Proyecto para educar a niños hospitalizados murió en comisión en 2022
El expediente 21825, que obligaba al MEP y a la CCSS a dar clases en hospitales, fue archivado con dictamen negativo en marzo de 2022 y ya venció su plazo de cuatro años.
Título oficial DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, CONVALECIENTES Y DE RECURRENTE ATENCIÓN HOSPITALARIA
Atención: El proyecto obligaba al MEP a hacer convenios con la CCSS para adaptar infraestructura hospitalaria sin decir de dónde sale el dinero, y el artículo 73 de la Constitución prohíbe usar los fondos de los seguros sociales para fines distintos.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: MEP y CCSS
El artículo 1 manda al MEP adaptar infraestructura hospitalaria por medio de convenios con la CCSS, pero el texto no dice cómo se reparte el costo ni de qué partida sale la plata. El artículo 2 tampoco dice cuántas plazas se crean ni con qué presupuesto.
El Ministerio de Educación Pública, a través de convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social, adaptará la infraestructura física necesaria para que las personas menores de edad, que por su condición de salud deban recibir atención hospitalaria en forma recurrente reciban lecciones educativas.
1, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Menores de edad con enfermedades crónicas, convalecencia o atención hospitalaria recurrente
- Madres, padres y encargados de esos menores
- Personal docente del Sistema de Pedagogía Hospitalaria del Hospital Nacional de Niños
- Centros educativos regulares donde están matriculados esos menores
A quién beneficia
- Los menores hospitalizados habrían tenido lecciones dentro del hospital y reconocimiento oficial de esos estudios
- Las familias habrían tenido garantía de matrícula y reingreso al centro educativo regular
- El personal de pedagogía hospitalaria habría tenido plazas docentes y administrativas creadas por ley
Qué cambia
- El proyecto no es ley: fue archivado con dictamen unánime negativo el 7 de marzo de 2022
- El plazo cuatrienal venció el 3 de marzo de 2024
- La obligación de adaptar infraestructura hospitalaria quedaba sujeta a convenios entre el MEP y la CCSS, sin detalle de financiamiento en el texto
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 21825 buscaba que el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) firmaran convenios para adaptar la infraestructura de los hospitales y dar lecciones a menores con enfermedades crónicas o que van al hospital seguido (art. 1). La idea era que esos niños no perdieran el curso por estar internados.
El MEP también tendría que crear las plazas de docentes y personal administrativo para que esos centros escolares dentro de hospitales funcionaran (art. 2).
La ley solo cubriría los hospitales regionales y nacionales de la Red Hospitalaria Nacional (art. 3).
El texto ponía una obligación a la madre, el padre o quien tenga la guarda del menor: velar por que el niño ejerza su derecho a la educación, adaptado a su condición de salud y a sus posibilidades físicas y cognitivas (art. 4).
Además, el centro educativo donde el menor esté matriculado debía darle a la familia, de forma rápida, la información sobre el estado académico antes de entrar al centro escolar hospitalario. También debía garantizarle la matrícula y el reingreso normal cuando saliera del sistema hospitalario (art. 5).
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia lo votó y emitió un dictamen unánime negativo el 22 de febrero de 2022, y el expediente se archivó el 7 de marzo de 2022 1.
El trámite empezó el 3 de marzo de 2020, cuando se presentó el proyecto 1. Se publicó en La Gaceta el 18 de marzo de 2020, en la gaceta 53, alcance 48. La comisión recibió el expediente el 25 de mayo de 2020 y lo metió en el orden del día el 2 de junio de 2020.
El plazo cuatrienal venció el 3 de marzo de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el dictamen positivo de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y la Constitución del dossier. El proyecto se apoya en los artículos 51, 77, 78 y 81 de la Constitución, según dice su propia exposición de motivos (art. 1).
El artículo 78 ordena que la educación preescolar, general básica y diversificada sean obligatorias y gratuitas en el sistema público Constitución, art. 78. El artículo 77 dice que la educación pública se organiza como un proceso integral correlacionado en sus ciclos Constitución, art. 77. El artículo 51 manda protección especial del Estado a la madre, el niño y la niña, y a las personas con discapacidad Constitución, art. 51. El texto del proyecto calza con esos mandatos.
Hay una duda sobre el artículo 73, que pone los seguros sociales a cargo de una institución autónoma, la CCSS, y prohíbe usar sus fondos para fines distintos a los que motivaron su creación Constitución, art. 73. El proyecto obliga al MEP a hacer convenios con la CCSS para adaptar infraestructura hospitalaria (art. 1). El texto no dice de dónde sale la plata ni cómo se reparte el costo entre ambas instituciones. Esa falta de detalle es la duda, no una contradicción comprobada.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite no sirven. Lo que sí puede hacer es pedir información sobre el estado de cualquier proyecto en la corriente legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos, las órdenes del día y las actas de Plenario y de Comisión guía, p. 27.
También puede presentar una propuesta de ley por la vía del formulario web de la Asamblea. Ese mecanismo no garantiza que la propuesta sea acogida, discutida ni votada guía, p. 27.
Si el problema es que un niño hospitalizado no recibe clases, puede usar el recurso de amparo ante la Sala Constitucional para reclamar la protección de un derecho fundamental guía, p. 23. El amparo se presenta por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión votó en forma unánime negativa el dictamen.
El dossier no dice cuánto costaba el proyecto ni cuántas plazas docentes y administrativas se iban a crear.
El dossier no dice cuántos menores con enfermedades crónicas hay en Costa Rica ni cuántos hospitales regionales y nacionales existen en la Red Hospitalaria Nacional.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El texto calza con los artículos 51, 77 y 78 sobre protección a la niñez y educación obligatoria y gratuita. La duda está en el artículo 73: el proyecto manda al MEP hacer convenios con la CCSS para adaptar infraestructura hospitalaria, pero no dice cómo se financia ni cómo se separan los fondos de los seguros sociales.
Constitución, art. 78"La educación preescolar , general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público , gratuitas y costeadas por la Nación ."
Esta ley, art. 1"El Ministerio de Educación Pública, a través de convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social, adaptará la infraestructura física necesaria para que las personas menores de edad, que por su condición de salud deban recibir atención hospitalaria en forma recurrente reciban lecciones educativas."
Sin choque aparente La Constitución obliga al Estado a dar educación gratuita y obligatoria. El proyecto buscaba cumplir eso con los niños que están en el hospital. Calza.
Constitución, art. 77"La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria."
Esta ley, art. 5"Los centros educativos regulares en los que se encuentren matriculadas personas menores de edad deberán brindar de manera expedita a la madre, el padre o las personas responsables de la guarda, crianza y educación la información sobre el estado académico antes del ingreso al centro escolar hospitalario, así como garantía de la matrícula y el reingreso normal a la institución una vez que abandone el sistema escolar hospitalario."
Sin choque aparente La Constitución pide que la educación sea un proceso continuo entre ciclos. El proyecto buscaba que el niño no se desconectara del centro regular mientras estaba hospitalizado. Calza.
Constitución, art. 51"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad."
Esta ley, art. 4"La madre, el padre o las personas responsables de la guarda, crianza y educación de la persona menor de edad están obligadas a velar tanto por el efectivo ejercicio del derecho a la educación como para que este sea adaptado a su condición de salud; para ello se deben considerar las posibilidades físicas y cognitivas para recibir dicha educación."
Sin choque aparente La Constitución manda protección especial al niño y a la madre. El proyecto ponía deberes a la familia para que el menor siguiera estudiando. Calza con ese mandato.
Constitución, art. 73"La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. 1"El Ministerio de Educación Pública, a través de convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social, adaptará la infraestructura física necesaria para que las personas menores de edad, que por su condición de salud deban recibir atención hospitalaria en forma recurrente reciban lecciones educativas."
Hay dudas La Constitución protege los fondos de la CCSS y prohíbe usarlos para fines distintos a los seguros sociales. El proyecto manda convenios con la CCSS para adaptar infraestructura hospitalaria, pero no dice quién paga ni cómo se separan los recursos. Esa falta de detalle genera duda, no una contradicción comprobada.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21825: DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, CONVALECIENTES Y DE RECURRENTE ATENCIÓN HOSPITALARIA
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, CONVALECIENTES Y DE RECURRENTE ATENCIÓN HOSPITALARIA
CATALINA MONTERO GÓMEZ DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.825
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, CONVALECIENTES Y DE RECURRENTE ATENCIÓN HOSPITALARIA
Expediente N.° 21.825
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El presente proyecto de ley representa, en definitiva, un avance significativo en la defensa de los derechos de las personas menores de edad, aún más, un significativo salto de nuestro país como tierra de vanguardia en la defensa de los derechos humanos.
Al presentar este proyecto de ley es necesario hacer un merecido reconocimiento a los docentes del Sistema de Pedagogía Hospitalaria del Hospital Nacional de Niños, quienes con su abnegada labor resguardan y defienden el derecho de los niños y niñas para que puedan continuar con la educación, aun en las difíciles circunstancias en que desarrollan este trabajo. Este texto ha sido posible gracias a su incansable afán por mejorar las condiciones de vida de nuestra niñez.
La reforma propuesta encuentra asidero en los artículos 51, 77, 78 y 81 de la Constitución Política, por cuanto consagra como derecho constitucional la educación general y básica y su carácter obligatorio. Esto se trata no solo del acceso universal que debe garantizar el Estado, sino también de la obligación de los padres o encargados de la guarda y crianza de los menores, de velar por que los niños, niñas y jóvenes puedan concluir como mínimo obligatorio esos grados.
La presente ley también encuentra sustento en lo planteado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en lo que interesa el artículo 26 señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria...”, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos no prevé una circunstancia particular favorable en la que únicamente se pueda ejercer este derecho.
También, se debe recordar la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 28, inciso primero, establece: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresiva-mente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho...”.
El ejercicio del derecho humano a la educación, garantizada su práctica en las condiciones de igualdad conforme al artículo anterior, es el objetivo fundamental que pretende resguardar la presente ley especial. No está de más recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 28, inciso primero, puntos a) y d), reitera que la educación deberá ser de acceso gratuito, igualitario y libre. Es conveniente también dotar de un marco jurídico ágil al Ministerio de Educación con el propósito de construir y adaptar infraestructura para el cumplimiento de los fines de esta ley, por ejemplo, a través de fideicomisos circunscritos a este propósito.
La ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en el título I, capítulo I, artículo 2, establece con claridad la definición de “igualdad de oportunidades”, a saber:
Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.
Esa misma ley consagra el derecho perseguido, sin ser específica en las obligaciones y los deberes que la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública deben acatar con el fin de resguardarlo, tampoco se detallan las obligaciones de los progenitores o de quienes ejerzan la guarda y crianza del menor a garantizarle completar lo que la Convención de Derechos del Niño llama “instrucción fundamental”. El artículo comentado señala:
ARTÍCULO 21.- Períodos de hospitalización o convalecencia
El Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de hospitalización o convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese período. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial.
Por las razones expuestas y por la importancia que reviste en una sociedad que visualiza las desigualdades para legislar en favor de los sectores más vulnerables de la población costarricense, sometemos a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados por nuestra niñez y por nuestra juventud el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, CONVALECIENTES Y DE RECURRENTE ATENCIÓN HOSPITALARIA
ARTÍCULO 1- El Ministerio de Educación Pública, a través de convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social, adaptará la infraestructura física necesaria para que las personas menores de edad, que por su condición de salud deban recibir atención hospitalaria en forma recurrente reciban lecciones educativas.
Lo anterior para que puedan continuar estudios y gozar del derecho a la educación gratuita y obligatoria para Primer y Segundo Ciclos y General Básica, y en aplicación del interés superior de que a estas personas menores de edad se les garantice la permanencia en el sistema educativo, en procura de su pleno desarrollo.
ARTÍCULO 2- El Ministerio de Educación Pública, una vez realizados los convenios de construcción y operación de esos centros escolares hospitalarios, deberá crear las plazas docentes y administrativas necesarias para su correcto funcionamiento.
ARTÍCULO 3- Los alcances de esta ley cubren únicamente los hospitales de alcance regional y nacional de la Red Hospitalaria Nacional.
ARTÍCULO 4- La madre, el padre o las personas responsables de la guarda, crianza y educación de la persona menor de edad están obligadas a velar tanto por el efectivo ejercicio del derecho a la educación como para que este sea adaptado a su condición de salud; para ello se deben considerar las posibilidades físicas y cognitivas para recibir dicha educación.
ARTÍCULO 5- Los centros educativos regulares en los que se encuentren matriculadas personas menores de edad deberán brindar de manera expedita a la madre, el padre o las personas responsables de la guarda, crianza y educación la información sobre el estado académico antes del ingreso al centro escolar hospitalario, así como garantía de la matrícula y el reingreso normal a la institución una vez que abandone el sistema escolar hospitalario.
Rige a partir de su publicación.
Catalina Montero Gómez Diputada
10 de marzo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.