Archivado el proyecto que condonaba deudas de agua de más de 10 años

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE CONDONACIÓN DE DEUDAS CON ANTIGÜEDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS DIEZ AÑOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CARGOS VARIOS, HIDRANTES Y MULTAS, FACTURADOS EN TARIFA DOMICILIAR

PODER EJECUTIVO

EXPEDIENTE N° 21.802

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY DE CONDONACIÓN DE DEUDAS CON ANTIGÜEDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS DIEZ AÑOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CARGOS VARIOS, HIDRANTES Y MULTAS, FACTURADOS EN TARIFA DOMICILIAR

Expediente N.° 21.802

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley propicia la condonación de las deudas que presentan una antigüedad igual o superior a los diez años, por aquellos servicios brindados de agua potable y alcantarillado sanitario, facturados en tarifa domiciliar y que mantiene en sus registros el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Estas suman en total ¢ 1,009,925,699.35 (¢ 405,870,612.88 para la GAM y ¢ 604,055,086.47 Periféricos); generadas hasta la fecha del 31 de marzo del 2019; según fuente del Datamart Comercial brindado por la Dirección Sistema Comercial Integrado.

Son varias las razones que determinan la conveniencia y la necesidad de dar curso a este proyecto. Es conveniente, por ello, remontarnos al año 1992 que es cuando la Sala Constitucional emite el 08 de abril de ese año el Voto N.º 929-92, el cual modificó el procedimiento usual para la suspensión de los servicios que AyA observaba anterior a esa fecha. El procedimiento, en ese entonces, consistía en la suspensión del servicio cuando el cliente tenía deudas por servicios de agua, sin distingo de los períodos pendientes de pagar y sin necesidad de notificar. En la resolución de mérito, la Sala Constitucional señaló:

“...la desconexión únicamente procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, ya que los que se adeuden por los anteriores constituyen una obligación, que podrá cobrarse separadamente, pero cuya falta de pago no autoriza la interrupción del servicio....”

Dicha resolución representó para el Instituto un cambio en la manera en que se realizaba el cobro y la suspensión de los servicios morosos, ya que lo obligó a instaurar el debido proceso previo a la suspensión del servicio. Ello significó notificar al cliente su morosidad, para que cancelara la deuda y la posibilidad de interponer en tiempo y forma los recursos ordinarios y extraordinarios contemplados en la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, la suspensión únicamente procedía por el no pago oportuno del último mes vencido.

En consecuencia, un porcentaje significativo de la clientela, que representa a ese sector cuya cultura es la del “no pago”, conociendo los alcances de este voto, únicamente cancelaban el último mes facturado para evitar la suspensión del servicio, o bien evitaban que se les notificara para que la suspensión del servicio no fuera efectiva, provocando con ello un aumento en las Cuentas por Cobrar.

Como corolario de lo expuesto, se desprende que la Institución presenta un pendiente histórico de cuentas por cobrar con una antigüedad igual o superior a los diez años, obligaciones que estarían potencialmente prescritas según lo establecido por el artículo 868 del Código Civil, así resuelto en sentencias emanadas de un Órgano Jurisdiccional y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República N.º C-152-2008 del 8 de mayo del 2008. Dichas obligaciones no se han recuperado pese a las diferentes gestiones de cobro administrativo y/o judiciales, resultando infructuoso su recuperación por el transcurso del plazo establecido por el Ordenamiento Jurídico.

No obstante, pese a que estas obligaciones son de antigua data, es improcedente declarar la prescripción de oficio o de manera automática, lo que implica pretender un proceso cobratorio para cada una de las cuentas, siendo muy oneroso en virtud de que el costo administrativo y judicial supera razonablemente el monto de lo adeudado, además de que la posibilidad real de recuperar dichas deudas es casi nula, pues se encuentran técnicamente prescritas. Para ello, resulta importante citar lo resuelto por la Procuraduría General de la República, en su oficio O.J.-148-2002 de 18 de octubre del 2002, en relación a las obligaciones incobrables señaló:

“Como es bien sabido, el bloque de legalidad no sólo está integrado por las normas escritas, sino que, a la par de ellas, se deben tomar en cuenta las normas no escritas, tales como los principios generales de Derecho, la jurisprudencia y la costumbre. Con base en estas últimas, y en especial conforme a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), así como con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen rango constitucional, cuando la administración bancaria comprueba, con base en estudios técnicos, que los costos de recuperar un crédito resultan más onerosos para la entidad bancaria, en vista de que gastaría más de lo que eventualmente recuperaría o que el cobro judicial resultaría infructuoso, el sentido común y la lógica nos dicen que, en estos supuestos, existen razones jurídicas para sostener que no se debe proceder a su cobro. Seguir una línea argumentativa distinta a la que estamos trazando en este estudio, tendría el efecto pernicioso de que podría ocasionar un daño adicional al patrimonio del Banco, por la elemental razón de que la erogación para la recuperación del crédito sería mayor que lo que obtendría la entidad bancaria con su pago o que, pese a los esfuerzos en sede judicial, el monto de lo adeudado no sea recuperable.”

Por otra parte, se tiene que la garantía en el pago de los servicios que suministra AyA, la establece el artículo 12 de la Ley General de Agua Potable N.º 1634, mediante el cual señala que la deuda proveniente de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario imponen hipoteca legal sobre el inmueble que los recibe. Siendo que la demanda debe dirigirse en forma obligada contra el titular registral de la propiedad. Sin embargo, aún y cuando la recuperación de las cuentas por cobrar son altamente significativas, a pesar de los diversos mecanismos para recuperar sus deudas, tales como prevenciones de cobro, llamadas telefónicas, notificaciones al propietario y suspensiones del servicio por deudas pendientes, existen una cantidad de servicios que mantienen deudas de antigua data, que a la fecha actual no se ha logrado recuperar, por diferentes razones tales como las notificaciones no efectivas por tratarse de lotes baldíos, casas de habitación o locales desocupados, propietarios que se desconoce su paradero, fallecidos, etc.

Por las consideraciones expuestas, se tiene que al 31 de marzo del 2019 las cuentas por cobrar por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario facturados en tarifa domiciliar, que se encuentran con un grado de antigüedad igual o superior a los diez años, alcanzó para la GAM la suma total de ¢405,870,612.88 (Cuatrocientos Cinco millones Ochocientos Setenta mil Seiscientos Doce colones con Ochenta y ocho céntimos) y para los periféricos ¢604,055,086.47 (Seiscientos Cuatro millones Cincuenta y Cinco mil Ochenta y Seis colones con Cuarenta y siete céntimos). Para tener conocimiento del estado de estas deudas, como ejemplo se muestra una extracción de datos que se hizo para GAM con base en la información brindada por la Dirección Sistema Comercial Integrado, donde se presenta el estado del servicio en estas deudas:

Condición del Servicio Monto

Cortado por impago ¢205,130,169.61

Exclusión voluntaria ¢13,849,241.94

Exclusión forzada ¢8,680,943.42

Situación correcta ¢178,172,374.91

Pendiente de conexión ¢37,883.00

Total ¢ 405,870,612.88

Fuente: Datamart Comercial / Dirección SCI Fecha: Marzo 31, 2019

De los datos anteriores se desprende que cerca del 56% de las cuentas por cobrar se localizan en servicios inactivos que no se están facturando y solamente el 44% de las cuentas por cobrar se localizan en servicios activos.

Hay que destacar que cerca del 40% del total de la deuda (aproximadamente 404 millones de colones) se ubican en zonas marginales consideradas de alta peligrosidad lo cual dificulta las labores de cobro, además corresponde a personas de escasos recursos que habitan en comunidades afectadas por una alta vulnerabilidad social debido a condiciones de índole socioeconómico y psicosocial. Este grupo social carece de ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas, debido a la falta de empleo permanente, por lo que se dedican a actividades informales, también por la falta de preparación académica, se ve restringido su mercado laboral. En consecuencia, se ven afectados por problemas de seguridad social, violencia intrafamiliar, drogadicción, familias uniparentales extensas y en condición de hacinamiento, salud, etc.

Asimismo, el proceso cobratorio judicial se ve afectado, toda vez que muchas de estas propiedades no se encuentran inscritas en el Registro Público, lo que obstruye la gestión de cobro judicial, pues de conformidad al artículo 12 de la Ley General de Agua Potable N.º 1634, la deuda proveniente del servicio de cañerías impone hipoteca legal sobre el bien o bienes en que recae la obligación de pagarlo. No obstante, llevar a cabo un proceso cobratorio judicial es aventurarse, dentro del proceso de ejecución existe una dificultad material, que consiste en notificar a los demandados que son los propietarios del inmueble en donde se ubica el servicio, cuya ubicación es difícil.

Al analizar la totalidad de las cuentas por cobrar por tipo de tarifa con deudas iguales o superiores a los 10 años, se puede observar que el mayor porcentaje del pendiente está concentrado en la tarifa domiciliar, la cual representa un 83.33% del total del pendiente. Al respecto se presenta el siguiente cuadro informativo:

Tipo Tarifa Total % Relativo

Domiciliar ¢1,009,925,699.35 83.33%

Empresarial ¢184,985,190.58 15.26%

Gobierno ¢3,053,329.70 0.25%

Preferencial ¢14,003,696.30 1.16%

Total 851,793,183.44 ¢ 100.00%

Fuente: Datamart Comercial / Dirección SCI Fecha: Marzo 31, 2019

Gestión de cobro que se ha realizado a las cuentas por cobrar:

Es importante considerar que dentro de todo el proceso que se lleva a cabo o bien se ha ejecutado a las cuentas por cobrar, en lo que respecta a cobro administrativo se han realizado gestiones desde el año 2007. A modo de ilustración se muestra parte de esta gestión, específicamente como ejemplo se presenta los resultados de la GAM a diciembre 2018:

left795000

Dado lo anterior, aún y cuando se han llevado a cabo diversas acciones que persiguen la recuperación de las deudas, agotando todas las alternativas de cobro con que AyA cuenta, queda un saldo pendiente que no se recupera, correspondiente a deudas superiores a los diez años, que se encuentran técnicamente prescritas, según lo establecido por el artículo 868 del Código Civil. Es importante destacar que si bien las cuentas por cobrar reflejan un rubro que por su antigüedad es considerado elegible para prescripción (artículo 868 Código Civil), es necesario realizar el procedimiento de cobro de las sumas adeudadas, ya que AyA no está facultada por el ordenamiento jurídico (de conformidad con lo establecido artículo 11 constitucional y 11 de la Ley General de Administración Pública) para declarar de oficio la prescripción de sus obligaciones.

En consecuencia, AyA podría declarar, a instancia de parte – y cuando proceda conforme a derecho- la prescripción de la obligación por el servicio en estado de morosidad.

Debido a estas razones, el instituto ha realizado estudios para determinar el costo-beneficio de esta gestión, resultando ruinoso para las finanzas institucionales llevar a cabo nuevas gestiones cobratorias, ya que esta labor involucra emplear recursos tales como: contratación de personal, compra de vehículos, adecuación de espacio físico, compra mobiliario y materiales de oficina, así como arrendamiento equipo de cómputo resultando muy oneroso para AyA gestionar un proceso cobratorio, pues implica que llevarse a cabo todo un proceso cobratorio a los 8202 servicios (2018 GAM y 6184 Periféricos) según los datos brindados por la Dirección Sistema Comercial Integrado, con corte al 31/03/2019; resultaría un costo total cercano a los 1,120 millones de colones a nivel nacional para que el usuario oponga la excepción de prescripción o pague la deuda, no obstante dada la antigüedad de las obligaciones, el usuario presentaría esa solicitud. En otras palabras, AyA tendría que activar toda la logística que conlleva una gestión cobratoria de esta magnitud, con la posibilidad de que no perciba algún ingreso económico adicional y sólo recibiría en el mejor de los casos, la solicitud de prescripción de deuda para declarar su incobrabilidad.

Nótese que el costo que debe invertir en detrimento de sus finanzas además de alto es riesgoso, igual de alto es el grado de incertidumbre, en cuanto a la retribución de la inversión.

El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, establece cuando una partida puede o no, ser reconocida en los Estados Financieros de la entidad. Los párrafos 82, 83, 89 y 90 indican lo siguiente:

90 Un activo no es objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera improbable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción lleva al reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no implica que la intención de la gerencia, al hacer el desembolso, fuera otra que la de generar beneficios económicos en el futuro, o que la gerencia estuviera equivocada al hacerlo. La única implicación de lo anterior es que el grado de certeza, sobre los beneficios económicos que van a llegar a la entidad, tras el presente periodo contable, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo.

Conforme a un estudio realizado a diciembre 2013, el costo para gestionar el trámite de una cuenta a cobro administrativo y judicial es de ¢136,473.81 (Ciento Treinta y Seis mil Cuatrocientos Setenta y Tres colones con 81 céntimos); y conforme a los aumentos por inflación que ha tenido este costo durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; a diciembre 2018 este monto asciende a los 153,413.25 (Ciento Cincuenta y Tres mil Cuatrocientos Trece colones con Veinticinco céntimos) por tanto, el costo total aumenta alrededor de 1,253 millones de colones. En consecuencia, las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a diez años, por las razones expuestas han sufrido un deterioro al paso de los años y que, a pesar de las diferentes gestiones cobratorias, no se ha logrado la recuperación de estas.

En relación a las deudas prescritas, debemos indicar, además, que un elemento adicional que fortalece la presentación a la corriente legislativa del presente proyecto de ley es el principio de prudencia que se incluye en el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, párrafo 37:

No obstante, los elaboradores de estados financieros tienen que enfrentarse con las incertidumbres que, inevitablemente, rodean muchos acontecimientos y circunstancias, tales como la recuperabilidad de los saldos dudosos, la vida útil probable de las propiedades, planta y equipo o el número de reclamaciones por garantía posventa que pueda recibir la entidad. Tales incertidumbres son reconocidas mediante la presentación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto.

El principio anteriormente expuesto pretende que los Estados Financieros de la entidad muestren razonablemente el valor de los activos y pasivos que posee, para lo cual recomienda que en condiciones de incertidumbre se actúe prudentemente a fin de no sobrevalorar las partidas que se presentan en el Balance, por lo que sería incierto aventurarse a un cobro administrativo y/o judicial, por el alto costo que el mismo representa, de ahí que se recomienda su condonación.

En síntesis, hasta el 31 de marzo del 2019 se evidencia un pendiente de cuentas por cobrar en tarifa domiciliar, con una antigüedad igual o superior a los diez años, por la suma de ¢1,009,925,699.35.

En mérito de lo anterior, esta iniciativa de ley tiene por objetivo aplicar esta condonación, por las siguientes razones:

1- A raíz del Voto N.º 929-92 del ocho de abril de mil novecientos noventa y dos dictado por la Sala Constitucional, AyA ha incrementado su nivel de morosidad de forma significativa; siendo que dicha resolución ordenó a AyA, suspender el servicio únicamente por la falta de pago oportuno del último importe mensual.

2- La morosidad por deudas que presentan una antigüedad igual o superior a los diez años, tiene un impacto negativo desde el punto de vista contable, en virtud de que el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, señala específicamente cuando una partida puede o no ser reconocida en los Estados Financieros de la entidad, siendo que debe contarse con evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo, o bien se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. De tal manera, las deudas con una antigüedad igual o mayor a diez años, desde el punto de vista técnico contable están deterioradas, ya que la posibilidad de recuperación no existe a menos que haya voluntad del deudor para pagar.

3- En el proceso de recuperación de deudas, se realizan diversas acciones administrativas tales como facturas mensuales de cobro, suspensiones de servicio por falta de pago, prevenciones de cobro, llamadas telefónicas, notificaciones de deuda al propietario, proceso cobro judicial; sin embargo, existe un saldo pendiente que no se recupera, por diferentes razones, entre ellas se citan las notificaciones no efectivas por tratarse de lotes baldíos, casas de habitación o locales desocupados, propietarios no localizados, otros fallecidos, o bien, clientes que si reciben la notificación pero tienen la cultura del “no pago”, conformándose muchas veces con cancelar el último recibo puesto al cobro, a fin de seguir obteniendo el suministro del servicio. Asimismo, igual de infructuoso se presenta la gestión cobratoria en instancia judicial, en razón de que muchas veces no se logra notificar al demandado, pues se desconoce la dirección, o están fuera del país, otros fallecidos, lo que detiene el proceso judicial, conforme lo dispuesto por los artículos 01 y 19 de Ley de Notificaciones, N.º 8687 en concordancia con los artículos 239, 240, 241 y 243 de la Ley General de la Administración Pública, N.º 6227. Cabe señalar que para los casos en cobro judicial que se ha logrado ubicar y notificar a los demandados, éstos presentan la excepción de prescripción, para aquellas deudas que han alcanzado el plazo decenal, lo que deviene a declararla incobrable en esa instancia.

4- Las personas que adeudan obligaciones en esta categoría, en muchas oportunidades no logran hacer frente a las mismas, debido a la difícil situación económica que impera hoy.

5- En las comunidades declaradas en riesgo social, muchos de los inmuebles no se encuentran inscritos ante el Registro Público lo que obstruye la gestión de cobro judicial. Por otra parte, en los casos de inmuebles inscritos, en estas comunidades, el cobro judicial resulta infructuoso, dado que un alto grado de estas familias han obtenido su vivienda mediante un bono familiar, lo que implica que la propiedad se encuentra afectada por Habitación Familiar, siendo que por ello es improcedente embargar el inmueble para el remate, de conformidad con el artículo 42 del Código de Familia.

6- El fin de la Institución como operadora, administradora y prestadora de los servicios de acueductos y alcantarillados, es mantener sus cuentas al día y recuperar el costo en que ha incurrido para la prestación de los servicios.

Corolario de las consideraciones realizadas, debemos indicar que el este proyecto de ley fue presentado ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la cual mediante el Acuerdo N.º 2019-074 del 05 de marzo de 2019, aprueba el proyecto y modifica el anterior Acuerdo N.º 2013-158 de fecha 16 de abril de 2013, para actualizar el proyecto y aprobarlo en las actuales condiciones que se exponen en el presente informe.

Finalmente, esta iniciativa propone que mediante ley se declare la condonación de aquellas deudas facturadas en tarifa domiciliar, que tienen una antigüedad igual o superior a los diez años, en virtud de que corresponden a obligaciones que se han sometido a un procedimiento de cobro sin que se haya logrado recuperar la deuda, sin embargo, esta constante se repite año con año, toda vez que siempre existirá un porcentaje de las Cuentas por Cobrar por los servicios prestados, que pese a someterse a los procesos de cobro, ha alcanzado el plazo decenal sin lograr su recuperación.

Otros antecedentes:

Por otra parte, en relación con las condonaciones de deuda realizadas hoy día por el AyA a Juntas de Educación de escuelas y colegios públicos, según lo dispuesto por la Ley No 7981, “Ley Tarifas Especiales de Agua y Condona Deudas a Escuelas y Colegios Públicos” del 10 de marzo del año 2000, se ha determinado que este es un sector que se presentan debilidades para recuperar las sumas que, por concepto de los servicios de agua potable y alcantarillado, le adeudan las Juntas de Educación de escuelas y colegios públicos, por lo que, aún y cuando se han aplicado procesos de condonación amparados por ley el pendiente de cobro de esa cartera de clientes continuaba acumulándose. La institución mantuvo una excelente relación interinstitucional con los centros educativos, con el propósito de brindar toda la información necesaria para que la solicitud, trámite y ejecución de la condonación se llevara a cabo de acuerdo a los alcances normativos. Tales hechos, repercuten en el flujo de caja del AyA y directamente en la morosidad de las cuentas por cobrar por el servicio prestado a esas instituciones.

A manera de información, las tarifas se fijan con base en el principio de servicio al costo más un rédito para desarrollo. Los costos de la prestación de servicios a centros educativos no se pueden eliminar o condonar, deben reflejarse en el esquema de costos que tiene AyA y que forman parte de la solicitud y fijación de las tarifas que debe cobrar AyA. Otra forma, en que la sociedad costarricense usuaria de los servicios de AyA resultaría perjudicada, es que la Institución dispondría de menos fondos para su operación y desarrollo y, por lo tanto, se afectaría la calidad de la prestación de servicios presente o futura.

Las leyes de condonación de deudas no resuelven el problema de la morosidad de los usuarios, pues en el mediano plazo se genera un nuevo pendiente de cuentas por pagar que consolida una cultura de incumplimiento de obligaciones, en detrimento de la sana gestión administrativa de dichos clientes y de una justicia distributiva de cargas para el resto de beneficiarios de los servicios públicos, pero es una realidad con la que se enfrenta nuestra institución día a día, para ello y pensando en los usuarios en estado de vulnerabilidad es que se ha emitido el Decreto Ejecutivo N.° 40711-MINAE, que da lugar a la creación del “Sistema Nacional de Subsidios Focalizados, al Consumo de Agua Potable y Saneamiento”.

En consecuencia, el presente proyecto de ley tiene como fin otorgar una autorización legal al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado para trasladar a las cuentas incobrables, las deudas que cumplan una antigüedad igual o superior a los diez años y que han sido sometidas a los procesos cobratorios pero por razones de costo beneficio resulta perjudicial continuar destinando recursos para más gestiones cobratorias.

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado tomo el acuerdo N.° 2019-074, en la sesión ordinaria N.° 2019-13 del 5 de marzo de 2019 en la que avala la propuesta de ley que se presenta a consideración de la Asamblea Legislativa, para su estudio y aprobación por parte de las señoras diputadas y los señores diputados.

En virtud de lo anterior se somete a consideración de los señores diputados el siguiente proyecto ley: LEY DE CONDONACIÓN DE DEUDAS CON ANTIGÜEDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS DIEZ AÑOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CARGOS VARIOS, HIDRANTES Y MULTAS, FACTURADOS EN TARIFA DOMICILIAR.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE CONDONACIÓN DE DEUDAS CON ANTIGÜEDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS DIEZ AÑOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, CARGOS VARIOS, HIDRANTES Y MULTAS, FACTURADOS EN TARIFA DOMICILIAR

ARTÍCULO 1- Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que en el mes de enero de cada año, proceda a trasladar a sus cuentas incobrables, aquellas deudas morosas por facturas que mantengan una antigüedad igual o superior a los diez años, por concepto de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, cargos varios, hidrantes y multas, facturados en tarifa domiciliar, que tengan los sujetos pasivos.

Para proceder con esta incobrabilidad, deberá existir la justificación en forma fehaciente y expresa, de haberse agotado las gestiones de cobro administrativo sin que existiera recuperación de lo adeudado.

La resolución administrativa deberá contar con el aval de la SubGerencia de Gestión Sistemas Gran Área Metropolitana o por la SubGerencia de Gestión Sistemas Periféricos o quién ocupe el cargo equivalente, según sea el caso correspondiente.

ARTÍCULO 2- Para efectos de liquidación presupuestaria, esta institución pública acreedora procederá a eliminar el monto adeudado de sus activos, citado en el artículo anterior.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA

Carlos Manuel Rodríguez Echandi Ministro de Ambiente y Energía

Daniel Salas Peraza Ministro de Salud

02 de marzo de 2020.

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial que se encargará de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país, expediente legislativo N.° 20.993.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.