Archivado el proyecto que iba a registrar uniones de hecho

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE REGISTRO VOLUNTARIO DE UNIONES DE HECHO PARA FINES FILIATORIOS

OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ DIPUTADO

EXPEDIENTE N° 21.816

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY DE REGISTRO VOLUNTARIO DE UNIONES DE HECHO PARA FINES FILIATORIOS

Expediente N.° 21.816

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Presento e impulso este proyecto de ley, iniciativa de la ciudadana Mauren Solís Madrigal, quien a raíz de su práctica profesional como jueza de Familia puede afirmar que, desde hace varias décadas, en nuestro país la forma prioritaria de fundar una familia ya no es el matrimonio. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones son muy claras: las personas ya no contraen matrimonio y, si lo hacen, de forma temprana se genera una impresionante cantidad de divorcios que incluso puede ser superior si se considera que, tal vez, la generalidad de juzgados de Familia del país no cumplen con la obligación de registrar oficiosamente todo divorcio, tal como fue ordenado desde hace varios años por el Consejo Superior del Poder Judicial mediante circular N.° 29-2012 así: “I. Los Jueces y Juezas de Familia en todos aquellos procesos cuyas sentencias sean objeto de inscripción ante el Registro Civil, tienen la obligación de expedir de oficio la ejecutoria RESPECTIVA, una vez firme la sentencia, y esta debe hacerse llegar al citado Registro. En aquellos casos en que sea necesaria la inscripción de la ejecutoria en el Registro Público, se debe emitir una resolución instando a las partes a la respectiva inscripción. El objetivo de esta recomendación es procurar que todas las sentencias sean debidamente inscritas cuando así corresponda, para evitar en años futuros dificultades, ante la eliminación de expedientes y queden sentencias sin inscribir o sin ejecutar”. A todo esto se suma que la mayoría de nacimientos en nuestro país provienen de mujeres no casadas.

Es evidente también que muchas personas no conviven con su pareja matrimonial pero no disuelven el vínculo e inician una convivencia con otra persona, generando entonces uniones de hecho irregulares cuya posibilidad de ser reconocidas judicialmente fue declarada inconstitucional mediante resolución 3858-99. No obstante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que ese tipo de unión sí puede generar efectos en el campo de seguridad social, por ejemplo. Al respecto, puede ser consultado el voto 8689-2019.

El análisis estadístico efectuado por el Departamento de Planificación del Poder Judicial, con respecto a juzgados de Familia, indica que para el año 2017, a nivel nacional, fueron presentados en estrados judiciales 3192 divorcios contenciosos, 11589 procesos de divorcio por mutuo acuerdo, 1155 procesos de autorización de reconocimiento de hijo (a) de mujer unida en matrimonio, 530 investigaciones de paternidad y 571 procesos de reconocimiento de unión de hecho. Además, 1461 matrimonios fueron iniciados en la vía judicial. Nótese que son apenas planteados en vía judicial, puesto que no necesariamente llegan a concretarse ya que las personas suelen abandonar el trámite que, si bien es sencillo, les da la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente quieren. Entonces, de la totalidad de asuntos ingresados en materia de Familia a nivel nacional en el año 2017, sean 29714 procesos, el 50,66% corresponde a divorcios, es decir, 14781 causas.

Para el año 2018, las estadísticas analizadas por el citado Departamento son similares: ingresaron 28577 asuntos, de ellos, 3012 fueron divorcios contenciosos, 514 reconocimientos de unión de hecho, 500 procesos de investigación de paternidad, 10889 divorcios por mutuo acuerdo y, 1095 reconocimientos de hijo (a) de mujer unida en matrimonio. Además, 1358 matrimonios. Entonces, de los 28755 asuntos ingresados ese año, el 48,64% fueron divorcios y los matrimonios ingresados en vía judicial disminuyeron 7,04%. Esto permite concluir que incluso considerando la disminución de matrimonios en vía judicial, la cantidad de divorcios se mantuvo como en el año anterior, o bien, aumentó.

Para mayor comprensión, los anuarios judiciales desde el año 2015 al 2018, en lo que interesa para este proyecto de ley, muestran el siguiente ingreso de asuntos en la jurisdicción de familia a nivel nacional:

AÑO INGRESO DIVORCIOS DIVORCIOS POR MUTUO ACUERDO RECONOCI-MIENTO UNIÓN DE HECHO INVESTIGA-CIÓN DE PATERNIDAD AFIRMA-CIÓN DE PATERNIDAD RECONO-CIMIENTO HIJO MUJER CASADA MATRIMO-NIOS

2015 29884 3486 11538 649 700 31 1174 1162

2016 29922 3359 11566 590 614 59 1231 1248

2017 29714 3192 11589 571 530 49 1155 1461

2018 28577 3012 10889 514 500 59 1095 1358

Las estadísticas judiciales se refuerzan con la información estadística suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Según esa fuente, en el año 2017, solamente hubo 26184 matrimonios y de ellos 18348 fueron civiles y 6931 católicos. Además, fueron inscritos 905 matrimonios realizados en el extranjero. En ese año hubo 54692 nacimientos. Como complemento, en ese año fueron inscritas 226 investigaciones de paternidad y 12661 divorcios, así como 76 inscripciones de sentencias de divorcio dictadas en el extranjero (exequátur). Fueron inscritos, además, 22411 reconocimientos y fueron recibidas 3815 solicitudes de determinación de paternidad en vía administrativa y, de ellas, en 3419 el señalado como presunto padre fue costarricense y las actoras fueron 3427 mujeres costarricenses, mientras que solamente en 341 asuntos el presunto padre es de nacionalidad nicaragüense y 332 madres tienen esa nacionalidad. Del total de solicitudes de declaratoria de paternidad en las que fue realizada la prueba de ADN (2975), 2242 dieron positivo y 733 negativo. Es decir, el 75,4% de los casos en los que sí fue realizada esa prueba, el resultado fue positivo.

Esa misma fuente determina que para el año 2018 fueron inscritos 49355 nacimientos; 23249 matrimonios y, de ellos, 7421 fueron matrimonios católicos y 13157 civiles, así como 2671 matrimonios realizados en el extranjero. Además, fueron inscritos 11003 divorcios, 64 exequátur de divorcio, 250 investigaciones de paternidad y 21891 reconocimientos. Para ese año, se incrementaron las solicitudes de determinación de paternidad pues fueron planteadas 5277 y, de ellas, en 4765 fue señalado como presunto padre un costarricense y 4859 declarantes fueron madres costarricenses; 461 presuntos padres nicaragüenses y 388 madres de esa nacionalidad. De la totalidad de asuntos en los que fue practicada una prueba de ADN (2763), 1999 tuvieron como resultado positivo y 764 negativo. Es decir, de 2763 pruebas practicadas, 72,3% generaron resultados positivos.

Es importante señalar también el costo que genera para el Estado la elaboración de la prueba de ADN y, además, lo importante que resulta mejorar los tiempos de respuesta para determinar filiaciones. En el primer caso, cada prueba de ADN elaborada por el Laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un costo alto si se considera que, en campo privado, el costo es cercano a los doscientos mil colones por cada prueba. En consecuencia, es posible que en promedio, desde el año 2004 al año 2019 se haya invertido, por año, poco menos de cuatrocientos millones solamente en el Laboratorio de Pruebas de ADN citado, es decir, más de 6.000.000 millones de colones durante ese período. A esto se suma el tiempo de espera, pues en promedio, desde la primera intervención de ese Laboratorio hasta el momento en que se genera el resultado de la pericia, la persona menor de edad permanece varios meses sin filiación paterna. Por supuesto, a este tiempo hay que sumar lo que tarda la tramitación del proceso administrativo de investigación de paternidad ante el Registro Civil. Nótese que al año dos mil dieciséis, poco menos de setenta y tres mil mujeres hicieron uso de la Ley de Paternidad Responsable.

En consecuencia, conforme aumenta la demanda de pruebas de ADN ese Laboratorio tiene mayores costos operativos y, por supuesto, es posible que el tiempo de respuesta se mantenga en meses, o bien, aumente. Todo este tiempo “niño (a)” es la madre quien asume en soledad y con evidente recargo, la satisfacción de las necesidades de la criatura y ella, en lo personal, ve disminuido su patrimonio así como limitado su proyecto de vida como ser humana, profesional, estudiante, etc. Ante estas circunstancias, es usual que la mujer postergue o anule su proyecto de vida para dar sustento a la persona menor de edad e incluso, ni siquiera con la filiación paterna establecida, es seguro que el padre realmente asuma la responsabilidad económica con la prontitud y el recargo que conlleva para la madre, pues según datos suministrados por el Observatorio de Género del Poder Judicial, las pensiones alimentarias en promedio ascienden a poco más de cien mil colones mensuales, es decir, tres mil trescientos treinta y tres colones por día partiendo de un mes con treinta días. Es evidente que esa suma, distribuida entre al menos cinco tiempos de alimentación, asciende a seiscientos sesenta y seis colones, suma que difícilmente permitiría atender las necesidades alimentarias básicas de una persona menor de edad y menos si tiene alguna discapacidad que genere la necesidad de una canasta alimentaria particular. Entonces, todo lo demás que una eventual pensión alimentaria no cubre lo aporta la madre, quien además aporta el cuidado diario, aporte que conforme a los artículos 5.a, 13.a y 14.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra La Mujer debe considerarse como parte de su contribución a la obligación alimentaria solidaria. Además, según la Ley número 9325 -Ley de contabilización del aporte del trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica- la mujer participa de la "economía de cuidado" que se refiere al "trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado". Esa ley advierte que esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en una sociedad.

Para mayor comprensión, ese instrumento normativo indica en el artículo 3 que "se consideran actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, entre otras, las siguientes: a) La organización, distribución y supervisión de las tareas domésticas. b) La preparación de alimentos. c) La limpieza y el mantenimiento de vivienda y enseres. d) La limpieza y el mantenimiento del vestido. e) El cuidado, la formación e instrucción de la niñez (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares). f) El cuido de las personas adultas mayores y enfermas. g) Realizar compras, pagos o trámites relacionados con el hogar. h) La limpieza y el mantenimiento de bienes de uso familiar. i) Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, amigos y vecinos. La presente clasificación no excluye otras actividades que se puedan incorporar en su oportunidad". Además, una reciente publicación advierte que el trabajo de “ama de casa”, si fuera pagado, ascendería a trescientos cuarenta y dos mil colones mensuales. La publicación señala: “ (…) Esta cuenta -Cuenta Satélite del Trabajado Doméstico No Remunerado (TDNR), dada a conocer el mes pasado por el Banco Central de Costa Rica, la cual tomó como base la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del año 2017- determinó que el trabajo doméstico no pagado en Costa Rica, en ese año, equivalió al 25,3% del Producto Interno Bruto (PIB, toda la riqueza producida en un año en el país), unos ¢8,34 billones anuales. Además, demostró que este tipo de trabajo está recargado en las mujeres: el 71% fue realizado por ellas (18% del PIB; ¢5,95 billones) y el 29% por hombres (7,38% del PIB; ¢2,38 billones). La actualización de esas cifras al 2019, suponiendo que el peso de estas actividades en relación con el PIB se mantuviera, dio como resultado que este año el TDNR equivale a ¢9,2 billones, de los cuales ¢6,57 billones corresponden a trabajo realizado por mujeres y ¢2,63 billones a trabajo realizado por hombres”. Ignoro si ese cálculo toma en consideración la atención de personas adultas mayores y de personas con discapacidad.

Entonces, las mujeres, cuyo hijo (a) no tiene filiación establecida y fue procreado en unión de hecho regular o irregular, asumen una maternidad sobrecargada porque el Estado no ha dado la oportunidad de que su unión sea registrada y con ello evitar, precisamente, que personas menores de edad no cuenten con filiación paterna lo más pronto posible. En el caso de hijos (as) de mujeres que procrearon hijos (as) y no están en unión de hecho regular o irregular, queda siempre la posibilidad de emplear la Ley de Paternidad Responsable como hasta ahora, e incluso podrán hacer uso de esa ley las mujeres en unión de hecho cuando no exista registro de la unión y el varón no haga el reconocimiento de su paternidad.

Las estadísticas del INEC reportan que para el año 2017, de los 68811 nacimientos, en 22830 se trató de hijos (as) de madres solteras y 24329 en "unión libre" así como, solamente 19898 nacimientos provino de mujeres unidas en matrimonio. En este último caso, no se conoce si se encontraban separadas de hecho. Además, en el año 2018, se registraron 68479 nacimientos y de ellos, 24140 correspondieron a hijos (as) de mujeres solteras, 23277 a mujeres en "unión libre" y 19267 a mujeres unidas en matrimonio, también con la observación de que no se conoce si estaban en separación de hecho. La inexistencia de datos de hijos (as) nacidos de mujeres casadas pero separadas de hecho es relevante porque es un tema relacionado con impugnaciones de paternidad, autorización de reconocimientos de hijo (a) de mujer casada y declaratorias de hijo (a) extramatrimonial, así como filiación de hijos (as) de parejas en unión de hecho irregular.

Si bien nuestro país experimenta una disminución en la natalidad, la tasa de nacimientos en los últimos dos años se mantiene y en su mayoría las personas nacen de madre no unida en matrimonio pero, especialmente, de mujeres en unión de hecho y no se sabe si se trata de unión de hecho regular o irregular. Este dato sobre nacimientos incide directamente en el presupuesto del Laboratorio de Pruebas de ADN de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para mayor comprensión, específicamente 47606 personas nacieron en los dos últimos años de mujeres en unión de hecho y 46970 de mujeres solteras, mientras que solamente 39165 nacimientos provienen de mujeres casadas, aunque no se sabe si separadas de hecho.

Incluso, en el primer semestre del año en curso, el INEC indica que nacieron 31801 personas y de ellas,11930 provienen de madre soltera, 8777 de madre unida en matrimonio y 10224 en unión de hecho. Como se indicó, se ignora si las mujeres casadas que dieron a luz se encontraban separadas de hecho y si las que dieron a luz, estando en unión de hecho, se trataba de unión de hecho regular o irregular.

A partir de todo lo expuesto, es claro que la mayoría de la población en nuestro país nace de mujeres en unión de hecho. Lo más extraño es que solamente en los últimos dos años, 1085 procesos de reconocimiento de unión de hecho fueron tramitados en vía judicial y no se sabe si fueron declarados o no con lugar. Incluso, desde el año 2015 al 2018 solamente fueron planteados en la vía judicial 2324 procesos de reconocimiento de unión de hecho. Este bajo número probablemente obedezca a factores como: desconocimiento de que es posible el reconocimiento de la unión aunque no haya finalizado; situaciones de violencia; que las uniones no llegan a cumplir más de tres años para ser reconocidas judicialmente conforme al artículo 242 del Código de Familia pues, si existe alta tasa de divorcios, es posible suponer que también la tasa de finalizaciones de uniones de hecho es alta; desconocimiento de la posibilidad de reconocer la unión en vía judicial; imposibilidad de reconocer una unión de hecho irregular, es decir, aquellas uniones donde una de las partes tiene impedimento para contraer matrimonio por un enlace matrimonial no finalizado, etc.

Ahora bien, desde hace varios años la jurisprudencia constitucional ha marcado la pauta flexibilizando la legislación sobre uniones de hecho, pues el tema patrimonial no lo es todo. Por ejemplo, para el derecho procesal penal constitucional, es decir, para la aplicación del artículo 36 constitucional, no es necesario ni siquiera tener una sentencia firme o no que reconozca la unión para abstenerse de declarar. En este sentido, pueden ser consultadas las resoluciones constitucionales 1151-1994 así como 1153-1994 y 2934-1993. De igual forma, para fines migratorios, según resolución constitucional número 748-2012, es posible reconocer unión que no ha finalizado para tener acceso a pasaporte diplomático. Como complemento, conforme a la resolución constitucional 5266-2003, no se reconoce la unión únicamente en la jurisdicción de familia y tampoco únicamente porque finalizó. Además, mediante resolución constitucional 7521-2001, la Sala Constitucional determinó que convivientes pueden adoptar. En sentido similar, ese Tribunal ha reconocido el derecho de convivientes a beneficios de clubes sociales 11016-03 y la unión de hecho como un factor a considerar por las autoridades de la Dirección General de Migración y Extrajería en temas de deportación, véase al respecto el voto 6376-2003. Incluso, en el año en curso, ese Tribunal ha dicho que no se requieren tres años de convivencia para que sea posible asegurar a la conviviente 12758-2019 e incluso la unión de hecho y la seguridad social han sido ampliamente tratados también en los votos constitucionales 18017-19 y 20038-2019. Todo esto porque los efectos patrimoniales de la unión de hecho no deben confundirse con otro tipo de efectos.

Además, cuando se trata de la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra La Mujer, no se exige el reconocimiento de la unión de hecho pues ese reconocimiento es exigible para temas patrimoniales y no penales. Así lo ha resuelto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En un sentido similar, no se requiere reconocimiento judicial de la unión de hecho para la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica ni para afectar al patrimonio familiar. Hoy en día también el tema se ha flexibilizado tanto que las parejas homosexuales en unión de hecho pueden asegurar a su pareja y ello equivale, entonces, a una especie de registro administrativo de uniones de hecho con fines de salud e incluso ya existen casi dos mil parejas del mismo sexo cubiertas por el seguro de salud pero, además, ya existe el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Migratorios a parejas del mismo sexo.

Ahora bien, la flexibilización debe ir más allá, pues la ausencia de un registro nacional de uniones de hecho impide, a hijos (as) nacidos de padres en esa modalidad de fundar familia, ser cubiertos de forma automática por la presunción de paternidad que se encuentra establecida desde hace veinticuatro años en el artículo 92 del Código de Familia, párrafo segundo y que dice:

" La calidad de padre o madre se puede establecer mediante la posesión notoria de estado del hijo por parte del presunto padre o madre, o por cualquier otro medio de prueba.

Se presume la paternidad del hombre que, durante el período de la concepción, haya convivido, en unión de hecho, de conformidad con lo indicado en el Título VIi de este Código".

Como los matrimonios sí deben inscribirse en el Registro Civil, la presunción de paternidad establecida en los artículos 69 y siguientes del Código de Familia tiene su aplicación práctica a partir del registro del enlace. Se trata de un hecho objetivo sujeto a publicidad registral en el que la persona registradora se basa para inscribir a una persona como hija de otra. No obstante, en el caso de las uniones de hecho, al no existir un registro de estas, no es posible que el Registro Civil aplique de forma automática la presunción establecida en el artículo 92 párrafo segundo del Código de Familia.

En consecuencia, al no existir tal registro de uniones, las mujeres en unión de hecho, cuyas parejas deciden no reconocer a los (as) hijos (as) procreados (as), se ven en la necesidad y el derecho de acudir a la vía administrativa para procurar la declaratoria de paternidad, o bien, acudir a la vía judicial para investigar la filiación paterna, e incluso, al hombre en unión de hecho a quien la madre no le permite reconocer a la criatura tiene la opción de acudir a la vía judicial para que se defina su paternidad. Dicho sea de paso, según los anuarios de estadísticas judiciales del Poder Judicial, entre el año 2015 al 2019 solamente 198 hombres formularon ese tipo de proceso, por lo que es evidente que lo usual es que sean las mujeres quienes busquen establecer la filiación de hijos (as) como una manifestación más de estereotipos que deben ser erradicados del ordenamiento, según artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra La Mujer, que en el inciso a) dice: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombre y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Ha sido una tradición sexista que sea la mujer quien busque de forma incansable la paternidad de sus hijos (as). Esta práctica debe ser erradicada en nuestro país y este proyecto contribuye con esa erradicación.

Como se aprecia, en todos estos casos, existe violación al derecho constitucional previsto en el numeral 53, en el sentido de que toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres y especialmente a la prohibición de dar un trato diferenciado a hijos (as) matrimoniales y extramatrimoniales conforme al artículo 54 constitucional y 4 del Código de Familia. Además, conforme a los artículos 6 y 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño ,así como el 23 del Código de la Niñez y la Adolescencia, es inadmisible que las personas menores de edad nacidas de mujeres en unión de hecho regular o irregular no tengan filiación establecida de manera expedita dando aplicación práctica al artículo 92 párrafo segundo del Código de Familia. Esta demora injustificada atenta contra los derechos de las personas menores de edad y obliga a las mujeres a experimentar una maternidad sobrecargada especialmente en el plano económico, contraviniendo lo establecido en el artículo 5 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra La Mujer.

A todo esto se suma la enorme inversión de fondos públicos para que en vía administrativa y judicial, según corresponda, sean practicas prueba de ADN así como el pago de horas profesionales para que personas expertas practiquen tales pruebas. Es posible que el funcionamiento del Laboratorio de Pruebas de Paternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el año 2001 al presente año, haya invertido más de 6.000.000 millones de colones para su funcionamiento. La inversión de estos fondos públicos en detrimento de los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial podría evitarse si se contempla en el ordenamiento jurídico un Registro nacional voluntario de uniones de hecho en curso y finalizadas para dar aplicación práctica a las presunciones de paternidad contempladas en el Código de Familia, concretando entonces un trato igualitario para la filiación de las personas, sin importar si nacieron o no producto de matrimonio o unión de hecho de sus padres y, como se dijo, evitando también que mujeres deban mendigar la filiación de sus hijos (as) mientras tanto asumen en soledad la atención de las necesidades económicas de sus hijos (as), lo que constituye evidente violencia patrimonial autorizada por el Estado por omisión.

En este punto, es vital considerar que la maternidad sobrecargada impide a la mujer la materialización del artículo 1, 2 inciso f), 5, 10 inciso c), 15 inciso 1) y 2), 16 inciso h) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra La Mujer, así como del artículo 7 inciso d) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”, así como del 2 y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos; la Recomendación General N.° 19, 21 y 35 del Comité de la Cedaw y a la Observación General N.° 28-2000 sobre Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres, con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas.

De igual forma, el Registro nacional voluntario de uniones de hecho en curso y finalizadas permitirá que las autoridades judiciales en materia de pensiones alimentarias puedan fijar alimentos en beneficio de mujeres en uniones de hecho, sus hijos (as) nacidos e incluso, nascituros cubiertos por la presunción ya existente en el artículo 92 citado, pues ese registro constituirá un indicio de la existencia de la unión o al menos su punto de partida. Es claro que la ausencia de registro de uniones de hecho genera perjuicios graves a poblaciones en condición de vulnerabilidad, especialmente a personas menores de edad que no tienen filiación desde que su nacimiento es inscrito, como sí ocurre con personas nacidas bajo presunciones de filiación establecidas legalmente para hijos (as) matrimoniales.

Esta diferencia es odiosa porque ya existe una presunción en el Código de Familia que resulta inaplicable por la inexistencia del Registro de Uniones de Hecho.

Así las cosas, la aprobación de este proyecto permitirá que las personas no tengan que enfrentarse en la vía judicial para definir aspectos que quedarían resueltos de pleno derecho a partir de la creación del citado Registro, evitando así costos para la administración de justicia y el desgaste de la población en conflictos familiares que el Estado está llamado a evitar. Al explorar mediante internet es posible observar que varios países cuentan con registro de uniones de hecho.No hay excusa para que Costa Rica no ajuste su derecho de familia a los avances que operan en otros países.

Para el Poder Judicial este proyecto implicará una disminución paulatina de ingreso de procesos de autorización de reconocimiento de hijo (a) de mujer unida en matrimonio, impugnaciones de paternidad, declaratorias de hijo (a) extramatrimonial, reconocimiento de unión de hecho e investigaciones de paternidad. Esta disminución descongestionará los juzgados de Familia y también las agendas de la Sección de Bioquímica del Organismo de Investigación Judicial, con la consecuente disminución del costo de la justicia.

Para el Tribunal Supremo de Elecciones significará una disminución paulatina de investigaciones de paternidad con fundamento en la Ley de Paternidad Responsable, así como, la instalación de una plataforma informática que permita captar y almacenar la nueva información. Además, para la Caja Costarricense de Seguro Social significará una disminución paulatina de pruebas de ADN. Para el Estado, este proyecto representa una disminución paulatina de gasto de fondos públicos; la verdadera igualdad entre hijos (as) matrimoniales y extramatrimoniales; la erradicación paulatina de prácticas culturales sexistas y, además, armonizar el derecho de familia costarricense con el ordenamiento de otros Estados. Es evidente el beneficio que este proyecto representa para las mujeres en unión de hecho y los nacimientos que de ellas se generen. Además, evitará conflictos de paternidad que generan tensión y costos a las familias.

Por supuesto, el registro será voluntario y quienes decidan no inscribirse tendrán la posibilidad de acudir a la vía judicial para el reconocimiento de la unión como existe en nuestro ordenamiento desde que fue incorporado al Código de Familia el capítulo único sobre Unión de Hecho, mediante la Ley N.° 7532, de 8 de agosto de 1995.

Por todo lo expuesto, el proyecto que propongo dice:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE REGISTRO VOLUNTARIO DE UNIONES DE HECHO PARA FINES FILIATORIOS

ARTÍCULO 1- Inclúyanse los siguientes artículos en el Código de Familia, Ley N.° 5476 y sus reformas:

Artículo 246- Con fines filiatorios, la unión de hecho regular en curso podrá ser registrada por la pareja de forma voluntaria y bilateral ante el Registro Civil.

También puede ser reconocida la terminación de la unión.

El registro operará para permitir la aplicación de la presunción de filiación prevista en el artículo 92, párrafo segundo, del Código de Familia.

A la unión de hecho en curso o a la finalizada, que haya sido registrada de forma voluntaria, será aplicable lo previsto en el título II, capítulo I, II y III del Código de Familia para el emplazamiento y desplazamiento de filiación.

Artículo 247- Si en un proceso judicial de cualquier índole se determina que una persona se encuentra registrada como conviviente de otra pero en realidad no lo es, ello debe ser comunicado al Registro Civil mediante resolución fundada y firme. Contra esa resolución procede únicamente recurso de revocatoria y la resolución solamente se anotará, es decir, no modificará el registro realizado voluntariamente y podrá ser tomada como indicio de finalización de la unión salvo prueba en contrario.

Artículo 248- En caso de que no exista registro voluntario bilateral, para el reconocimiento de la unión será necesario acudir al proceso judicial contencioso previsto en el artículo 242 de este Código y, si existe acuerdo de partes y no hay elementos de fraude de ley, podrá tramitarse el reconocimiento judicial voluntario de la unión de hecho. En ambos casos, la resolución judicial firme adquirirá el carácter de cosa juzgada material.

Artículo 249- El reconocimiento judicial voluntario o contencioso de la unión de hecho requiere el plazo mínimo de convivencia de más de tres años, salvo que haya nacido al menos un hijo (a), en cuyo caso, verificado el nacimiento, procede el reconocimiento de la unión, la cual surtirá todos los efectos patrimoniales en los términos que indica el primer párrafo de esta norma, así como los demás efectos que el ordenamiento jurídico determine.

Artículo 250- Únicamente con fines filiatorios es admisible el registro bilateral voluntario de la unión de hecho irregular en curso o finalizada, a la que serán aplicables los plazos previstos en el título II, capítulo I, II y III del Código de Familia para el emplazamiento y desplazamiento de filiación.

Se entiende por unión de hecho irregular aquella en la que uno o ambos convivientes se encuentran unidos en matrimonio con otra persona.

El marido de la conviviente de hecho irregular podrá accionar judicialmente, si estima que la persona menor de edad nacida bajo presunción de unión de hecho es, en realidad, su hijo (a). La acción se denominará reclamación de paternidad y se tramitará conforme a las disposiciones contempladas en el Código Procesal de Familia.

En general, a la unión de hecho irregular en curso y a la finalizada que haya sido registrada de forma voluntaria será aplicable lo previsto en el título II, capítulo I, II y III del Código de Familia, para el emplazamiento y desplazamiento de filiación.

Artículo 251- Como el registro de unión en curso o finalizadas es voluntario, no podrá exigirse tal registro para hacer efectivo derecho alguno. Si existe registro de la unión en curso o su finalización, será tomado como indicio de una unión en curso o finalizada salvo prueba en contrario.

ARTÍCULO 2- Adiciónese a los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Ley N.° 3504, de 10 de mayo de 1965, lo siguiente:

Artículo 42- El Departamento Civil comprende:

a) ...

b) ...

c) Registro Nacional de Uniones de Hecho en curso y finalizadas.

Artículo 43- (...) Además, se inscribirán las uniones de hecho en curso o finalizadas siempre que medie declaración bilateral de los convivientes con capacidad de consentir. En caso de duda fundada sobre la capacidad de uno o ambos convivientes, se requerirá autorización expedida por un juzgado de familia que determine si la persona goza de facultades para consentir el inicio, o bien, la finalización de la unión de hecho.

La resolución administrativa que deniega la inscripción del inicio o la finalización de la unión de hecho debe ser fundada, lo mismo que la resolución judicial firme que aprueba la inscripción del inicio o finalización de la unión. La competencia territorial judicial queda definida por el lugar de residencia habitual de cualquiera de los convivientes.

Artículo 44- (...) La declaratoria bilateral de uniones de hecho en curso o su finalización será efectuada ante el Registro Civil mediante formulario que al efecto suministre ese Registro y que deberá ser completado y firmado en presencia de funcionario (a) de esa entidad. En caso de que alguno de los convivientes esté imposibilitado de firmar, se requiere la firma de dos testigos que den fe de la voluntad de quien no puede estampar su firma.

Rige a partir de su publicación.

Otto Roberto Vargas Víquez Diputado

05 de marzo de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.