# Expediente 21814: Proyecto sobre menores en accidentes ya es la Ley 10067 - Página: https://elcenso.com/leyes/21814 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO - Publicada: 2020-03-05 - La Gaceta: 44 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen La reforma al artículo 176 de la Ley de Tránsito ya rige: los casos de menores de 18 y mayores de 12 en accidentes pasan al juzgado penal juvenil. ## A quién le toca - Menores de edad entre 12 y 18 años involucrados en accidentes de tránsito - Propietarios de vehículos involucrados en accidentes con menores de edad - Juzgados de Tránsito y Juzgados Penales Juveniles - El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ## A quién beneficia - Los casos de menores de 12 años se remiten al PANI - El juzgado de tránsito sigue con el procedimiento para los mayores de edad - Se mantiene la responsabilidad civil del propietario del vehículo ## Qué cambia - El juzgado de tránsito ya no resuelve el fondo de los casos con menores de 12 a 18 años - El juzgado penal juvenil conoce los casos de menores de 12 a 18 años - El plazo para remitir las piezas es de seis meses desde la boleta de citación ## Explicación ### Qué propone El proyecto que definía quién juzga a los menores de edad en accidentes de tránsito ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10067, publicada el 11 de noviembre de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95792¶m2=127944¶m3=1). La ley reformó el artículo 176 de la Ley de Tránsito, la Ley 9078 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Antes, ese artículo mandaba al juzgado penal juvenil solo cuando el menor era imputado, y la Sala Tercera aclaró que eso aplicaba a delitos y contravenciones, no a daños culposos ([art. 176](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Con la reforma, si alguno de los imputados es menor de dieciocho años y mayor de doce, el juzgado de tránsito se declara incompetente y manda las piezas al juzgado penal juvenil ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Si el imputado es menor de doce años, el juzgado de tránsito también remite lo de su cargo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El juzgado de tránsito sigue con el procedimiento respecto de las personas mayores de edad, si las hay ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La responsabilidad civil objetiva directa del propietario del vehículo se mantiene, según el artículo 199 inciso f) de la Ley de Tránsito y ante la autoridad civil correspondiente ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Todo esto debe ocurrir antes de que transcurran seis meses de la fecha consignada en la boleta de citación ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente 21814 se presentó el 19 de febrero de 2020 y venció su plazo cuatrienal el 19 de febrero de 2024 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El trámite pasó por el Plenario, la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, y llegó a votación y dictamen en comisión el 26 de noviembre de 2020 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto se convirtió en la Ley 10067, que está vigente desde su publicación el 11 de noviembre de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95792¶m2=127944¶m3=1). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10067 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 41 de la Constitución dice que "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales" ([Constitución, art. 41](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley mantiene la vía civil para cobrar daños, según el artículo 199 inciso f) de la Ley de Tránsito ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 35 de la Constitución dice que "Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución" ([Constitución, art. 35](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley asigna los casos a los juzgados de tránsito y a los juzgados penales juveniles, que ya existen ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 39 de la Constitución dice que "A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente" ([Constitución, art. 39](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley no crea penas nuevas: solo define qué juzgado conoce cada caso ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué puede hacer usted Si un menor de edad suyo se ve involucrado en un accidente de tránsito, puede pedir información sobre el estado del expediente en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, que brinda información sobre la tramitación de proyectos y la legislación aprobada ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede consultar el texto completo de la Ley 10067 en el Sistema de Información Legislativa (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95792¶m2=127944¶m3=1). Si considera que sus derechos o los de un menor fueron violados por una autoridad pública, puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuántos casos de menores en accidentes de tránsito se han resuelto desde que rige la Ley 10067. El dossier no incluye el texto completo de la Ley de Justicia Penal Juvenil N.° 7576, solo citas dentro del proyecto. El dossier no permite saber si la Ley 10067 tuvo consultas o audiencias con organizaciones de niñez antes de aprobarse. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10067 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. ## Qué puede hacer usted - Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa: Solicitar información en la Oficina de Iniciativa Popular, que brinda información inmediata sobre el estado de la tramitación de los proyectos de ley y la legislación aprobada (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Recurso de amparo: Presentar el recurso por memorial, telegrama u otro medio escrito ante la Sala Constitucional, expresando el hecho, el derecho violado y las pruebas (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Ley 10067: Ley que define la competencia por materia sobre casos de menores de edad presuntos de infringir la ley de tránsito (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 11/11/2021. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95792¶m2=127944¶m3=1 2. Expediente 21814: LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-03-05. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 4. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO DANIEL ISAAC ULATE VALENCIANO DIPUTADO EXPEDIENTE N.° 21.814 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO Expediente N.° 21.814 ASAMBLEA LEGISLATIVA: En coordinación con la Comisión Interinstitucional de Tránsito del Poder Judicial, quienes contaron con el apoyo del señor Álvaro Burgos Mata, se elabora el siguiente proyecto de ley: El artículo 176 de la Ley N.° 9078, “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 26 de octubre de 2012 y sus reformas estipula: ### ARTÍCULO 176- Imputados personas menores de edad Si alguno de los imputados es menor de dieciocho años, el juzgado remitirá el testimonio de piezas al Juzgado Penal Juvenil, antes de que transcurran seis meses de la fecha consignada en la boleta y continuará con el procedimiento respecto de quienes sean penalmente imputables. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil objetiva directa del propietario del vehículo o los vehículos involucrados, de conformidad con el artículo 198 de esta ley. En razón de lo anterior, cuando la persona involucrada en una colisión es menor de edad, el Juzgado de Tránsito solo puede remitir la causa a la jurisdicción penal juvenil; sin embargo, imperan reiteradas sentencias como N.° 01053 de las 10:28 horas, de 24 de noviembre; 00934 de las 10:24 horas, de 11 de octubre de 2017; 923 de las 10:23 horas, de 11 de octubre; 879 de las 9:45 horas, de 13 de setiembre; 858 de las 15:42 horas de 30, de agosto; 854 de las 15:38 horas, de 30 de agosto; 845 de las 15:29 horas de 30, de agosto y 587 de las 10:16 horas, de 19 de julio, todas del 2017; 2018-00223 de las 10:25 horas, de 20 de abril de 2018 y sobre todo la sentencia N.° 2017-0587 de las 10:16 horas, de 19 de julio de 2017, en cuyo voto se desarrollan ampliamente las razones por las cuales se puede afirmar que, como regla general, las competencias en este tipo de asuntos corresponde a los juzgados de tránsito. De acuerdo con este último voto: “…según lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley de Tránsito, una causa tramitada en dicha sede especializada en la que el posible responsable del evento ocurrido es una persona menor de edad, solo puede remitirse a la jurisdicción penal juvenil cuando se esté ante la comisión de un delito o una contravención, no en el caso de daños culposos ni de infracciones administrativas a la Ley de Tránsito. Asimismo, esta sentencia señala que procederá a remitir testimonio de piezas ante el Juzgado Penal Juvenil respectivo cuando las personas menores de edad involucradas sean penalmente imputables, lo que implica necesariamente lo siguiente: a) Que la remisión se hará si la persona es mayor de 12 años y menor de 18 b) B) que la remisión se hará si se está ante la comisión de un delito o contravención c) Que las personas menores de doce años o sin capacidad de culpabilidad devienen inimputables”. Seguidamente, esta resolución afirma que “… la eventual comisión de unos daños culposos por parte del menor infractor no constituye un delito o contravención en nuestro ordenamiento jurídico penal, ni penal juvenil por lo que (…) se está excluido de la persecución penal y de la competencia de los juzgados penal juveniles, conforme a lo establecido en el 28 de la Ley de Justicia Penal Juvenil N.° 7576 que dispone: ### ARTÍCULO 28- Órganos Judiciales Competentes Sobre los hechos ilícitos cometidos por menores, decidirán, en primera instancia, los juzgados penales juveniles y en segunda instancia, los tribunales penales juveniles además, el Tribunal Superior de Casación Penal será competente para conocer de los recursos que por esta ley le corresponden y el juez de Ejecución de la Sanción Penal Juvenil tendrá competencia para la fase de cumplimiento”. Continúa la sentencia diciendo (…) estamos frente a hechos que no son constitutivos ni de un delito ni de una contravención, sino que se trata simplemente de una infracción de tránsito con posibles daños culposos, los cuales solo pueden generar responsabilidad civil, más no penal. Adicionalmente, se aborda en la sentencia citada, la importancia de comprender y aplicar adecuadamente los principios rectores de la materia penal juvenil, según los cuales no se justificaría de ninguna manera que un asunto en el que no media delito ni contravención, se tramite por la vía penal. Menciona, tal sentencia, que la especialidad de la justicia penal juvenil se activa precisamente en el momento en que estamos frente a un hecho de naturaleza penal, pues lo contrario, esto es, aplicar la legislación penal a hechos de otras materias, sería claramente excesivo y contrario a la lógica y los principios de la justicia penal juvenil. Finalmente, la Sala Tercera resuelve por mayoría sobre el conflicto de competencia indicando que es el Juzgado de Tránsito el despacho facultado para instruir la sumaria del caso; salvan el voto dos magistrados. El juzgado de tránsito, por consecuencia de lo esgrimido por la Sala Tercera, se ve limitado a resolver por el fondo sobre menores de edad, por lo que el propietario del vehículo o los vehículos involucrados deben acudir a la vía civil para cobrar los daños patrimoniales causados sobre su bien. Razón por la cual, este proyecto de ley modifica el artículo 176 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N.° 9078, toda vez que pretende brindar una solución para erradicar la imprecisión conceptual derivada de la jurisprudencia y en donde se ha omitido lo que expresamente indica el artículo 1 de la Ley Penal Juvenil N.° 7576, el cual incluye las contravenciones. Adicionalmente, se desconoce lo que se indica en tesis mediante resolución N.° 2016-0203 de las 10:35 horas, de 16 de junio de 2016 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, del Segundo Circuito Judicial de San José, que resuelve sobre las contravenciones de tránsito en las que puede incurrir un menor de edad, y señala que: (…) Es importante establecer que las conductas cometidas por una persona menor en la falta del deber de cuidado de las normas de conducción vial tuteladas por la Ley de Tránsito vigente constituyen CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO. Finalmente, se debe tomar en consideración los argumentos de los magistrados suplentes Rafael Segura Bonilla y Jorge Enrique Desanti Henderson, quienes consideraron que el órgano competente para seguir conociendo de esta causa es el Juzgado Penal Juvenil en razón de las siguientes circunstancias: 1- Nos encontramos frente a un proceso donde participa como infractor una persona menor de edad y el argumento que la competencia, de conformidad con la Ley de Tránsito, la confiere al juez Penal Juvenil, es por aplicación del principio de especialidad, el cual (…) se encuentra regulado en los artículos 7, 41 y 48 de la Constitución Política 2- La Ley de Justicia Penal Juvenil establece la competencia del juez Penal Juvenil, circunscrita a conocer de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o en las leyes especiales. Además, la Ley de Tránsito, en su artículo 176, por disposición del legislador, le estableció otra competencia al juez Penal Juvenil, como lo es el conocimiento de los accidentes de tránsito en donde esté involucrado una persona menor de edad . 3- En materia procesal penal solo es de aplicación la Ley de Justicia Penal Juvenil, única legislación que ha establecido un procedimiento especializado para el juzgamiento de las personas que han cometido un ilícito penal durante su minoridad. Bajo esta tesitura, consideramos necesario destacar que lo único que regula la normativa especial de tránsito es lo correspondiente a determinar el órgano competente en tratándose de menores de edad, pero no con respecto al procedimiento, el cual incluso permite el juzgamiento en ausencia, lo que contraviene el corpus iuris de niñez y adolescencia. 4- Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la ley establece que el juez Penal Juvenil es competente para definir y garantizar el principio de especialización, en consecuencia, debe regirse por el procedimiento especializado que regula la materia penal juvenil en la tramitación de este tipo de causas. Así, en el voto N.° 2015-00228 del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, de las once horas diecisiete minutos, del ocho de junio de dos mil quince, el cual a su vez menciona una consulta de constitucionalidad que se había hecho a la Sala Constitucional, se estableció en lo que interesa: En este caso, no solo los jueces penales juveniles tienen la posibilidad de decidir sobre el proceso, sino que están en la obligación de hacerlo. La ausencia de un proceso específico, no tiene la consecuencia –como parece creer la consultante— de eximir al juez, mucho menos al penal juvenil, de la obligación de observar los principios rectores de la materia. La falta de indicación expresa de un procedimiento (en la ley de tránsito), no significa que no exista ninguno ni mucho menos autoriza al juez a seguir un procedimiento que él mismo considera lesivo para los derechos del menor de edad. En el fondo la jueza parece simplemente plantear la siguiente hipótesis: ¿si al conocer asuntos de tránsito el juez Penal Juvenil decide dejar de lado las garantías procesales propias de la jurisdicción penal juvenil, actúa inconstitucionalmente? Es claro que sí y que también sería inconstitucional una norma que le prescribiera tal cosa, pero en ningún momento el artículo 164 le ordena hacerlo. Todo lo contrario, los asuntos de tránsito se remiten a la jurisdicción penal juvenil precisamente con el fin de que el juez especializado haga valer esas garantías. (…) En todo caso, la determinación en abstracto sobre qué penas o procedimientos se deben aplicar es una cuestión de legalidad que no le corresponde definir a esta Sala IV. Dado lo anterior, se dilucida que las contravenciones se encuentran al amparo del artículo 1 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y que la ausencia de un procedimiento especial en la ley de tránsito no es excusa para que el Juzgado Penal Juvenil pueda y deba aplicar los principios rectores en esa materia para atender estos casos. Por otra parte, se debe abordar la importancia de comprender y aplicar adecuadamente los principios rectores de la materia penal juvenil, que se detallan a continuación y según los cuales no se justificaría, de ninguna manera, la imposibilidad del Juzgado penal juvenil de tramitar un asunto en donde no media delito o contravención: Interés superior de la persona menor de edad El principio del interés superior del niño o el interés superior del menor, es definido doctrinariamente como: " conjunto de acciones y procesos enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna para las niñas y los niños...". A nivel doctrinario tanto nacional como internacionalmente es un concepto triple; es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento, a saber: - COMO DERECHO del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración que sea primero al ser sopesado con otros intereses en una decisión sobre una cuestión que le afecta. Se materializa en que previo a cualquier medida respecto de ellos, se adopten las que promuevan y protejan sus derechos y no las que los disminuyan o eliminen. - PRINCIPIO si una disposición jurídica admite una o más interpretaciones, se elegirá la interpretación que satisfaga este interés. Como principio es parte e informa a la globalidad del ordenamiento por ende debe ser el norte del legislador y además como pauta hermenéutica, presente en la normativa infra constitucional, como del derecho constitucional y todos aquellos tratados o convenios suscritos por el país; por ende de obligatorio acatamiento para las autoridades de los otros Poderes públicos en lo atinente a sus competencias. Como principio no le es oponible norma o decisión alguna –administrativa o judicial- que le contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en liza la aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol de cada principio en el caso particular. Como principio, no cuenta con una definición exacta, ni una lista taxativa de sus alcances, por lo que su desarrollo, aplicación, límites, alcances y protección, se encuentran a cargo del legislador. Ya que el cuidado especial de los menores se encuentra a cargo del Estado, de su familia y de la sociedad, el diseño de los procedimientos, límites, mecanismos, requisitos, políticas e instancias correspondientes para garantizar esos derechos reconocidos por el Derecho de la Constitución, es potestad discrecional del legislador. - COMO UNA NORMA DE PROCEDIMIENTO siempre que se deba tomar una decisión que les afecte, el proceso necesariamente deberá incluir una estimación de las posibles consecuencias de esa toma de decisión en sus intereses. Se debe evaluar para determinar si requiere otras garantías procesales diferentes o especiales. Forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y jurisdiccional relacionada con las personas menores de edad, a fin de garantizar el debido y efectivo respeto de sus derechos fundamentales. Siendo regulado a nivel internacional en los artículos 3 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ( aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley N.° 7184, de 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta N.° 149, de 9 de agosto de 1990), por eso el Estado costarricense tiene el deber fundamental de promover y asegurar las condiciones necesarias para garantizar su bienestar en todos los niveles. Ampliamente reconocido además a lo largo de la Constitución Política, además, en varios de sus artículos, específicamente, en los artículos 51 y 55, de los cuales de forma expresa se desprende el interés del Constituyente, en garantizar una protección especial del Estado hacia las personas menores de edad. Principio de Especialidad La Convención sobre los Derechos del Niño compromete a los Estados Partes a tomar todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue, acuse o declare culpables de haber infringido las leyes penales. Asimismo, recomienda la implementación de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños y/o adolescentes no tienen capacidad para infringir esas leyes. De esta manera se configura un límite decisivo para regular dos sistemas penales diferenciados: por una parte, el Sistema Penal para personas menores de edad (destinado a los jóvenes infractores y presuntos infractores hasta los 18 años de edad) y, por otra parte, el Sistema Penal General, que establecido para el conocimiento de las acciones de los infractores mayores de edad. A partir de esta diferenciación, las normas internacionales de derechos humanos establecen que el Sistema de Justicia Penal que intervenga en los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad debe ser especializado. De manera que este régimen comporta la creación de un sistema especializado de normas y procedimientos para regular y sancionar, de ser sancionado, de ser necesario, el accionar de las personas menores de edad, con funcionarios especialmente capacitados en cuestiones relativas a los derechos de niños y adolescentes y competencia específica para actuar cuando los delitos sean cometidos por personas menores de 18 años de edad. En este mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado en la Opinión Consultiva -17/2002 en sus párrafos 98, 109 y 120 y en las directrices de Las Naciones Unidas Para La Prevención de la Delincuencia Juvenil ( Directriz 52°) que el sistema amplio de justicia de niños y adolescentes requiere además la implementación de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores especializados u otros representantes encargados de prestar al menor asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. Además, recomienda a los Estados Partes que instituyan tribunales de niños y adolescentes como entidades separadas o como parte de los tribunales regionales o de distrito existentes. Cuando esta exigencia no pueda hacerse de manera inmediata por motivos prácticos o presupuestarios, los Estados Partes deben velar por que se nombren a jueces y funcionarios especializados de menores en conflicto con la ley penal. Por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5.5 establece que cuando los niños y/o adolescentes puedan ser procesados, deberán ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. La exigencia del Principio de Especialidad es requerida, también, por las Reglas de Beijing - 2.3, 6.1, 6.2 6.3 y 22 - que tratan varios aspectos importantes de una administración de justicia penal de niños y/o adolescentes eficaz, justa y humanitaria, exigiendo que los funcionarios ( jueces, fiscales, defensores oficiales) deben ser seleccionados teniendo en cuenta ciertas cualidades y experiencia y, a su vez, deben estar especialmente capacitados para poder abordar los delitos juveniles. La competencia y el profesionalismo son los instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio excesivo de facultades discrecionales de los jueces. Por ello, se hace especial hincapié en la idoneidad profesional y en la capacitación de los expertos como un medio valioso para asegurar el ejercicio prudente de las facultades discrecionales en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal. (Véase parra. 120 OC 17/2002). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere al Principio de Especialidad en el caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay”, de 2 de septiembre de 2004, serie C. N.° 112, párr. 210/ 211, sosteniendo que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal. A la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referida jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley, así como sus leyes y procedimientos correspondientes, deben caracterizarse, por los siguientes elementos: 1- La posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales; 2- En el caso de que un proceso judicial sea necesario, el Tribunal dispondrá de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológico para el niño durante el procedimiento, control respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y regulación de la publicidad del proceso; 3- Dispondrá también de un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de niños y; 4- Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales. La justicia penal juvenil es especializada por así requerirlo el orden supranacional. Ello es así, por que el niño y/o adolescente es una persona, un sujeto de derecho, que exige ser tratado con todas las garantías constitucionales, más una particularidad, cual es el hecho de que se debe atender a su peculiar proceso de formación, especialmente cuando el déficit cultural y educativo lo han colocado en contacto con el sistema penal. Así, es evidente que por el principio de especialidad se requiere la organización de una justicia especializada, flexible y diversa, para juzgar a las personas menores de 18 años de edad. Su razón de ser está en el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, si se interviene a tiempo, la recuperación del sujeto transgresor en una proporción superior a la de los infractores mayores de edad. La psicología evolutiva entiende que el adolescente en conflicto con la ley penal es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos contrarios al ordenamiento penal, no debe ser de castigo, toda vez que deben las autoridades al idus corrigendo en lugar de un idus puniendo propio de un proceso penal de adultos, procurando su integración social, evitando en todo momento que sea privado de su derecho fundamental a la educación. Aquí el término educación, como uno de los objetivos fundamentales del derecho penal juvenil, no debe ser entendido en el sentido tradicional de la palabra, es decir como la transmisión de un conjunto de valores basados en la tradición, la instrucción, los conocimientos, etc. sino como la búsqueda de un objetivo de toma de conciencia. Es por eso que este especial derecho penal debe servir para la educación, haciendo que el joven tome conciencia del hecho y de la existencia de límites. Bajo estas premisas, es evidente que para el conocimiento de las infracciones a la Ley de Tránsito, debe respetarse este principio de especialidad, que salvaguarde la posición de la persona menor de edad frente al sistema de administración de justicia que le evaluará en su accionar presuntamente infractor; máxime que no puede dejarse de lado que la materia en cuestión no solo acarrea la imposición de una sanción, sino también, y como correlativo de la responsabilidad que se ha definido en el proceso, la obligación de cumplir con un deber indemnizatorio, sin dejar de lado que estos extremos son de orden personalísimo, encontrándonos ante la disyuntiva de que el menor infractor, en casi la totalidad de los casos, no estará en posición factible de dar cumplimiento al extremo indemnizatorio, ni mucho menos a la sanción pecuniaria prevista actualmente en la legislación para estos casos. Jerarquía de las sanciones penal juvenil Desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas menores de edad, todo niño en primer lugar tiene el derecho de ser niño, y por tanto de ser diferente en necesidades, respecto de los adultos, siendo obligación de los Estados reconocer estas diferencias, y permitir desde la diversidad, el ejercicio pleno de derechos y obligaciones como sujetos de derechos. La doctrina de la protección integral parte de que toda persona menor, llamada niño, niña o adolescente, tiene el derecho a la protección del Estado, sociedad y familia, y a un desarrollo pleno de sus capacidades, así como a que sus necesidades económicas, físicas, afectivas, emocionales, educativas, médicas, entre otras, sean satisfechas. Si bien la regulación de la condición de la niñez se conoce en dos caminos, "protección" y "responsabilidad", estableciéndose diferentes vías y procesos para el trato al niño víctima de violación de derechos en relación al niño en conflicto con la ley penal, en ambos casos se trata de personas menores de edad, en condición de vulnerabilidad en razón de la edad y dependencia frente a los adultos, pero principalmente son poblaciones que están bajo el amparo del sistema de protección integral, regidas por los principios de interés superior de la persona menor, desarrollo integral y mínima intervención. Lo anterior implica que, independientemente de que se trate de un niño víctima o un niño infractor, una persona menor tiene, por su condición propia de ser menor de edad, el derecho de exigir del Estado y la sociedad el acceso real a sus derechos. En Costa Rica, la regulación jurídica de las personas menores de edad, producto de las obligaciones contraídas con la suscripción y aprobación de la Convención sobre los derechos del niño, está contenida en dos normas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Justicia Penal Juvenil, normas que regulan protección y responsabilidad, lo cual no implica que aquellos niños que se encuentren bajo la regulación de la segunda se encuentran excluidos de los derechos, garantías y protección de la primera. Toda persona menor de edad, independientemente de que se encuentre en conflicto con la norma penal, tiene derecho a la protección de las leyes especiales que regulan su condición. El artículo 1 de la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia establece: 1°. Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código. El artículo 3 del mismo cuerpo normativo regula su ámbito de aplicación y es claro en indicar que no existe ningún tipo de exclusión o discriminación en esta, considerando los derechos y garantías para las personas menores irrenunciables, intransigibles y un asunto de interés público. Expresamente el artículo 3 indica lo siguiente: ### Artículo 3°. Ámbito de aplicación Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas. Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransigible. Las personas menores sometidas al proceso de transito no están fuera del marco de protección integral que brinda el Código de Niñez y la Adolescencia. En el capítulo II del Código de la Niñez y la Adolescencia, titulado Proceso Especial de Protección, se regula el procedimiento administrativo y judicial tendiente a proteger, incluso hasta de sus propias conductas, a las personas menores cuyos derechos y garantías fundamentales podrían estar siendo violentadas. El proceso especial de protección se encuentra regido por el principio de interés superior de la persona menor, pero debe garantizar el principio de defensa y debido proceso. Este análisis no es constitutivo de arbitrariedad ni lesiona un derecho fundamental contra las personas menores de edad infractoras, así como tampoco, vulnera el interés superior de esta población Por estas consideraciones, someto a la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY QUE DEFINE LA COMPETENCIA POR MATERIA SOBRE CASOS DE MENORES DE EDAD PRESUNTOS DE INFRINGIR LA LEY DE TRÁNSITO ### ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 176 de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, y sus reformas ### Artículo 176- Imputados personas menores de edad Si alguno de los imputados es menor de dieciocho años y mayor de 12 años, el juzgado de tránsito se declarará incompetente en relación con estos hechos, y testimoniará piezas al Juzgado Penal Juvenil para su conocimiento sin perjuicio de remitir igualmente para lo de su cargo al PANI cuando se tratara de personas imputadas menores de 12 años, antes de que transcurran seis meses de la fecha consignada en la boleta de citación y continuará con el procedimiento respecto de las personas mayores de edad si las hubiere. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil objetiva directa del propietario del vehículo o los vehículos involucrados, de conformidad con el artículo 199 inciso f) de esta ley y ante la autoridad civil correspondiente. Rige a partir de su publicación. Daniel Isaac Ulate Valenciano Diputado 4 de marzo de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21814). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.