Archivado el proyecto que pagaba publicidad electoral con plata del TSE
El expediente 21836, que proponía que el TSE comprara pauta electoral para todos los partidos, venció su plazo cuatrienal en marzo de 2024 y quedó archivado sin ser ley.
Título oficial REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES
Atención: El proyecto daba al TSE la compra de pauta electoral y repartía la mitad de esa pauta según la representación legislativa, lo que favorece a los partidos grandes.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Partidos con representación en la Asamblea Legislativa
El 50% de la pauta administrada por el TSE se reparte en forma proporcional a la representación legislativa, no en partes iguales.
Un 50% en forma proporcional entre los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa.
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- A los partidos políticos inscritos a escala nacional y provincial que participan en elecciones
- Al Tribunal Supremo de Elecciones, que pasaría a comprar y administrar pauta publicitaria
- A los medios de comunicación de televisión, radio, prensa y digitales que venderían publicidad al TSE
- A los bancos y fideicomisos que hoy prestan dinero a los partidos para campaña
A quién beneficia
- Los partidos sin representación legislativa tendrían al menos algo de exposición mediática pagada por el TSE
- Los partidos dejarían de pedir préstamos bancarios para financiar publicidad
- El electorado vería propaganda de todos los partidos, no solo de los que tienen más plata
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el 11 de marzo de 2024 y quedó archivado
- El anticipo de contribución estatal pasaría del 15% actual a un 50%
- El TSE podría constituir un fideicomiso con entidades del Sistema Bancario Nacional
- Los medios tendrían que inscribirse como oferentes de publicidad ante el TSE
La explicación completa
El proyecto de ley 21836 está archivado. Venció su plazo cuatrienal el 11 de marzo de 2024 y nunca llegó a ser ley 1. Proponía que el Tribunal Supremo de Elecciones comprara publicidad electoral para repartirla entre todos los partidos.
Qué propone
El proyecto reformaba el artículo 96 del Código Electoral para crear las franjas electorales (art. único). Hoy ese artículo permite a los partidos recibir un anticipo de hasta el 15% de la contribución estatal, con garantías líquidas 2. El texto propuesto subía ese anticipo a un 50%.
De ese 50%, un 80% lo administraría el Tribunal Supremo de Elecciones para comprar y pagar pauta en televisión, radio, prensa y medios digitales (art. único). Ese dinero se repartiría así: 50% proporcional a los partidos con representación en la Asamblea Legislativa, 45% en partes iguales entre los partidos nacionales con candidaturas y 5% en partes iguales entre los partidos provinciales.
El otro 20% del anticipo lo recibirían los partidos con garantías líquidas. Se repartiría 80% en sumas iguales entre los partidos nacionales y 20% entre los provinciales (art. único).
El TSE también podría constituir un fideicomiso con entidades del Sistema Bancario Nacional para administrar ese dinero (art. único). Los medios tendrían que inscribirse como oferentes de publicidad ante el Tribunal.
El proyecto citaba un informe de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras las elecciones municipales de febrero de 2020. Ese informe recomendaba "Implementar una franja de propaganda electoral gratuita, que garantice a todos los partidos un espacio para la presentación de sus propuestas" (art. único).
En qué va el trámite
El expediente se archivó. La ficha registra el vencimiento cuatrienal el 11 de marzo de 2024 1.
El último paso anotado es del 9 de febrero de 2022: la Comisión de Asuntos Jurídicos remitió el dictamen a la Secretaría del Directorio 1. Antes, el 27 de octubre de 2021, la comisión había votado y dictaminado el proyecto.
Para que fuera ley faltaban los dos debates en el plenario y la sanción del Poder Ejecutivo, según el artículo 124 de la Constitución Constitución, art. 124. No ocurrió.
Lo que se dijo en la Asamblea
La grabación V1, del 7 de abril de 2025, habla de un expediente distinto: el 24,346 00:00:18. Ese texto también reforma el artículo 96 del Código Electoral y crea franjas electorales 00:00:23. La grabación menciona el expediente anterior como antecedente: "se archivó por un error de cómputo del plazo cuachenal de la Secretaría del Directorio" 00:01:12.
En esa grabación una persona sin nombre identificado en el audio critica el mecanismo. Dice que obligar al TSE a contratar la pauta es "sumarle un paso muy burocrático al manejo de los dineros en campaña" 00:01:57. También afirma que la propuesta es "violatorio de la libertad y la autodeterminación de los partidos políticos" para decidir su inversión electoral 00:01:19.
La grabación V2, del 11 de abril de 2025, repite la misma información sobre el expediente 24,346 00:05:33. No aporta datos sobre el 21836.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 21836 y la Constitución del dossier. El artículo 96 constitucional permite que el Estado contribuya a los gastos de los partidos, con un monto del 0,19% del producto interno bruto del año anterior a la elección Constitución, art. 96. El proyecto usaba ese mismo dinero, solo que adelantado y con el TSE como comprador de publicidad (art. único).
Hay una duda sobre el artículo 99. Ese artículo da al Tribunal Supremo de Elecciones la organización, dirección y vigilancia de los actos de sufragio Constitución, art. 99. Convertirlo en comprador de pauta publicitaria amplía sus funciones, y el texto no aclara cómo se controla esa compra.
Otra duda toca el artículo 98, que declara libres la creación y actividad de los partidos Constitución, art. 98. El texto no obliga a ningún partido a usar la pauta del TSE, pero sí decide por ellos una parte de su presupuesto de campaña (art. único).
El artículo 95 pide garantías de pluralismo político y de representación para las minorías Constitución, art. 95. El reparto del 50% proporcional a la representación legislativa favorece a los partidos grandes, y el propio proyecto lo reconoce cuando dice que "no logra la equidad total" (art. único).
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que no hay comisión ni plenario donde incidir sobre este texto. La guía de participación ciudadana describe herramientas que sirven para mirar el tema.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina brinda información sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía advierte que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
Si en el futuro se retoma un texto parecido, la guía explica que cualquier ciudadano puede entrevistarse con los diputados de la comisión para argumentar a favor o en contra guía, p. 29.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente 21836 no avanzó después del dictamen de febrero de 2022.
El dossier no identifica a la persona que habla en la grabación V1.
El dossier no incluye el texto del expediente 24,346 que se discute en 2025.
El dossier no trae las cifras en colones de los ejemplos de reparto que el proyecto menciona.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El texto usa el dinero que el artículo 96 constitucional ya destina a los partidos, pero amplía las funciones del TSE y decide por los partidos parte de su presupuesto de campaña.
Constitución, art. 96"El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.- La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa."
Esta ley, art. único"Los partidos políticos podrán recibir en forma anticipada hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto total que se determine como contribución estatal."
Sin choque aparente La Constitución permite que el Estado pague gastos de los partidos. El proyecto usa ese mismo dinero, solo que adelantado y con el TSE comprando la publicidad. Calza con el artículo 96.
Constitución, art. 99"La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido."
Esta ley, art. único"Un ochenta por ciento (80%) del anticipo, será administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones para la compra y pago de pauta publicitaria en empresas nacionales de comunicación colectiva de televisión, radio y prensa, incluyendo los medios digitales."
Hay dudas El TSE pasaría de vigilante electoral a comprador de publicidad. El texto no dice cómo se controla esa compra ni cómo se evita que el Tribunal favorezca a un medio o a un partido.
Constitución, art. 98"Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley."
Esta ley, art. único"Los partidos políticos podrán recibir en forma anticipada hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto total que se determine como contribución estatal."
Hay dudas El proyecto no obliga a ningún partido a usar la pauta del TSE. Pero decide por ellos una parte grande de su presupuesto de campaña. Queda la duda de si eso limita la libertad de actividad del partido.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:18
"24,346 para la creación de las franjas electorales"
- 00:01:12
"se archivó por un error de cómputo del plazo cuachenal de la Secretaría del Directorio"
- 00:01:19
"Es violatorio de la libertad y la autodeterminación de los partidos políticos de tomar las decisiones de inversión"
- 00:01:57
"sumarle un paso muy burocrático al manejo de los dineros en campaña"
- 00:05:33
"24,346 para la creación de las franjas electorales"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 21836: REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES
- Ley 8765: Código Electoral (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Avanza ley para crear franjas electorales
- Asamblea Legislativa Noticias, 11 de abril 2025
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES.
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.º 21.836
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES.
Expediente N.º 21.836
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Costa Rica fue uno de los primeros países de la América Latina que estableció el financiamiento público de los partidos políticos, normativa que tiene como finalidad impedir que los partidos políticos dependan de dineros que condicionen su accionar para favorecer los intereses parciales o gremiales en detrimento o subordinando el interés público y el interés nacional a esos intereses particulares.
Lo anterior, en razón de que si el financiamiento de los Partidos Políticos dependiera principal o exclusivamente de aportes de grupos de interés, de personas y empresas nacionales, que pretendan su patrocinio en contradicción con el interés público, o de aportes de corporaciones extranjeras que no reflejen el interés del Estado, o que tengan su origen en fuentes ilegales como el narcotráfico, es claro que la democracia se estaría erosionando.
Nuestra Constitución Política garantiza la posibilidad de que los ciudadanos se agrupen en partidos políticos con la finalidad de intervenir en la política nacional. La aspiración plasmada en nuestra Carta Magna, es el compromiso de esas organizaciones con la concreción de los programas que presenten a consideración de los ciudadanos que los eligen. Los Partidos Políticos son instrumentos fundamentales de participación política y de garantía del pluralismo del sistema democrático.
En ese sentido, el financiamiento público de las organizaciones políticas pretende también alcanzar la mayor equidad en la competencia electoral.
No obstante lo anterior, a pesar de que han existido varios intentos de aprobar reformas con el objetivo de mejorar los términos y condiciones en que se brinda ese financiamiento para hacer efectiva la participación política y generar la mayor equidad, para que los ciudadanos conozcan los proyectos o programas políticos de las distintas agrupaciones y poder sopesar las propuestas y elegir con información, sin el ingrediente que significa la diferencia en los montos al acceso de financiamiento, estos proyectos de ley no han logrado su aprobación en el pasado
Para efectos de analizar la equidad en la difusión de las propuestas partidarias, es de especial importancia considerar la disparidad en el acceso equitativo de los partidos políticos a la emisión de mensajes políticos en los medios de comunicación colectiva, en especial a la televisión.
La desigualdad en el acceso a los medios de comunicación afecta el resultado de las elecciones. Tal y como señala Hernán Goncalves, “cuando en elecciones competitivas un partido cuenta con una cantidad exageradamente superior a los demás, tiene la capacidad para tapar con su voz los mensajes de sus contendientes”. Él cita a su vez a Loewenstein: “…el Leviatán habla con muchas lenguas. El que hable más alto y más tiempo, y en las horas apropiadas de la televisión y la radio, tendrá la seguridad de que su mensaje será oído por el mayor número de potenciales consumidores” (En Goncalves Figueiredo, Hernán (2013). Manual de Derecho Electoral: principios y reglas, teoría y práctica del régimen electoral y de los partidos políticos. Buenos Aires. Di Lalla Ediciones. Páginas 226 a 242).
El Código Electoral se promulgó en 1952. En el año 1996 sufrió una primera reforma integral y posteriormente en el año 2009 recibe una segunda reforma integral y se promulga el actual Código Electoral Ley N° 8765 de 19 de agosto de 2009.
Esta última reforma, desarrolló el concepto de adelanto de la contribución estatal a los partidos políticos, que condiciona el financiamiento a la presentación de garantías líquidas, que no todas las agrupaciones partidarias pueden aportar, generando, en consecuencia, un acceso desigual dependiente de la capacidad económica de las fuerzas políticas y sus integrantes.
En razón de lo anterior, este proyecto de ley se propone utilizar este mecanismo del adelanto de la contribución estatal a los partidos políticos, aumentando su porcentaje para crear las llamadas franjas electorales de publicidad que garantizarían mayor equidad en la competencia entre los partidos políticos.
Para esos efectos, se plantea utilizar una porción del adelanto de la contribución estatal para que el Tribunal Supremo de Elecciones compre la publicidad y la distribuya entre los partidos. Con este mecanismo, se estaría superando la usual oposición de los medios de comunicación colectiva tradicionales a brindar espacio a los partidos políticos en campaña electoral de manera gratuita, tal y como lo propuso el Tribunal en el año 2013, esto a pesar de operar bajo concesiones del espectro radioeléctrico estatal.
La iniciativa de ley propone utilizar un método, para la distribución de la pauta publicitaria, que combinaría la fuerza electoral de los partidos, definida por su representación parlamentaria y la distribución equitativa entre todos los partidos nacionales y provinciales que participen en los procesos electorales. De manera adicional, sería una manera de financiamiento público indirecto.
En este sentido, la propuesta plantea que los partidos políticos reciban en forma anticipada hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto total que se determine como contribución estatal. A su vez esta mitad de toda la contribución estatal se divide en dos partes: un 80% de ese anticipo lo administrará el Tribunal Supremo de Elecciones para la compra y pago de pauta publicitaria en empresas nacionales de comunicación colectiva de televisión, radio y prensa, incluyendo los medios digitales. El otro 20% se mantiene según el concepto actual de anticipación de recursos monetarios con garantías líquidas, que se distribuirá en un 80% de forma igualitaria entre partidos nacionales con candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia y Diputaciones y un 20% de forma igualitaria entre Partidos de escala provincial con candidaturas de Diputados y Diputadas inscritas.
El anticipo para el establecimiento de las franjas electorales, el TSE lo distribuirá bajo el principio de equidad haciendo que todos los partidos políticos participantes nacionales y provinciales sin excepción, tengan acceso a los medios, pero también que se respete el peso de las representaciones parlamentarias, lo cual a su vez es un balance de las fuerzas políticas según la voluntad popular de la elección anterior.
Se propone, de acuerdo a lo expresado, distribuir esa parte del anticipo administrado por el TSE para las franjas electorales, destinando 50% en forma proporcional entre los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, un 45% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas para Presidencia, Vicepresidencias de la República y diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y un 5% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos inscritos a escala provincial que hayan presentado candidaturas para diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa.
A continuación, se describe la distribución de los recursos que se propone en esta iniciativa:
Además, la iniciativa propone que al Tribunal Supremo de Elecciones, se le encargaría no sólo la compra de la publicidad, sino también elaborar una reglamentación para lograr una distribución equitativa de las franjas electorales, según horarios y espacios de mayor cobertura.
Los medios de comunicación deberán inscribirse como oferentes de publicidad ante el Tribunal y éste deberá contemplar en la compra de la pauta tanto a medios nacionales como los provinciales y regionales. Para estos fines el TSE quedaría autorizado para utilizar la figura del fideicomiso.
Para ejemplificar los efectos de la reforma propuesta, en caso hubiera estado vigente en el pasado, los recursos en para el proceso electoral de 2018 se habrían distribuido como se describe a continuación (cifras en colones):
Para las elecciones 2022, y asumiendo, únicamente para ejemplificar, el mismo monto de contribución estatal que se asignó en 2018 y que todos los Partidos actualmente inscritos participan en las elecciones, los recursos se distribuirían como se detalla a continuación (cifras en colones):
Esta propuesta no logra la equidad total en el financiamiento de todos los partidos políticos, pero sí garantiza a los nuevos partidos y a los que no tienen representación legislativa, al menos un grado de exposición mediática mediante pauta pagada por el TSE.
Costa Rica se encuentra entre los pocos países de América Latina (Ecuador, Nicaragua, Honduras y Venezuela, son los otros) en los que los partidos políticos no tienen acceso gratuito a los medios y tienen que procurar recursos para contratar la pauta (usualmente en el caso nuestro a través de préstamos bancarios).
Las “franjas electorales” son espacios gratuitos concedidos en los medios de comunicación a todos los partidos contendientes en un proceso electoral y bajo distintas modalidades. En países como Argentina, México y Brasil se brinda al Estado Nacional el monopolio para la contratación de espacios en los medios de comunicación. La propuesta para nuestro país no se enmarca dentro de este modelo dado que cada partido recibiría espacios gratuitos pagados por el TSE, pero si lo desea, y dispone de recursos, puede adquirir más espacios pagados.
Después de las elecciones municipales de febrero de 2020, la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su Informe Preliminar, volvió a pedir a Costa Rica la implementación de las franjas electorales. Dice el Informe que se recomienda: “Implementar una franja de propaganda electoral gratuita, que garantice a todos los partidos un espacio para la presentación de sus propuestas. Esta medida, recomendada por anteriores misiones de la OEA, no sólo fortalecerá la equidad de la competencia electoral, sino que contribuirá a mejorar el estado financiero de los partidos políticos, dado que la publicidad constituye uno de los principales rubros de gasto de las campañas” (Ver el Informe en: http://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-CR.pdf).
Adicionalmente, la creación de un sistema de franjas electorales en Costa Rica tendría el efecto positivo adicional de limitar la intermediación de los bancos y el uso de los certificados de eventual contribución estatal para darles garantías.
Es decir, actualmente los partidos políticos piden préstamos, que dejan grandes ganancias en intereses y otros rubros a la banca y los fideicomisos, con el objetivo de financiar la propaganda en los medios de comunicación.
Con la aprobación de la iniciativa el Tribunal Supremo de Elecciones realizaría la compra de la pauta publicitaria y establecería las franjas electorales, lo que haría innecesario que los partidos tengan que buscar a los bancos para financiar la publicidad.
Todos los partidos políticos que participen en las elecciones podrían presentar a través de los medios de comunicación sus candidaturas y sus programas electorales, permitiendo que el electorado se informe mejor sobre las opciones que se presentan a la contienda. Se conjugan así dos principios democráticos básicos, la equidad y el derecho a la información. En una buena parte de los países latinoamericanos la equidad se alcanza a través de una difusión igualitaria pero únicamente en los medios estatales. Con el texto propuesto en el caso costarricense, el TSE podrá contratar la publicidad tanto en medios estatales como privados, incluyendo no sólo la televisión abierta sino también la de cable y las redes sociales. Tampoco se impide que los partidos políticos puedan contratar más publicidad en los medios si tienen otros recursos disponibles y legales para este propósito.
Es una reforma en el sistema de financiamiento que fortalece el sistema democrático, tal y como dice Giovanni Sartori, citado por Daniel Zovatto, “más que ningún otro factor, es la competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos, económicos) lo que genera democracia” (En Zovatto, D. (2008). Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. México. IDEA – UNAM. Página 99).
A raíz de los escándalos de corrupción que se atribuyen a los partidos políticos relacionados con el uso o abuso del financiamiento público, muchos de los cuales se encuentran en trámite en vía judicial, ha surgido en opinión pública la tentación de pedir que el Estado deje de financiar la campaña política.
En esa dirección, no puede perderse de vista, que los financiamientos, ya de empresa privada, o de corporaciones o de gremios que representan visiones parcializadas y particulares, generalmente no se enlazan con la finalidad del bien común de las sociedades, sino que priorizan los intereses particulares y generan una degradación en los poderes públicos, favoreciendo los intereses de élites sobre el interés general, y en consecuencia debilitando la democracia. Lo anterior se refleja en recientes ejemplos en nuestra América Latina.
En El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Panamá, uno de los integrantes del departamento de sobornos de Odebrecht, llamado Fernando Migliacio, confesó ante la justicia que “Odebrecht financió elecciones”. Otros confesos sumaron a Colombia y Perú en esa lista.
Otro integrante de ese departamento de sobornos (oficialmente denominado Departamento de Operaciones Estructuradas, DOE), Rodrigo Tacla Durán dijo: “El primer contacto se establecía en campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos (…) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”. Odebrecht no financiaba a un solo candidato, financiaba a varios, para así tener garantías plenas de los contratos de obra pública. (Citas de Olmos, Raúl. (2018). Gigante de Lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México. México, Grijalbo, páginas 62-63).
Para abundar: “Odebrecht tenía un modelo de influencias donde usaban una serie de mecanismos, como soborno, “lobbys”, “puertas giratorias”, financiamiento político, cuya finalidad era crear una red para ser “amigo de todos” y conseguir más obras con el mayor nivel de ganancias posibles” (Ver Martinez Encarnación, K. (2019). Dinero, poder y política: financiamiento electoral como clave en la influencia de Odebrecht en Perú y México. Politai, 10(18), 128-168. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/21163).
A la vista de estos peligrosos hechos acaecidos recientemente en la América Latina, es deseable no ceder a la tentación de dejar en manos privadas, es decir en la práctica de las corporaciones nacionales y extranjeras, el financiamiento de los partidos políticos y que, al contrario, es imperativo buscar la manera de mantener el aporte estatal, pero con mecanismos de financiamiento indirecto de la publicidad como se proponen en este proyecto de ley, para alcanzar mayor equidad y evitar en lo posible la llamada “captura corporativa estatal”.
Por las razones anteriormente expuestas sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de las señoras diputadas y los señores diputados.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES.
ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica el artículo 96 de la Sección II “De la Contribución Estatal”, el Capítulo VI “Régimen de los Partidos Políticos” del Título III “Partidos Políticos” del Código Electoral, Ley N.º 8765, de 19 de agosto de 2009. El texto se leerá de la siguiente manera:
SECCION II
DE LA CONTRIBUCION ESTATAL (…)
Artículo 96- Financiamiento anticipado
Los partidos políticos podrán recibir en forma anticipada hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto total que se determine como contribución estatal. La distribución del anticipo se hará de la siguiente manera:
a) Un ochenta por ciento (80%) del anticipo, será administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones para la compra y pago de pauta publicitaria en empresas nacionales de comunicación colectiva de televisión, radio y prensa, incluyendo los medios digitales. Estos recursos se distribuirán de la siguiente manera:
i. Un 50% en forma proporcional entre los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa.
ii. Un 45% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas para Presidencia, Vicepresidencias de la República y diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa.
iii. Un 5% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos inscritos a escala provincial que hayan presentado candidaturas para diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa.
El Tribunal mediante reglamento procurará una distribución equitativa de la pauta con base en los datos que presenten las empresas de horarios y espacios de mayor difusión, contemplando tanto medios nacionales como provinciales y regionales que hayan cumplido el trámite de inscripción.
b) Un 20% del anticipo, podrá ser recibido por los partidos políticos, previa rendición de las garantías líquidas suficientes. Este monto se distribuirá en partes iguales para cada partido político de la siguiente manera:
i. A los partidos políticos inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas para presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, se les distribuirá en sumas iguales, previa rendición de las garantías líquidas suficientes, el ochenta por ciento (80%) del monto establecido.
ii. Previa rendición de las garantías líquidas suficientes, un veinte por ciento (20%) del monto establecido será distribuido en sumas iguales entre todos los partidos únicamente a escala provincial con candidaturas presentadas a diputados a la Asamblea Legislativa.
Los partidos políticos que hayan recibido contribución estatal a modo de financiamiento anticipado y que no hayan cumplido las condiciones que establece el artículo 96 de la Constitución Política y lo preceptuado en este artículo, deberán devolver lo recibido por concepto de financiamiento anticipado. Igual procedimiento se aplicará con los excedentes, en caso de que la suma adelantada supere el monto a que tenía derecho el partido político.
El Tribunal podrá constituir un fideicomiso con entidades del Sistema Bancario Nacional, a efectos de administrar el financiamiento anticipado a los partidos políticos.
Rige a partir de su publicación.
José María Villalta Flórez-Estrada Diputado
17 de marzo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.