Proyecto para dar lotería a albergues de mujeres ya es Ley 9930
La Ley 9930 reserva entre un 1% y un 2% de las utilidades de la Junta de Protección Social para programas y albergues de mujeres víctimas de violencia.
Título oficial REFORMA DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 8718 Y SUS REFORMAS, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CAPACITACIÓN DE MUJERES QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
A quién le toca
- Mujeres que son o han sido víctimas de violencia en Costa Rica
- Organizaciones sin fines de lucro que atienden a mujeres víctimas de violencia
- Personas que compran lotería, porque parte de la utilidad se dirige a estos programas
A quién beneficia
- Organizaciones sin fines de lucro que atienden mujeres víctimas de violencia pueden recibir entre 1% y 2% de la utilidad neta de las loterías
- Se pueden construir y equipar albergues para mujeres víctimas de violencia
- Se financian programas de prevención y atención biopsicosocial y salud
Qué cambia
- La Ley 9930 está vigente desde su publicación el 18 de diciembre de 2020
- El dinero sale de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar de la Junta de Protección Social
- La distribución debe seguir el Manual de criterios de la Junta de Protección Social
La explicación completa
El proyecto que reformaba el inciso q) del artículo 8 de la Ley 8718 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9930, publicada el 18 de diciembre de 2020 1.
Qué propone
El proyecto proponía reservar entre un uno por ciento (1%) y un dos por ciento (2%) de la utilidad neta de las loterías para programas de mujeres víctimas de violencia (art. único). Ese dinero iría a programas sin fines de lucro de prevención y atención biopsicosocial y salud. También serviría para construir albergues para la atención integral y capacitación de esas mujeres.
La cobertura incluía violencia relacionada con la explotación, violencia física, sexual y psicológica, violaciones, abusos sexuales, tráfico de personas y explotación sexual comercial (art. único). Todo debía seguir el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.
El texto justificaba el cambio porque el desglose del artículo 8 dejaba por fuera a organizaciones sin fines de lucro que atienden a mujeres víctimas de violencia (art. único).
La ley que resultó, la Ley 9930, mantiene el rango de 1% a 2% 1. Su redacción final habla de "programas de prevención y atención de las personas que son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial y atención integral de mujeres que han sido víctimas de violencia, en sus distintas manifestaciones". Incluye la construcción y el equipamiento de albergues.
En qué va el trámite
El proyecto ya se convirtió en ley. La ficha registra el ingreso al plenario el 9 de marzo de 2020 y el vencimiento cuatrienal el 9 de marzo de 2024 2. Pasó a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que lo dictaminó el 29 de julio de 2020.
La Ley 9930 está vigente y rige a partir de su publicación 1. El Poder Ejecutivo la firmó en San José el 18 de diciembre de 2020.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza Constitución, art. 50. Destinar parte de las utilidades de la lotería a mujeres víctimas de violencia calza con ese mandato.
El artículo 33 prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. Un fondo dirigido a mujeres víctimas de violencia busca proteger a un grupo en situación de vulnerabilidad, no excluirlo.
El artículo 73 protege los fondos de los seguros sociales y prohíbe usarlos en finalidades distintas a las que motivaron su creación Constitución, art. 73. La reforma toca las utilidades de la Junta de Protección Social, no los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social. No se ve un choque por ese lado.
Qué puede hacer usted
La ley ya está publicada, así que el trámite legislativo terminó. Puede revisar el texto vigente de la Ley 9930 en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) 1.
Si una organización sin fines de lucro quiere acceder a esos recursos, puede consultar el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social que menciona la ley 1.
Si sospecha un mal uso de fondos públicos, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. Las vías son la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, el portal de Denuncia Electrónica o el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto dinero ha recibido cada organización desde que rige la Ley 9930.
El dossier no indica cuántos albergues se han construido o equipado con esos recursos.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 8 de la Ley 8718, solo fragmentos de los incisos a) a d).
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre la reforma y los artículos constitucionales del dossier. El destino de utilidades de la lotería a mujeres víctimas de violencia calza con el artículo 50 y no toca los fondos protegidos por el artículo 73.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. único"De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para programas sin fines de lucro, de prevención y atención biopsicosocial y salud, y construcción de albergues para la atención integral y capacitación, de mujeres que son o han sido víctimas de la violencia"
Sin choque aparente La Constitución pide al Estado buscar el bienestar y repartir la riqueza. Destinar parte de las utilidades de la lotería a mujeres víctimas de violencia va en esa dirección.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. único"para la atención integral y capacitación, de mujeres que son o han sido víctimas de la violencia relacionada con la explotación; violencia física, sexual y psicológica"
Sin choque aparente Un fondo dirigido a mujeres víctimas de violencia busca proteger a un grupo en situación de vulnerabilidad. No se ve como una discriminación contraria a la dignidad.
Constitución, art. 73"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. único"De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para programas sin fines de lucro, de prevención y atención biopsicosocial y salud"
Sin choque aparente La reforma toca las utilidades de la Junta de Protección Social, no los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social. No se ve un choque con la protección de los seguros sociales.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 9930: Reforma Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, para fortalecer la atención integral y capacitación de mujeres víctimas de violencia (Vigente)
- Expediente 21830: REFORMA DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 8718 Y SUS REFORMAS, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CAPACITACIÓN DE MUJERES QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 8718 Y SUS REFORMAS, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CAPACITACIÓN DE MUJERES QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
VARIAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS
EXPEDIENTE N.° 21.830
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 8718 Y SUS REFORMAS, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CAPACITACIÓN DE MUJERES QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Expediente N° 21.830
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Durante el año 2018, se realizó la declaratoria de interés prioritario de la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, debido al aumento en los casos de femicidios y de violencia contra las mujeres.
Dicha declaratoria tiene como objetivo lograr la efectiva intervención del Estado en la atención de este grave problema en todas sus formas, de manera pronta e integral. Contando con el apoyo, compromiso y respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa, la Administración central y descentralizada.
Si tenemos presente que durante el periodo 2007-2017, en el país se cometieron 113 femicidios, de acuerdo a la definición de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, estamos lejos como país de cumplir con los lineamientos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”.
Una de las medidas de esta Declaratoria está dirigida a ampliar la capacidad de los Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal para Mujeres afectadas por Violencia, sus hijos e hijas (CEAAM), para protegerlas cuando exista riesgo de femicidio.
Si consideramos que actualmente el INAMU, solo cuenta con tres CEAAM ubicados en las provincias de San José, Limón y Alajuela, para la atención máxima de 76 personas víctimas de VIF, y que durante el periodo comprendido de enero a agosto del año 2019, se han atendido 265 mujeres; es urgente no solo la intervención inmediata para la ampliación de la capacidad instalada de dichos centros, sino la construcción de nuevos centros.
La prevención y atención de la violencia contra las mujeres compete tanto a las instituciones del sector público, como privado y población civil, ya que afecta a la sociedad como un todo.
Desde su creación la Junta de Protección Social (JPS), se ha destacado por su apoyo al sector social, como parte de su misión la JPS contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad social…
La distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar de la JPS, esta normada en el artículo 8 de la Ley N.° 8718, Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, viéndose beneficiados los siguientes grupos y programas:
-
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, exclusivamente, programas públicos de salud preventiva y programas y actividades de promoción y prevención de la salud mental.
-
Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica (equipo médico especializado y remodelaciones necesarias para la instalación de los equipos médicos).
-
Asociación Cruz Roja Costarricense.
-
Programas destinados a la prevención y atención del cáncer, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.
-
La Caja Costarricense de Seguro Social, que se destinará, exclusivamente, a financiar las pensiones del régimen no contributivo administrado por esa Institución
-
Juntas administrativas de las escuelas que cuentan con programas de atención para población con discapacidad, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social
-
Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.
-
Para programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial y al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para desarrollar programas de capacitación y recreación para las personas jóvenes con discapacidad física, mental o sensorial.
-
Para programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia el alcoholismo.
-
Para programas destinados al tamizaje neonatal. Dichos recursos se girarán a la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño (ACTA).
-
Para programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición de abandono y en condiciones de vulnerabilidad
-
Para programas destinados a la atención de personas menores de edad privadas de libertad o para personas menores de edad cuyo padre, madre, o ambos, estén privados de libertad.
-
Para entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a su atención, así como para entidades dedicadas a la capacitación, organización y dirección de asociaciones, fundaciones y grupos de personas dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores, centros diurnos sin fines de lucro
-
Para programas de prevención y atención de las personas que son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial.
-
Para el ICODER, para reparaciones, mejoras y construcción de instalaciones deportivas, para la práctica del deporte y la recreación, así como para la representación de deportistas, entrenadores y dirigentes, con el fin de que puedan asistir, participar y competir en eventos de orden internacional, en el campo del deporte, la educación física, la recreación y la capacitación deportiva.
-
Programas de atención de farmacodependencia que realiza Hogares Crea.
-
Para la Asociación Gerontológica Costarricense, para programas orientados a la promoción de una vejez digna, activa y participativa, conforme de Protección Social.
-
Para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) para desarrollar el programa destinado a la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad y para la promoción de la autonomía de las personas adultas mayores.
-
Para la adquisición de un terreno, así como para construir, equiparar y operar un centro psiquiátrico penitenciario.
Si se analiza con detalle el desglose de los grupos de personas y programas receptores de las utilidades de la JPS, quedan excluidas aquellas organizaciones sin fines de lucro que puedan ofrecer diversos proyectos y programas para una atención integral y albergar mujeres que son o han sido víctimas de la violencia relacionada con la explotación; violencia física, sexual y psicológica; incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el tráfico de personas y la explotación sexual comercial.
Por las razones antes expuestas, se propone el presente proyecto de ley, el cual pretende reformar el inciso Q) del artículo 8 de la Ley N.° 8718, Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, para avanzar como país en la protección de los derechos humanos, específicamente en los derechos humanos de las mujeres.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 8718 Y SUS REFORMAS, PARA FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y CAPACITACIÓN DE MUJERES QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmase el inciso q) del Artículo 8 de la Ley N° 8718 y sus Reformas, Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, para que en adelante se lea como sigue:
Artículo 8- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar
(…)
q) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para programas sin fines de lucro, de prevención y atención biopsicosocial y salud, y construcción de albergues para la atención integral y capacitación, de mujeres que son o han sido víctimas de la violencia relacionada con la explotación; violencia física, sexual y psicológica, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el tráfico de personas y la explotación sexual comercial, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.
(…)
Rige a partir de su publicación.
Ivonne Acuña Cabrera Luis Antonio Aiza Campos
Harllan Hoepelman Páez Marulin Raquel Azofeifa Trejos
María Vita Monge Granados Óscar Mauricio Cascante Cascante
Ignacio Alberto Alpizar Castro Víctor Manuel Morales Mora
Nidia Lorena Céspedes Cisneros Jorge Luis Fonseca Fonseca
Carlos Luis Avendaño Calvo Pedro Miguel Muñoz Fonseca
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Pablo Heriberto Abarca Mora
Roberto Hernán Thompson Chacón Floria María Segreda Sagot
Eduardo Newton Cruickshank Smith Nielsen Pérez Pérez
Daniel Isaac Ulate Valenciano Luis Ramón Carranza Cascante
Paola Viviana Vega Rodríguez Rodolfo Rodrigo Peña Flores
José María Villalta Flórez-Estrada Mario Castillo Méndez
Enrique Sánchez Carballo Carolina Hidalgo Herrera
Gustavo Alonso Viales Villegas Welmer Ramos González
Giovanni Alberto Gómez Obando Aracelly Salas Eduarte
Paola Alexandra Valladares Rosado Mileidy Alvarado Arias
Carlos Ricardo Benavides Jiménez Laura María Guido Pérez
David Hubert Gourzong Cerdas Otto Roberto Vargas Víquez
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Ana Karine Niño Gutiérrez
Carmen Irene Chan Mora Luis Fernando Chacón Monge
Aida María Montiel Héctor Yorleni León Marchena
Erwen Yanan Masís Castro María Inés Solís Quirós
Zoila Rosa Volio Pacheco Shirley Díaz Mejía
Erick Rodríguez Steller Walter Muñoz Céspedes
Diputadas y diputados
17 de marzo de 2020.
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.