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Expediente21808Vigente
Proyecto

Archivado: el plan para cobrar IVA en compras por internet

El proyecto 21.808 quería que los emisores de tarjetas cobraran el IVA en compras internacionales por internet, pero la Comisión de Hacendarios lo archivó en 2021.

Título oficial LEY PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES

A quién le toca

  • Personas que compran bienes o servicios por internet con tarjeta de crédito o débito internacional
  • Emisores de tarjetas de crédito y débito que operan en Costa Rica
  • La Dirección General de Tributación y la Dirección General de Aduanas

A quién beneficia

  • El proyecto no se convirtió en ley, así que no se aplicó el cobro del IVA en compras internacionales por tarjeta
  • El texto incluía un mecanismo de devolución del impuesto para compras cuyo consumo ocurriera fuera del país

Qué cambia

  • Las compras internacionales por internet siguen sin la misma retención que las compras locales, según la exposición de motivos del proyecto
  • El expediente quedó archivado y no puede retomarse sin una nueva presentación

La explicación completa

El proyecto de ley 21.808 está archivado. La Comisión de Hacendarios le dictó un dictamen unánime negativo el 7 de setiembre de 2021 y el expediente se archivó el 20 de setiembre de ese año 1. Nunca llegó a ser ley.

Qué propone

El proyecto proponía reformar el artículo 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que está dentro de la Ley 9635 (art. único). La idea era que los emisores de tarjetas de crédito y débito de uso internacional actuaran como agentes de percepción del IVA.

En palabras simples: cuando usted pagara un bien intangible o un servicio por internet con su tarjeta, el banco le cobraría el IVA en ese momento. La tasa sería la de los artículos 10 y 11 de la ley y se aplicaría sobre el monto bruto de la compra (art. único).

Ese monto cobrado serviría como pago del IVA que le corresponde al consumidor final (art. único). El emisor de la tarjeta tendría que informar a la Administración Tributaria sobre las transacciones. Si la información era inexacta o incompleta, se aplicaría la sanción del artículo 83 del Código Tributario.

Las sumas percibidas debían depositarse a favor del fisco dentro de los tres días siguientes a la transacción (art. único).

El texto también preveía devoluciones. El tarjetahabiente podría pedir la devolución del impuesto en tres casos: si el uso o consumo ocurre totalmente en otra jurisdicción; si el dinero se envía a personas o entidades fuera del país para manutención o consumo final en otra jurisdicción; o si se compran bienes o servicios de los artículos 8 y 9 de la ley (art. único).

Además, la Administración Tributaria devolvería el crédito cuando se compren bienes tangibles fuera del país y se haya pagado los impuestos al nacionalizarlos (art. único).

El proyecto tenía un transitorio único: la ley entraría en vigencia cuando la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y las emisoras de tarjetas tuvieran los sistemas tecnológicos. Para eso daban un plazo de un año (art. único).

En qué va el trámite

El expediente está archivado. La ficha registra el dictamen unánime negativo de la Comisión de Hacendarios (Área VI) el 7 de setiembre de 2021 1. El archivo del expediente se completó el 20 de setiembre de 2021.

El proyecto se presentó el 18 de febrero de 2020 y se publicó en La Gaceta el 6 de marzo de 2020 1. El plazo cuatrienal vencía el 18 de febrero de 2024.

Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en primero y segundo debate. No ocurrió.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 121, inciso 1, dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto era una reforma de ley ordinaria presentada por una diputada, así que calza con esa atribución.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. El proyecto buscaba que las compras internacionales tuvieran la misma retención que las compras locales, según su exposición de motivos (art. único).

El artículo 41 garantiza que todos encuentren "reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales" Constitución, art. 41. El texto incluía un mecanismo de devolución del impuesto para ciertos casos (art. único).

Hay una duda sobre el artículo 123. Ese artículo dice que la iniciativa popular no procede en proyectos "relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal" Constitución, art. 123. El proyecto era de materia tributaria, pero lo presentó una diputada, no la ciudadanía. Esa restricción no aplicaba aquí.

Qué puede hacer usted

Este proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no sirven. Pero la guía de participación ciudadana tiene opciones para casos como este.

Puede consultar el estado de cualquier proyecto en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.

Puede presentar una propuesta de ley nueva mediante el formulario web de la Asamblea. La guía explica que "no es necesario presentar el texto propuesto de forma completa, pues basta con plantear de forma sencilla la propuesta" guía, p. 27.

Si quiere que un tema tributario llegue a la Asamblea, el referéndum no es opción. La guía dice que no podrán someterse a referéndum proyectos sobre "materias presupuestaria, tributaria, fiscal" guía, p. 30.

Lo que no sabemos

El dossier no dice por qué la Comisión de Hacendarios votó en contra del proyecto.

El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni las razones que dio la comisión.

El dossier no dice si el proyecto tuvo audiencias o consultas con bancos o con la Dirección General de Tributación.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.

La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente

El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución del dossier. El proyecto calzaba con la atribución de la Asamblea de dictar leyes y con el deber de contribuir a los gastos públicos.

  1. Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
    Esta ley, art. único"Refórmase el artículo 30 del capítulo V Determinación del Impuesto, Créditos, Liquidación y Pago del título I Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley N.° 9635"

    Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de reformar leyes. El proyecto era una reforma de ley ordinaria presentada por una diputada.

  2. Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
    Esta ley, art. único"Las entidades, públicas o privadas, que emitan tarjetas de crédito o débito de uso internacional, definidas para los efectos del presente artículo como emisores, deberán actuar como agentes de percepción"

    Sin choque aparente El proyecto buscaba que las compras internacionales tuvieran la misma retención que las compras locales, según su exposición de motivos. Eso se relaciona con el deber de contribuir a los gastos públicos.

  3. Constitución, art. 41"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales."
    Esta ley, art. único"El tarjetahabiente podrá solicitar la devolución del impuesto ante la Administración Tributaria, cuando haya realizado compras con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro similar a nivel internacional"

    Sin choque aparente El texto incluía un mecanismo para pedir la devolución del impuesto en ciertos casos. Eso da una vía de reparación al tarjetahabiente.

  4. Constitución, art. 123"La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa."
    Esta ley, art. único"Refórmase el artículo 30 del capítulo V Determinación del Impuesto, Créditos, Liquidación y Pago del título I Ley del Impuesto al Valor Agregado"

    No aplica El proyecto era de materia tributaria. Esa restricción aplica a la iniciativa popular, no a proyectos presentados por diputados. Aquí lo presentó una diputada.

Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.

Fuentes

  1. Expediente 21808: LEY PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-03-06
  2. Constitución Política (texto vigente) SINALEVI, PGR, 2026-11-02
  3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica CONAMAJ, 2025, 2025
Límites de esta investigación
  • No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.

Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.

Texto oficial completo

Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.

Leer el texto completo

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES

SILVIA VANESSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIPUTADA

EXPEDIENTE N.º 21.808

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES

Expediente N.º 21.808

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las compras internacionales de bienes y servicios tienen un peso cada vez más importante en la economía costarricense y a nivel mundial. Esto si bien sugiere un mayor bienestar de la población costarricense, al poder conseguir una mayor variedad de bienes y servicios, presumiblemente de mejor calidad, mayor cantidad o menor precio de los que podrían conseguirse en los comercios locales, también obedece a una dinámica global, donde las empresas posicionadas en la frontera tecnológica a nivel mundial, agrupadas bajo el acrónimo FAANG, han logrado trasladar su posición de dominio a las compras por internet, llegando a tener un valor de mercado al 20 de marzo de 2018 de USD 3.0 billones (3,4% del PIB mundial o 48,9 veces el PIB de Costa Rica).

El empoderamiento del FAANG es exacerbado por la menor trazabilidad fiscal de las compras internacionales, ya que no tienen ligamen post-venta (las rentas que generen no deben ser declaradas en el país que las hace) y no son sujetas a retenciones automáticas (como sí lo son las compras locales).

El rompimiento de la trazabilidad fiscal, como el que sucede con las compras internacionales, es la génesis del alto incumplimiento tributario que presenta el país. Según informe de fiscalización de la Contraloría General de la República (N° 15-2017), de 22 de diciembre de 2017, los cruces de bases de datos entre la Dirección General de Tributación (DGT) y Dirección General de Aduanas (DGA) se encuentran en una fase incipiente, donde todavía no hay una matriz de riesgos integral y donde lo alcanzado a la fecha muestra vulnerabilidades: “El estudio permitió determinar que la DGT (y su DIT) no tiene definidas las acciones que ejecutará para darle continuidad al uso de herramientas de análisis de datos, cruces de información y detección de riegos tributarios similares al Modelo predictivo y proactivo de riesgos fiscales posterior a febrero de 2018 cuando venza el contrato de Software as a Service (SaaS) mediante el cual se ejecuta dicho proyecto. Este, como se ha mencionado, forma parte de las iniciativas (Colmena) implementadas por parte del MINHAC.”

Para evitar generar una ventaja competitiva artificial que beneficie a multinacionales con significativo poder de mercado y que va en detrimento del mayor encadenamiento (productivo, laboral y tributario) de las compras locales, es indispensable que las compras internacionales tengan la misma retención que las compras locales de bienes y servicios, sin perjuicio que para ello se realice una ágil compensación que evite la duplicación de la carga tributaria a la población costarricense. Esto tendrá la loable consecuencia de integrar de manera definitiva las bases de datos de la DGT y la DGA.

Por las razones expuestas, se presenta a la corriente legislativa el presente proyecto de ley para la consideración de los señoras y señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA LA TRAZABILIDAD DE COMPRAS INTERNACIONALES

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmase el artículo 30 del capítulo V Determinación del Impuesto, Créditos, Liquidación y Pago del título I Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 30- Percepción del impuesto sobre el valor agregado a través de los emisores de tarjetas de crédito, débito y otros similares en compras internacionales

Las entidades, públicas o privadas, que emitan tarjetas de crédito o débito de uso internacional, definidas para los efectos del presente artículo como emisores, deberán actuar como agentes de percepción, cuando sus tarjetahabientes realicen compras de bienes intangibles y servicios por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales y que en definitiva les corresponda pagar a los sujetos indicados.

La percepción a que se refiere el párrafo anterior será conforme a la tarifa referida en los artículos 10 y 11 de la presente ley y se aplicará sobre el importe bruto de la compra hecha por el tarjetahabiente. Este porcentaje corresponde al impuesto sobre el valor agregado que en definitiva le corresponda pagar al consumidor final que adquiera bienes intangibles y servicios por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales.

El tarjetahabiente a quien se le haya efectuado la percepción prevista en esta ley, la aplicará como pago del impuesto sobre el valor agregado que se devengue por la compra de bienes intangibles y servicios por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales.

Corresponde al emisor de la tarjeta de crédito o débito informar a la Administración Tributaria sobre las transacciones que realice el tarjetahabiente por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales.

La Dirección General de Tributación, en resolución emitida para tal efecto, establecerá la forma en que debe reportarse la información requerida para el control, cobro y fiscalización de la percepción establecida en este artículo, a cargo de los emisores de tarjetas a los que se refiere el presente artículo.

El suministro inexacto o incompleto, por parte de la entidad emisora, de la información referida se sancionará de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y demás sanciones que correspondan de conformidad con el citado Código.

Las sumas percibidas deberán depositarse a favor del fisco en el sistema bancario nacional o en sus agencias o sucursales, que cuenten con la autorización del Banco Central, a más tardar dentro de los tres días siguiente de efectuada o recibida la transacción, lo que ocurra primero, mediante declaración jurada que para los efectos será emitida mediante resolución.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo aplican para aquellas entidades, públicas o privadas, que comercialicen a partir de una cuenta bancaria y por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales, servicios o bienes intangibles para facilitar los pagos a la cuenta de un vendedor o proveedor, no domiciliado en el territorio de la República, de bienes, servicios o intangibles.

El tarjetahabiente podrá solicitar la devolución del impuesto ante la Administración Tributaria, cuando haya realizado compras con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro similar a nivel internacional y se encuentre ante alguna de las siguientes situaciones:

a) Adquiera, bienes intangibles y servicios por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales y sobre las que el uso, disfrute o consumo se realice totalmente en otra jurisdicción.

b) Utilice los medios electrónicos de pago para la transferencia o envío de dinero a personas o entidades ubicadas fuera del territorio nacional cuyo resultado sea la manutención o el consumo final en una jurisdicción distinta a Costa Rica.

c) Adquiera bienes o servicios a los que se refieren los artículos 8 y 9 de esta ley.

Le corresponderá al tarjetahabiente la presentación de las facturas, documentos y demás evidencia que compruebe la adquisición bajo alguno de los supuestos indicados en los incisos anteriores para solicitar la devolución sobre las percepciones del impuesto, según se disponga vía reglamento.

La Administración Tributaria devolverá al tarjetahabiente cualquier crédito a favor que se le genere cuando adquiera mercancías o bienes tangibles fuera del territorio nacional, por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales y se haya realizado la nacionalización pagando los impuestos correspondientes ante el Ministerio de Hacienda. Para ello los bancos adquirientes deberán dar a la Administración Tributaria la información necesaria para llevar a cabo la devolución.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, se faculta a la Administración Tributaria para que, en aquellos casos en que se dificulte la recaudación y devolución de este impuesto, establezca el cobro del impuesto sobre el valor agregado por medio de aquellas personas físicas, jurídicas o entidades, ajenas a los emisores de tarjetas de crédito, débito y otros similares, que actúen como intermediarios para poner a disposición de un consumidor final bienes tangibles, intangibles o servicios, de conformidad con las disposiciones que se definan vía reglamento y resolución.

TRANSITORIO ÚNICO- Esta ley entrará en vigencia cuando la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y las emisoras de tarjetas de débito y crédito, adquieran los sistemas tecnológicos necesarios para la implementación de lo dispuesto en esta ley, para lo cual tendrán un plazo de un año.

Silvia Vanessa Hernández Sánchez Diputada

3 de marzo de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

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