifica el inciso b) del artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, corriendo la numeración respectiva. El texto es el siguiente:

Artículo 57- Sanciones.

[…]

b) De diez a cuarenta veces el menor salario mínimo mensual fijado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones mencionadas en el artículo 44 bis y en los incisos b), h), i), k), l) y m) del artículo 34 de la presente ley.

ARTÍCULO 8- Se adiciona un nuevo inciso g) al artículo 53 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, corriendo la numeración respectiva. El texto es el siguiente:

Artículo 53- Potestades de la Comisión nacional del consumidor.

La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades:

[…] g) Homologar las propuestas de contrato tipo que los proveedores de servicios financieros trasladan al solicitante de un crédito, para eliminar las cláusulas abusivas definidas en el artículo 4 de la Ley para Eliminar Abusos en Cobros de Intereses Moratorios mediante Cargos Fijos por Mora.”

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada David Hubert Gourzong Cerdas

Dragos Dolanescu Valenciano Welmer Ramos González

Diputados

14 de enero de 2020.

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.