Proyecto de moratoria a sanciones del registro de beneficiarios ya es ley
El expediente 21758, que proponía frenar seis meses las multas del registro de beneficiarios finales del período 2019, se convirtió en la Ley 9810, que fijó tres meses de moratoria.
Título oficial LEY DE MORATORIA PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION ORDINARIA DEL PERIODO 2019, RELACIONADAS CON EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES, DISPUESTO EN LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY NO. 9416, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
Atención: La ley que salió fijó tres meses de moratoria, no los seis que proponía el texto original, y la obligación de declarar sigue en pie.
A quién le toca
- Representantes legales de personas jurídicas obligadas al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
- Personas jurídicas que no presentaron la declaración ordinaria del período 2019
- Micro, pequeñas y medianas empresas mencionadas en la exposición de motivos
A quién beneficia
- Se suspenden por tres meses las sanciones del artículo 13 de la Ley 9416 por la declaración del período 2019
- La moratoria es improrrogable según la Ley 9810
Qué cambia
- La obligación de presentar la declaración del período 2019 sigue en pie
- La Dirección General de Tributación puede imponer la sanción si el obligado incumple dentro del plazo de la resolución conjunta
La explicación completa
El expediente 21758 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9810, publicada en enero de 2020. La ley que salió tiene un cambio frente al texto original: la moratoria pasó de seis meses a tres meses improrrogables 1.
Qué propone
El proyecto proponía una moratoria de seis meses improrrogables a las sanciones del artículo 13 de la Ley 9416 (art. único). Esas sanciones se aplican por incumplir la declaración ordinaria del período 2019 del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
La moratoria no eximía al obligado de hacer la declaración del período 2019 (art. único). El artículo 13 de la Ley 9416 remite las multas al artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 3.
El texto original decía que la moratoria regía a partir de su publicación (art. único). La Ley 9810 que se aprobó estableció tres meses improrrogables 1.
En qué va el trámite
El expediente 21758 se presentó el 7 de enero de 2020 y se publicó en La Gaceta el 22 de enero de 2020 2. El trámite registra dispensa de trámite, primer debate y votación en el Plenario el 27 de enero de 2020. Luego pasó a la Comisión de Redacción, que votó la redacción final el 28 de enero de 2020.
El proyecto se convirtió en la Ley 9810, que está vigente 1. El plazo cuatrienal del expediente vencía el 8 de enero de 2024 2.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier no tratan el expediente 21758. La sesión del 27 de octubre de 2020 discute otros proyectos, como el 20.256 sobre la Ley 7391 01:40:24.
En esa sesión se habló de una moción para archivar un proyecto y se pidió votarla en contra 02:17:38. También se discutió el encaje mínimo legal de las cooperativas 02:18:16.
La segunda parte de la sesión trata concesiones, permisos y el delito de incumplimiento de deberes del artículo 399 del Código Penal 01:00:22. Ninguna de esas intervenciones menciona el registro de beneficiarios finales ni la moratoria del expediente 21758.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre el texto y los artículos de la Constitución del dossier. La Asamblea tiene la potestad de dictar leyes Constitución, art. 121, y el proyecto siguió el trámite de dos debates y sanción Constitución, art. 124.
El artículo 18 dice que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes y contribuir para los gastos públicos Constitución, art. 18. La moratoria no elimina la obligación de declarar, solo suspende las multas por un plazo (art. único).
Qué puede hacer usted
Si tiene una persona jurídica y no presentó la declaración del período 2019, la Ley 9810 ya fijó la moratoria. Consulte el estado de su declaración ante la Dirección General de Tributación.
Para pedir información sobre el trámite de una ley, la guía indica que la Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos guía, p. 27.
Para presentar una propuesta de ley, la Asamblea tiene un formulario web, aunque esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántas personas jurídicas quedaron obligadas a declarar en el período 2019.
El dossier no dice cuánto monto de multas se evitó con la moratoria.
El dossier no incluye el texto completo de la Ley 9810, solo un extracto 1.
El dossier no registra quién votó a favor o en contra del expediente 21758.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró choque entre la moratoria y los artículos constitucionales del dossier. La Asamblea tiene potestad para legislar y el proyecto siguió el trámite de dos debates.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. único"Decrétase una moratoria de seis meses improrrogables, a las sanciones que se derivan del régimen sancionador estipulado en el artículo 13 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N.° 9416, de 14 de diciembre de 2016, por incumplimiento en la declaración ordinaria del periodo 2019"
Sin choque aparente La Asamblea puede dictar leyes. Una moratoria sobre sanciones tributarias entra en esa potestad.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. único"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El expediente registra primer debate, votación y redacción final. La ley se publicó en La Gaceta.
Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
Esta ley, art. único"La moratoria no exime al obligado de realizar la declaración Ordinaria del periodo 2019 del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales."
Sin choque aparente La moratoria no borra la obligación de declarar. Solo suspende las multas por un plazo.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 9810: Moratoria para la aplicación de sanciones correspondientes a la declaración ordinaria del período 2019, relacionadas con el registro de transparencia y beneficiarios finales, dispuesto en la ley N° 9416 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (Vigente)
- Expediente 21758: LEY DE MORATORIA PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION ORDINARIA DEL PERIODO 2019, RELACIONADAS CON EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES, DISPUESTO EN LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY NO. 9416, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
- Ley 9416: Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (Vigente)
- Sesión extraordinaria Plenario Legislativo #66, martes 27 de octubre del 2020
- Sesión extraordinaria Plenario Legislativo #66, martes 27 de octubre del 2020 2da parte.
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE MORATORIA PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2019, RELACIONADAS CON EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES, DISPUESTO EN LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY N.° 9416, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
PABLO HERIBERTO ABARCA MORA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.758
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE MORATORIA PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2019, RELACIONADAS CON EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES, DISPUESTO EN LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY N.° 9416, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
Expediente N.º 21.758
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Ley N.° 9416 “Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”, de 14 de diciembre de 2016, en su capítulo segundo, establece la creación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, de personas jurídicas, así como la obligación de suministro de información por parte de sus responsables legales.
Además, mediante el Decreto Ejecutivo 41040-H, se emitió el “Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, el cual, en su artículo 8 autoriza a la Dirección General de Tributación, y al Instituto Costarricense sobre Drogas, para emitir una resolución conjunta de alcance general, y definir los plazos y condiciones para que los responsables legales de las personas jurídicas suministren la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
Es por lo anterior, que, en el transitorio I de dicha resolución conjunta de alcance general, se establecen los plazos supra citados, a los cuales deben sujetarse los representantes legales para el suministro de la información de accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas.
En concordancia con estas obligaciones, se encuentra también la sujeción a sanciones, según el artículo 13 de la Ley N.° 9416 “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, de 14 de diciembre de 2016; mediante el cual se pretende ejercer un control estricto sobre la aplicación y cumplimiento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
Sin embargo, el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de la resolución conjunta de alcance general, no ha sido fácil para los representantes legales de las personas jurídicas, debido a la complejidad y dinámica definida para el suministro de la información.
Tampoco existe un acompañamiento para los obligados, mediante el cual se brinde herramientas informativas y de capacitación para cumplir satisfactoriamente con las nuevas obligaciones legales encomendadas.
Debemos recordar que se trata de un procedimiento nuevo para las personas jurídicas y sus representantes, motivo por el cual resulta importante establecer un margen de flexibilidad en cuanto al régimen sancionatorio, y no castigar de forma automática a los obligados, ante posibles incumplimientos.
No podemos pasar por alto la obligación de las autoridades tributarias para informar y guiar a los obligados, principalmente a los grupos de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre cómo atender las nuevas responsabilidades, factor clave para que la aplicación de la norma sea exitosa en términos de suministro de información y transparencia.
Existe también una realidad social que se convierte en un obstáculo para el cumplimiento en el suministro de la información por parte de los obligados, y se trata de las calidades y condiciones de los representantes legales de las personas jurídicas, mismos que en muchos casos no cuentan con el conocimiento necesario para cumplir con la dinámica establecida.
Los representantes legales se señalan como los responsables del suministro de información, sin embargo, estos no necesariamente tienen facilidad material o académica para el acceso al sistema, con el agravante de que tampoco existe un acompañamiento óptimo por parte de las autoridades tributarias, que les facilite cumplir con sus nuevas responsabilidades.
El certificado de firma digital, también se convierte en un trámite adicional al que están sujetos los obligados al suministro de información, por lo que el periodo de adaptación y aplicación de las nuevas responsabilidades, se convierte en un procedimiento aún más complejo.
Aunado a lo anterior, el proceso de certificación de firma digital, ha presentado inconvenientes en cuanto a la atención de usuarios, debido al volumen de solicitudes, razón por la cual, los representantes legales han enfrentado retrasos significativos para obtener su certificación, lo que representa un obstáculo más para cumplir con los plazos establecidos para la declaración ante el Registro, problema que aún persiste al inicio del año 2020.
Como diputados, estamos en la obligación de ser facilitadores para que el Poder Ejecutivo desarrolle las acciones necesarias para el control y fiscalización del sistema tributario costarricense, pero también debemos ser conscientes y flexibles en cuanto a las sanciones establecidas, y el periodo de adaptación de los obligados, ante las nuevas disposiciones legales.
Es por lo anterior, que nace el presente proyecto de ley, con la intención de darle a los obligados, un plazo prudencial para que puedan recibir la inducción necesaria para el suministro de información al Registro, y que su nueva responsabilidad no se convierta en sanciones implícitas, producto de un periodo de adaptación natural ante un nuevo procedimiento legal.
El presente proyecto de ley, pretende otorgar una moratoria a la aplicación del régimen sancionatorio por incumplimiento en la declaración ordinaria del periodo 2019, que corresponde al primer año de suministro de información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, según las normas emitidas para estos efectos.
Es importante resaltar, que la presente iniciativa también tiene relevancia para la Administración Tributaria, la cual tendrá mejores resultados en la aplicación del Registro, y con ello mayor transparencia, a partir de que da la dinámica y el cumplimiento de las nuevas responsabilidades, se cumplan acorde a la normativa vigente por parte de los obligados.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE MORATORIA PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2019, RELACIONADAS CON EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES, DISPUESTO EN LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY N.° 9416, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
ARTÍCULO ÚNICO- Moratoria
Decrétase una moratoria de seis meses improrrogables, a las sanciones que se derivan del régimen sancionador estipulado en el artículo 13 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N.° 9416, de 14 de diciembre de 2016, por incumplimiento en la declaración ordinaria del periodo 2019, que corresponde al primer año de suministro de información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, según lo establece el transitorio I, de la resolución conjunta de alcance general para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, autorizada mediante el artículo 8, del Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Decreto Ejecutivo 41040-H.
La moratoria no exime al obligado de realizar la declaración Ordinaria del periodo 2019 del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
Rige a partir de su publicación.
Pablo Heriberto Abarca Mora Diputado
15 de enero de 2020
NOTAS: Este proyecto no tiene aún comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.