Archivado: proyecto que alargaba a cinco años la declaración de dueños de sociedades
El expediente 21781, que proponía declarar los dueños de sociedades cada cinco años en vez de cada año, venció en 2024 sin llegar a ser ley.
Título oficial REFORMA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY NO. 9416, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
Atención: El proyecto habría reducido de cada año a cada cinco años la declaración de accionistas y beneficiarios finales ante el Banco Central, lo que afecta el control del fraude fiscal.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Sociedades con accionistas y beneficiarios finales registrados
La declaración ordinaria pasaba de anual a cada cinco años. El control del Banco Central sobre quién es dueño de cada sociedad se espaciaba.
Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse cada cinco (5) años de forma ordinaria
Único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Sociedades y otras personas jurídicas domiciliadas en Costa Rica que declaran accionistas y beneficiarios finales ante el Banco Central
- Representantes legales de esas sociedades
- Profesionales en derecho y contabilidad que preparan esas declaraciones
A quién beneficia
- Las sociedades habrían declarado cada cinco años en vez de cada año
- Menos trámites y menos costos de asesoría legal y contable para las sociedades sin cambios
- Menos riesgo de multas del artículo 13 de la Ley 9416 por incumplir una declaración anual
Qué cambia
- El Banco Central habría recibido la información de beneficiarios finales con menos frecuencia
- Los cambios de capital social y de representación legal habrían obligado a declarar de inmediato
- El proyecto no llegó a ser ley: la declaración anual sigue vigente
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 21781 ya no está en trámite: venció su plazo de cuatro años el 29 de enero de 2024 y nunca llegó a ser ley 1. Proponía cambiar cada cuánto una sociedad declara sus accionistas y beneficiarios finales ante el Banco Central de Costa Rica.
Hoy la Ley 9416 obliga a las personas jurídicas a dar esa información "anualmente, o bien, cuando algún accionista iguale o supere el límite definido reglamentariamente" (art. 5). El proyecto quería que la declaración ordinaria se hiciera "cada cinco (5) años".
Además, proponía tres casos para declarar de forma extraordinaria: cuando un accionista iguale o supere el límite reglamentario, cuando cambie el monto del capital social y cuando cambie la representación legal (art. 5).
El texto justificaba el cambio en que la declaración anual se volvía "una obligación innecesaria" cuando la sociedad no tenía cambios (art. 5). También decía que cumplirla obliga a contratar profesionales en derecho y contabilidad, y que las multas del artículo 13 de la Ley 9416 golpean el bolsillo de los contribuyentes.
Los diputados firmantes fueron Pablo Heriberto Abarca Mora, María Inés Solís Quirós, Zoila Rosa Volio Pacheco, Erick Rodríguez Steller y Shirley Díaz Mejía (art. 5).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso al plenario el 29 de enero de 2020 y la publicación en La Gaceta el 11 de febrero de 2020 1.
Después pasó a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos (Área V). La comisión recibió el proyecto el 21 de mayo de 2020, lo debatió el 26 de mayo y votó un dictamen el 9 de junio de 2020 1.
El 22 de junio de 2020 la comisión remitió el expediente a la Secretaría del Directorio 1. Ahí se detiene el recorrido. No hay registro de primer debate ni de segundo debate.
El plazo cuatrienal venció el 29 de enero de 2024 1. Para que fuera ley faltaban los dos debates en el plenario y la sanción del Poder Ejecutivo, según el artículo 124 de la Constitución Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto no crea impuestos ni toca el presupuesto.
El artículo 105 de la Constitución permite al pueblo aprobar o derogar leyes por referéndum, pero excluye la materia "tributaria, fiscal" Constitución, art. 105. Una reforma sobre el registro de beneficiarios finales cae en esa materia, así que la vía del referéndum quedaría cerrada.
El artículo 124 exige dos debates en días distintos y la sanción del Ejecutivo para convertir un proyecto en ley Constitución, art. 124. El expediente 21781 no superó esa etapa.
El artículo 121 da a la Asamblea la potestad de "dictar las leyes, reformarlas, derogarlas" Constitución, art. 121. La reforma del artículo 5 de la Ley 9416 entra en esa potestad.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir. Las herramientas de la guía sirven para pedir información o proponer el tema de nuevo.
Paso 1: pedir el estado de un expediente. La Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
Paso 2: presentar una propuesta de ley por la vía sencilla. La Asamblea tiene un formulario web donde basta "plantear de forma sencilla la propuesta", sin el texto completo guía, p. 27.
Paso 3: si quiere una iniciativa con garantía de votación, la vía es la iniciativa popular. Requiere al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 26.
Paso 4: para una iniciativa popular, la Oficina de Iniciativa Popular da "asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos" guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión no llevó el expediente al plenario tras el dictamen del 9 de junio de 2020.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 13 de la Ley 9416 sobre las multas.
El dossier no dice cuántas sociedades habrían dejado de declarar cada año con el cambio.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró choque entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. La reforma cae en la potestad de legislar de la Asamblea y no crea tributos.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. Único"Refórmase el último párrafo del artículo 5, de la Ley N.° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, de 14 de diciembre de 2016"
Sin choque aparente La Asamblea puede reformar leyes. Cambiar el plazo de una declaración tributaria entra en esa potestad.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. Único"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El proyecto no llegó a los dos debates ni a la sanción. Por eso nunca rigió.
Constitución, art. 105"El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa."
Esta ley, art. Único"Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse cada cinco (5) años de forma ordinaria"
Sin choque aparente La materia es tributaria, así que la ciudadanía no podría derogar ni aprobar esta reforma por referéndum.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21781: REFORMA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY NO. 9416, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY N.° 9416, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
PABLO HERIBERTO ABARCA MORA Y OTRO SEÑOR DIPUTADO Y SEÑORAS DIPUTADAS
EXPEDIENTE N.° 21.781
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY N.° 9416, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
Expediente N.º 21.781
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Ley N.° 9416 “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, de 14 de diciembre de 2016, en su capítulo segundo, establece la creación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, de personas jurídicas, así como la obligación de suministro de información por parte de sus responsables legales.
Puntualmente en su artículo quinto, el último párrafo establece la periodicidad en que los obligados deben suministrar la información al Registro, el cual cita que:
“Artículo 5
[…]
Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse anualmente, o bien, cuando algún accionista iguale o supere el límite definido reglamentariamente, según lo dispuesto en este artículo”.
Lo anterior, significa que los obligados al suministro de la información deben realizar la declaración respectiva al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, cada año, aunque su conformación y capital se encuentre invariable, con respecto a la declaración del año anterior, esto como regla ordinaria y de aplicación general.
Además, establece la obligatoriedad de realizar la declaración cuando algún accionista iguale o supere el límite de capital accionario definido reglamentariamente, lo cual es comprensible y necesario para mantener actualizada la información.
Sin embargo, la aplicación de la regla general supra citada, más allá de representar un control estricto del Registro, se convierte para muchos casos, en una obligación innecesaria, considerando que las personas o estructuras jurídicas, podrían no tener cambios sustantivos entre una declaración y otra, por lo que la regla general sería un mecanismo anual irrelevante para la Administración Tributaria.
Es por lo anterior, que surge la necesidad de modificar la dinámica planteada como regla general en la ley, de manera que las declaraciones ordinarias se efectúen con una periodicidad mayor a la establecida actualmente, y que los obligados actualicen y suministren la información de forma extraordinaria, ante cambios sustantivos que lo ameriten, como por ejemplo, entre otros, las posibles ampliaciones o reducciones en el capital social de la sociedad, que se pueden dar a lo largo de su existencia.
El sistema tributario costarricense, requiere de normas que garanticen un control estricto para erradicar las prácticas de fraude fiscal, pero a la vez, es necesario que dichas normas se elaboren de una manera racional y que no se conviertan en una obligación que prive de sentido y necesidad, como la medida en cuestión.
Se evidencia que, al aplicar la obligación de suministro de información de forma anual, no solo se podría volver innecesaria, sino que, es contraria a los esfuerzos de simplificación de trámites, y representa un obstáculo para los ciudadanos que se encuentran asfixiados con la enorme tramitología y exceso de requisitos.
Para poder cumplir con esa declaración, los obligados deben hacerse acompañar por profesionales en el ámbito legal y contable, lo cual, se suma a todos los trámites y requisitos que ya, deben cumplir las diferentes sociedades, y que representan costos adicionales para los contribuyentes, que podrían eliminarse con la aprobación del presente proyecto de ley.
Y esta problemática se agrava aún más, cuando el suministro de la información se sujeta a fuertes sanciones, según el artículo 13 de la misma norma, que golpean a las personas o estructuras jurídicas; es decir, por incumplir con requisitos innecesarios, que carecen de razonabilidad, se crea una afectación directa al bolsillo de los costarricenses, que podría incluso llevarles al cierre de su actividad comercial, desacelerar la economía y generar un desempleo mayor en nuestro país, por la desproporción que podrían estar representando las altas multas.
Adicionalmente es necesario recordar la directriz N.° 052-MP-MEIC, suscrita por la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuya intencionalidad es evitar la creación de nuevos trámites, reducir requisitos y procedimientos.
En esa directriz, se enmarca un esfuerzo del Poder Ejecutivo por evitar el exceso de requisitos, y se decretó una mora regulatoria para lograr ese objetivo mediante la no creación de nuevos requisitos, y en este caso particular del Registro, a todas luces se contraviene y violenta la directriz.
Como diputados, estamos en la obligación de ser facilitadores para que el Poder Ejecutivo desarrolle acciones para el control y fiscalización del sistema tributario, pero también debemos ser racionales en el control, y no incurrir en obligaciones innecesarias e irracionales.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, LEY N.° 9416, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmase el último párrafo del artículo 5, de la Ley N.° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, de 14 de diciembre de 2016, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 5- Suministro de información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
[…]
Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse cada cinco (5) años de forma ordinaria y de forma extraordinaria cada vez que se dé alguna de las siguientes variaciones:
a) cuando algún accionista iguale o supere el límite definido reglamentariamente, según lo dispuesto en este artículo. b) cuando se modifique el monto del capital social de la persona jurídica o estructura jurídica. c) cuando se modifique la representación legal de la persona jurídica.
Rige a partir de su publicación.
Pablo Heriberto Abarca Mora
María Inés Solís Quirós Zoila Rosa Volio Pacheco
Erick Rodríguez Steller Shirley Díaz Mejía
Diputados y diputadas
4 de febrero de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.