# Expediente 21775: El proyecto de Catalina Montero ya es la Ley 10215 - Página: https://elcenso.com/leyes/21775 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED) - Publicada: 2020-02-11 - La Gaceta: 27 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 21775 se convirtió en la Ley 10215, que crea el programa Insolapad para personas adultas con discapacidad. ## A quién le toca - Personas adultas con discapacidad que necesiten apoyos prolongados o permanentes - Familias que hoy cuidan a personas con discapacidad sin pago del Estado - Organizaciones no gubernamentales que dan servicios a personas con discapacidad - Los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (Caipad) ## A quién beneficia - Las personas adultas con discapacidad tendrían acceso a opciones formativas y laborales del Estado - El MEP, el INA y las universidades públicas abrirían sus servicios a esta población - Las organizaciones no gubernamentales podrían recibir financiamiento de la Junta de Protección Social ## Qué cambia - El programa Insolapad ya está vigente como Ley 10215 - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social coordina el programa, no el Conapdis - La ley se reglamentaría en un plazo de hasta 6 meses después de su publicación ## Cláusulas a revisar - **Tareas a universidades independientes** (18): El artículo 18 le ordena a cada universidad pública incorporar el programa en sus actividades curriculares, aunque la Constitución les da independencia para darse su organización. Texto: "Incorporar el Programa Insolaped en las actividades curriculares y servicios de cada una de las universidades públicas." - **Reglamentación sin plazo claro en el texto original** (20): El artículo 20 da hasta 6 meses para reglamentar la ley, pero el artículo 21 dice que rige doce meses después de su publicación. El dossier no aclara qué pasa si no hay reglamento a tiempo. Texto: "Esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo hasta de 6 meses después de su publicación." ## Explicación El proyecto que presentó la diputada Catalina Montero Gómez ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10215. La ley crea el Programa Inclusión Social y Laboral de Personas Adultas con Discapacidad, que ahora se llama Insolapad [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=99327¶m2=135786¶m3=1). ### Qué propone El texto proponía crear el programa Insolaped para atender a personas adultas con discapacidad que necesiten apoyos prolongados o permanentes ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La atención sería formativa, ocupacional y laboral, para que esas personas ganen conocimientos y habilidades. La elaboración del programa quedaría a cargo del Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las universidades públicas y el Conapdis ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Conapdis coordinaría el proceso. El programa tendría una Comisión Técnica de Implementación (COTI) para definir cómo se ejecuta y se supervisa ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Conapdis coordinaría esa comisión y tendría que convocarla al menos cada dos meses ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Cada institución tendría tareas concretas. El MEP debía incorporar el programa en sus actividades curriculares y abrir sus aulas ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Conapdis debía fiscalizar la ejecución y gestionar recursos para subsidios ([art. 12](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Ministerio de Trabajo debía promover la inclusión laboral ([art. 13](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El INA debía abrir sus cursos y gestionar becas ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La Junta de Protección Social debía financiar a organizaciones no gubernamentales ([art. 15](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La ley que resultó, la 10215, cambió varios puntos. Ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social coordina el programa, no el Conapdis [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=99327¶m2=135786¶m3=1). El programa se llama Insolapad, con d al final. La atención es para personas con discapacidad mayores de edad. ### En qué va el trámite El expediente 21775 ya terminó su trámite y es ley de la República. La ficha del expediente registra el dictamen de la Comisión de Discapacidad el 26 de agosto de 2021 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto pasó al Plenario y se convirtió en la Ley 10215, que está vigente [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=99327¶m2=135786¶m3=1). El plazo cuatrienal del expediente vencía el 27 de enero de 2024 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Ese plazo ya no importa porque la ley se aprobó. ### Lo que se dijo en la Asamblea La diputada Catalina Montero dijo que las personas adultas con discapacidad no tienen alternativa para desarrollar habilidades ni para seguir un proceso educativo o laboral ([video, 00:00:44](https://www.youtube.com/watch?v=nqglIg3lzrE&t=44s)). Montero explicó que la idea es abrir las puertas de la escuela nocturna, de los IPEC y de las universidades ([video, 00:01:10](https://www.youtube.com/watch?v=nqglIg3lzrE&t=70s)). Dijo que algunos programas universitarios ya existen, como uno de la Universidad Técnica Nacional en Atenas y otro de la Universidad de Costa Rica ([video, 00:01:21](https://www.youtube.com/watch?v=nqglIg3lzrE&t=81s)). La diputada también señaló que los servicios que dan las organizaciones no gubernamentales suelen ser segregados ([video, 00:01:47](https://www.youtube.com/watch?v=nqglIg3lzrE&t=107s)). ### Frente a la Constitución El artículo 51 de la Constitución ordena protección especial del Estado para las personas con discapacidad ([Constitución, art. 51](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto del proyecto cita ese mismo artículo como base ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ahí calza. El artículo 78 dice que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y gratuitas en el sistema público ([Constitución, art. 78](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto propone que el MEP abra sus aulas y aporte docentes para personas adultas con discapacidad ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Censo no encontró choque entre esas dos ideas. El artículo 84 dice que las universidades públicas tienen independencia para darse su organización y gobierno propios ([Constitución, art. 84](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto les asigna tareas como incorporar el programa en sus actividades curriculares ([art. 18](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esa asignación podría generar dudas sobre cuánto puede la ley ordenar a una universidad independiente. El artículo 85 ordena que el Estado mantenga un fondo especial para la educación superior estatal ([Constitución, art. 85](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto no toca ese fondo. El Censo no encontró choque ahí. ### Qué puede hacer usted La ley ya está vigente, así que las herramientas para cambiar el texto ya no aplican. Lo que queda es pedir información y vigilar cómo se ejecuta. Puede pedir información a la Asamblea sobre el expediente y sus actas. La guía explica que la Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un mal uso de los fondos públicos del programa. La guía detalla que la denuncia se puede hacer en persona, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Puede presentar un recurso de amparo si una institución no cumple lo que la ley ordena. La guía explica que el recurso se presenta por escrito y no requiere citar la norma constitucional infringida ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuántas personas se han inscrito en el programa Insolapad desde que la ley entró en vigencia. El dossier no dice cuánto presupuesto tiene asignado el programa para 2025 o 2026. El dossier no incluye el texto completo de la Ley 10215, solo sus primeros artículos. ## Frente a la Constitución El texto se apoya en el artículo 51 y no choca de frente con la Constitución. Hay dudas sobre las tareas que asigna a las universidades públicas, que tienen independencia según el artículo 84. ## Qué puede hacer usted - Pedir información a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea: Solicitar el estado de tramitación del expediente 21775 y las actas de Plenario y Comisión (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: En persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) - Recurso de amparo: Presentarlo por escrito, sin necesidad de citar la norma constitucional infringida (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23) ## Fuentes 1. Ley 10215: Crea Programa Inclusión Social y Laboral de las personas adultas con discapacidad (INSOLAPAD) (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 21/09/2022. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=99327¶m2=135786¶m3=1 2. Expediente 21775: CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED). Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-02-11. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. CREAN PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2021-08-26. https://www.youtube.com/watch?v=nqglIg3lzrE 4. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 5. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED CATALINA MONTERO GÓMEZ DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 21.775 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED) Expediente N.° 21.775 ASAMBLEA LEGISLATIVA: En la década de los años setenta se fundan en Costa Rica las primeras organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, conformadas principalmente por padres y madres, con el interés de atender las necesidades de estas personas, ante la ausencia de servicios estatales. Con tal propósito, algunas de estas organizaciones, con grandes limitaciones materiales, técnicas y financieras, iniciaron la creación de una oferta de servicios tendiente a capacitar y promover el empleo de esta población. Surgieron instituciones como el Instituto de Rehabilitación Profesional a cargo de la Asociación Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica, con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Era evidente que, por sus múltiples limitaciones funcionales, muchas personas con discapacidad no lograban desarrollar capacidades para su empleabilidad, por lo que se hizo necesario implementar otra modalidad de servicios denominada taller protegido, siendo el primero el Taller Protegido de Alajuela. Otras organizaciones siguieron el ejemplo, denominándose talleres laborales. La naturaleza de estos servicios provocó preocupaciones a las familias de personas con discapacidad, que consideraban que sus hijos e hijas desempeñaban un trabajo en estos talleres, y sus derechos laborales no eran respetados, por lo que algunas organizaciones tuvieron que enfrentar denuncias judiciales. Por esta razón fue necesario que la Defensoría de los Habitantes se pronunciara e indicara en su momento, que el servicio brindado desde los talleres protegidos o talleres laborales, constituye un proceso de formación que le permite a la población usuaria, adquirir habilidades adaptativas para la vida diaria y el trabajo, contando para ello con la contribución de docentes del Ministerio de Educación Pública, en el marco de un proceso de capacitación. Varias instituciones, encargadas de brindar asesoría y supervisión técnica y organizativa a las asociaciones de personas con discapacidad, entre ellas el IMAS, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (actualmente Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) y el MEP, en conjunto con representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), diseñaron la propuesta curricular y metodológica del Programa de Atención Integral de Personas Adultas con discapacidad. Este esfuerzo interinstitucional, surge como respuesta a inquietudes de familiares de personas adultas con discapacidad, al no contar con opciones de servicios, en virtud de que el Estado costarricense no les ofrecía alternativas para que las personas con discapacidad entre 18 y 65 años tuvieran posibilidades de educación, formación e inserción laboral. Con base en esa propuesta, el Consejo Superior de Educación, en sesión 61-2000 de 14 de diciembre del año 2000 aprobó la transformación de los talleres protegidos y talleres laborales en los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (Caipad). Desde entonces, alrededor de 30 Caipad, funcionan en Costa Rica en alianza con organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, y tienen como propósito ofrecer a las personas adultas con discapacidad una opción de educación personal, social, ocupacional o productiva, que les permitiría potenciar su desarrollo integral, autonomía personal y mejora en su calidad de vida. Algunas de estas experiencias cumplieron y cumplen con su cometido, otras no. En este marco, es importante destacar que el Estado Costarricense tiene la responsabilidad de promover, cumplir, respetar y proteger los derechos de las personas con discapacidad. El reconocimiento de estos derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, se encuentra consignado en diversa normativa nacional e internacional, así como en jurisprudencia de la Sala Constitucional, entre la que se destaca: - El artículo 51 de nuestra Constitución Política, que establece, “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” - La Ley N.º 9303, Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (2015), que transformó al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), entidad rectora en materia de discapacidad, en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), en la que se reorienta el rol institucional a la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. - La Ley N.º 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (1996), en la que se establece de manera instrumental el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. - El Decreto N.º 36524-MP-MBSF-PLAN-MTSS-MEP, publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial, dando vida a la Política Nacional en Discapacidad. (Ponadis). - La Ley N.º 9379, Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (2016). - La Ley Fundamental de Educación de 1957 y el Departamento de Educación Especial del MEP, creado en 1972, con varias reformas posteriores, respaldan las iniciativas relacionadas con la educación especial en todos los niveles del sistema educativo. Con respecto al derecho a la educación, el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad refiere que: (…) “…los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. (…) 3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad…” La Sala Constitucional en el Voto N.° 3820-94 manifiesta que: “(…) la administración está jurídicamente obligada a realizar todas las medidas que sean necesarias y ponerlas a disposición de las personas con discapacidad, a efecto de hacer eficaz el derecho fundamental a la educación.” El Comité de Derechos de las personas con discapacidad, órgano de expertos y expertas independientes, que da seguimiento internacional a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la observación general n°4 adoptada el 25 de noviembre de 2016 señaló: “…la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras, y las estrategias de la educación para superar los obstáculos, con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa, y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias.” Derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. El artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad indica: “Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: (…) b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; c) las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.” Derecho al trabajo y empleo: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 27, manifiesta que: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, adoptando medidas, entre ellas: Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad Permitir que tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias Emplear a personas con discapacidad en el sector público Promover el empleo en el sector privado Velar por que se realicen ajustes razonables en el lugar de trabajo Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo. Muchas familias y organizaciones reclaman la necesidad de algún programa estatal que fomente el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad adultas, a través de un proceso continuo socioeducativo y de trabajo, promoviendo la participación de la promoción laboral y participación comunitaria, que propicie la vida independiente de las personas con discapacidad adulta. Tomando en consideración que: La Encuesta Nacional de Discapacidad, Enadis 2019, determinó que más del 18% de la población adulta costarricense enfrenta discapacidad, equivalente a más de 600.000 personas. Según los resultados de la Enadis, el 90% de los servicios de asistencia principal a personas con discapacidad son brindados sin retribución económica, en su mayoría por mujeres, cuando el Estado debería garantizar estos cuidados, por mandato constitucional. Costa Rica, al igual que el resto de América Latina enfrenta hoy una crisis de cuidados, por lo que se hace absolutamente necesario y urgente implementar medidas tendientes a contrarrestar las situaciones de dependencia generadas y profundizada por la ausencia de una estrategia de inclusión social y laboral de personas con discapacidad. De no ser atendida esta crisis el impacto en la situación económica del país y de las familias, será mayor, probablemente insostenible, y generador de alza en los niveles de pobreza. Existe un mandato constitucional que establece la protección especial del Estado a las personas con discapacidad. El proceso socioeducativo es un continuo, y en el caso de la mayoría de personas con discapacidad se interrumpe por no disponerse de servicios o programas acordes con sus requerimientos y necesidades, lo que conduce inevitablemente a la exclusión social de esta población, privándosele de oportunidades de prepararse y adquirir un trabajo adecuado. En la medida que no se le brinde a la población con discapacidad oportunidades de desarrollo personal e inclusión social y laboral, se incrementará la situación de dependencia funcional y económica hacia sus familias y el Estado costarricense. Existe una deuda histórica con las personas con discapacidad, al ser una población vulnerada, discriminada, visibilizada, con escasas oportunidades de incorporarse y aportar en los procesos productivos del país. El país ha desarrollado servicios y competencias institucionales que no están siendo aprovechadas para el desarrollo de capacidades para la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, principalmente en sectores como trabajo, educación, salud, deporte y recreación, cultura, entre otros. Los diversos niveles de complejidad de las discapacidades, requieren de opciones diversas e inclusivas, que respondan al enfoque de derechos humanos y respeten la dignidad inherente de las personas adultas con discapacidad. Por lo tanto, someto a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, la presente iniciativa de ley, que pretende crear un programa de inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad. Esta propuesta establece el aprovechamiento de la infraestructura, los recursos y competencias de la constitucionalidad costarricense y establece la materialización de derechos de las personas con discapacidad, consignados en normativa nacional e internacional suscrita por Costa Rica. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED) ## CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ### ARTÍCULO 1- Objeto La presente ley crea y regula el Programa Inclusión Social y Laboral de Personas Adultas con Discapacidad (Insolaped), el cual tendrá como objeto la atención integral de personas adultas con discapacidad, que requieran de apoyos prolongados o permanentes, como una opción formativa, ocupacional y laboral, para el desarrollo de conocimientos y habilidades, que les permita alcanzar la inclusión social y laboral. ### ARTÍCULO 2- Elaboración de Programa La elaboración del Programa Insolaped estará a cargo del Ministerio de Educación Pública en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las universidades públicas y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), en calidad de ente coordinador de este proceso. ## CAPÍTULO II FINALIDAD Y OBJETIVOS ### ARTÍCULO 3- Finalidad La finalidad del Programa Insolaped es desarrollar procesos socioeducativos que favorezcan el desarrollo, la autonomía personal, el ejercicio de los derechos y la inclusión social de personas adultas con discapacidad, que requieran de procesos educativos formales, no formales, ocupacionales, recreativos, artísticos y laborales que les prepare para enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo. ### ARTÍCULO 4- Objetivos El Programa Insolaped tendrá los siguientes objetivos: a) Ofrecer alternativas que promuevan la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes de carácter social y laboral, tomando en cuenta las posibilidades individuales de las personas usuarias. b) Incorporar los principios del diseño universal para que el aprendizaje sea flexible, accesible, contextualizado, facilite el desarrollo de habilidades y potencie las capacidades individuales, los talentos y la creatividad de las personas usuarias. c) Coordinar y articular con organizaciones públicas y privadas, las acciones necesarias que garanticen los servicios requeridos por las personas con discapacidad y el cumplimiento de los objetivos del programa. d) Ofrecer apoyos requeridos por personas con discapacidad para acceder al programa y al mercado laboral. e) Definir e implementar las líneas generales para desarrollar el Programa Insolaped en diferentes modalidades por parte de cada una de las instituciones responsables. ## CAPÍTULO III IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD ## SECCIÓN I COMISIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN ### ARTÍCULO 5- Comisión Las instituciones responsables de la implementación del Programa conformarán una Comisión Técnica de Implementación (COTI) para definir los mecanismos de ejecución, articulación, seguimiento, supervisión y disposición de información sobre la oferta de programas y servicios institucionales, así como la forma de accesar a estos. ### ARTÍCULO 6- Coordinación El Conapdis como rector en discapacidad será el encargado de coordinar la Comisión Técnica de Implementación, para lo cual deberá convocar al menos una vez cada dos meses ordinariamente y de forma extraordinaria cuando lo considere necesario. ### ARTÍCULO 7- Nombramientos Las personas que integren la COTI durarán en sus cargos dos años, podrán ser reelegidas y desempeñarán sus funciones ad honorem. La COTI deberá nombrar en su seno a una persona que asuma la secretaría. ### ARTÍCULO 8- Funciones de la Comisión La COTI tendrá las siguientes funciones: a) Coordinar, articular y asesorar la oferta estatal en materia de educación, formación e inclusión laboral de personas adultas con discapacidad. b) Recomendar lineamientos técnicos y administrativos que regulen la adecuada relación entre instituciones públicas competentes y organizaciones no gubernamentales. c) Generar información y datos fiables que permitan cuantificar los esfuerzos que el Estado realiza y que inciden en la educación, formación e inclusión laboral por medio del Programa Insolaped. d) Gestionar la sistematización de información de los perfiles requeridos por parte de los sectores productivos, para orientar los planes y programas que favorezca la empleabilidad de las personas con discapacidad que de acuerdo con su perfil de egreso puedan insertarse laboralmente. e) Promover la suscripción de convenios para la implementación del Programa Insolaped, con la participación de organizaciones no gubernamentales, municipalidades y otros sectores. f) Gestionar una plataforma accesible para divulgar información sobre los servicios que ofrecen las organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, responsables de la ejecución del Programa Insolaped en todas las regiones del país. g) Las demás funciones que le asigne esta ley y su reglamento. ## SECCIÓN II EJECUCIÓN, RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES ### ARTÍCULO 9- Ejecución y responsables Para el funcionamiento y desarrollo del Programa Insolaped, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Junta de Protección Social y las universidades públicas, facilitarán los apoyos necesarios de acuerdo con sus competencias, para brindar una atención integral a las personas usuarias del Programa en su contexto comunitario. Podrán participar como prestatarias de servicios del Programa, organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas que lo deseen, en coordinación con las instituciones ejecutoras. ### ARTÍCULO 10- Responsabilidades Las instituciones encargadas de la ejecución y desarrollo del Programa, tendrán responsabilidades de acuerdo con sus competencias. ### ARTÍCULO 11- Serán responsabilidades del Ministerio de Educación Pública las siguientes: a) Incorporar el Programa Insolaped en las actividades curriculares y servicios del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. b) Disponer de infraestructura y equipamiento existente para garantizar el acceso oportuno a la educación inclusiva y de calidad a las personas con discapacidad adultas que lo requieran; ya sea en las modalidades de IPEC, escuela nocturna, colegio nocturno, colegio técnico nocturno, educación dual. c) Aportar recurso docente para la atención de necesidades socioeducativas de las personas con discapacidad usuarias, ya sea en servicios a cargo del MEP o los que se desarrollen en coordinación con organizaciones no gubernamentales, previa suscripción de convenios. d) Articular con el MTSS y el INA la inclusión laboral y el seguimiento de las personas adultas con discapacidad egresadas de las opciones formativas que desarrolla. e) Asesorar y supervisar los servicios socio educativos y formativos que desarrolle de manera directa o en coordinación con organizaciones no gubernamentales. f) Llevar un expediente de cada persona usuaria en donde se consigne las necesidades, requerimientos y avances en el proceso de inclusión social y laboral de las personas adultas con discapacidad. g) Gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades de diferente índole de las personas; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la cultura, entre otros. El ministro o ministra designará a una persona representante del Ministerio en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped. h) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ### ARTÍCULO 12- El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tendrá las siguientes responsabilidades: a) Coordinar la elaboración del Programa Insolaped. b) Fiscalizar el cumplimiento de la Estrategia para la Promoción de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, de conformidad con la Ley N.° 9303 de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. c) Fiscalizar el desarrollo y ejecución del Programa Insolaped por parte de cada una de las instituciones responsables. d) Gestionar recursos para otorgar subsidios a las personas con discapacidad usuarias del Programa Insolaped a cargo de organizaciones no gubernamentales para facilitarles el acceso a los servicios. e) Gestionar la participación de personas del Programa de Convivencia Familiar en el Programa Insolaped, ya sea en los servicios a cargo del MEP, las universidades públicas, del INA, de organizaciones no gubernamentales o como usuarias de los apoyos del MTSS. f) Asesorar a las entidades participantes en la ejecución del Programa Insolaped y a las personas con discapacidad usuarias de los servicios en materia de derechos humanos, accesibilidad e inclusión social y laboral. g) Dar aval técnico a proyectos de organizaciones de personas con discapacidad para el otorgamiento de recursos por parte de la JPS tendientes a solventar requerimientos para la ejecución del Programa Insolaped. h) Gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades de diferente índole de las personas; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la cultura, entre otros. i) La Dirección Ejecutiva designará a una persona representante del Conapdis en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped, quien coordinará la misma. j) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ### ARTÍCULO 13- Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social corresponden las siguientes responsabilidades: a) Promover e inspeccionar la inclusión laboral. b) Capacitar, facilitar recursos económicos y brindar asistencia técnica en los programas de cooperación no reembolsables para personas con discapacidad que lo requieran y en coordinación con organizaciones no gubernamentales. c) Desarrollar en conjunto con el Conapdis y otras entidades competentes la Estrategia para la Promoción de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. d) Gestionar y articular con sectores productivos la inclusión laboral de personas con discapacidad y el seguimiento respectivo. e) Asesorar y supervisar la gestión que realicen organizaciones de personas con discapacidad en el desarrollo de emprendimientos e inclusión laboral de personas con discapacidad en los diferentes sectores productivos y el sector público costarricense. f) Llevar un expediente de cada persona usuaria en donde se consigne las necesidades, requerimientos y avances en el proceso de inclusión social y laboral de las personas adultas con discapacidad. g) Gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades de diferente índole de las personas; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la cultura, entre otros. h) Asesorar a las entidades participantes en la ejecución del Programa Iinsolaped y a las personas con discapacidad usuarias de los servicios en materia de derechos humanos, accesibilidad e inclusión social y laboral. i) El ministro o ministra designará a una persona representante del Ministerio en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped. j) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ### ARTÍCULO 14- Corresponden al Instituto Nacional de Aprendizaje las responsabilidades siguientes: a) Incorporar el Programa Insolaped en las actividades formativas de capacitación, formación profesional, formación dual y de apoyo al emprendedurismo en todas las regiones. b) Disponer de infraestructura y equipamiento existente para garantizar el acceso oportuno a los servicios formativos a las personas adultas con discapacidad que los requieran. c) Aportar recurso docente para la atención de necesidades formativas de las personas usuarias con discapacidad, ya sea en servicios a cargo del INA o en coordinación con organizaciones no gubernamentales, previa suscripción de convenio. d) Gestionar becas o subsidios a personas adultas con discapacidad en condición de vulnerabilidad social que las requieran para facilitar el acceso oportuno a los servicios. e) Llevar un expediente de cada persona usuaria en donde se consigne las necesidades, requerimientos y avances en el proceso de inclusión social y laboral de las personas adultas con discapacidad. f) Articular y gestionar la inclusión laboral y el seguimiento de las personas adultas con discapacidad egresadas de las opciones formativas que desarrolla en coordinación con el MTSS. g) Asesorar y supervisar los servicios formativos que desarrolle y coordine con organizaciones no gubernamentales. h) Asesorar a las entidades participantes en la ejecución del Programa Insolaped y a las personas con discapacidad usuarias de los servicios en materia de derechos humanos, accesibilidad e inclusión social y laboral. i) Gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades de diferente índole de las personas; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la cultura, entre otros. j) La Presidencia Ejecutiva designará a una persona representante del INA en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped. k) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ### ARTÍCULO 15- La Junta de Protección Social tendrá las siguientes responsabilidades: a) Otorgar financiamiento a organizaciones no gubernamentales que participen como prestatarias de servicios del Programa Insolaped, previo aval técnico del Conapdis. Estos recursos podrán ser utilizados en proyectos tendientes a la inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad. b) Fiscalizar el uso de los recursos otorgados a organizaciones no gubernamentales que participen como prestatarias de servicios del Programa Insolaped. c) La Presidencia Ejecutiva designará a una persona representante de la JPS en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped. d) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ### ARTÍCULO 16- Las Organizaciones No Gubernamentales serán responsables de: a) Gestionar recursos ante las entidades correspondientes para brinda servicios del Programa Insolaped a personas adultas con discapacidad, incluidos recursos económicos, personal de apoyo, infraestructura, equipamiento, productos de apoyo y subsidios a personas. b) Mantener coordinación con las instituciones responsables de la ejecución del Programa para la referencia de personas adultas con discapacidad hacia los programas y servicios de otras entidades formativas. c) Gestionar asesoramiento para la buena marcha de los servicios que brindan. d) Llevar un expediente de cada persona usuaria en donde se consigne las necesidades, requerimientos y avances en el proceso de inclusión social y laboral de las personas adultas con discapacidad. e) Asesorar a las entidades participantes en la ejecución del Programa Insolaped y a las personas con discapacidad usuarias de los servicios en materia de derechos humanos, accesibilidad e inclusión social y laboral. f) Gestionar otros servicios de la comunidad para atender necesidades de diferente índole de las personas adultas con discapacidad usuarias; de acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la cultura, entre otros. g) La Asamblea de Organizaciones legalmente constituidas que cuenten con Programas y Servicios para personas adultas con discapacidad, designará a una persona representante en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped. h) Brindar información oportuna y accesible a las familias y a las personas adultas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped, desarrollado por diversas instituciones públicas y privadas. ### ARTÍCULO 17- El Consejo Nacional de Rectores tendrá las siguientes responsabilidades: a) Sistematizar la demanda de necesidades educativas y formativas de personas adultas con discapacidad para apoyar la inclusión social y laboral de esta población. b) Coordinar con las universidades públicas la apertura y desarrollo de programas y servicios para personas adultas con discapacidad. c) Sistematizar la oferta de programas y servicios que las universidades públicas brindan a personas adultas con discapacidad. d) Establecer y mantener actualizados los perfiles de ingreso a programas y servicios para personas adultas con discapacidad. e) Mantener actualizado un registro de la oferta y demanda de los programas y servicios para personas con discapacidad. f) Divulgar por diversos medios y en formatos accesibles la oferta de programas y servicios que brindan las universidades públicas a personas adultas con discapacidad en cada una de las sedes centrales y regionales. g) Asesorar a las entidades participantes en la ejecución del Programa Insolaped y a las personas con discapacidad usuarias de los servicios en materia de derechos humanos, accesibilidad e inclusión social y laboral. h) Designar a una persona representante de las universidades públicas en la Comisión de Implementación del Programa Insolaped. i) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ### ARTÍCULO 18- Corresponden a las Universidades Públicas las siguientes responsabilidades: a) Incorporar el Programa Insolaped en las actividades curriculares y servicios de cada una de las universidades públicas. b) Disponer de infraestructura y equipamiento existente para garantizar el acceso oportuno a la educación inclusiva y de calidad a las personas con discapacidad adultas que lo requieran. c) Aportar recurso docente para la atención de necesidades socioeducativas de las personas con discapacidad usuarias, ya sea en servicios a cargo de las universidades o en coordinación con organizaciones no gubernamentales, para lo cual suscribirán convenios de cooperación. d) Articular con el MTSS la inclusión laboral y el seguimiento de las personas adultas con discapacidad egresadas de las opciones formativas que desarrollan las universidades públicas. e) Asesorar y supervisar los servicios socio educativos y formativos que desarrolle y coordine con organizaciones no gubernamentales. f) Gestionar servicios de otras unidades académicas o existentes en la comunidad para atender necesidades de diferente índole de las personas adultas con discapacidad. g) Brindar información oportuna y accesible a las organizaciones y a las personas con discapacidad sobre la oferta de servicios del Programa Insolaped. ## CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES ### ARTÍCULO 19- A partir de la publicación de esta ley, se mantienen los derechos y deberes de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, que trabajan en los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (Caipad). ### ARTÍCULO 20- Reglamentación Esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo hasta de 6 meses después de su publicación. ### ARTÍCULO 21- Esta ley rige doce meses después de su publicación. ## CAPÍTULO V DISPOSICIONES TRANSITORIAS ### TRANSITORIO I- A partir de la publicación de esta ley, se mantienen los convenios suscritos que han originado los Centros de Atención Integral (Caipad) hasta tanto cumplan su plazo de vigencia para su renovación. ### TRANSITORIO II- Los Caipad existentes a partir de la entrada en vigencia de esta ley podrán, si las organizaciones ejecutoras lo consideran, mantenerse. Las instituciones responsables en esta ley coordinarán con las organizaciones para apoyarles en los términos que establece esta ley. Catalina Montero Gómez Diputada 5 de febrero de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21775). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.