Archivado el plan que reabría la minería metálica en Costa Rica

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO RURAL DE LOS MINERALES METÁLICOS EN COSTA RICA

MARÍA INÉS SOLÍS QUIRÓS DIPUTADA

EXPEDIENTE N.° 21.782

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO RURAL DE LOS MINERALES METÁLICOS EN COSTA RICA

Expediente N.° 21.782

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

“La plata cede al oro; el oro, a la virtud.” HORACIO

Hace ya diez años que, con motivo de la promulgación de la Ley N.° 8904, de 1° de diciembre de 2010, -que prohibió los permisos de exploración y explotación para la minería metálica a cielo abierto, y autorizó el uso del mercurio para fines de extracción artesanal-, el Colegio de Geólogos de Costa Rica, advirtió sobre las consecuencias que esta decisión legislativa traería al país.

La advertencia del Colegio de Geólogos, -creado por ley precisamente para emitir su criterio profesional en asuntos propios de su competencia-, no solo se confirmaría con el paso del tiempo, sino que la misma realidad se encargaría de rebasar lo que hasta entonces se había pensado que nos podía suceder.

Tras la renuncia de nuestro país a regular la minería a cielo abierto, un factor que potenció el uso del mercurio en actividades de extracción minera artesanal fue la salida de la empresa Industrias Infinito S.A. de la zona de Crucitas, luego de que el 14 de diciembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo dictara la sentencia número N° 4399-2010 (expediente 08-001282-1027-CA), con la cual se anuló el Decreto Ejecutivo N.º 34801-Minaet del 13 de octubre del 2008 que, -con fundamento en la legislación vigente-, había declarado de interés público y conveniencia nacional el proyecto de minería en cielo abierto que aquella empresa desarrollaría en ese lugar ubicado en Cutris de San Carlos.

Otro factor que influyó también para que la extracción de oro continuara, aunque de forma ilegal-, fue el aumento en el consumo de este precioso metal, debido en parte, a la crisis del 2008 que llevó a los inversores a apostar en nuevos activos, como los lingotes, en espera de que éstos mantuvieran su valor. Por otro lado, el rápido crecimiento económico en China también generó millones de nuevos compradores que querían invertir en este mineral, todo lo cual contribuyó a que extracciones como las que actualmente existe en Crucitas se desarrollaran también de forma ilegal en zonas tropicales de África y América del Sur para contrabandear oro por miles de millones de dólares.

Así fue como el precio del oro pasó de menos de $300 por onza en el 2000 a alrededor de $1,500 XAU= al momento actual, motivando una oleada extra de nicaragüenses ilegales que vieron en la minería una actividad mucho más atractiva que la agricultura u otras tareas por las que normalmente venían a trabajar a nuestro país.

Finalmente, y no menos importante, se encuentra el papel que la delincuencia y el crimen organizado le han dado a la minería y al comercio de metales preciosos, como un negocio lucrativo a través del cual pueden lavar cantidades asombrosas de dinero producido por el narcotráfico, al usar las ganancias de las drogas para extraer y vender oro a compañías estadounidenses y multinacionales.

La conjugación en la última década de estos cuatro factores (Prohibición legal para la minería a cielo abierto + autorización legal para el uso del mercurio en la extracción artesanal + aumento en el precio del oro + interés del narcotráfico en la actividad de extracción y en el producto extraído), generaría el inconmensurable daño ambiental, económico y social que hoy se vive Costa Rica en la zona de Crucitas.

Cantidades de mercurio y otras sustancias peligrosas son irresponsablemente vertidas en los ríos, la flora y fauna, de la zona de la fallida operación minera donde antes se instaló aquella empresa y que ahora, ha sido tomada por miles de oreros ilegales, en su mayoría extranjeros, que desde entonces ingresan al país de forma clandestina para extraer el oro que existe en Crucitas.

A pesar de todo el deterioro que esta actividad ha causado desde entonces a sus vías de acceso, las posibilidades de desarrollo o de nuevas obras de infraestructura en esa zona parecieran estar vedadas por ahora; en gran medida por la imposibilidad que tiene el Estado y el municipio de San Carlos de cobrar cánones de exploración o explotación, lo mismo que impuestos nacionales o locales, pues aquella es una actividad prohibida por ley que, irónicamente y como resultado de lo anterior es ahora ejercida ilegalmente por extranjeros ilegales, emplean peligrosos químicos que están envenenando los bosques y contaminando los sistemas de agua de ese lugar. La pérdida de empleos directos e indirectos tras la suspensión del proyecto minero en Crucitas, es otro gran impacto que los lugareños de las comunidades fronterizas de Cutris de San Carlos todavía sufren. Aparejado a lo anterior, se encuentra el estancamiento de los emprendimientos locales y la migración masiva de sus habitantes hacia otras partes del cantón y del país en busca de empleo ante la falta de oportunidades de desarrollo dentro en sus respectivas comunidades.

Por si fuera poco, la ola de inmigrantes nicaragüenses que llegaron atraídos por la minería trajo consigo enfermedades vinculadas a esa actividad, pues muchos de ellos, que ya han trabajado en otras zonas mineras de su país, se albergan en cuarterías rurales que existen en el lado costarricense y cuyas condiciones de salubridad ya favorecieron la aparición de los primeros casos de leptospirosis.

Algunos de estos extranjeros ya venían infectados desde su país de enfermedades tales como la malaria o la leishmaniasis, -conocida popularmente como papalomoyo-, por lo que al ser picados en suelo nacional por el mismo mosquito que transmite esa enfermedad es que se inicia la transmisión autóctona de esas enfermedades en nuestro país, lo anterior a pesar de que, respecto de la malaria, según la OPS, esta enfermedad ya debería de haber sido erradicada en nuestro país.

Sin embargo, sólo en el primer tercio del mes de enero del 2020 ya se había reportado un promedio de un caso de malaria por día en Costa Rica, lo que significa que, -contrario a las expectativas que la OPS mantenía- ya no se podrá detener más la transmisión de la malaria en Costa Rica, en tanto continúe la extracción ilegal de oro en Crucitas; pues precisamente es el tránsito migratorio desde Nicaragua y las condiciones insalubres la que trae consigo esta enfermedad.

Según el programa IREM que impulsa la OPS, -que monitorea el número de casos de malaria que se reportan en Centroamérica-, Nicaragua ya suma más de 16 mil, la mayoría de ellos originados en las zonas mineras de ese país, desde donde salen muchos de los experimentados coligalleros que ilegalmente ingresan al nuestro en busca de suerte. Algunos incluso vienen desde Honduras donde ya opera una línea de autobús específica para los oreros ilegales.

La aparición de casos autóctonos de malaria en Costa Rica obligará necesariamente a nuestro Sistema de Salud a invertir muy pronto en la compra de pruebas de diagnóstico rápido con el fin de detectar y atender los nuevos casos, dada la imposibilidad de instalación de laboratorios clínicos químicos en el sitio y la necesidad de monitorear el avance de esta enfermedad que ya se había erradicado de nuestro territorio.

Dentro de los problemas descritos, uno que debería de llamar de manera especial nuestra atención tiene que ver también con el uso que los traficantes de drogas están haciendo con el oro que compran directamente en los sitios donde se extrae de manera ilegal.

En efecto, porque una reciente investigación del Miami Herald, denominada “Oro sucio, dinero en efectivo limpio”, nos muestra cómo en las últimas décadas, los capos de la droga se han visto obligados a diversificar sus operaciones como forma para contrarrestar la guerra que Estados Unidos ha emprendido en su contra. Para ello han invertido su dinero sucio en la industria de oro en América Latina, para extraerlo y venderlo a grandes compañías que lo emplean en joyas, monedas y teléfonos inteligentes, y lavar así el dinero producido por el narcotráfico.

Este reportaje nos muestra que el oro se ha convertido entonces en el ingrediente secreto de la alquimia criminal de los narcotraficantes latinoamericanos que hacen que miles de millones conviertan la cocaína en efectivo limpio al exportar el metal a Miami, donde cada año se procesa aproximadamente el 2% del valor de mercado de la gran cantidad de existencias estadounidenses en Fort Knox.

Aunque este reporte periodístico hace referencia a la realidad social y ambiental que se vive en Suramérica, en cuenta en países como Perú y Colombia, en los que el narcotráfico controla la actividad de la extracción ilegal del oro; la descripción de lo que ahí sucede no dista mucho de lo que hoy ocurre también en la zona Crucitas, en Cutris de San Carlos, pues como se menciona en el mismo artículo: “…la minería ilegal a cielo abierto y el uso indiscriminado de mercurio para extraer oro están convirtiendo franjas de los ecosistemas más biodiversos del mundo en un paisaje lunar de pesadilla”.

En efecto, porque al igual que en aquellos países, las zonas aledañas a San Carlos se han convertido en el epicentro de la trata de personas, prostitución de niñas, enfermedades, tráfico de drogas, armas y destrucción del medio ambiente. No en balde, Costa Rica ya ha desarticulado en la Zona Norte algunas redes de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, con la que el crimen organizado se ha encargado también de diseminar otro tipo de enfermedades en ese lugar: las de transmisión sexual.

Si bien, a la fecha, se han presentado iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa, con la finalidad de intentar enderezar este entuerto, todas esas propuestas legislativas adolecen, -sin excepción-, del mismo error, a saber: Tomar para sí, tan sólo algunas de las recomendaciones técnicas que el Colegio de Geólogos de Costa Rica ha formulado para regular el tema, desechando los aspectos medulares que el país necesita para contar con una legislación minera moderna, que regule esta actividad de manera factible, pero, sobre todo, de forma seria, sostenida y responsablemente.

La finalidad de la presente iniciativa de ley, elaborada en su mayor parte por el referido Colegio Profesional, tiene por objeto precisamente, rescatar en su lado más puro la propuesta técnica que, -con visión país-, nos ofrecen los geólogos para resolver de manera integral los vacíos legales que hoy presenta el Código de Minería, en especial tras la reforma que hace una década atrás prohibió la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto.

Cabe aclarar que ha sido la participación en común del Colegio de Geólogos, tanto en la redacción de los anteriores proyectos de ley, como en el actual, lo que justifica y explica la similitud del articulado entre la presente iniciativa y las otras que penden actualmente en la corriente legislativa.

La única salvedad, tal como se explicó antes, consiste en que esta propuesta acoge -en su totalidad-, a la posición oficial del referido gremio profesional y por ello -de extremo a extremo- la hemos adoptado como nuestra.

Creemos, junto con ellos, que Costa Rica posee un alto potencial, no solo en recursos mineros metálicos, sino también en recursos energéticos naturales que yacen en nuestro subsuelo; por lo que resulta impostergable adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la correcta explotación técnica y para que, de manera responsable, nuestro país pueda emplear esos recursos para catalizar su desarrollo, reactivar su economía y reducir la pobreza, especialmente en las zonas rurales donde el desempleo ronda el 32%.

Los recientes conflictos bélicos que protagonizaron EUA e Irán, fueron capaces de mostrarnos una vez más cuán frágiles son nuestras economías, al incrementarse por su causa el precio internacional de determinados recursos naturales, tales como el oro y los hidrocarburos. Sin embargo, Costa Rica no debería de verse afectada por esos factores externos si lograra explotar aquí sus recursos mineros y energéticos, pues en caso de hacerlo veríamos reducida nuestra vulnerabilidad, económica, social y ambiental al diversificar nuestra economía y aprovechar las riquezas que nos permiten reinvertir y multiplicar los ingresos que la explotación de esos nuevos productos nos genere.

En efecto, porque si queremos reactivar nuestra economía, utilizando los recursos que tenemos a nuestro favor, será necesario que nuestro país cuente con leyes actualizadas que regulen y supervisen -de manera responsable técnica, social y ambientalmente- las actividades mineras a lo largo de todas sus etapas, desde las fases iniciales, referentes a las labores exploratorias hasta las etapas finales relativas a los cierres técnicos de los proyectos mineros que se autoricen en el territorio nacional.

La confianza que la ciudadanía y las autoridades del Estado deben tener en todo proyecto minero, deberá basarse, -además de la ley-, en el trabajo interdisciplinario de los distintos y numerosos profesionales que tienen que intervenir para velar por su correcta ejecución, tanto en el campo de la geología, como en ingeniería de minas, planificación del desarrollo, economía y otros campos de ciencias económicas, ciencias sociales y de ciencias naturales, quienes también cumplirían un papel importante en la tarea de velar para que se reduzcan y compensen los impactos generados por las actividades mineras.

Este abordaje interdisciplinario, junto con la propuesta que aquí se plantea es lo que puede garantizar la viabilidad de los proyectos mineros, pues con su intervención oportuna será posible anticipar y evitar la aparición de situaciones conflictivas entre la industria minera y el gobierno, sus instituciones, las organizaciones sociales, las comunidades y los sectores sociales como los ambientalistas y académicos.

En el tanto se cumpla a cabalidad con los requerimientos técnicos, legales, sociales, humanos, forestales, geológicos y ambientales, y en el tanto se protejan correctamente los pasivos ambientales, Costa Rica no tiene por qué temerle a la posibilidad de conceder permisos de exploración o explotación minera a empresas que se encuentren en capacidad de construir proyectos sostenibles, responsables a nivel ambiental, laboral y socialmente.

Lo habitual es que estas compañías, además de verse sujetas a la regulación que nuestro Estado les imponga, podrían también generar alianzas estratégicas con las comunidades vecinas, organizaciones locales, instituciones públicas, municipalidades y otras empresas para participar en la ejecución de diversos proyectos en áreas tales como la educación, capacitaciones técnicas, infraestructuras públicas, salud, seguridad ciudadana, ambiente, deportes, artes y cultura, entre otros.

Para lograr todo lo anterior, la actividad minera no solo debe ser regulada correctamente, sino que, además, esta regulación debe contener mecanismos que garanticen la mejor inversión de los tributos que genera, en la zona. Esta situación se logra en el presente proyecto de ley a permitir esquemas de participación de las comunidades beneficiarias en el proceso de planificación de su desarrollo.

Si bien, existen en la corriente legislativa otros proyectos de ley que se han presentado para regular la actividad minera, las críticas puntuales que a todas ellas ha formulado con honestidad el Colegio de Geólogos de Costa Rica, así como el retiro de su apoyo a los diputados proponentes, confirma que todavía falta visión y voluntad política para regular este tema como realmente se debe.

Aún existe el interés de algunos sectores en mantener, -con ligeros cambios- el estado actual de las cosas, impulsando propuestas que en el fondo siguen siendo inviables y que además continúan promoviendo la ilegalidad en el país.

El mejor ejemplo tiene que ver con la permisividad que se mantiene en la legislación vigente, lo mismo que en los proyectos de ley que buscan su reforma, respecto del uso del mercurio en actividades de extracción artesanal. Lo anterior, a pesar de que nuestro país ratificó desde el 19 de enero de 2017, el Convenio de Minamata que prohíbe el uso de este tóxico y peligroso elemento en todas sus formas, con la finalidad de proteger la salud humana y el medio ambiente de sus efectos nocivos y permanentes.

En el campo pagado que se citó antes, denominado: “Cambios al Código de Minería son perjudiciales para el país”, ya el Colegio de Geólogos de Costa Rica advertía -desde hace una década atrás-, que de continuar con el uso del mercurio en las plantas para la amalgamación de oro que operaban en Abangares: “A este ritmo, al cabo de ocho años, se habría utilizado no menos de 14 toneladas de esa sustancia”.

Hoy día, los estudios realizados por la Dirección de Geología y Minas, solo en la zona de Crucitas sobrepasan aquella estimación, pues se calcula que las cantidades de mercurio utilizado en el yacimiento aurífero ronda entre más de 27.85 a 55.70 toneladas de este tóxico y contaminante metal, que ha sido vertido también en las quebradas locales a lo largo y ancho de las casi treinta hectáreas de terreno que circunda los alrededores de la zona de extracción, además de otras 17 fincas vecinas.

Sería interesante determinar el grado de contaminación que existe actualmente en Crucitas, pues, el uso indiscriminado de mercurio para extraer oro podría eventualmente obligar al Estado costarricense a declarar un estado de emergencia temporal en caso de comprobarse la existencia de un envenenamiento generalizado por mercurio entre los habitantes de la zona, tal como ocurrió en el 2016 en la provincia selvátiva de Madre de Dios, en Perú, que estaba plagada de minería ilegal, y en donde casi cuatro de cada cinco adultos de la ciudad capital de esa zona dieron positivo por niveles peligroso del mercurio, según el Carnegie Institution for Science en Washington, D.C.

De mantenerse la prohibición a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto, otras regiones al interior del país, donde existan yacimientos de ese tipo, -aún si explotar-, podrían convertirse en el mejor caldo de cultivo para el inicio de fenómenos sociales y de daños ecológicos similares a los que hoy sufre la zona de Crucitas. Para evitarlo, -insistimos- las actividades mineras deben ser bien reguladas y supervisadas. Hacerlo garantiza que las zonas beneficiadas con tales actividades puedan convertirse en verdaderos focos de desarrollo, no solo en el plano local, sino también regional.

El alto contraste que existe en materia de desarrollo cada vez que se comparan los centros urbanos con las zonas periféricas del país, donde por lo general se ubican los yacimientos metálicos, bien podría desaparecer en caso de aprobarse la presente propuesta de ley, con la que se busca estimular nuevas inversiones en obras por parte de las empresas mineras, para mejorar en las zonas rurales los servicios públicos o la infraestructura del lugar. Contrario a la tesis que en su momento esgrimieron los que abogaron por la aprobación de la Ley N.° 8904, del 1° de diciembre de 2010, -que prohibió la minería a cielo abierto-, los objetivos del desarrollo de toda actividad minería no se limitan a lograr los aprovechamientos de los recursos minerales disponibles; la idea de su regulación, y que en este proyecto se propone alcanzar es también obtener divisas, generar empleos directos e indirectos en las regiones alejadas y afectadas por la falta de empleos, promover empresas de servicios múltiples, abastecimientos y elaboración de materias primas y defender, por supuesto, nuestra soberanía, sin embargo, nada de ello podría alcanzarse si el Estado insiste en renunciar a su derecho de regulación.

La experiencia que se vive en Crucitas, aún al día de hoy, producto del antes y después de la aprobación de Ley N.° 8904, citada, confirma que Costa Rica está obligada a asumir con mucha más seriedad el tema de la regulación de la actividad minera, pero más importante aún, es que esta forme también parte de las políticas económicas a las que el Estado pueda echar mano para estimular su propio desarrollo.

Lograrlo siempre será posible, en el tanto exista la voluntad política necesaria para revisar y actualizar el Código de Minería vigente, lo mismo que algunas leyes conexas, pero haciéndolo de modo correcto, con el acompañamiento de quienes más saben y conocen sobre esta materia. Los especialistas mineros han venido advirtiendo que donde no hay legislación clara que permita la actividad legal y profesionalmente llevada, el vacío es llenado por la ilegal, hasta tal punto en que lo visible deja de ser el principal impacto y se desarrolla toda una gama de actividades que denigran a las personas y al país. La devastación humana y ambiental que hoy se vive en Crucitas en la mejor prueba de ello.

Solo trabajando juntos, técnicos y políticos, podremos insertar ésta industria como instrumento de políticas públicas, es decir, con el deliberado propósito de apoyar la dignidad humana. Proteger el medio ambiente y generar dinamismos económicos local y regionalmente, para generar nuevas oportunidades de trabajo y mejores salarios en las zonas donde se instale la nueva industria, promoviendo así el desarrollo económico local, al aumentar el consumo de los bienes y servicios, y el aumento en las ventas de los comercios establecidos y que lleguen a establecerse a estas zonas, incluyendo a todos los proveedores locales y emprendedores que vean en cada proyecto minero una oportunidad para su crecimiento y desarrollo.

La presente propuesta de ley busca justamente eso: Ordenar de manera técnica los lineamientos que nuestro país requiere para tener una industria minera bien estructurada y administrada con la cual sustituir los prejuicios ideológicos, económicos, sociales y ambientales que trajo consigo la aprobación de la Ley N.° 8904, de 1° de diciembre de 2010, por verdaderos beneficios en esos y otros campos.

Para lograrlo proponemos modificar el esquema tributario de modo tal que, además de los impuestos nacionales y locales establecidas por ley, se cobre a los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio de la actividad minera metálica, el equivalente a un 30% del monto total que paga mensualmente por concepto de impuestos de ventas agregado (IVA) sobre las ventas brutas, y que de destinaría a cantón o cantones donde se concesione la actividad.

Para extender el impacto económico de esta actividad tanto dentro de la Municipalidad como en las comunidades que integran el cantón donde el yacimiento existe, se propone distribuir un cincuenta por ciento (50%) del impuesto indicado en el párrafo anterior para el gobierno local y el otro cincuenta por ciento (50%) restante será utilizado para las organizaciones comunales para la financiación de proyectos específicos que cada comunidad necesite.

A este respecto debe recordarse que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, dadas a conocer por el Colegio de Geólogos de Costa Rica, se estima que para el año 2013, los países de América Latina que tuvieron minería regulada, lograron invertir en sus territorios, alrededor de un 90% del costo de producción de la industria minera, esto entre el Gobierno, los suplidores, las comunidades y en salarios.

Para regular el trato que cada actividad requiere, este proyecto de ley clasifica la actividad minera metálica que podría realizarse en el país, de acuerdo con la magnitud que tenga y, por tanto, define los requisitos que el Estado debiera de exigir a cada una para su concesión.

Esta clasificación incluye toda actividad minera, ejecutada mediante el trabajo colectivo, ya sea manual o mecánico y según sea la cantidad de toneladas procesadas por mes, se ordena en: minería artesanal, cuando dicha cantidad no llega a más 75 toneladas de material; pequeña minería; si la si lo procesado es igual o menor a 3 mil toneladas métricas y mayor a 75 toneladas métricas al mes; mediana minería, si la cantidad es igual o menor a 150 mil toneladas métricas y mayor a 3 mil toneladas métricas por mes y; finalmente, gran minería, cuando el material procesado supere las 150 mil toneladas métricas por mes.

Un cambio fundamental y estratégico que se plantea en nuestra propuesta consiste en trasladar a la Dirección de Geología y Minas, actualmente adscrita al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; hacia el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones y estimular correctamente la actividad minera legal en el país; hasta ahora desatendida por la visión interna que las autoridades del Minaet, para quienes no sólo es poco rentable sino que además le provoca un alto impacto ambiental al país.

Si bien, la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, N.° 7152, recoge como función, competencia y objetivo “Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros” (artículo 2 inciso b), la explotación de cada uno de ellos conduce necesariamente al Estado a impulsar el desarrollo de la industria correspondiente para su aprovechamiento final y la participación de los recursos que genere dentro de su política económica, lo cual es posible estimular trasladando a la Dirección de Geología y Minas al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en cuya Ley Orgánica N.° 6054, se establece como obligación el fomento de la iniciativa privada para el desarrollo empresarial (artículo 1 inciso b).

En razón de lo expuesto, la suscrita diputada, presenta a la consideración del Plenario legislativo la siguiente iniciativa de ley que recoge, de extremo a extremo, la posición oficial del Colegio de Geólogos de Costa Rica, único gremio profesional con especialización en minería.

Pido, a los señores y señoras diputadas, acogerlo de conformidad.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO RURAL DE LOS MINERALES METÁLICOS EN COSTA RICA

ARTÍCULO 1- Potestad

El Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos para la exploración y concesiones para la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad subterránea. De igual forma podrá otorgar concesiones para la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad superficial siempre que se trate de mediana minería, pequeña minería y minería artesanal y no sea técnicamente posible hacerla de modo subterránea.

Corresponderá a la Dirección de Geología y Minas la tramitación de las solicitudes y la recomendación de otorgamiento de los permisos y concesiones al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

ARTÍCULO 2- Definiciones y abreviaturas

Para la aplicación de la presente ley se define:

Beneficio de minerales: Conjunto de procesos físicos, químicos o físico-químicos, que se realizan para concentrar, las partes valiosas de un mineral, para purificar, fundir o refinar metales.

Boca de túnel: Punto de ingreso al sitio de las labores subterráneas.

Concesión: Acto administrativo por el cual el Poder Ejecutivo por determinado período, según el caso, le otorga al peticionario un derecho real limitado para explotar o extraer los minerales metálicos de determinada zona, transformarlos, procesarlos y disponer de ellos con fines industriales y comerciales. La actividad de explotación conlleva la exploración de los minerales autorizados.

Concesión de beneficio de materiales: Es el derecho que se otorga al proceso industrial diseñado para mejorar física o químicamente el producto de la extracción minera adecuándolo a determinado sector del mercado o a subsecuentes procesos de tratamiento.

Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima): Entidad adscrita a la Setena para el control y seguimiento ambiental de la actividad de explotación y exploración minera metálica.

CRTM05 (Costa Rica Transversal Mercator): Se refiere a las coordenadas para ubicar sitios de interés definidas por Instituto Geográfico Nacional y el Catastro Nacional.

DGM: Dirección de Geología y Minas

Estudio de impacto ambiental: Análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos; se trata de un instrumento de decisión dentro del campo jurídico-administrativo, que regula la evaluación del impacto de diferentes actividades sobre el ambiente y cuya responsabilidad operativa y funcional recae sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), organismo de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Exploración: Proceso de evaluación e investigación para identificar, definir y cuantificar un yacimiento mineral en la superficie o en el subsuelo.

Gran minería: Toda actividad minera, que, mediante el trabajo empresarial o colectivo, y mecánico, procese una cantidad superior a 150 mil toneladas métricas por mes.

Impacto ambiental: Alteración que se produce en el medio natural donde el hombre desarrolla su vida, al llevar a cabo un proyecto o actividad. Resulta de la confrontación entre un ambiente dado y un proceso productivo, de consumo, o un proyecto de infraestructura. El análisis del impacto puede efectuarse en el nivel y la escala requeridos, considerando una conceptualización integral del medio ambiente que involucre las múltiples interrelaciones de procesos geo biofísicos y sociales. Para su debida comprensión se requiere una perspectiva interdisciplinaria.

Mediana minería: Toda actividad minera, que, mediante el trabajo empresarial o colectivo, y mecánico, procese una cantidad igual o menor a 150 mil toneladas métricas y mayor a 3 mil toneladas métricas por mes.

Patios de acopio: Áreas designadas para la acumulación de material con valor económico. Pequeña minería: Toda actividad minera, que, mediante el trabajo colectivo, manual y mecánico, procese una cantidad igual o menor a tres mil toneladas métricas y mayor a 75 toneladas métricas por mes.

Propietario superficial: Dueño registral (privado o estatal) de la superficie del terreno asociado a la operación minera.

Minería artesanal: Toda actividad minera, que, mediante el trabajo colectivo, manual y mecánico, extraiga una cantidad igual o menor a 75 toneladas por mes. Esta labor artesanal deberá ser realizada por personas jurídicas o físicas, con residencia legal o vecinos permanentes del cantón donde se ubica el yacimiento que se desea explotar.

Minería subterránea: Labores en el subsuelo de extracción minera por medio de túneles, galerías o mantos por medio de diferentes sistemas de diseño reconocido.

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Minae: Ministerio de Ambiente y Energía.

Permiso: Resolución emitida por el Poder Ejecutivo, que permite la exploración o búsqueda de materiales en general por un plazo de tres años, el cual puede ser prorrogado por una única vez por dos años.

Resolución de viabilidad ambiental: Acto administrativo emitido por la Setena mediante el que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental. Contiene las condiciones y obligaciones que el desarrollador debe cumplir desde el punto de vista ambiental para el desarrollo del proyecto.

Servidumbre minera: Derecho de paso y accesos que permite al operador o desarrollador ingresar a realizar trabajos netamente mineros (reconocimiento, prospección, explotación y beneficiamientos) y de la infraestructura de apoyo para su funcionamiento.

Setena: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Sinac: Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Yacimiento de placer: Son yacimientos aluviales o paleo-aluviales de interés económico que pueden ser superficiales o subterráneos, y aprovechados tanto artesanalmente como industrialmente.

ARTÍCULO 3- Prohibición

Se prohíbe la exploración y explotación de minerales metálicos en áreas declaradas parques nacionales, reservas biológicas, y refugios estatales de vida silvestre. Para efectuar esta actividad en reservas forestales, se deberá contar con el permiso de la respectiva Área de Conservación del Sinac, de acuerdo con el plan de manejo vigente.

Se declaran zonas de posible aprovechamiento minero aquellas áreas del territorio nacional con potencial para la explotación de minería metálica, determinadas con base en los estudios técnicos elaborados o avalados por la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Estas zonas incluyen todas las áreas que se encuentren libres de permisos de exploración y concesión de explotación, así como todas las que en el futuro adquieran tal condición, ya sea por caducidad, cancelación o cualquier otra forma de extinción de derechos previamente otorgados. El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de explotación en las zonas libres siempre que el interesado presente el proyecto demostrando la conveniencia para el Estado y las comunidades en las que se desarrollará la actividad.

TÍTULO I

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RESERVAS INDÍGENAS

ARTÍCULO 4- Prioridad de las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas debidamente representadas por la asociación que las integre, tendrán prioridad para desarrollar actividad de exploración y explotación de recursos minerales metálicos en su propia jurisdicción. El Estado por medio del MEIC definirá las condiciones técnicas y ambientales que deban cumplir las comunidades indígenas cuando sea con recursos propios que desarrollen el proyecto.

En caso de que el proyecto a desarrollar en zonas indígenas sea financiado por un agente externo a ellas, al menos el cuarenta por ciento (40%) de las ganancias deberá destinarse a la comunidad indígena. Además, deberá respetarse el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

TÍTULO II

ÁREA DE LOS PERMISOS DE EXPLORACIÓN Y CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN

ARTÍCULO 5- Extensión del área de los permisos de exploración y concesiones de explotación

La unidad de medida para las concesiones será por kilómetros cuadrados (Km2), de acuerdo al proyecto a desarrollar. La unidad máxima permitida para la minería artesanal será de 1Km2 (un kilómetro cuadrado), siempre que el interesado demuestre técnicamente que en dicha extensión existe un yacimiento. En el caso de la gran, mediana y pequeña minería la unidad máxima permitida será de 20Km2 (veinte kilómetros cuadrados) para exploración, y 10Km2 (diez kilómetros cuadrados) para explotación.

Una misma persona no podrá obtener concesiones de explotación en áreas colindantes, si su concesión original alcanza el máximo del área permisible. Tratándose de personas físicas, esta prohibición alcanzará a parientes hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad inclusive. Tratándose de sociedades, la prohibición cubrirá a aquellas en que existan socios comunes, por un monto superior al veinticinco por ciento (25%) de las acciones.

ARTÍCULO 6- Derecho de propietario superficial

Para el caso de la minería artesanal, el interesado deberá demostrar a la Dirección de Geología y Minas, que ha llegado a un acuerdo con el propietario registral del inmueble que se utilice para boca de túnel o túneles, así como los patios de acopio y plantas de beneficio y sus accesos. En caso de no hacerlo deberá manifestar en forma expresa que se deberá establecer servidumbre minera.

TÍTULO III

PLAZO

ARTÍCULO 7- Permisos de exploración

El permiso de exploración se podrá otorgar por un plazo de cinco años. Sin embargo, siempre que el interesado demuestre que ese plazo fue insuficiente para realizar la exploración, el Poder Ejecutivo podrá otorgar prórroga del plazo hasta por dos años más. Al concluir el plazo original y su prórroga, según sea el caso, el interesado cuenta con un plazo de treinta días hábiles para formalizar de nuevo la solicitud de concesión de explotación. En caso de que no lo haga, y el Poder Ejecutivo tenga conocimiento que el yacimiento es técnica y comercialmente explotable, abrirá entonces el proceso correspondiente a la licitación pública.

Estos permisos de exploración también aplican de igual manera para fines científicos y de investigación, sin embargo, su tramitología y viabilidad ambiental pueden ser agilizados si el proyecto demuestra tener potencial para solucionar problemas técnicos o ambientales relacionados a la actividad.

ARTÍCULO 8- Concesión de Explotación y Concesión de Beneficio

La concesión de explotación y de beneficio, se otorgará por un término no mayor de veinticinco años. Sin embargo, mediante previo análisis y evaluación de la Dirección de Geología, Minas y a solicitud del titular de la concesión se podrá prorrogar el plazo de vigencia hasta por diez años, siempre que el titular haya cumplido con todas sus obligaciones establecidas en esta ley durante el período de explotación.

En el caso de concesiones para la explotación de minería artesanal, la concesión se otorgará por un plazo no mayor de diez años el cual podrá ser prorrogado hasta por cinco años más, siempre que la persona física o jurídica que desarrolle la minería artesanal cumpla con los requisitos establecidos en esta ley.

TÍTULO IV

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA

TÍTULO DE EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN

ARTÍCULO 9- Viabilidad ambiental

Todo interesado en obtener un permiso de exploración, o una concesión de explotación y beneficio, deberá iniciar el trámite ante la Dirección de Geología y Minas para reservar el área. Para efectos de iniciar labores deberá contar con la viabilidad ambiental debidamente emitida por la Setena.

La Setena elaborará las guías correspondientes para la aplicación de la evaluación del impacto ambiental, dependiendo de la categoría de actividad a desarrollar, artesanal, pequeña, mediana o gran minería, tomando en cuenta, en cada caso, el proyecto a desarrollar y la zona donde este se ubicará. En caso de que el área solicitada ya haya sido impactada ambientalmente, la Setena emitirá los términos de referencia partiendo del estado actual del área y las medidas de mitigación pertinentes.

ARTÍCULO 10- Constancia de vecindario

El interesado en obtener un permiso de exploración, una concesión de explotación o una concesión para el beneficio minería artesanal, deberá demostrar ante la Dirección de Geología y Minas, que es vecino permanente del cantón donde se pretende desarrollar el proyecto. En caso de ser persona jurídica, quienes posean el ochenta por ciento (80%) del capital social deberán ser vecinos permanentes del cantón donde se pretende desarrollar el proyecto.

ARTÍCULO 11- Requisitos

La solicitud se presentará ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, deberá adjuntarse los siguientes documentos:

a) Indicación de calidades completas del solicitante, en caso de ser persona jurídica aportar copia de la personería jurídica.

b) En caso de minería artesanal, se deberá presentar declaración jurada ante notario público en la que se haga constar que el solicitante es vecino del cantón donde se pretende desarrollar el proyecto. En caso de personas jurídicas, en la declaración el representante legal declarará que el ochenta por ciento (80%) de los accionistas son vecinos permanentes del cantón donde se ubica el proyecto. En caso de que se no pueda aportar la declaración jurada, se puede aportar constancia de vecindad extendida por la policía de proximidad más cercana al lugar de residencia.

c) Ubicación del área a solicitar, aportando coordenadas CRTM05, si es minería subterránea aportar convenio con el o los propietarios registrales de los inmuebles donde se ubica la boca del túnel o túneles, así como el patio de acopio y planta de beneficio. En caso de no ser posible aportar este documento deberá manifestar que se deberá establecer servidumbre, aportando el nombre del o los propietarios registrales.

d) Aportar fotocopia de la viabilidad ambiental debidamente certificada.

e) Plan de Exploración o programa de explotación, según proceda, siguiendo los requerimientos técnicos solicitados por la Dirección de Geología y Minas en el Reglamento a la presente ley, y con apego a las guías que emitirá la Dirección de Geología y Minas.

f) Contrato de servicios con un geólogo o ingeniero en minas debidamente incorporado al Colegio de Geólogos de Costa Rica.

g) Indicar al menos un correo electrónico para atender notificaciones.

La Dirección de Geología y Minas rechazará ad portas la presentación de toda solicitud incompleta.

ARTÍCULO 12- Prevención

Recibida la solicitud, la Dirección de Geología y Minas asignará un número de expediente y procederá a ubicar en el catastro minero. En caso de que el área solicitada se ubique una solicitud, permiso o concesión previamente, se procederá al rechazo de la misma. En caso de que la interferencia sea parcial, se notificará al solicitante para que este reduzca o reubique la zona eliminado la interferencia. En caso de que el solicitante dentro del plazo concedido no reubica o reduce el área, se procederá al archivo del expediente sin más trámite.

ARTÍCULO 13- Publicación

Una vez ubicada el área en el catastro minero, el interesado deberá publicar un edicto en un diario de circulación nacional. Asimismo, se exhibirá el edicto en la municipalidad del cantón en que la actividad minera haya sido autorizada. En caso de que se trate de dos o más cantones, el edicto se exhibirá en las respectivas municipalidades. Cada municipalidad deberá designar el lugar donde el edicto será expuesto, y deberá extender constancia de la fecha en la que se inició su exhibición.

Toda persona física o jurídica que tenga un derecho adquirido sobre el área a otorgar o bien demuestre justa causa para oponerse al otorgamiento del permiso o concesión, deberá presentar escrito ante la Dirección de Geología y Minas dentro del plazo máximo de quince días naturales posteriores a la fecha de publicación. En caso de no entregarse personalmente por el interesado, el escrito deberá ser debidamente autenticado. Transcurrido ese plazo sin que consten oposiciones, se continuará con el trámite.

En caso de existir oposiciones, la Dirección de Geología y Minas, aplicando el debido proceso dará audiencia al interesado, para que por escrito responda lo que proceda. Una vez valorados los alegatos y las pruebas aportadas por las partes, la Dirección de Geología y Minas resolverá la oposición.

ARTÍCULO 14- Recursos

Toda resolución emitida por la Dirección de Geología y Minas tendrá los recursos que contempla la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 02 de mayo de 1978. Del recurso de apelación conocerá el Ministro de Economía, Industria y Comercio.

ARTÍCULO 15- Otorgamiento

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, la Dirección de Geología y Minas recomendará al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el otorgamiento del permiso o concesión, indicando las condiciones técnicas a cumplir y nombrando el representante ante la Comima.

Todo el procedimiento deberá realizarse dentro del plazo de cinco meses a partir de la presentación de la solicitud. El atraso injustificado será causal de investigación y posible sanción para el funcionario responsable del mismo.

ARTÍCULO 16- Inscripción

La resolución de otorgamiento del permiso o concesión se notificará al interesado quien podrá iniciar las labores. El Registro Nacional Minero procederá a la inscripción de oficio en los libros de registro correspondientes.

TÍTULO V

CONCESIONES DE BENEFICIO

ARTÍCULO 17- Concesión de beneficio

Toda persona física o jurídica debidamente inscrita en Costa Rica, podrá obtener una concesión para el beneficio de minerales metálicos. El Poder Ejecutivo otorgará la concesión para el beneficio de minerales. Corresponderá a la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio revisar el trámite de solicitud y elevar la recomendación al Poder Ejecutivo para que resuelva. Una vez otorgada la concesión, el Estado podrá autorizar al concesionario la tecnología aprobada para la recuperación y beneficio de los minerales de valor, siempre y cuando se demuestra que la misma es amigable con la naturaleza.

ARTÍCULO 18- Prohibición

Se prohíbe el uso de mercurio en cualquier fase de la actividad de beneficiamiento.

ARTÍCULO 19- Requisitos

La solicitud se presentará ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y deberá adjuntarse con los siguientes documentos:

1- Indicación de calidades completas del solicitante, en caso de ser persona jurídica aportar copia de la personería jurídica.

2- Ubicación del área a solicitar, aportando plano topográfico del terreno donde se pretende instalar la planta. Coordenadas CRTM05. Aportar convenio con él o los propietarios registrales de los inmuebles donde se pretende instalar la planta de beneficio. En caso de no ser posible aportar este documento deberá manifestar que se deberá establecer servidumbre, aportando el nombre del o los propietarios registrales.

3- Plano de diseño de la planta, indicación de instalaciones, vías de acceso, campamentos, oficinas, patios de desmontes y colas, redes eléctricas y de aguas.

4- Aportar fotocopia de la viabilidad ambiental debidamente certificada.

5- Diseño de la planta y de sus instalaciones principales, y complementaria indicando la clase de mineral que será tratado, capacidad de toneladas métricas por día. Diagrama de flujo de la planta. Procedimiento de beneficio, reactivos y equipo correspondiente. Descripción de métodos de desechos, depósitos de relaves, uso de agua.

6- Contrato de servicios con un geólogo o ingeniero en minas debidamente incorporado al Colegio de Geólogos de Costa Rica.

7- Señalar al menos un correo electrónico para atender notificaciones.

La Dirección de Geología y Minas rechazará ad portas la presentación de toda solicitud incompleta.

ARTÍCULO 20- Prevención

Recibida la solicitud, la Dirección de Geología y Minas asignará un número de expediente y procederá a ubicar en el catastro minero. En caso de que el área solicitada se ubique una solicitud, permiso o concesión previamente, se procederá al rechazo de la misma. En caso de que la interferencia sea parcial, se notificará a solicitante para que este reduzca o reubique la zona eliminado la interferencia. En caso de que el solicitante dentro del plazo concedido no reubica o reduce el área, se procederá al archivo del expediente sin más trámite.

ARTÍCULO 21- Publicación

Una vez ubicada el área en el catastro minero, el interesado deberá publicar un Edicto en un diario de circulación nacional. Asimismo, se exhibirá el edicto en la municipalidad del cantón en que la actividad minera haya sido autorizada. En caso de que se trate de dos o más cantones, el edicto se exhibirá en las respectivas municipalidades. Cada municipalidad deberá designar el lugar donde el edicto será expuesto, y deberá extender constancia de la fecha en la que se inició su exhibición.

Toda persona física o jurídica que tenga interés preferencial o bien demuestre justa causa para oponerse al otorgamiento del permiso o concesión, deberá presentar escrito ante la Dirección de Geología y Minas dentro del plazo máximo de quince días posteriores a la fecha de publicación. Transcurrido ese plazo sin que consten oposiciones, se continuará con el trámite.

En caso de existir oposiciones la Dirección de Geología y Minas, aplicando del debido proceso dará audiencia al interesado. Una vez valorados los alegatos y las pruebas aportadas por las partes, la Dirección de Geología y Minas resolverá la oposición.

ARTÍCULO 22- Recursos

Toda resolución emitida por la Dirección de Geología y Minas tendrá los recursos que contempla la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 02 de mayo de 1978. Del recurso de apelación conocerá el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

ARTÍCULO 23- Otorgamiento

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, la Dirección de Geología y Minas recomendará al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el otorgamiento de la concesión, indicando las condiciones técnicas a cumplir y nombrando el representante ante la Comima.

Todo el procedimiento deberá realizarse dentro del plazo de cinco meses a partir de la presentación de la solicitud. El atraso injustificado será causal de investigación y posible sanción para el funcionario responsable del mismo.

ARTÍCULO 24- Inicio de labores

La resolución de otorgamiento de la concesión se notificará al interesado quien podrá iniciar las labores. En lo que respecta a la mediana minería se hace necesario constituir la Comima de acuerdo con los lineamientos establecidos por Setena. El Registro Nacional Minero procederá a la inscripción de oficio en los libros de registro correspondiente.

TÍTULO VI

DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 25- Obligaciones

El titular de un permiso y concesión de explotación estará obligado a:

1- Cumplir con las medidas de seguridad ocupacional que le indique el Ministerio de Trabajo y contar con la póliza de riesgos de trabajo.

2- Presentar, a la Dirección de Geología y Minas, informes anuales detallados de las labores realizadas, debidamente refrendados por el geólogo o por un ingeniero de minas regente, debidamente incorporado al respectivo colegio profesional. Estos informes deben ser firmados por el regente geológico y el concesionario y tienen la condición de declaración jurada.

3- Mantener al día los documentos siguientes:

a) Un plano a escala conveniente, de los trabajos superficiales o subterráneos. b) Un registro del personal empleado. c) Un registro de producción, venta, almacenamiento y exportación de las sustancias minerales. Estos documentos quedarán a disposición de la Dirección de Geología y Minas y de cualquier autoridad de Hacienda.

4- Pagar los derechos e impuestos establecidos por ley.

5- En caso de personas jurídicas, informar cada vez que se produzcan cambios en el titular de las acciones o cuotas a la Dirección de Geología y Minas.

6- Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamento, y en la resolución de otorgamiento de la concesión.

7- Mantener actualizada las bitácoras, tanto la geológica como la ambiental.

El incumplimiento de estas disposiciones causará la cancelación de la concesión, la cual será tramitada por la Dirección de Geología y Minas siguiendo el debido proceso, y una vez culminado este, la Dirección de Geología y Minas elevará el expediente al Ministerio de Economía, Industria y Comercio con la recomendación de cancelar por parte del Poder Ejecutivo.

TÍTULO VII

DERECHOS

ARTÍCULO 26- Derechos

Los permisionarios y concesionarios tendrán, además de realizar las labores aprobadas en la resolución de otorgamiento, derecho a lo siguiente:

1- Obtener prórroga automática por una sola vez una vez vencido el plazo.

2- Obtener, la constitución de las servidumbres que sean necesarias, de conformidad con esta ley.

3- Renunciar a la concesión, total o parcialmente, de acuerdo con la Dirección de Geología y Minas. Si la renuncia fuere parcial deberán pedir que se reduzca la extensión.

4- Solicitar ampliación de área para explotar áreas adyacentes a su concesión, siempre que no exceda los máximos permitidos por esta ley.

5- Para la minería artesanal y la pequeña minería el Estado por medio de la Dirección de Geología y Minas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y cualquier órgano que tenga competencia, brindará capacitación en temas relacionados con tecnología y dará capacitación a los concesionarios en temas relacionados con tecnologías adecuadas de extracción, así como en las guías relacionadas con las diferentes metodologías en las etapas de extracción y procesamiento de minerales. Asimismo, deberán guiar a los concesionarios de minería artesanal y pequeña minería en el proceso de abandono a corto plazo del uso del mercurio.

6- El Estado, por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, fomentará el acceso a créditos con el fin de desarrollar la actividad de acuerdo con el proyecto aprobado y las condiciones establecidas en la viabilidad ambiental. El uso indebido de esos fondos, será causal de cancelación de la concesión.

TÍTULO VIII

CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE

ARTÍCULO 27- Procedencia

Con el único fin de posibilitar al minero los medios necesarios para efectuar, las labores inherentes a su permiso de exploración o concesión de explotación, los terrenos superficiales en que estén ubicados los yacimientos podrán ser gravados con las servidumbres de paso u ocupación. Las servidumbres de ocupación podrán referirse a patios de acopio, plantas de beneficiamiento, campamentos, entrada de túneles, construcción de tanques para agua. Las servidumbres de paso comprenden el paso de acueductos, el uso de caminos, disposición de aguas que provengan de los túneles, plantas o paso de líneas eléctricas.

ARTÍCULO 28- Competencia, medición y avalúo

Las servidumbres serán constituidas por la Dirección de Geología y Minas, previa indemnización de los daños y perjuicios que se causaren a los dueños de los terrenos.

Antes de la constitución de la servidumbre, la Dirección de Geología y Minas, convocará un máximo de tres reuniones entre las partes con el fin de lograr un acuerdo. De no haber acuerdo entre los interesados, se proseguirá con el trámite.

El monto de la indemnización será fijado por la Administración Tributaria que le corresponda en razón del territorio, tomando en cuenta el avalúo de la porción de la propiedad que se utilizará, así como el valor declarado por el propietario ante la Municipalidad correspondiente.

La resolución final podrá ser apelada ante el tribunal de justicia correspondiente. Sin embargo, los trabajos relacionados con la explotación podrán continuar su proceso, a juicio y riesgo del concesionario, mientras se realiza el trámite judicial.

Las servidumbres que se establezcan deberán inscribirse en el Registro Nacional Minero. La Dirección de Geología y Minas, comunicará al Registro Público de la Propiedad la constitución de la servidumbre con el fin de que se registre en el folio real correspondiente.

TÍTULO IX

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ARTÍCULO 29- Competencia

Corresponde a la Dirección de Geología y Minas el control y seguimiento técnico de la actividad aprobada.

ARTÍCULO 30- Coordinación con otros entes u órganos

La Dirección de Geología y Minas está en la obligación de coordinar con todas las autoridades competentes lo que sea necesario para realizar un efectivo seguimiento de la actividad. Se autoriza a la DGM la contratación de las plazas necesarias para ejercer ese control.

ARTÍCULO 31- Desarrollo de convenios para programas de capacitación

Se autoriza a la Dirección de Geología y Minas, a firmar convenios de cooperación para el ejercicio del deber de vigilancia de la actividad. Puede realizar alianzas con organismos nacionales e internacionales para desarrollar programas de capacitación para la minería artesanal y pequeña minería.

ARTÍCULO 32- Registro de labores

La Dirección de Geología y Minas llevará un registro de las actividades. Al menos un geólogo de la Dirección deberá inspeccionar las actividades una vez al mes, debiendo en un plazo de una semana emitir el informe correspondiente. En caso de que encuentre alguna anomalía deberá informarlo inmediatamente a sus superiores con el fin que estos tomen las medidas correspondientes. El incumplimiento a esta obligación se considerará incumplimiento de deberes.

ARTÍCULO 33- Confidencialidad de informes de labores

Los informes anuales de labores de exploración y explotación y beneficiamiento que deben presentar los titulares no podrán ser divulgados por la Dirección de Geología y Minas, mientras se encuentre en vigencia el permiso de exploración o concesión de explotación, salvo que haya consentimiento expreso y escrito del titular.

Una vez terminado el plazo, todos los documentos técnicos y mapas que sean parte de los informes serán propiedad del Estado.

ARTÍCULO 34- Medida cautelar

En caso de que la Comima informe la existencia de una anomalía o que el inspector de la DGM lo solicite, la Dirección de Geología y Minas, podrá establecer como medida cautelar de carácter administrativo, la paralización parcial o total de labores en el área concedida al interesado.

Estas medidas subsistirán, mientras duren las circunstancias que las determinaron, sin embargo, no podrán extenderse por más de tres meses. Dentro de este plazo el titular está obligado a corregir las anomalías que dieron origen a la medida, caso contrario se procederá al inicio del procedimiento de cancelación del permiso o concesión.

La medida cautelar procede siempre que los hechos no ameriten la cancelación del permiso o concesión.

TÍTULO X

DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

ARTÍCULO 35- Canon anual de superficie

Los titulares de los permisos de exploración, así como los concesionarios de explotación, deberán pagar el siguiente canon anual de superficie.

1- Minería artesanal: un tercio de salario base por hectárea 2- Pequeña minería: un salario base por km² 3- Mediana minería: tres salarios base por km² 4- Gran minería: seis salarios base por km² 5- Plantas de beneficio: un salario base por hectárea

La denominación "salario base" utilizada en esta Ley, deberá entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 14 de mayo de 1993 que “Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal”.

Los pagos por derecho de superficie contemplados en este artículo deberán pagarse, por anualidades adelantadas, en el mes de diciembre de cada año, a la cuenta respectiva de la DGM para financiar maquinaria, equipo, materiales, suministros, combustible, lubricantes, gastos de transporte, viáticos dentro del país, contratación de personal calificado por un máximo de un año y capacitación, a fin de permitir el normal desarrollo de las actividades de la Dirección. Estos gastos deberán ser presupuestados anualmente y cumplir las regulaciones que para tal efecto establecen la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria.

ARTÍCULO 36- Impuestos

Además de los impuestos y tasas nacionales y municipales establecidas en la ley, los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio de la actividad minera metálica, se les cobrará el equivalente a un 30% del monto total que paga mensualmente por concepto de impuestos de ventas agregado (IVA) generado por las ventas brutas de las onzas de oro o su equivalencia en gramos. Este porcentaje será pagado a la municipalidad o las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre la concesión de explotación; dicho porcentaje será distribuido de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) entre las asociaciones de desarrollo de las comunidades del cantón o los cantones donde se ubique el área de explotación; el restante cincuenta por ciento (50%) será utilizado para las actividades propias de la municipalidad.

Cada municipalidad, por medio de sus inspectores, verificará y fiscalizará los volúmenes de minerales extraídos que sean reportados. La falta de pago dentro del plazo legalmente establecido, causará un cobro de interés de financiamiento, desde el momento en que el impuesto debió ser pagado, con base en la tasa de interés fijada por el artículo 57, y de intereses por mora igual al artículo 80 y 80 bis, todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

TÍTULO XI

DE LA DISTRIBUCIÓN LOCAL DE LOS TRIBUTOS MINEROS

ARTÍCULO 37- Objeto

El presente título regulará todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de los tributos que recaude cada municipalidad por concepto de la actividad minera que se desarrolle en su jurisdicción y cuyo porcentaje corresponda a las comunidades.

Dichos tributos ingresarán a los presupuestos municipales para atender las necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social, según los términos del siguiente párrafo, independientemente de que su ejecución esté a cargo de las organizaciones comunales y entidades privadas idóneas para administrar los fondos públicos, municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones o convenios con otras instancias gubernamentales o no gubernamentales. Además, se incluyen los recursos públicos para financiar proyectos, programas y obras que serán ejecutados directamente por asociaciones de desarrollo comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo comunal, local, regional y nacional con sede en el mismo cantón.

Las obras, los programas, los proyectos y los equipamientos financiados con dichos tributos estarán dirigidos a solucionar problemas generales e impulsar el desarrollo local en todos los campos y en la cultura, el deporte y la recreación. Por su parte, los proyectos de inversión estarán orientados preferentemente a la construcción, la reconstrucción, el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y regional.

ARTÍCULO 38- Beneficiarias

Serán beneficiarias de los tributos mineros indicados en el título anterior, las municipalidades y las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, calificadas así por la municipalidad respectiva y escogidas por las comunidades, siempre que sus propuestas se realicen por medio de la municipalidad donde se ejecutará la obra o se brindará el servicio.

ARTÍCULO 39- Procedimiento

El procedimiento para asignar y entregar los tributos mineros se ajustará a los siguientes requisitos:

1- Por medio de una comisión mixta municipal-comunal, se definirá anualmente la distribución de esos recursos por distrito, según los criterios de población, pobreza y extensión geográfica.

2- Para los fines del inciso anterior, la municipalidad publicará en la página web de la municipalidad, en las redes sociales y en los lugares públicos que ella designe durante el mes de enero de cada año, el porcentaje del impuesto minero local, como cifra indicativa, que se destinará en el año inmediato siguiente para el financiamiento de las necesidades públicas locales que este título regula.

3- La municipalidad recaudadora se encargará de garantizar y supervisar que se cuente con proyectos o iniciativas debidamente concertadas para invertir estos recursos.

4- La municipalidad desempeñará un papel activo para la priorización de las necesidades y la selección final de los proyectos y programas que serán financiados con los referidos tributos, de la forma indicada en el inciso anterior.

5- Las municipalidades coordinarán y apoyarán la ejecución de programas de capacitación permanente para formular los proyectos de inversión y los programas que se financiarán con tributos mineros; estarán dirigidos a sus propios funcionarios y los de las entidades privadas idóneas para administrar los fondos públicos.

6- Los concejos municipales y concejos de distrito activarán los espacios y mecanismos participativos de los proyectos, programas y obras por financiar o cofinanciar con tributos mineros.

7- Para facilitar el proceso de selección de los proyectos, los programas y las obras prioritarias, así como para promover la participación popular de las comunidades en la asignación de los recursos provenientes de tributos mineros, los concejos de distrito, referidos en el artículo 54 del Código Municipal, definirán los proyectos y las obras que serán proyectos, programas y obras financiados con los tributos mineros. Para estos efectos, el concejo actuará ampliado integrando, además, a un representante de cada una de las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, representativas del distrito, designado por la entidad respectiva. El reglamento que emita la municipalidad deberá regular lo relativo a convocatorias, lugar y fechas de las reuniones, votaciones, confección de actas, registro de asociaciones y organizaciones en general calificadas como idóneas para administrar fondos públicos; así como los demás extremos relacionados con la legitimidad de la representación de las organizaciones y la validez de los acuerdos adoptados por el mencionado concejo en asamblea ampliada y deberá garantizar una efectiva participación popular en él.

8- Para los fines anteriores, la alcaldía municipal, mediante certificación emitida anualmente señalará la cifra indicativa referida en el inciso b) del presente artículo, deberá señalar la cifra correspondiente a cada distrito, de acuerdo con los parámetros socioeconómicos y demográficos definidos en el artículo 40 de esta ley. 9- Cada municipalidad deberá distribuir el monto ingresado al cantón por concepto de tributos mineros, en forma equitativa para cada distrito, en estricta conformidad con los parámetros de población, extensión geográfica y pobreza, así como con los porcentajes asignados en cada caso, todo de acuerdo con el párrafo primero del artículo 40 de la presente ley.

10- Las entidades privadas que, en definitiva, sean las beneficiarias o ejecutoras de los proyectos o programas, deberán inscribirse previamente en el registro especial que, para el efecto, llevará la alcaldía municipal, por medio de su oficina tesorería. Asimismo, deberán obtener de la municipalidad respectiva la calificación de entidad privada idónea para administrar fondos públicos.

ARTÍCULO 40- Criterios de asignación

La suma global de tributos mineros que ingresen al presupuesto municipal para dar contenido a las partidas comunales, serán asignadas proporcionalmente a cada distrito por la municipalidad, en observancia de tres criterios: el número de habitantes, definido por la Dirección Nacional de Estadística y Censos; la extensión geográfica, certificada por el Instituto Geográfico de Costa Rica, y el índice de pobreza, determinado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, según la metodología que debe seguirse consistentemente todos los años. A cada uno de los dos primeros criterios se le asignará un veinticinco por ciento (25%) y el cincuenta por ciento (50%) restante al de pobreza, para efectos de fijar la cifra indicativa mencionada en el inciso b) del artículo 39 de esta ley.

La unión de dos o más cantones donde exista explotación minera, ya sea para ejecutar uno, varios o todos los proyectos y programas que se financiarán con tributos obtenidos por esa actividad, será decidida libremente por las corporaciones municipales, con la condición de que se cumpla lo estipulado en el inciso g) del artículo 39 de esta ley.

En los distritos cuyas organizaciones no participen en las sesiones de las asambleas ampliadas convocadas por el respectivo concejo de distrito, de conformidad los principios de participación ciudadana contenidos en el incido g) del artículo 39 de la ley, se les rebajará entre un cinco por ciento (5%) y un quince por ciento (15%) de las sumas que les correspondan, determinadas según el párrafo primero de este artículo. Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según los criterios indicados, a favor de los restantes distritos en los que sí se cumpla con el esquema de participación ciudadana indicado. El saldo restante lo asignará el consejo de distrito en los proyectos que al efecto defina este órgano.

ARTÍCULO 41- Modificaciones

Las partidas asignadas a cada uno de los proyectos comunales propuestos en concejo de distrito ampliado podrán variarse a propuesta del mismo órgano ampliado antes de que la municipalidad gire cada partida. Las modificaciones incorporadas por los regidores en el monto y destino de las citadas partidas presupuestarias, o el desvío de fondos que ordene el alcalde municipal con violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrán ejecutarse; en consecuencia, la tesorería municipal no podrá girar la partida respectiva.

ARTÍCULO 42- Principios básicos de tesorería

En materia de tesorería, para aplicar la presente ley y el reglamento que para el efecto dicte la municipalidad respectiva, se seguirán los siguientes principios o criterios básicos:

1- Los recursos originados por tributos mineros serán girados directamente por la tesorería municipal a favor de las organizaciones comunales y entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, sin intermediarios ni gestores. Los servidores públicos responsables de girar tales recursos, que faciliten a terceros realizar dicha función, cometerán el delito de incumplimiento de deberes tipificado en el Código Penal; además, incurrirán en falta grave para los fines de la sanción laboral o estatutaria que debe imponérseles.

2- Todos los recursos girados sin excepción y expresados en forma bruta, serán depositados en una cuenta especial, separada de los fondos comunes de la municipalidad o de la respectiva organización no gubernamental; contra esa cuenta se girará de acuerdo con el avance de la obra o la ejecución del programa.

3- Con el fin de comprar combustible y darle mantenimiento a la maquinaria municipal, las municipalidades podrán utilizar parte de los recursos que ingresen a su presupuesto por concepto de tributos mineros, así como otros asuntos propios de atención por parte del municipio.

4- Antes de girar los montos indicados a cada uno de los distritos, la municipalidad deberá presupuestar las partidas respectivas, las cuales deberán ser refrendadas por la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 43- Principios presupuestarios

Para los efectos de la aplicación de la presente ley, la municipalidad respectiva integrará los siguientes principios dentro de la reglamentación que emita para la ejecución del presente título de la ley, sin perjuicio de los establecidos en las leyes especiales que regulan todo lo referente a la administración de los fondos públicos:

1- En el presupuesto municipal, las partidas financiadas con tributos mineros deberán expresarse con el mayor detalle posible, es decir, no podrán ser genéricas sino referirse a un proyecto, programa o proyecto de inversión concretos, a fin de facilitar la ejecución y los controles. La Contraloría General de la República deberá elaborar un manual dirigido a las municipalidades y las organizaciones comunales y entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del presente inciso, lo anterior de conformidad con el artículo 8 inciso b) de la Ley N.° 7755, de 1° de mayo de 1998.

2- Cuando el concejo de distrito incumpla con la obligación de presentar en tiempo al concejo municipal la propuesta de los proyectos y programas que se financiarán con tributos mineros, ya sea por falta de cuórum ocasionado por las mismas organizaciones comunales y entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, el concejo municipal separará la suma que corresponda al respectivo distrito en la cifra indicativa; además, acordará solicitar a la alcaldía municipal la incorporación en el correspondiente proyecto de presupuesto, si estuviere a tiempo, o mediante la primera modificación presupuestaria del año siguiente. En ausencia del acuerdo del concejo de distrito ampliado, el concejo municipal aprobará los proyectos recomendados por el concejo de distrito.

3- En la asignación de los recursos en el presupuesto, se dará prioridad a los proyectos y programas que cuenten con contrapartidas de las propias comunidades o las municipalidades, sean los fondos propios o provenientes de donaciones.

4- Para lograr el más alto grado de eficiencia y eficacia de los proyectos y programas financiados con tributos mineros, la Contraloría General de la República creará una unidad administrativa especializada o asignará una de las existentes, para ejercer un control efectivo sobre todo el proceso presupuestario, así como sobre los regímenes aplicables a los respectivos proyectos y programas en materia de planeamiento, tesorería, contabilización y contratación.

ARTÍCULO 44- Limitación de las erogaciones

En la ejecución de proyectos o programas con cargo a tributos mineros asignada en el presupuesto municipal, no podrán realizarse erogaciones en gastos corrientes ni operacionales cuando el beneficiario sea la Municipalidad. Si lo fuere una entidad privada idónea para administrar fondos públicos, únicamente podrán efectuarse gastos corrientes u operacionales limitados a un diez por ciento (10%) del monto de la partida.

Cada municipalidad deberá incluir, en su presupuesto, la contrapartida necesaria para enfrentar las citadas erogaciones corrientes u operativas. Mientras no se cumpla con lo antes establecido, la tesorería municipal no desembolsará los recursos correspondientes.

TÍTULO XII

EXTINCIÓN DEL DERECHO

ARTÍCULO 45- Causales

Los permisos y concesiones se extinguen por cancelación, nulidad y renuncia total.

ARTÍCULO 46- Causales de cancelación

Se cancelarán los permisos y concesiones por las siguientes causas:

1- Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley.

2- Abandono por más de seis meses de las labores aprobadas sin razón técnica o económica justificada.

3- Comprobación de daño ambiental por acción u omisión del permisionario o concesionario.

4- En caso de que el titular de pequeña minería o minería artesanal deje de ser vecino del cantón donde se ubica el permiso o concesión. En el caso de personas jurídicas, cuando los accionistas del ochenta por ciento (80%) de la sociedad dejen de ser vecinos permanentes del cantón donde se pretende desarrollar el proyecto.

5- En caso de que, para obtener el permiso o la concesión para la exploración o explotación de vetas, yacimientos, mantos y demás depósitos minerales, el solicitante haya incurrido, de manera directa o por interpósita persona, en algún acto de corrupción penado por ley y que haya sido confirmado por los tribunales de justicia mediante sentencia firme.

La Dirección de Geología y Minas, dará por única vez un plazo de veinte días al titular para que justifique las razones del incumplimiento, en caso de no aceptarse la justificación o bien esta no se presente, la Dirección de Geología y Minas recomendará al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que cancele el derecho otorgado.

Cuando la cancelación sea por la comprobación de daño ambiental, se inhabilitará al titular o a los accionistas y personeros de la sociedad en caso de persona jurídica para la obtención de nuevos permisos o concesiones por un plazo de diez años.

ARTÍCULO 47- Nulidad

Serán nulos los permisos o concesiones que se otorguen en contravención a la presente ley, otras leyes que prohíben a personas físicas o jurídicas obtener concesiones por parte del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 48- Renuncia

Toda renuncia parcial o total del permiso o concesión surte efecto desde su presentación ante la Dirección de Geología y Minas. Una vez recibida la renuncia, la DGM lo comunicará al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

En caso de renuncia total, el titular deberá estar al día con las obligaciones, caso contrario se inhabilitará al titular o a los accionistas y personeros de la sociedad en caso de persona jurídica para la obtención de nuevos permisos o concesiones por un plazo de diez años.

TÍTULO XIII

CIERRE TÉCNICO

ARTÍCULO 49- Obligación de presentación

Todo concesionario tiene la obligación de presentar el plan de cierre de la mina. Este plan de cierre debe planificarse acorde a las características de la región y del tipo de minería.

ARTÍCULO 50- Competencia de la Dirección de Geología y Minas

Corresponderá a la Dirección de Geología y Minas, establecer la fecha en la que el concesionario debe presentar el plan de cierre, así como las condiciones técnicas que este debe comprender.

ARTÍCULO 51- Objetivos del plan de cierre

Independientemente de las condiciones que establezca la Dirección de Geología y Minas, el plan de cierre debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1- La protección de la salud humana y del medio ambiente mediante el mantenimiento de la estabilidad física y química. 2- El uso beneficioso de la tierra una vez que se concluyan las operaciones mineras. 3- Sostenibilidad económica y social de la zona.

ARTÍCULO 52- Sanción

Ninguna área se liberará sin haberse aprobado el cierre técnico por parte de la Dirección de Geología y Minas, la que remitirá una copia del mismo a la Setena y a la Comima.

El incumplimiento a la presentación y ejecución del cierre técnico es causal de ejecución de la garantía ambiental, además se inhabilitará al titular o a los accionistas y personeros de la sociedad en caso de persona jurídica para la obtención de nuevos permisos o concesiones por un plazo de diez años.

TÍTULO XIV

DEROGACIONES, REFORMAS Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 53- Derogatoria

Se deroga la Ley N.° 8904, de 1° de diciembre de 2010, Reforma al Código de Minería y sus reformas, Ley para Declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto.

ARTÍCULO 54- Reforma

Se reforma la Ley N.° 4573, de 15 de noviembre de 1970, Código Penal y sus reformas, para que se le incluya un párrafo final al artículo 227 que dirá:

“Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando en los hechos señalados en el inciso 3 de esta norma se empleare mercurio en cualquier fase de la actividad de beneficiamiento.”

TRANSITORIO I- Toda persona física o jurídica, que al momento de emitirse la presente ley se encuentre realizando cualquier actividad minera informal, contará con un plazo de tres años para acogerse a lo dispuesto en la presente ley e iniciar los trámites para obtener la concesión. Transcurrido ese plazo sin proceder, se tendrá su actividad como ilegal.

TRANSITORIO II- En todo lo no contemplado en la presente ley, se aplicará en forma supletoria la Ley N.° 6797, Código de Minería, de 04 de octubre de 1982, y la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 13 de noviembre de 1995.

Rige a partir de su publicación.

María Inés Solís Quirós Diputada

11 de febrero de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.