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Expediente21820Vigente
Proyecto

Proyecto para seguro obligatorio de daños materiales quedó archivado

El expediente 21820, que obligaba a todo vehículo a tener seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, fue archivado en 2022 sin llegar a ser ley.

Título oficial LEY PARA ESTABLECER LA COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MATERIALES A TERCEROS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES.

A quién le toca

  • Dueños de vehículos que habrían tenido que pagar una prima adicional por el seguro de daños materiales
  • Conductores involucrados en accidentes solo de daños materiales
  • Personas a quienes otro conductor les daña su propiedad en un accidente de tránsito

A quién beneficia

  • Las víctimas de daños materiales habrían cobrado directamente a la aseguradora sin ir a juicio
  • Los conductores habrían movido los carros sin esperar a un oficial de tránsito en accidentes menores
  • La declaración de accidente menor habría tenido valor probatorio

Qué cambia

  • El proyecto no es ley: no existe hoy un seguro obligatorio que cubra daños materiales a terceros
  • El expediente venció su plazo cuatrienal el 26 de febrero de 2024
  • La multa de ¢280.000 por no mover el vehículo en un accidente menor no se aplica porque depende de una reforma que no se aprobó

La explicación completa

El proyecto de ley 21820 está archivado. La Asamblea Legislativa lo enterró en 2022 y nunca se convirtió en ley. Proponía que todo vehículo en Costa Rica tuviera un seguro obligatorio que pagara los daños materiales que cause a terceros en un accidente de tránsito 1.

Qué propone

El proyecto reformaba once artículos de la Ley de Tránsito 9078 (art. Único 1). La idea central era que el seguro obligatorio de automotores cubriera también los daños al patrimonio de otras personas (art. 64).

El artículo 57 obligaba a la aseguradora a pagar al perjudicado los daños a su persona y a su patrimonio hasta el monto asegurado (art. 57). Ese mismo artículo excluía los daños a los bienes que van dentro del vehículo asegurado y a los vehículos del propio dueño o conductor.

El artículo 66 fijaba un monto básico por daños patrimoniales a terceros. Ese monto se duplicaba si el accidente afectaba a dos o más víctimas (art. 66).

El artículo 70 daba a la víctima el derecho a cobrar directamente al propietario del vehículo sin seguro vigente (art. 70).

El artículo 168 creaba la declaración de accidente menor. Con ese documento, los conductores podían mover los carros sin esperar a un oficial de tránsito (art. 168). El artículo 2 definía ese documento y advertía que mentir en él se castiga según el artículo 318 del Código Penal (art. 2).

El artículo 93 inciso d obligaba a mover los vehículos en accidentes solo de daños materiales (art. 93). El artículo 143 ponía una multa de doscientos ochenta mil colones (¢280.000) a quien no lo hiciera (art. 143).

El transitorio I decía que el primer cobro se haría con el marchamo del año siguiente a la aprobación de la ley (art. Transitorio I).

En qué va el trámite

El expediente está archivado. La Comisión de Asuntos Jurídicos votó un dictamen unánime negativo el 26 de octubre de 2021 y archivó el expediente el 30 de marzo de 2022 1.

El proyecto se presentó el 26 de febrero de 2020 y se publicó en La Gaceta el 12 de marzo de 2020 1. Su plazo cuatrienal venció el 26 de febrero de 2024.

Para que fuera ley faltaban dos debates en el Plenario y la sanción del Poder Ejecutivo Constitución, art. 124. Nada de eso ocurrió.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto y la Constitución. El artículo 124 exige dos debates en días distintos no consecutivos para convertir un proyecto en ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a esa etapa.

El artículo 45 protege la propiedad y permite limitarla por interés público con indemnización Constitución, art. 45. El proyecto no quitaba propiedad: creaba un seguro para pagar daños. El artículo 33 prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. El texto no hacía distinción entre personas.

El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos Constitución, art. 180. El proyecto no creaba gasto público: el costo lo pagaban los dueños de vehículos por medio de la prima del seguro.

Qué puede hacer usted

El expediente está archivado, así que no hay comisión ni debate abierto donde incidir. Si quiere retomar el tema, puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea guía, p. 27. La Oficina de Iniciativa Popular recibe esas propuestas y las remite a los diputados, aunque no hay garantía de que las discutan.

También puede usar la iniciativa popular. Necesita reunir al menos un cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos votó en contra del proyecto.

El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni sus argumentos.

El dossier no dice cuánto costaría la prima del seguro para los dueños de vehículos.

La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente

El Censo no encontró choque entre el texto archivado y los artículos revisados de la Constitución.

  1. Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo"
    Esta ley, art. Único 1"Refórmanse los artículos 2 (para que se agregue una nueva definición), 56, 57, 61, 64, 66, 70, 93, 143, 168 y 209 de la Ley N.° 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial"

    Sin choque aparente El proyecto nunca llegó a los dos debates que exige la Constitución. Se archivó en comisión.

  2. Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
    Esta ley, art. 57"El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y los daños patrimoniales a terceros hasta por la suma asegurada."

    Sin choque aparente El proyecto no quitaba propiedad. Creaba un seguro para pagar los daños que alguien cause a otro.

  3. Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
    Esta ley, art. 56"Las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio no podrán negarse a emitir el seguro por la cobertura obligatoria establecida en esta ley, siempre que el vehículo cumpla los requisitos exigidos por la legislación para circular en el país."

    Sin choque aparente El texto obligaba a las aseguradoras a vender el seguro a todo vehículo que cumpliera los requisitos. No hacía distinción entre personas.

Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.

Fuentes

  1. Expediente 21820: LEY PARA ESTABLECER LA COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MATERIALES A TERCEROS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-03-12
  2. Constitución Política (texto vigente) SINALEVI, PGR, 2026-11-02
  3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica CONAMAJ, 2025, 2025
Límites de esta investigación
  • No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.

Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.

Texto oficial completo

Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.

Leer el texto completo

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA ESTABLECER LA COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MATERIALES A TERCEROS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES

OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 21.820

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA ESTABLECER LA COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MATERIALES A TERCEROS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES

Expediente N.° 21.820

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las deficiencias en el servicio de transporte público, el crecimiento económico y la percepción de status, junto con una fuerte estrategia de atracción comercial generó en los últimos cinco años un aumento desmedido de vehículos en carretera. Para el año 2017 se tenía una cantidad de 1.5 millones de automóviles, dando como resultado congestionamientos viales en las principales carreteras del país.

Como se indica supra, ese mayor parque automotor y una limitada red vial urbana ha genera un incremento en el congestionamiento vial. Y, como resultado de esto, los conductores se ven sometidos a un mayor estrés en la conducción, provocando una gran cantidad de accidentes de tránsito leves, en los que involucra solamente los daños materiales. De acuerdo con datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) este tipo de accidentes va en aumento cada año, a continuación, el siguiente cuadro:

Cantidad de accidentes de tránsito con solo daños materiales

Categoría de accidente 2013 2014 2015 2016 2017

Daños materiales 49.398 55.243 64.276 68.241 68.204

Fuente: Cosevi Según lo establece el Código Civil en sus artículos 1045 al 1048, toda persona que ocasione un daño a otra deberá de resarcirlo, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, deben acudir a la vía judicial para buscar el pago de los daños ocasionados. No obstante, aún en el caso de lograr una sentencia favorable, al momento de la ejecución de la misma, es donde se ve irrumpido el cobro, por diversas razones:

  • La persona condenada no posee bienes o acciones societarias, así como capital para afrontar las costas consecuentes del evento que le dio origen.

  • La persona condenada tiene otras obligaciones de primer que implican una imposibilidad del resarcimiento.

  • El valor del automotor no es suficiente para ser objeto de cobro por la obligación generada, o bien el mismo disminuyó su valor por daños que hubiere sufrido.

  • El vehículo se encuentra gravado por la existencia de una deuda adquirida o por la compra de este.

  • El vehículo se encuentra gravado en el Registro Público por un percance anterior.

Para evitar todas estas situaciones y asegurarle a quien se vio perjudicado por el percance, es que se hace necesario un seguro de cobertura de daños patrimoniales a terceros de manera obligatoria. De esa manera, todos los vehículos que circulen en el territorio nacional deberán contar con un seguro mínimo, con el fin de que las personas afectadas logren el pago por el daño causado a su propiedad y a su vez el circular por las calles sea más seguro.

Por otra parte, este seguro permitirá que en aquellos casos donde no medie lesiones, se pueda mejorar la vialidad, al tenerse resueltas las diferencias sin la necesidad de contar con una boleta de citación. En este sentido, mediante el decreto número 34146-MOPT se diseñó un formulario para que en caso de una colisión donde resulten solamente daños materiales los conductores pudieran suscribir la Declaración de Accidente Menor y de esta forma movilizar los autos sin requerir la presencia de un oficial de tránsito. Para darle mayor seguridad jurídica a este documento, con este proyecto de ley se le otorga un valor probatorio y lo expuesto en este documento deberá de contener la verdad real, siendo que en caso de incumplimiento brindaría mayor seguridad a la persona afectada al momento de suscribir este tipo de documento.

Cada día son más países los que han aprobado este tipo de leyes, estableciendo el seguro obligatorio para cobertura de daños patrimoniales a terceros, a saber, México donde, a partir de este año, hizo de manera obligatoria este tipo de cobertura y Panamá donde ha tenido gran éxito, también. Estos países tienen diversas formas de hacer el cobro, ya sea por medio del permiso de circulación del vehículo o exigiendo la compra de este de forma separada y por medio de la contratación directa de la aseguradora.

Panamá

Se regula mediante la Ley N.° 68 que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, en el cual en su artículo 3 indica: “La póliza de seguro obligatorio básico de cobertura mínima uniforme de daños a la propiedad ajena y lesiones corporales dentro de los límites, coberturas y vigencia.

El conductor que resulte responsable deberá de responder por los daños causados por el vehículo asegurado”.

México

El 1 de enero del año 2019 entro en vigor el seguro obligatorio para circular por las vías federales, reformando la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Teniendo una cobertura para daños materiales mínima de 50.000 pesos mexicanos, lo cual equivalente a colones sería aproximadamente ¢1.527.982, encontrándose con una mensualidad desde los 700 pesos mexicanos (¢21.391).

“Artículo 63 Bis- Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo. La contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, establecerá las reglas para la operación del seguro a que se refiere el primer párrafo, procurando la accesibilidad económica y la disponibilidad para su contratación. Para tal efecto se establecerá un monto mínimo de cobertura de la póliza de seguro. Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios de vehículos a que contraten el seguro con alguna institución de seguros en específico. La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes; y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que se refieren en esta Ley”.

Nicaragua

Se encuentra regulado en la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito:

Artículo 63- Seguro Obligatorio.

Para los fines y efectos de la presente ley, se establece de forma obligatoria para los propietarios de vehículos automotor, sin excepción, un seguro de responsabilidad civil y el seguro de accidentes personales de transporte de pasajeros; en el caso de los vehículos de matrícula extranjera, al ingresar al país, deberán de adquirir el seguro correspondiente, según sea el caso. En todos los casos se procederá de acuerdo con las normativas administrativas que se establezcan al respecto. Los seguros establecidos en el párrafo anterior, deben de incluir muerte o lesiones causadas a una persona, a dos o más personas, así como los daños materiales causados a terceras personas, todo como consecuencia de los accidentes de tránsito en que se vean involucrados, directa o indirectamente, todos los vehículos automotores.

El deducible del seguro debe ser asumido por el propietario del mismo.

Artículo 64- Objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

El objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, es proporcionar al conductor de cualquier vehículo automotor que circule en el país, la protección y amparo frente a la responsabilidad civil legal del propietario o conductor del medio automotor, frente a las eventuales lesiones corporales, inclusive la muerte, que pueda causar a terceras personas, así como los daños a la propiedad privada o pública.

España

Se comercializa como seguro de responsabilidad civil y actúa cuando causa algún daño a otra persona o a las propiedades de otra persona, es decir, cuando se causa un daño contra un tercero, la persona culpable no le cubre este tipo de seguro, poseen una ley sobre responsabilidad civil y seguro en circulación de los vehículos a motor.

India

La cobertura del seguro obligatorio cubre la responsabilidad derivada de accidentes de tránsito, dicha cobertura se extiende tanto por los daños corporales como materiales.

Se establece un monto mínimo para la cobertura de daños corporales (por persona) y de los daños materiales (por accidente), se crea un fondo de garantía para tales casos, el 70% del total, lo financia el sector seguro y el 30% restante el gobierno. Las indemnizaciones sostenidas por este fondo son menores a las que cubre el seguro cuando se identifica al culpable.

Como se ha expuesto a lo largo de este proyecto es menester velar por los intereses de todas las personas que día a día transitan las carreteras costarricenses, sin dejar de lado todos los actores que puedan verse afectados producto de la inercia y/o imprudencia de la conducción vehicular. Con este proyecto se procura generar seguridad jurídica para todos los intervinientes de un accidente de tránsito y un método sancionatorio que les beneficie a aquellos terceros con el resarcimiento económico por los daños con ocasión del siniestro. Por las razones anteriormente expuestas, presentamos a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA ESTABLECER LA COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MATERIALES A TERCEROS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES

Artículo Único 1- Refórmanse los artículos 2 (para que se agregue una nueva definición), 56, 57, 61, 64, 66, 70, 93, 143, 168 y 209 de la Ley N.° 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 2- Definiciones

[…]

Declaración de accidente menor: Documento que consigna las condiciones en que tuvo lugar el accidente de tránsito en el que exclusivamente medien daños materiales, en caso de falsedad en la declaración se aplicará lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal.

Artículo 56- Seguro obligatorio de vehículos

Todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y su reglamento, así como por lo que dispone la Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 22 de julio de 2008, y sus reformas, y demás sobre la materia.

Las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio no podrán negarse a emitir el seguro por la cobertura obligatoria establecida en esta ley, siempre que el vehículo cumpla los requisitos exigidos por la legislación para circular en el país.

El reglamento definirá las pautas para la emisión de la póliza.

Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al seis por ciento (6%), excepto si existiera participación de dos o más competidores en el mercado en cuyo caso no aplicará este límite. La nota técnica que sustenta la tarifa deberá cumplir las formalidades requeridas en la normativa que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

No obstante, si a pesar de dicha limitación se producen excedentes, se constituirá una reserva acumulativa para hacerle frente a futuras pérdidas del seguro obligatorio, hasta de un veinticinco por ciento (25%) de las primas percibidas en el año. Si el excedente supera este porcentaje, el remanente se trasladará a título de contribución especial a la Caja Costarricense de Seguro Social para mitigar el costo por la atención de personas lesionadas, cuando se agote la cobertura del seguro obligatorio. Lo dispuesto en este párrafo no aplicara en el caso de la cobertura de daños al patrimonio de terceros.

Artículo 57- Obligación del asegurador

El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y los daños patrimoniales a terceros hasta por la suma asegurada. El perjudicado o sus derechohabientes tendrán acción directa contra el asegurador.

Respecto a la cobertura de daños patrimoniales a terceros, quedarán excluidos los daños a los bienes transportados en el vehículo asegurado o accesorios a este, así como los daños a vehículos u otros bienes del propietario o el conductor del vehículo asegurado o de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

Todas las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio, en proporción a su participación en las primas totales emitidas en dicho seguro, responderán solidariamente y hasta el límite de la cobertura en los siguientes casos:

a) Cuando no sea posible la identificación del vehículo causante del accidente.

b) Cuando el vehículo causante no esté asegurado.

c) El vehículo causante esté asegurado y haya sido objeto de robo.

d) La entidad aseguradora del vehículo causante haya sido disuelta. En estos casos, las entidades que hayan respondido por las obligaciones de la entidad disuelta o en proceso de disolución tienen acción de cobro ante los liquidadores.

e) La entidad aseguradora del vehículo causante se encuentre en situación de insolvencia y esté sujeta a un procedimiento de liquidación o intervención, en cuyo caso las entidades que hayan asumido y respondido por las obligaciones de la insolvente deberán legalizar sus créditos, conforme a la legislación civil. De no hacerlo oportunamente, perderán el privilegio que pudiera corresponderles y se convertirán en acreedores comunes. f) En los casos señalados en los incisos anteriores, el perjudicado o sus derechohabientes podrán realizar el reclamo en cualquier entidad aseguradora que ofrezca el seguro obligatorio automotor.

Las entidades aseguradoras deberán adherirse a los convenios de indemnización directa entre entidades aseguradoras para la liquidación de siniestros de daños materiales contemplados bajo el seguro obligatorio automotor. A estos efectos, dichos convenios deberán prever condiciones equivalentes y no discriminatorias para todas las entidades aseguradoras, sin que puedan imponerse restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquel objetivo. Los mismos y sus modificaciones deberán ser autorizados por la Superintendencia General de Seguros previo a su oficialización. Todo lo indicado en este párrafo bajo términos que podrá desarrollar reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

Artículo 61- Reglamento del seguro obligatorio y registro

El Poder Ejecutivo reglamentará este capítulo sobre seguro obligatorio de vehículos. El reglamento definirá el monto básico de cobertura por persona en caso de muerte, en caso de lesiones, así como el monto básico de cobertura de daños al patrimonio por automóvil asegurado por evento; el baremo de indemnizaciones, la clasificación de tipos de vehículos para efectos de tarificación y demás consideraciones necesarias para la aplicación del régimen indemnizatorio establecido en esta ley.

La reglamentación sectorial de la actividad aseguradora se regirá por la Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 22 de julio de 2008, y sus reformas. La Superintendencia General de Seguros mantendrá un registro público de vehículos asegurados con el seguro obligatorio y deberá garantizar el acceso oportuno a la información de este. Para ello, las entidades aseguradoras remitirán la información en la forma y con la periodicidad que se determine reglamentariamente.

Artículo 64- Cobertura del seguro obligatorio del vehículo automotor

El seguro obligatorio de los vehículos automotores cubre la lesión, muerte y los daños patrimoniales ocasionados a las personas víctimas de un accidente de tránsito, exista o no responsabilidad subjetiva del conductor. Asimismo, la lesión o muerte ocurrida en un accidente producido con responsabilidad civil, derivados de la posesión, el uso o el mantenimiento del vehículo. En este último caso, esta responsabilidad debe ser fijada mediante los procedimientos establecidos y ante los tribunales competentes.

Artículo 66- Cobertura del seguro de vehículos automotores

El límite de cobertura por persona es individual e intransferible según se establece a continuación:

a) Hasta un monto básico para cubrir de forma combinada las prestaciones médicas o económicas generadas por la cobertura de lesión y muerte.

b) El monto dispuesto en el inciso anterior se duplicará, a efectos de cubrir, exclusivamente, prestaciones médicas, en presencia de alguna de las siguientes situaciones:

El lesionado no sea asegurado al Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El lesionado sea menor de dieciocho años de edad. Se tenga en riesgo la vida del lesionado.

c) Hasta un monto básico por persona, para cubrir la indemnización en el caso de invalidez permanente, sea total o parcial. No se deducirá suma alguna por concepto de las prestaciones indicadas en los incisos a) y b).

d) Hasta un monto básico por persona para cubrir la indemnización en el caso de muerte, del cual no se deducirá ninguna suma.

e) Para todos los casos en que se agote el monto de la cobertura indicada en los incisos a) y b) de este artículo, se procederá de conformidad con esta ley.

f) El monto básico de la cobertura por daños patrimoniales a terceros se duplicará cuando el accidente afecte a dos o más víctimas. El reglamento definirá la proporción en que se indemnizarán.

Cuando se trate de los daños al patrimonio de terceros la aseguradora se subrogará los derechos solamente en los siguientes casos:

a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si se demostrare que el daño causado se debió a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas de forma contraria a la presente ley.

b) Contra el tercero, distinto del conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado responsable de los daños.

c) Contra el conductor que no cuente con permiso de conducir.

d) En cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder tal repetición con arreglo a las leyes.

La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado.”

El Poder Ejecutivo definirá los parámetros de actualización del monto básico de la cobertura.

Artículo 70- Responsabilidades en ausencia del seguro

En el caso de que se causen lesiones, muerte a personas y daños patrimoniales, con un vehículo automotor para el cual no esté vigente el seguro obligatorio de los vehículos, de conformidad con lo estipulado en este capítulo, la víctima o los beneficiarios tendrán derecho a exigir, solidariamente, al propietario del vehículo causante, la prestación inmediata de los servicios médicos, resarcimiento de los daños al patrimonio y demás garantías económicas previstas en este capítulo, con las limitaciones en cuanto al monto máximo de cobertura vigente, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder, si existe responsabilidad del causante del accidente.

Artículo 93- Reglas generales

Al usar las vías públicas, los conductores, los pasajeros de los vehículos y los peatones deben:

[…]

d) Conducirse de manera que no se obstruya la circulación ni se ponga en peligro la seguridad de los vehículos o de las demás personas; en caso de un accidente menor donde solo medien daños materiales, estos deben de ser movidos sin la necesidad de un oficial de tránsito.

[…]

Artículo 143- Multa categoría A

Se impondrá una multa de doscientos ochenta mil colones (¢280.000) sin perjuicio de las sanciones conexas, a quien incurra en alguna de las siguientes conductas:

[…]

Al conductor que incumpla con lo establecido en el artículo 93 inciso d).

Artículo 168- Accidente de tránsito, primeras diligencias

Cuando se produzca un accidente de tránsito en el que exclusivamente medien daños materiales, las partes de mutuo acuerdo o mediante las entidades aseguradoras podrán convenir en la reparación de estos, mediante la declaración de accidente menor. Con el fin de respaldar sus gestiones podrán tomar fotografías o grabar videos mediante cualquier instrumento tecnológico que permita fijar la escena del accidente.

Si ninguna de las partes acepta ser responsable de los hechos acontecidos y, en consecuencia, se requiere la intervención de la Policía de Tránsito, el inspector apersonado levantará el parte oficial de tránsito, con toda la información que se requiera en él. En el caso de las boletas de citación, como prueba de que la notificación se ha efectuado valdrá la firma del infractor, pero si este no puede o se niega a firmar la boleta, la constancia del inspector de esta situación se tendrá como declaración jurada del acto; de igual manera se tomará como prueba la declaración de accidente menor siempre que conste el consentimiento de los conductores.

Además, el oficial deberá confeccionar un plano con la ubicación de los vehículos, el señalamiento vial, las huellas de arrastre o frenado, los obstáculos en la vía y cualquier otro detalle relacionado con el accidente. Si en el lugar en que se produjo el accidente existe algún vehículo estacionado en contravención de las disposiciones de esta ley y su presencia incide en el hecho investigado, lo consignará en el plano. Este documento deberá ser confeccionado en todo accidente, aun cuando los vehículos hayan sido movidos del lugar, en cuyo caso, deberá hacerse referencia a este hecho.

En caso de accidentes de tránsito por colisión en que no se presente el inspector a la escena, no exista la declaración de accidente menor, no se tramite ante él la denuncia respectiva o no esté presente alguno de los intervinientes, de la parte afectada podrá acudir ante el juzgado civil de la jurisdicción correspondiente, para deducir su pretensión en contra del propietario responsable, de conformidad con el artículo 7 de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Transitorio I- El primer cobro de esta cobertura de responsabilidad civil por daños materiales a terceros, se realizará con el pago del marchamo inmediato siguiente al año de la aprobación de esta ley.

Óscar Mauricio Cascante Cascante Diputado

5 de marzo de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

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