Proyecto aliviana permisos para investigar la biodiversidad
El expediente 21807 propone que las investigaciones sin fines de lucro sobre biodiversidad solo se inscriban en un registro, en vez de pedir permiso a CONAGEBio.
Título oficial REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4, 7, 63, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO) REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 7, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS
Atención: El proyecto cambia el requisito de permiso por una simple inscripción para investigaciones sin fines de lucro, lo que reduce el control de CONAGEBio sobre ese tipo de estudios.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Investigadores y centros de investigación
El proyecto cambia el permiso de acceso por una inscripción voluntaria para investigaciones sin fines de lucro, lo que reduce el control previo de la Oficina Técnica de CONAGEBio.
Para las investigaciones sin fines de lucro será suficiente una notificación al Estado mientras que el permiso de acceso aplicará solamente para aquellas investigaciones que tengan fines comerciales inmediatos.
69, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Investigadores que hacen estudios sin fines de lucro sobre biodiversidad
- Universidades públicas que investigan sobre biodiversidad
- Investigadores con fines comerciales que necesitan permiso de acceso
- Productores agrícolas regulados por la Ley 7064 del MAG
- Pueblos indígenas y comunidades locales que intercambian recursos genéticos sin fines de lucro
A quién beneficia
- Las investigaciones sin fines de lucro solo tendrían que inscribirse en un registro, no pedir permiso
- Las universidades públicas tendrían dos años para crear su propio reglamento interno
- La Oficina Técnica tendría 21 días naturales para resolver un permiso
- Los productores agrícolas quedarían fuera de la Ley de Biodiversidad en lo regulado por la Ley 7064
Qué cambia
- Menos trámites para la investigación académica sobre biodiversidad
- El permiso de acceso quedaría solo para investigaciones con fines comerciales
- Las universidades sin reglamento interno quedarían inscritas en un registro de CONAGEBio
- El proyecto aún debe pasar por el Plenario en primero y segundo debate
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 21807 cambia cinco artículos de la Ley de Biodiversidad, la 7788. Todavía no es ley: está en comisión desde 2021 1.
El cambio más grande está en el artículo 69. Hoy todo programa de investigación sobre material genético o bioquímico necesita un permiso de acceso. El proyecto propone que ese permiso se pida solo cuando la investigación tenga fines comerciales (art. 69).
Para las investigaciones sin fines de lucro, como las académicas o de conservación, bastaría una inscripción en un registro de la Oficina Técnica de CONAGEBio. El artículo 7 define esa inscripción como un "Acto voluntario de notificar a la Oficina Técnica de la CONAGEBio sobre investigaciones sin fines de lucro" (art. 7).
El artículo 3 aclara el ámbito. La ley se aplicaría "exclusivamente sobre los elementos de la biodiversidad nativa de Costa Rica" y regularía el aprovechamiento comercial (art. 3).
El artículo 4 saca de la ley varios temas. No toca el material genético humano, que sigue con la Ley General de Salud. Tampoco los elementos regulados por la Ley 7064 del MAG, como agricultura orgánica y control biológico (art. 4).
El artículo 70 fija plazos. La Oficina Técnica tendría 21 días naturales para resolver un permiso. El permiso duraría hasta tres años, prorrogables (art. 70).
A quién le toca
A las universidades públicas. El artículo 4 mantiene la autonomía universitaria en docencia e investigación, salvo cuando haya fines de lucro. Las universidades sin reglamento interno tendrían dos años para crearlo, junto con el Consejo Nacional de Rectores (art. 4).
A los investigadores con fines comerciales. Ellos seguirían necesitando permiso de acceso, con el plazo de 21 días para que la Oficina Técnica resuelva (art. 69) (art. 70).
A los pueblos indígenas y comunidades locales. El artículo 4 mantiene fuera de la ley el intercambio de recursos bioquímicos y genéticos sin fines de lucro entre ellos (art. 4).
A los productores agrícolas. El artículo 4 excluye lo regulado por la Ley 7064 del MAG, que incluye agricultura orgánica y control biológico (art. 4).
En qué va el trámite
El expediente está en la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación. Esa comisión votó un dictamen el 30 de setiembre de 2021 y lo remitió a la Secretaría del Directorio el 12 de octubre de 2021 1.
El proyecto vence el 19 de febrero de 2028 por el plazo cuatrienal 1. Para que sea ley falta el debate en el Plenario, en primero y segundo debate guía, p. 28.
Frente a la Constitución
El artículo 84 de la Constitución garantiza la independencia de las universidades para desempeñar sus funciones Constitución, art. 84. El artículo 4 del proyecto respeta esa autonomía, pero pone una condición: las universidades sin reglamento interno tendrían dos años para crearlo (art. 4). El Censo no encontró un choque directo con ese artículo, aunque la condición podría generar dudas sobre cuánto limita la autonomía.
El artículo 89 manda al Estado apoyar "la iniciativa privada para el progreso científico y artístico" Constitución, art. 89. El proyecto busca agilizar la investigación científica, lo que calza con ese fin (art. 69).
El artículo 50 reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución, art. 50. El proyecto mantiene el permiso para fines comerciales y la distribución de beneficios, lo que apunta a proteger ese derecho (art. 3).
El artículo 88 pide oír al Consejo Universitario antes de aprobar leyes sobre materias de las universidades Constitución, art. 88. El proyecto toca la investigación universitaria, así que la Asamblea debería cumplir con esa audiencia (art. 4).
Qué puede hacer usted
Si quiere opinar sobre este proyecto, puede pedir una entrevista con los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación. La guía recomienda llevar argumentos de fondo y buena información guía, p. 29.
Puede seguir el expediente en el Sistema de Información Legislativa de la Asamblea para ver si el dictamen llega al Plenario guía, p. 27.
Cuando el proyecto llegue al Plenario, puede enviar información y propuestas a los diputados para que presenten mociones durante las primeras seis sesiones del primer debate guía, p. 29.
Lo que no sabemos
El dossier no dice qué contiene el dictamen que la comisión aprobó el 30 de setiembre de 2021.
El dossier no indica si el proyecto ya tiene fecha para el Plenario.
El dossier no aclara cuántas universidades públicas carecen de reglamento interno sobre biodiversidad.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El proyecto calza con el apoyo a la ciencia y la protección ambiental, pero la condición a las universidades sin reglamento interno genera dudas sobre la autonomía universitaria.
Constitución, art. 84"La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios."
Esta ley, art. 4"Las universidades públicas que no cuenten con reglamentación interna, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores y en el plazo de dos años, contado a partir de la vigencia de esta modificación de ley, establecerán su reglamentación interna, los controles y las regulaciones aplicables a la actividad académica y de investigación que realicen, cuando implique acceso a la biodiversidad sin fines de lucro."
Hay dudas La Constitución da a las universidades independencia para organizarse. El proyecto les pide crear un reglamento interno en dos años. Podría ser una duda sobre cuánto limita esa independencia.
Constitución, art. 89"Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico."
Esta ley, art. 69"Todo programa de investigación o bioprospección, con fines comerciales, sobre material genético o bioquímico de la biodiversidad que pretenda realizarse en el territorio costarricense, requiere un permiso de acceso."
Sin choque aparente La Constitución manda apoyar el progreso científico. El proyecto agiliza la investigación sin fines de lucro, lo que calza con ese fin.
Constitución, art. 50"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."
Esta ley, art. 3"Esta ley regulará específicamente el uso, el manejo, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento comercial de los elementos de la biodiversidad."
Sin choque aparente La Constitución protege el ambiente sano. El proyecto mantiene el permiso para fines comerciales y la distribución de beneficios, lo que apunta a cuidar ese derecho.
Constitución, art. 88"Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas."
Esta ley, art. 4"Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía universitaria en materia de docencia e investigación en el campo de la biodiversidad, excepto si las investigaciones tuvieren fines de lucro."
Hay dudas La Constitución pide oír a las universidades antes de aprobar leyes sobre sus materias. El proyecto toca la investigación universitaria, así que la Asamblea debería cumplir esa audiencia.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21807: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4, 7, 63, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO) REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 7, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
- Constitución Política (texto vigente)
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 7, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS
SILVIA VANESSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.807
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 7, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS
Expediente N.° 21.807
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Un mayor conocimiento de la extraordinaria biodiversidad de Costa Rica, así como su uso sostenible, debería constituir un eje para el desarrollo del país en campos como la medicina, la agricultura, la industria, el turismo, la educación, la cultura y el ambiente. Costa Rica dispone del reconocimiento y admiración internacional que deriva de su amplia biodiversidad, así como del conocimiento que ha generado sobre esta. El país cuenta con un 5% de la biodiversidad mundial, gracias a su privilegiada posición en la geografía mundial como punto de conexión entre dos grandes masas continentales, bordeada por dos océanos, lo que permite un clima tropical y multiplicidad de ecosistemas gracias al gradiente altitudinal del país que genera su sistema montañoso central. Además, existe entre los costarricense un gran aprecio y orgullo por la conservación de los bosques y parques nacionales, que representan cerca del 33% del país.
Por décadas, múltiples instituciones públicas y privadas han hecho un espléndido trabajo en cuanto a la identificación, clasificación, catalogación y búsqueda de usos sostenibles de la abundante biodiversidad. Las universidades cuentan con carreras acreditadas y continúan formando una gran cantidad de profesionales, especialistas de altísimo nivel, en las diferentes áreas relacionadas con el estudio de la diversidad. Existe una importante inversión de recursos por parte del Estado, en profesionales, infraestructura, equipos de laboratorio y becas para estudiantes. Numerosas investigaciones básicas y aplicadas se han desarrollado en los diferentes centros de investigación de la UCR, UNA, TEC, UNED, UTN, Catie, OET, Sinac, Cicafe, Corbana, Laica, y en su momento, el INBIO. A pesar de esto y dada la magnitud de la biodiversidad de organismos presentes en el país, aún hay gran cantidad de camino por recorrer: especies por conocer, ecosistemas por explorar, aplicaciones potenciales por descubrir, innovaciones y emprendimientos por desarrollar.
Los esfuerzos de conservación junto con las actividades de investigación pueden derivar en la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes) que podrían utilizar la biodiversidad de manera sostenible para la generación de empleos y desarrollo en diferentes regiones del país, incluyendo las zonas más alejadas y desfavorecidas. Por ejemplo, algunas pymes podrían producir insectos para el control biológico de plagas agrícolas que a la vez reducen el uso de plaguicidas peligrosos, otras producir microorganismos que pueden ser utilizados como biofertilizantes; asimismo, en la biodiversidad se pueden encontrar compuestos que pueden ser útiles para desarrollar nuevos medicamentos o para crear nuevos productos con usos cosméticos, alimenticios, agrícolas o industriales. Esto en concordancia con los principios de la nueva bioeconomía y la economía circular.
Sin embargo, el país requiere urgentemente de un ajuste normativo para que la investigación básica y aplicada sobre la biodiversidad nacional pueda ser realizada de manera más expedita. También para que los posibles usos y aplicaciones derivados de estas investigaciones puedan traducirse en productos, servicios, innovaciones y emprendimientos que propicien el uso sostenible de la biodiversidad, así como la reactivación económica que el país tanto necesita. Se requiere de herramientas normativas novedosas y a su vez flexibles para permitir la investigación básica, el acceso transparente y la distribución justa de beneficios. La Ley de Biodiversidad, Ley 7788, fue en su momento la propuesta regulatoria establecida; sin embargo, pasadas más de dos décadas desde su promulgación, es claro que esta requiere ajustes en términos de brindar mayor claridad sobre los alcances de esta y la reducción del exceso de requisitos y trámites administrativos.
La implementación de la Ley 7788 no tiene el impacto que se pensó en un inicio. Desde 2004, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBio), principal ente encargado del cumplimiento de los fines de dicha ley, solo ha otorgado 520 permisos de acceso, de los cuales 463 son investigaciones básicas, 56 de bioprospección y solo un caso de aprovechamiento económico comercial. De estos datos se pueden derivar al menos tres conclusiones: 1) que la investigación básica, sin fines de lucro, representa casi un 90% de las solicitudes de acceso. 2) Que la cantidad de permisos de acceso, principal actividad de CONAGEBio, es muy baja, cercana a los 10 por mes y alrededor de 35 por año. Esto plantea serias interrogantes sobre la justificación de tener un marco institucional y administrativo exclusivo para estos fines. 3) Que bajo el número de solicitudes en un país con tanta biodiversidad y con tan larga tradición en investigación en este campo podría deberse a un exceso de trámites y requisitos que desincentivan la generación de conocimiento y valor de la biodiversidad nacional.
En este sentido, la Contraloría General de la República (CGR) señala en sus conclusiones del Informe DFOE-AE-IF-00016-2017 que la reglamentación asociada a CONAGEBio es ineficiente y excesiva, textualmente indica “No obstante, la reglamentación actual presenta algunas imprecisiones que resultan incongruentes con los principios de eficiencia, eficacia, simplicidad y celeridad, lo cual puede representar incertidumbre, atrasos, cargas injustificadas, e incluso representar erogaciones adicionales para los institutos de investigación, universidades, empresas privadas o particulares con interés en acceder a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. También, pueden restar seguridad jurídica a las acciones desplegadas por la CONAGEBIO en el otorgamiento de permisos y verificación de su cumplimiento”.
Los procedimientos donde se duplican los permisos y las solicitudes con fines de investigación son también mencionados en el informe R-DFOE-AE-00001-2018 que indica que el trato de CONAGEBIO para el investigador es abusivo, pues aún en los casos en los que existe un consentimiento previamente informado entre el dueño de la colección y el proveedor original, “es excesivo exigir un nuevo consentimiento entre este último y el interesado en el acceso a dicha colección, pues no media autorización para obtener lucro o ganancia con la investigación básica que ponga en riesgo la distribución de beneficios”. Además, sobre la eficiencia y velocidad del sistema, la CGR tipifica en su informe DFOE-AE-IF-00016-2017 que “es relevante analizar si el proceso seguido por esta Comisión para otorgar los permisos se apega a principios de simplicidad, claridad, agilidad y legalidad en sus trámites, de manera que propicien mayor acercamiento del interesado para generar investigación sobre la biodiversidad”.
Por lo tanto, el objetivo de esta ley es reformar los artículos 3, 4, 69 y 70 de Ley de Biodiversidad, N.° 7788, que permitan una mayor claridad y eficiencia sobre el acceso y uso sostenible de los elementos de la biodiversidad nacional. También pretende evitar el exceso de requisitos y trámites administrativos, así como favorecer las actividades de investigación, el desarrollo de innovaciones y emprendimientos, así como una justa distribución de beneficios. Esto permitirá a Costa Rica seguirse promoviendo como país que valora la conservación, la producción sostenible, la creación de pymes, y donde empresas tecnológicas pueden instalarse debido a la existencia de recurso humano capacitado e innovador y además con un marco jurídico claro y estable.
En la propuesta de reforma al artículo 3 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, sobre el ámbito de aplicación se específica que esta ley regulará exclusivamente los elementos de la biodiversidad originarios del territorio nacional, entendiéndose por originarios aquellos organismos cuyo origen biológico y evolutivo es el territorio de Costa Rica. Esto excluye tácitamente cualquier organismo introducido por los humanos como por ejemplo las razas de animales utilizadas en el sector lechero, ganadero o avícola, las semillas para la agricultura, o los microorganismos adquiridos en el extranjero para investigación o docencia.
Adicionalmente, la reforma propuesta a los artículos 3 y 69 brinda mayor claridad sobre los criterios de inclusión o exclusión de la aplicación de la norma, particularmente sobre el requerimiento de permisos de acceso. Como se ha mencionado, las investigaciones sin fines de lucro permiten aumentar el conocimiento y la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad del país. En vista de lo anterior, se hace necesario aclarar en la ley que las investigaciones sin fines de lucro, como las realizadas con fines académicos o de conservación, recibirán un trato diferenciado de aquellas investigaciones con fines lucro. Para las investigaciones sin fines de lucro será suficiente una notificación al Estado mientras que el permiso de acceso aplicará solamente para aquellas investigaciones que tengan fines comerciales inmediatos.
En la propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley 7788 se excluyen los elementos regulados por la Ley 7064 del Ministerio de Agricultura y sus leyes conexas. Esto permitirá evitar contradicciones normativas, particularmente respecto al tema de sistemas productivos sostenibles que incluyen por ejemplo el uso de semillas criollas, hongos, bacterias e insectos nativos para crear desarrollo sostenible, así como el uso de sistemas convencionales que involucran por ejemplo gallinas, cabras y otros animales con fines productivos. Esta exclusión también dejará sin efecto la extralimitación del ámbito de aplicación de la norma planteados en los decretos 31514-Minae y 41591-Minae, particularmente en lo referente a la definición del concepto de recursos orgánicos y la inclusión de animales silvestres o domesticados o los presentes en condiciones ex situ.
Asimismo, la reforma al artículo 4 brinda la oportunidad a las universidades públicas que no cuentan con normativa interna para que actualicen su reglamentación o para que lo hagan de manera consensuada vía Conare. Esto permitirá a las universidades públicas continuar con sus investigaciones sobre la biodiversidad del país de manera expedita, clara, transparente, eficiente y particularmente cuando esta se hace sin fines de lucro, y cuando es parte de la formación de los profesionales que necesita el país. Por último, la reforma planteada al artículo 70 de la Ley 7788 refuerza la diferenciación entre los fines de la investigación donde las investigaciones sin fines de lucro podrán ejecutarse con la respectiva notificación mientras que las investigaciones o actividades con fines comerciales requerirán permiso, pero la gestión de este recibirá una gestión expedita.
Por las razones expuestas, proponemos a la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley, para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 7, 69 Y 70 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 7788, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS
ARTÍCULO 1- Refórmense los artículos 3, 4, 69 y 70 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, de 30 de abril de 1998.
Artículo 3- Ámbito de aplicación
Esta ley se aplicará exclusivamente sobre los elementos de la biodiversidad nativa de Costa Rica. Esta ley regulará específicamente el uso, el manejo, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento comercial de los elementos de la biodiversidad.
Artículo 4- Exclusiones
Esta ley no se aplicará al acceso al material bioquímico y genético humano, que continuará regulándose por la Ley General de Salud, N.° 5395, de 30 de octubre de 1973, y por las leyes conexas. Asimismo, esta ley no aplicará a los elementos regulados por La Ley 7064 del Ministerio de Agricultura y sus leyes conexas tales como agricultura orgánica y el control biológico.
Tampoco se aplican estas disposiciones al intercambio de los recursos bioquímicos y genéticos ni al conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres, sin fines de lucro, entre los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía universitaria en materia de docencia e investigación en el campo de la biodiversidad, excepto si las investigaciones tuvieren fines de lucro.
Las universidades públicas que no cuenten con reglamentación interna, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores y en el plazo de dos años, contado a partir de la vigencia de esta modificación de ley, establecerán su reglamentación interna, los controles y las regulaciones aplicables a la actividad académica y de investigación que realicen, cuando implique acceso a la biodiversidad sin fines de lucro. Las universidades que en el plazo indicado no definan los controles adecuados deberán inscribir sus investigaciones en un registro que para tal fin elaborará la oficina técnica de la CONAGEBio.
Artículo 69- Permiso de acceso para la investigación o bioprospección
Todo programa de investigación o bioprospección, con fines comerciales, sobre material genético o bioquímico de la biodiversidad que pretenda realizarse en el territorio costarricense, requiere un permiso de acceso. Para las colecciones ex situ debidamente registradas, el reglamento de esta ley fijará el procedimiento de autorización del respectivo permiso.
Artículo 70- Plazo, límites subjetivos, elementos y territorio
La Oficina Técnica de la Comisión tendrá 21 días naturales para resolver y sobre la base de lo indicado exclusivamente en el artículo 72. El permiso de acceso indicado en el artículo anterior se establecerá por un plazo máximo de tres años, prorrogables a juicio de la Oficina Técnica de la Comisión. Dichos permisos se otorgan a un investigador o centro de investigación, son personales e intransmisibles, están limitados materialmente a los elementos genéticos o bioquímicos autorizados y solo podrán ser utilizados en el área o territorio que expresamente se indique en ellos. En el caso de investigaciones sin fines de lucro, se podrá proceder con una inscripción ante el registro de la Oficina Técnica de la CONAGEBio.
ARTÍCULO 2- Agréguese un inciso nuevo en el artículo 7 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, de 30 de abril de 1998.
Artículo 7- Definiciones
Esta ley deberá ser interpretada de acuerdo con las siguientes definiciones:
(…)
INCISO NUEVO- Inscripción en el registro de la Oficina Técnica de la CONAGEBio. Acto voluntario de notificar a la Oficina Técnica de la CONAGEBio sobre investigaciones sin fines de lucro realizadas por entes públicos o privados no cubiertos en el artículo 4 de esta ley. La inscripción se realizará con fines informativos y solamente para que la Oficina Técnica lleve el registro respectivo.
Rige a partir de su publicación.
Silvia Vanessa Hernández Sánchez Diputada
26 de febrero de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.