Archivado el plan que declaraba la justicia servicio esencial
El proyecto 21.755, que proponía meter el servicio de justicia en la lista de servicios esenciales del Código de Trabajo, venció su plazo cuatrienal el 17 de diciembre de 2023 sin convertirse en ley.
Título oficial LEY PARA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
Atención: El proyecto metía en la lista de servicios sin huelga las intervenciones de las comunicaciones y el mantenimiento de sistemas informáticos, y el propio texto reconoce que una lista anterior fue anulada por no consultar a la Corte Suprema.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Poder Judicial
El inciso incluye 'la custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados', una fórmula que deja abierto qué queda cubierto.
y la custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Trabajadores del Poder Judicial que quisieran ejercer el derecho a huelga
- Personas que reciben pensión alimentaria y dependen del apremio corporal
- Víctimas de delitos que piden medidas cautelares o de protección
- Familias que esperan la entrega de cuerpos tras una autopsia
A quién beneficia
- Ninguno directo: el proyecto está archivado y no cambió ninguna norma
- Si se hubiera aprobado, habría asegurado la atención de pensiones alimentarias y medidas cautelares durante una huelga
Qué cambia
- El servicio de justicia sigue regulado por la reglamentación interna del Poder Judicial, no por una ley
- La lista de servicios esenciales del Poder Judicial se mantiene en una circular del Consejo Superior
- Un proyecto parecido tendría que pasar otra vez por consulta a la Corte Suprema de Justicia
La explicación completa
El proyecto de ley 21.755 está archivado. Venció su plazo cuatrienal el 17 de diciembre de 2023 y nunca llegó a ser ley 1. Proponía declarar el servicio de justicia como servicio público esencial, es decir, un servicio que no puede suspenderse del todo durante una huelga.
Qué propone
El proyecto proponía agregar un inciso nuevo al artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 15 de setiembre de 1943 (art. único). Ese inciso listaba los servicios de acceso a la Justicia que quedarían como esenciales.
La lista incluía los juzgados de trabajo y los tribunales de apelación de trabajo; el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos; los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente; la atención de denuncias y de solicitudes de medidas cautelares o de protección; los juicios con persona detenida y los asuntos prontos a prescribir (art. único).
También metía en la lista las intervenciones de las comunicaciones, el mantenimiento de los sistemas informáticos, la atención de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país, el Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP), los traslados de personas privadas de libertad, la protección a víctimas y testigos y la custodia necesaria para garantizar esos servicios (art. único).
La diputada Yorleny León Marchena firmó el proyecto el 14 de enero de 2020 (art. único). En la exposición de motivos, el texto dice que la justicia pronta y cumplida "se ha convertido en una aspiración social que sigue sin materializarse".
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales el 11 de junio de 2020, una votación y dictamen en comisión el 10 de noviembre de 2020, y la remisión a la Secretaría del Directorio el 16 de noviembre de 2020 1.
El plazo cuatrienal venció el 17 de diciembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la sanción del Poder Ejecutivo, según el trámite ordinario.
Lo que se dijo en la Asamblea
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, Yadira Fonseca, dijeron en la Comisión de Asuntos Sociales que no era indispensable una nueva ley para declarar el servicio de justicia como servicio público esencial 00:00:09.
Cruz explicó que ya existe una reglamentación del Poder Judicial con una lista de servicios esenciales. En la sesión del 22 de setiembre de 2020 dijo: "hay una reglamentación que yo mencioné en que se define los los servicios esenciales" 01:06:42.
Sobre si esa lista debe tener rango de ley, Cruz respondió: "yo creo que que aún con cómo está aquí es suficiente esa es mi impresión" 01:08:58.
La diputada Yorleny León reclamó que la Corte se limitó a ver el proyecto de manera superficial. Dijo que le quedó "la duda de por qué la corte luego de entrar a analizar los elementos de fondo del proyecto y emitir un criterio fundamentado se limita básicamente a ver de manera superficial el proyecto" 00:01:36.
Fonseca pidió a los diputados declinar la propuesta. Argumentó que declarar esos servicios esenciales "sería limitar ese derecho que está constitucionalmente establecido" y lo llamó "una mordaza a la población trabajadora" 01:03:20.
El secretario general de la Central General de Trabajadores, Carlos Cabezas Mora, dio criterio negativo sobre el expediente 21.097, que se discutía junto con este tema. Dijo que el proyecto "carece de un estudio técnico como sustento para determinar con mayor precisión Cuáles son los servicios públicos esenciales" 00:04:01.
Frente a la Constitución
El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga "salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley" Constitución, art. 61. El proyecto usaba justamente esa puerta: la ley define cuáles servicios públicos no admiten huelga.
El posible choque está en el artículo 167, que la diputada Patricia Villegas leyó en la comisión: para los proyectos que se refieren a la organización o funcionamiento judicial, la Asamblea debe consultar a la Corte Suprema de Justicia, y para apartarse de su criterio se necesitan dos tercios de los votos 01:40:18.
El texto del proyecto reconoce que la Sala Constitucional anuló antes una lista parecida por incumplir la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia (art. único). La duda es si este proyecto repetía el mismo problema de procedimiento.
El Censo no encontró choque entre la lista de servicios del artículo único y los artículos 21 (vida humana inviolable) ni 24 (secreto de las comunicaciones) de la Constitución Constitución, art. 21 Constitución, art. 24.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado, así que no hay comisión ni debate abierto donde incidir. Las herramientas de la guía sirven para mirar el expediente y para cuando vuelva a aparecer un proyecto parecido.
Paso 1: revisar el estado de un proyecto en la corriente legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión guía, p. 27.
Paso 2: si un proyecto similar entra a comisión, hablar con los diputados. La guía describe la incidencia ciudadana en comisión mediante entrevistas con los diputados, proponiendo argumentos de fondo guía, p. 29.
Paso 3: presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente no llegó al Plenario después del dictamen de comisión de noviembre de 2020.
El dossier no incluye el texto del dictamen que la comisión aprobó el 10 de noviembre de 2020.
El dossier no permite saber cuántos diputados votaron a favor o en contra en la comisión.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El proyecto usaba la puerta que abre el artículo 61 para que la ley defina los servicios públicos sin huelga, pero el texto mismo reconoce que una lista parecida fue anulada por no consultar a la Corte Suprema, como pide el artículo 167.
Constitución, art. 61"Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia."
Esta ley, art. único"Los servicios de acceso a la Justicia y la efectiva tutela a lo largo del proceso judicial, incluyendo: los juzgados de trabajo y los tribunales de apelación de trabajo; el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos"
Sin choque aparente La Constitución permite que una ley defina cuáles servicios públicos no admiten huelga. El proyecto hacía justamente eso con el servicio de justicia.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:09
"el presidente de la corte suprema de justicia fernando cruz y la vicepresidenta de la asociación nacional de empleados judiciales yadira fonseca consideran que no es indispensable una nueva legislación para declarar el servicio de justicia como un servicio público esencial"
- 00:01:36
"al a mí me quedó mucho la duda de por qué la corte luego de entrar a analizar los elementos de fondo del proyecto y emitir un criterio fundamentado se limita básicamente a ver de manera superficial el proyecto"
- 00:04:01
"este proyecto en análisis carece de un estudio técnico como sustento para determinar con mayor precisión Cuáles son los servicios públicos esenciales"
- 01:06:42
"hay una reglamentación que yo mencioné en que se define los los servicios esenciales"
- 01:08:58
"yo creo que que aún con cómo está aquí es suficiente esa es mi impresión"
- 01:03:20
"sería limitar ese derecho que está constitucionalmente establecido sería poner con todo respeto lo voy a decir una mordaza a la población trabajadora"
- 01:40:18
"yo me voy a tomar la atribución lectura textual del artículo 167 de nuestra constitución política"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 21755: LEY PARA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
- PODER JUDICIAL NO CONSIDERA INDISPENSABLE LEY QUE BUSCA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVIC
- Comisión Permanente de Asuntos Sociales, martes 22 de septiembre 2020
- SALA SEGUNDA PIDE PRECISAR LISTA DE SERVICIOS ESENCIALES
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
YORLENY LEÓN MARCHENA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.755
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY PARA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
Expediente N.° 21.755
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El acceso a la Justicia es un derecho fundamental y uno de lo que más se incumplen, dado que la justicia pronta y cumplida se ha convertido en una aspiración social que sigue sin materializarse.
En algunos casos, por múltiples trámites burocráticos a lo interno de la Corte, en algunos momentos por las mismas partes, la cuales obstaculizan el curso normal de la justicia y en algunas otras ocasiones, ha sido porque los juzgados han entrado en paros totales debido a movimientos huelguísticos en muchas ocasiones, sin agotar la vía del diálogo previamente entre las partes, lo cual da como resultado una obstaculización del derecho a la tutela judicial efectiva.
La OIT ha expuesto reiteradamente la siguiente doctrina:
“582. Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población”. (OIT, 2006).
En relación a esta teoría, hay que tener claro que el Poder Judicial brinda una serie de servicios, que han sido considerados por la misma Corte Plena como esenciales. Asimismo, por su valor humanitario es que las huelgas en ciertos servicios brindados por el Poder Judicial, no podrían suspenderse sin causar un mal mayor, en este sentido podemos citar la pasada huelga de la Medicatura Forense, la cual afectó los servicios de: suspensiones de juicios, de realización de autopsias y de entregas de cadáveres, así como la emisión de hojas de delincuencia. Esto dio como resultado que 19 cadáveres se acumularan en Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial, sin poder ser entregados a sus seres queridos.
Inclusive cuando se dio la huelga, el expresidente Carlos Chinchilla dijo ante una entrevista a Amelia Rueda la siguiente declaración
“El Jerarca indicó que la negativa de entregar los cuerpos a sus familiares en sumamente delicado y va en detrimento de la responsabilidad que el Poder Judicial tiene con la ciudadanía. Además, añadió que es un asunto de "humanidad". "Esto me parece que es muy lamentable. Nunca hubiera esperado esto de funcionarios judiciales porque nosotros somos comprometidos con la sociedad. Lo mínimo que podríamos solicitar es que procedieran de esta forma (entregar los cadáveres), no estoy pidiendo mucho más", indicó Chinchilla, quien insistió en que la huelga es un movimiento al que tienen derecho los trabajadores.
El presidente de la Corte solicitó a las asociaciones gremiales deponer el movimiento y sentarse a negociar para tratar de encontrar una salida a las demandas de un paro que califica de "no normal" debido a que no es contra el patrono, en este caso el Poder Judicial”.
El caso particular de las autopsias, es un precedente que no debería volver a ocurrir en nuestro país por su impacto humanitario, y así se vio reflejado y repudiado por la ciudadanía y la institucionalidad, en que tuvo que entrar la Defensoría de los Habitantes a interponer un recurso de amparo para que se dieran la entrega de los cuerpos.
Estos comportamientos de los entes gremiales, dejan de manifiesto los abusos que se han dado desde la promulgación del Código Procesal Laboral y a los que, gracias a la responsabilidad de los diputados y diputadas de este período constitucional, se le ha puesto un coto a través del proyecto 21.049 “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS”.
En dicho proyecto se incorporó el servicio de justicia en dos vertientes el primero como servicio esencial teniendo en cuenta los siguientes servicios “judiciales en materia laboral, derechos fundamentales, derecho de familia, pensiones alimentarias, violencia intrafamiliar, contravenciones y flagrancia, el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios médico forense que impliquen atención urgente, incluyendo en todos los casos los servicios auxiliares necesarios para su efectiva prestación.”
Estos servicios estaban incluidos originalmente en el artículo 376 del Código de Trabajo y el resto de servicios judiciales se incluyeron en el artículo 376 ter, relacionado con los servicios de trascendental importancia, sin embargo, la Sala Constitucional, los declaró inconstitucional, alegando incumplimiento en la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia.
Cabe resaltar que la consulta se había hecho dentro del expediente 21.097 de Reforma del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 15 de setiembre de 1943, para la regulación de los servicios públicos esenciales, el cual fue fusionado con el 21.049 dentro del trámite legislativo.
En virtud de que los diputados y diputados decidieron excluir el servicio de justicia de todas las listas, en aras de darle la mayor celeridad al proyecto 21.049, es que se propone el siguiente texto en aras de que el servicio de justicia como tal, no quede fuera de la gama de servicios esenciales que brinda el Poder Judicial, y que afecta a poblaciones especialmente sensibles, como niños, mujeres y víctimas del hampa.
Dentro de esta esencialidad se presentan asuntos como las pensiones alimenticias y principalmente los apremios corporales, como esenciales y vitales para garantizar la salud y la vida de los niños, adolescentes y estudiantes que reciben de sus progenitores esta ayuda económica.
Es por ello que el Poder Judicial bajo ninguna circunstancia, puede suspender este servicio, dado que podría poner a las familias costarricenses que necesitan ver las obligaciones alimentarias satisfechas, en una situación precaria, donde los niños y niñas, así como los menores, o estudiantes favorecidos, podrían dejar de tener acceso a medicamentos, educación, y alimentos.
Igualmente vulnera mucho a las víctimas de delitos, que podrían no ver interpuestas medidas cautelares contra sus agresores, fomentando el peligro de fuga, y la perpetuación de la impunidad del delito, ante la ausencia de jueces que dicten las medidas, lo que ocasiona asimismo un peligro de seguridad nacional.
Finalmente, en aras de darle seguridad jurídica al servicio de justicia, es que presentamos el presente proyecto de ley, para que sea tomado en consideración y aprobado por el Plenario legislativo.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 15 de setiembre de 1943, para que se agregue un nuevo inciso que en adelante se lea de la siguiente manera:
(…)
Inciso nuevo)
Los servicios de acceso a la Justicia y la efectiva tutela a lo largo del proceso judicial, incluyendo: los juzgados de trabajo y los tribunales de apelación de trabajo; el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente; atención de denuncias, solicitudes de imposición de una medida cautelar, cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer, atención de solicitudes de medidas de protección; juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir; intervenciones de las comunicaciones, mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación; atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país; mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP); traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas; protección a víctimas y testigos; la disponibilidad que deben tener cualquier grupo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación; la notación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los permisos de salida del país para personas menores de edad; y la custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.
(…)
Yorleny León Marchena Diputada
14 de enero de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.