Proyecto para adelantar la plataforma policial se archivó en 2022
El expediente 21.817 proponía que la reforma a la Plataforma de Información Policial entrara en vigencia de inmediato, pero la Comisión de Seguridad y Narcotráfico lo archivó con un dictamen negativo en abril de 2022.
Título oficial ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 9481 "CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA" DEL 13 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUS REFORMAS.
Atención: El proyecto quería adelantar una reforma que permite integrar datos personales de la ciudadanía en la Plataforma de Información Policial, y el expediente se archivó sin que el dossier explique por qué.
La letra pequeña
Encontramos un artículo que no calza con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Ciudadanía en general
La reforma que el proyecto quería adelantar permite que la PIP integre datos personales de la ciudadanía, aunque solo para uso interno de los cuerpos policiales y judiciales.
Decrétese en vigencia la modificación contemplada en el artículo 20 de la Ley N.° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, y sus reformas.
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- A las personas cuyos datos personales podrían entrar a la Plataforma de Información Policial
- Al Organismo de Investigación Judicial, que administra la plataforma
- A las instituciones públicas y empresas privadas que la plataforma quería obligar a compartir datos
A quién beneficia
- El proyecto buscaba dar al OIJ acceso más rápido a datos de instituciones que hoy no los entregan
- La reforma que quería adelantar incluye sanciones para funcionarios que nieguen o retrasen información
Qué cambia
- El expediente quedó archivado y no puede convertirse en ley por esta vía
- La reforma a la Plataforma de Información Policial sigue atada a la entrada en vigencia de la Ley 9481
- La lista de instituciones que no brindaban información incluía CCSS, Jasec, CNFL, Riteve, Movistar, Claro, TSE, Racsa, Coopesantos y municipalidades
La explicación completa
Qué propone
El expediente 21.817 ya no está en trámite: la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico lo archivó el 21 de abril de 2022 con un dictamen unánime negativo 1.
El proyecto tenía un solo artículo. Proponía poner en vigencia de inmediato la modificación del artículo 20 de la Ley 9481, que reforma la Plataforma de Información Policial (art. único).
La Ley 9481 se aprobó el 13 de setiembre de 2017 y reformó el artículo 11 de la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada 2. Esa reforma añade los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater a la Ley 8754.
El artículo 11 de la Ley 8754 crea la Plataforma de Información Policial (PIP) dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 3. La plataforma sirve para consultar datos de fuentes públicas y privadas en investigaciones judiciales y de seguridad pública.
Los cuerpos de policía e investigación judicial deben incluir sus datos en la PIP y compartir el acceso a sus registros y bases de datos 3. La información personal de la ciudadanía que entre a la PIP se usaría solo con fines internos de los cuerpos policiales y judiciales.
El proyecto buscaba exceptuar esa reforma de la vacancia de la Ley 9481. En noviembre de 2019 se aprobó el proyecto 21.559, que pospuso la entrada en vigencia de la Ley 9481 dieciocho meses más por falta de recursos y de capacitación (art. único).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico votó el dictamen el 7 de abril de 2022 y archivó el expediente el 21 de abril de 2022 con un dictamen unánime negativo 1.
El trámite empezó el 20 de febrero de 2020 con la presentación del proyecto en el Plenario 1. Se publicó en La Gaceta el 5 de marzo de 2020, en la gaceta 44.
La comisión recibió el proyecto el 26 de mayo de 2020 y lo debatió el 2 de junio de 2020 1. El plazo cuatrienal vencía el 20 de febrero de 2024.
Para que fuera ley faltaba el dictamen positivo de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. El dictamen negativo cerró ese camino.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el artículo único del proyecto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121 de la Constitución dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto es un proyecto de ley ordinario presentado por dos diputados, así que calza con esa atribución 1.
El artículo 24 de la Constitución garantiza "el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones" y protege los documentos privados Constitución, art. 24. La reforma que el proyecto quería adelantar permite que la PIP integre datos personales de la ciudadanía, aunque solo para uso interno de los cuerpos policiales y judiciales 3.
El artículo 24 también exige que una ley aprobada por dos tercios de los diputados fije en qué casos los Tribunales de Justicia pueden ordenar el examen de documentos privados Constitución, art. 24. El proyecto no cambiaba ese requisito: solo adelantaba la vigencia de una reforma ya aprobada dentro de la Ley 9481 (art. único).
El artículo 30 de la Constitución garantiza "el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público" y deja a salvo los secretos de Estado Constitución, art. 30. La PIP concentra información de instituciones públicas y empresas privadas, y el proyecto no detalla cómo se protege ese acceso 3.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Estas son las que sirven para mirar de cerca proyectos parecidos.
-
Pedir información sobre el estado de un proyecto. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información inmediata sobre la tramitación de los proyectos de ley y las órdenes del día guía, p. 27.
-
Presentar una propuesta de ley por la página web de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas iniciativas y las remite a los diputados, aunque no hay garantía de que se discutan o se voten guía, p. 27.
-
Hablar con los diputados de la comisión cuando un proyecto está en estudio. La guía llama a esto incidencia ciudadana: entrevistas con los diputados para argumentar a favor o en contra de un proyecto guía, p. 29.
-
Presentar un recurso de amparo si una actuación pública viola un derecho. Se presenta por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades guía, p. 23.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Seguridad y Narcotráfico votó un dictamen negativo.
El dossier no incluye el texto completo de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater que la Ley 9481 añade a la Ley 8754.
El dossier no dice si el proyecto 21.559 llegó a publicarse como ley ni cuál es su número final.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto solo adelantaba la vigencia de una reforma ya aprobada. El Censo no encontró un choque directo con los artículos del dossier, aunque el manejo de datos personales en la plataforma merece mirada.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. único"Decrétese en vigencia la modificación contemplada en el artículo 20 de la Ley N.° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, y sus reformas."
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de dictar y reformar leyes. El proyecto es un proyecto de ley ordinario presentado por dos diputados, así que calza con esa atribución.
Constitución, art. 24"Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República."
Esta ley, art. único"Decrétese en vigencia la modificación contemplada en el artículo 20 de la Ley N.° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, y sus reformas."
Hay dudas La reforma que el proyecto quería adelantar permite que la plataforma integre datos personales de la ciudadanía, aunque solo para uso interno de los cuerpos policiales y judiciales. El artículo 24 protege la intimidad y los documentos privados. El proyecto no cambiaba el requisito de que una ley aprobada por dos tercios fije los casos en que los tribunales pueden revisar documentos privados.
Constitución, art. 30"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado."
Esta ley, art. único"Decrétese en vigencia la modificación contemplada en el artículo 20 de la Ley N.° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, y sus reformas."
Hay dudas La plataforma concentra información de instituciones públicas y empresas privadas. El proyecto no detalla cómo se protege el acceso ciudadano a esa información ni qué pasa con los secretos de Estado.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21817: ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 9481 "CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA" DEL 13 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUS REFORMAS.
- Ley 9481: Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica (Vigente)
- Ley 8754: Ley Contra la Delincuencia Organizada (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 9481, CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA, DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017, Y SUS REFORMAS
ZOILA ROSA VOLIO PACHECO GUSTAVO ADOLFO VIALES VILLEGAS
DIPUTADA Y DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.817
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 9481, CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA, DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017, Y SUS REFORMAS
Expediente N.° 21.817
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Ley N.° 8754, “Ley contra la Delincuencia Organizada”, aprobada desde el año 2009 contempla en el artículo 11 la creación de la Plataforma de Información Policial. Desde su aprobación se ha trabajado de forma incansable para aplicar este artículo; sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial ha enfrentado muchas trabas y negativas de muchas instituciones públicas para tener acceso a la información contenida en sus bases de datos, de ahí que no se ha podido dar fiel cumplimiento a la normativa aprobada.
La aplicación correcta de ese artículo es una herramienta de trabajo que constituye un factor indispensable para cumplir con la labor encomendada en el artículo 1° de la Ley N.° 5524, “Ley del Organismo de Investigación Judicial”, el cual establece que este será “auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables.”
El proyecto Plataforma es un proyecto país, que reviste gran interés institucional por cuanto forma parte del componente Modernización de la Gestión Judicial del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2017 (según informe 914-PLA-2013 de 28 de junio de 2013 del Departamento de Planificación) y ha sido considerado por parte de la Contraloría General de la República como una prioridad dentro del Poder Judicial (según informe DFOE-PG-IF-20-2012 de 13 de diciembre de 2012), lo cual fue ratificado por parte del Departamento de Planificación en el informe 42-PI-2013-B de 28 de junio de 2013 (viene dentro del 914-PLA-2013).
Para este efecto, el informe DFOE-PG-IF-20-2012 en sus conclusiones establece lo siguiente:
3.1 La base normativa de la Plataforma de Información Policial no se consolidó en un marco legal idóneo, que de manera expedita faculte el acceso a las bases de datos, expedientes y otros registros existentes en las instituciones públicas y las empresas privadas. Tampoco indica la forma en la cual se tendría ese acceso, y carece del detalle de las sanciones aplicables a los funcionarios que nieguen o retrasen el suministro de la información. En criterio de esta Contraloría General lo normado en la Ley contra la delincuencia organizada Nro. 8754, en lo referente a la citada plataforma, es insuficiente para lograr una mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones tanto preventivas como represivas, de toda clase de delitos.
Además, esa carencia limita el combate de la (in) seguridad ciudadana, problemática tantas veces analizada por este órgano de fiscalización superior.
3.2 En virtud de que la PIP sería un agente generador de seguridad ciudadana, al brindarle más herramientas a los cuerpos policiales del país para la lucha contra la delincuencia organizada; este propósito podría verse afectado, en el tanto no se disponga de la información administrada por las diferentes entidades públicas y empresas privadas que suministren servicios de carácter público a los ciudadanos. Por supuesto, esta Contraloría General no sugiere un acceso irrestricto a las bases de datos de esos entes, sino observando las condiciones y limitaciones que menciona la Procuraduría General de la República en el dictamen C-193-2011 del 16 de agosto de 2011.
3.3 Para consolidar el proyecto de la PIP, aparte de la información requerida, se debe tener garantizado los recursos económicos necesarios para financiar las etapas de desarrollo, implementación, mantenimiento y continuidad; situación que en este momento es incierta porque la inversión es cuantiosa, y depende totalmente del presupuesto asignado por el Poder Judicial como fuente supletoria de fondos, dado que a la fecha el aporte del ICD que se indica el la Ley Nro. 8754, ha sido nulo.
3.4 El Estado costarricense requiere de una herramienta como la Plataforma de Información Policial, la cual contribuya a combatir los nuevos tipos de delincuencia que afectan a los ciudadanos; razón por la cual las autoridades competentes deberían darle prioridad a este proyecto, a fin de evitar que su implementación se retrase aún más o que en última instancia fracase la iniciativa”. (El subrayado y la negrita no corresponden al texto original).
Se presenta a continuación una lista brindada por el Organismo de Investigación Judicial, de las instituciones que actualmente no brindan la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N.° 8754, a saber:
- CCSS
- Jasec
- CNFL
- Riteve
- Movistar
- Claro
- TSE (Fotografías, teléfonos y direcciones)
- Racsa
- Coopesantos
- Municipalidades del país (solo San José brinda actualmente) Queda manifiesto que la creación de la Plataforma de Información Policial no ha podido cumplir el objetivo para el cual fue creado. Esto por cuanto a que no se dotó a la plataforma de los mecanismos necesarios para garantizar su efectiva implementación, dejando por fuera aspectos fundamentales como la forma en la cual se tendría ese acceso y el detalle de las sanciones aplicables a los funcionarios que se negaran o retrasaran el suministro de la información, aspectos que sí están incluidos en la reforma contenida en la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, N.° 9481.
No obstante, en noviembre de 2019 se aprueba el proyecto de ley 21.559 denominado "Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada” que, entre otras cosas, pospone la entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, N.° 9481, dieciocho meses más, ante la falta de recursos económicos y de capacitación a los funcionarios judiciales.
En virtud de lo anterior, consideramos razonable que se exceptúe de la vacancia de la ley, la reforma de los artículos que regulan el tema de la Plataforma de Información Policial, para que entren en vigencia lo antes posible, en beneficio de la Administración de Justicia y de la ciudadanía en general.
Por las razones expuestas sometemos a consideración de los señores diputados y señoras diputadas el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 9481, CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA, DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017, Y SUS REFORMAS
ARTÍCULO ÚNICO- Entrada en vigencia
Decrétese en vigencia la modificación contemplada en el artículo 20 de la Ley N.° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, y sus reformas.
Rige a partir de su publicación.
Zoila Rosa Volio Pacheco Gustavo Adolfo Viales Villegas
Diputada y diputado
27 de febrero de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.