Archivado el plan que daba patentes provisionales en 3 días

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL

ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 21.839

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL

Expediente N.° 21.839

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En aras de promover la reactivación económica en cada uno de los cantones del país, promover la generación de empleos y facilitar a los gobiernos locales la gestión en sus cantones, presento a la corriente legislativa esta iniciativa de ley, la cual incluye varias reformas sencillas pero vitales al Código Municipal y a otras leyes.

El proceso de transferencia de competencias y recursos a las municipalidades pretende contribuir con la modernización del Estado costarricense, acercar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente, así como mejorar la gobernabilidad democrática y la fiscalización social en la gestión pública. Por ello, resulta necesario ordenar diferentes temas que hasta el día de hoy implican serias dificultades para los administradores de los gobiernos locales.

Las municipalidades del país gozan de la credibilidad de los ciudadanos, así demostrado en una encuesta de Borge y Asociados, realizada en setiembre de 2019, en la cual la ciudadanía consideró como muy buena la labor de las municipalidades, con un 69.5% de opiniones favorables.

Fuente: Borge y Asociados. Es por ello, que una de las primeras reformas que se plantean en el capítulo I de este proyecto, es fortalecer la colaboración con todos los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, Poderes de la República y entre municipalidades, tanto de bienes, asesoría, equipos y otros insumos. Lo anterior por cuanto en muchas ocasiones se requiere asesoría de algunos entes del Estado y no existe norma expresa que le permita a ese ente brindar colaboración a la municipalidad y así desarrollar más ágilmente obras conjuntas. Asimismo, se autoriza a las municipalidades para constituirse como unidades ejecutoras de proyectos financiados por otras instituciones públicas, lo cual facilitará la construcción de obra pública de una forma más efectiva en pro del desarrollo de los cantones.

Otra reforma que presento en este proyecto de ley es la adición de un nuevo artículo 10 bis al Código Municipal y tiene como fin autorizar a las municipalidades a crear zonas especiales dentro de sus territorios para el fortalecimiento, atracción y establecimiento de actividades económicas declaradas de interés público cantonal. Esta nueva función permitirá también que municipalidades de diversas zonas se agrupen para compartir estrategias de desarrollo y ejecutar proyectos de manera conjunta. Finalmente, las federaciones de municipalidades podrán ejecutar este tipo de estrategias regionales de desarrollo. Esta reforma viene a fortalecer las funciones que estas desarrollan.

En la presente iniciativa de ley se autoriza a las municipalidades a donar o permutar bienes muebles o inmuebles patrimoniales que no estén destinados al uso general o al servicio público y que vayan dirigidas a otras instituciones públicas, asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro declaradas de utilidad pública. De igual forma, se autoriza a las municipalidades a donar o permutar bienes demaniales entre las municipalidades y entre estas y otros órganos o entes de derecho público, cuando el nuevo uso de dichos bienes vaya dirigido a alcanzar un interés jurídico prevalente o superior, que el acuerdo de traspaso se respalde con un acto administrativo fundamentado en los alcances de esta ley y que el bien conserve su carácter demanial con el nuevo uso general o servicio público al que se destinará. Esto facilitará la labor de las municipalidades y procurará mayores niveles de bienestar a los habitantes de sus cantones por proyectos de interés público que se puedan desarrollar con dichos bienes.

En el ejercicio del cargo como alcalde del cantón de Alajuela pude experimentar y lidiar con trabas en diversos aspectos de la Administración Pública, que en muchas ocasiones impedían alcanzar los objetivos municipales y poder cumplir a tiempo con las soluciones a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Es por esta razón que muchas de las reformas que se presentan en este proyecto de ley obedecen, no solo a las necesidades de las comunidades, sino a las dificultades reales que viven los gobiernos locales y a una necesidad urgente de facilitar la renovación urbana. Uno de los casos más tristes que se encuentra uno en los pueblos es que haya propiedades construidas hace muchos años, que no cuentan con un acceso adecuado para personas y esto se debe, en la mayoría de las ocasiones, a que esos accesos construidos en el pasado no tienen las medidas mínimas de ancho que hoy en día se requieren para ser recibidas como calles públicas, lo cual impide que las municipalidades puedan invertir recursos públicos en ellas y con ello mejorar la calidad de vida y la seguridad de las familias que ingresan a sus viviendas a través de estas franjas de terreno. Es por esta razón que en este proyecto se pretende autorizar a las municipalidades para que puedan declarar como públicas aquellas vías de acceso, sean vehiculares o peatonales, que con anterioridad al 31 de diciembre de 2019 cumplan con ciertos requisitos que se detallan en este proyecto, mediante una modificación al artículo 13 del Código Municipal, al cual se le añade un nuevo inciso.

Es vital para estas familias tener un acceso digno a sus viviendas, por lo que con esta reforma se pretende autorizar la mejora de las condiciones de estos accesos con recursos municipales y ajustarlas; con base en criterios técnicos, para hacerlas accesibles no solo a los ciudadanos, sino también a los diferentes cuerpos de emergencia, que en muchos casos no pueden ingresar a estas zonas por la falta de vías de acceso apropiadas para ello, sin dejar de lado el grave problema por incumplimiento de la Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

A través de los años este tema se ha querido solucionar con la aprobación de los planes reguladores en los diferentes cantones, pero solamente 40 cantones cuentan con un plan regulador, y de los 42 cantones que no lo tienen hay 15 cantones que no han iniciado siquiera el proceso para tenerlo, lo cual hace reaccionar al diputado que suscribe este proyecto para buscar la celeridad en los procesos y así poder brindar herramientas legales que les permita a los gobiernos locales ir atendiendo y solucionando estos problemas de renovación urbana, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios y técnicos para hacerlo y dentro de su planificación pertinente.

En tiempos de crisis fiscal, es urgente además que las municipalidades apoyen a los nuevos emprendedores, a los nuevos empresarios, a todo aquel que quiera establecer sus negocios en el cantón y con ello generar empleos, razón por la cual otra de las propuestas en esta reforma lo es la inclusión de un nuevo artículo 78 bis, que faculta a las municipalidades a brindar patentes provisionales para la explotación de actividades lucrativas, las cuales tendrán un plazo máximo de caducidad de cuatro meses. Durante este lapso las municipalidades recibirán, verificarán y corregirán los requisitos que deben presentar los administrados para emitir las patentes definitivas. Esta patente provisional se emitirá en un máximo de tres días por parte de la municipalidad y se establece en este artículo los requisitos que deberán cumplir los administrados para estos fines. Esta reforma permitirá agilizar la economía y evitar que los locales comerciales pasen cerrados mientras se encuentran a la espera de esa deseada patente para la explotación comercial de una actividad lucrativa.

Otra de las propuestas incluidas en este proyecto de ley va dirigida a resolver una dificultad que los municipios deben enfrentar con bastante frecuencia. Las municipalidades deben lidiar con instituciones públicas y privadas que llegan al cantón a desarrollar diversas obras, algunas de las cuales implican la destrucción de infraestructura municipal, tales como caminos públicos, parques, sistemas de alcantarillado y demás, lo cual genera muchas molestias y dificultades a los ciudadanos e implica un grave problema para las autoridades municipales, quienes muchas veces son sorprendidas con rompimiento de carpetas asfálticas nuevas, por la reparación o instalación de acueductos, por poner uno de los ejemplos más comunes. Es por ello, que se establece en esta iniciativa de ley un nuevo artículo 3 bis, en el que se obliga a todas las instituciones públicas a dar aviso formal con la debida antelación a la municipalidad correspondiente, para la realización de obras que afecten la red vial cantonal o cualquier otra infraestructura pública municipal.

Esta solicitud deberá hacerse con al menos un mes de anticipación, salvo aquellos casos de emergencias evidentes que deben ser atendidas con prontitud por otras instituciones responsables. Asimismo, se autoriza a las municipalidades a reparar los daños, si después de 20 días hábiles estos no han sido atendidos debidamente por los responsables y siempre que la municipalidad cuente con los recursos técnicos y el presupuesto para hacerlo, pudiendo luego iniciar la acción de recuperación de los recursos invertidos contra quienes causaron los daños.

Finalmente se califica como culpa grave la omisión del jerarca o funcionario responsable que no avise y coordine con la municipalidad sobre las obras a efectuar, de acuerdo con el artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227.

Una de las reformas más importantes que presento en este proyecto es la adición de un nuevo artículo 9 bis al Código Municipal, en el cual se autoriza a las municipalidades para establecer incentivos fiscales y no fiscales municipales y a conceder descuentos en las patentes de hasta un 50% y hasta por 5 años, así como descuentos de hasta un 100% en el impuesto de construcción, según el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N.° 4240, de 15 de noviembre de 1968, a las personas físicas o jurídicas que emprendan nuevas actividades económicas que sean declaradas de interés público cantonal, ya sea por su impacto positivo para el cantón en el ámbito social, ambiental, turístico, económico o cultural. En esta reforma se autoriza a los gobiernos locales para que, en casos de crisis económicas o emergencias declaradas por desastres naturales, puedan conceder descuentos de hasta un 100% en el costo de las licencias o patentes para la explotación de actividades lucrativas que se ubiquen en las zonas afectadas.

Esta posibilidad hará que se reactive la economía en los cantones, que se atraiga a los empresarios a las diferentes zonas y se generen empleos, prosperidad y un mayor interés de empresas nacionales y extranjeras por querer establecerse en el país acorde con la propuesta que cité en párrafos anteriores para la aprobación de zonas especiales. No obstante, para la ejecución de este artículo la municipalidad deberá aprobar el reglamento correspondiente.

Es importante destacar en este punto que esta iniciativa de ley pretende ser una norma autorizante de alcance general. Los gobiernos locales que quieran acogerse a sus efectos, así lo dispondrán libremente mediante los acuerdos correspondientes en sus concejos municipales, de manera tal que no se afecta la autonomía municipal ni implica una invasión de competencias por parte de la Asamblea Legislativa.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió en el Voto N.° 6589-2006, que un proyecto de ley que formule normas permisivas o autorizantes, no impone nada a las municipalidades y solo les confiere una licencia para actuar de acuerdo con su propia valoración del interés local. En ese sentido, el voto de marras señala en lo que interesa:

“…Por el proyecto en análisis, en cambio, lo que se pretende es autorizar a cada uno de los concejos municipales para que éstos, dentro de ciertos parámetros establecidos en el proyecto, puedan libremente decidir si consideran oportuno aprobar la condonación -basada en la generalidad y publicidad- en sus respectivas circunscripciones. Esta iniciativa lo que busca es apenas dar una autorización general para que cada gobierno local adopte la decisión que estime más conveniente. De ser aprobado en forma definitiva, este proyecto, al menos en el aspecto que se analiza, contiene una norma permisiva o autorizante, que no impone nada a las municipalidades, sino que les confiere una licencia para actuar de acuerdo con su propia valoración del interés local y disponer, en cada caso, si se aprueba la condonación de intereses, multas y recargos. Si se tratara más bien de una norma prohibitiva o de una impositiva, dicho proyecto podría contravenir la autonomía de los gobiernos locales, pero tal como fue diseñado, no obliga ni impide a las municipalidades que así lo estimen oportuno, aprobar la mencionada condonación. De esta forma, que el proyecto sea iniciativa de un órgano del Estado Central y no de las propias municipalidades en nada afecta la autonomía de éstas, ni implica una invasión de competencias constitucionales por parte del Parlamento…”. (El resaltado no es del original)

Por otro lado, en este proyecto de ley se pretende adicionar un nuevo artículo 3 ter al Código Municipal, con el fin de que las municipalidades puedan prevenir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo Nacional de Vialidad de la existencia de daños o deterioros puntuales en la red vial nacional que se encuentren en la circunscripción territorial del cantón respectivo y que pongan en peligro la seguridad de quienes transiten por esas vías, situación que deberá ser atendida por la institución responsable en un plazo de un mes luego de la notificación del requerimiento municipal respectivo. Si la institución involucrada no atiende en el plazo establecido las obras indicadas por la municipalidad, esta queda autorizada para hacer la reparación, siempre que cuente con los recursos técnicos y financieros para ello, y posteriormente gestionar el reintegro de los recursos a la institución responsable.

En el capítulo II de este proyecto de ley se proponen tres reformas a otras leyes. Una de ellas de 1972, sea la Ley General de Caminos Públicos, otra de 1949, denominada Ley de Construcciones y una nueva modificación al último párrafo del artículo 2 de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, N.º 9329, de octubre de 2015.

La reforma a la Ley General de Caminos Públicos radica en modificar el artículo 19 de esta norma, con el fin de que las municipalidades puedan autorizar alineamientos para construcciones o edificaciones frente a la vía pública, no solo en rutas cantonales sino también frente a rutas nacionales existentes o en proyecto, lo cual agilizará un trámite que tarda muchísimo tiempo en autorizarse ante el MOPT. Se exceptúan las carreteras primarias, en donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) continuará autorizando los alineamientos viales como hasta la fecha, pero en las carreteras secundarias y terciarias le corresponderá a la municipalidad autorizar el alineamiento vial correspondiente. Esta transferencia de competencias a las municipalidades beneficiará la reactivación económica y se traducirá en economía procesal y simplificación de trámites, generando con ello un beneficio directo para los administrados. Esto además es conteste con el artículo 9 de la Ley N.° 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002, que obliga a las instituciones públicas a llegar a un acuerdo para establecer un trámite único y compartido cuando se persiga la misma finalidad con el requisito que se exige; ya que, ningún administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, para la solicitud de un mismo trámite o requisito.

Adicionalmente, se reforman varios párrafos del artículo 18 de la Ley de Construcciones, Ley N.° 833, de 2 de noviembre, con el fin de que todo edificio que se construya o se reconstruya en lo sucesivo con frente a la vía pública deba sujetarse al alineamiento y al nivel oficial que fijará la municipalidad respectiva. Las personas que deseen construir o reconstruir estarán en su derecho de solicitar a la municipalidad la indicación sobre el alineamiento y el nivel oficial que le corresponde a su propiedad, previo a la presentación de la solicitud del permiso de construcción o reconstrucción. La fijación del alineamiento y del nivel oficial lo hará la municipalidad dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud respectiva, y si la municipalidad no resolviera en tiempo, el dueño de la propiedad utilizará como línea de construcción el límite de la propiedad con la vía pública.

Esta reforma, de igual manera, agilizará los trámites a la ciudadanía y resolverá la carencia de pronta respuesta que se obtiene en la actualidad para la fijación del alineamiento y el nivel oficial, dado que hoy la norma fija un plazo de tres meses para dar respuesta al administrado, término que usa el MOPT para atender las solicitudes de alineamiento que vienen de todo el país. Acortar el plazo a máximo un mes incentivará el sector construcción y la generación de empleo en los cantones.

Estas reformas propuestas van en la dirección de propiciar los principios de subsidiaridad, coordinación y simplificación de trámites. A los ciudadanos hay que atenderles y resolver sus peticiones en la Administración Pública más cercana de donde viven. Además, quienes tienen que coordinar para facilitar las cosas son las instituciones. Es irracional que hagamos venir hasta una oficina en San José a todo aquel ciudadano que necesita un alineamiento vial en el plano catastrado de su propiedad cuando colinde con una ruta nacional secundaria o terciaria. Esto lo pueden atender los gobiernos locales, para lo cual el MOPT coordinará con ellos y les dará las indicaciones técnicas y la información actualizada para que las municipalidades puedan verificar los alineamientos frente a dichas rutas nacionales dentro de sus territorios.

Acá resulta necesario resaltar los alcances de la autonomía municipal reconocida constitucional y legalmente. En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado que: “(…) Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de decisiones fundamentales para el ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo 170), y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se elige cada cuatro años, y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente, y más específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación de planes y programas del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas por el Concejo, capacidad que, a su vez, es política. (…)” (Sala Constitucional Voto N.° 5445-99, de las 14:30 horas, de 14 de julio de 1999).

Por otro lado, la Procuraduría General de la República a dispuesto en el dictamen C-130-2011, de 16 de junio de 2011, lo siguiente:

“…existen varias vertientes o manifestaciones de la autonomía municipal, específicamente la posibilidad de dichos entes de autogobernarse (autonomía política), de dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio (autonomía normativa), de ejercer potestad impositiva (autonomía tributaria), y la potestad de autoadministración (autonomía administrativa), lo cual en principio le otorga libertad o independencia frente al Estado para la adopción de todas sus decisiones.

Consecuentemente, las competencias “locales” atribuidas a la municipalidad a partir del reconocimiento de su autonomía, se contraponen a las competencias de carácter nacional que deben ser ejercidas por el Estado.

Ahora bien, existen algunas materias donde el campo competencial entre uno y otro ente no puede deslindarse, pues el ejercicio de atribuciones nacionales también puede desarrollarse dentro de las circunscripciones territoriales de las corporaciones municipales. Esto lleva a señalar que éstas no necesariamente son excluyentes y que pueden coexistir en un mismo ámbito territorial.

Es precisamente esta interrelación de competencias nacionales y locales, la que exige que deban estar perfectamente definidas, a fin de garantizar la política del Estado sin menoscabo de las atribuciones municipales, exigiendo relaciones de coordinación entre ambos entes’’.

Por último, en el artículo 11 propuesto en este proyecto y con el fin de aclarar aún más la intención que tuvieron los legisladores al aprobar la Ley N.° 9649, “Adición de un Párrafo Final al Artículo 2 de la Ley N.° 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015”, la cual autorizó a las municipalidades a invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, impuesto único a los combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley, el legislador que suscribe considera que es necesario hacer una nueva modificación al último párrafo de ese artículo 2 de la Ley N.° 9329, aclarando que la maquinaria para la construcción y mantenimiento de la red vial cantonal adquirida con los recursos establecidos en el artículo 5 de esa ley, también podrá ser utilizada por la municipalidad para otros fines de interés público cantonal.

Lo anterior, con el fin de que la maquinaria comprada con recursos provenientes de la Ley N.° 8114 pueda ser utilizada, no solo las vías cantonales, sino también en otras necesidades u obras públicas cantonales, obteniendo así el máximo provecho y utilización de los recursos públicos, tanto para la municipalidad como para los ciudadanos. Con este ajuste normativo se busca evitar las interpretaciones absurdas que impide a los gobiernos locales poder utilizar su maquinaria municipal para atender situaciones imprevistas o realizar obras fuera de las vías públicas, estando estos equipos disponibles para ello y luego de atender cualquier otra necesidad en la red vial cantonal. Una barrera como esta obliga a las municipalidades a tener que alquilar maquinaria privada o comprar con recursos propios maquinaria que ya posee, para poder usarla en proyectos públicos fuera de la red vial cantonal, lo cual es absolutamente ineficiente e irracional.

Es deseo de este legislador aclarar que no se titulan los nuevos artículos propuestos al Código Municipal y a la Ley General de Caminos Públicos, para ser conteste con los artículos de esta norma vigente que no tienen título.

En resumen, el espíritu del legislador en esta iniciativa de ley es realizar las siguientes modificaciones para promover la reactivación económica y la simplificación de trámites desde lo local:

• Las municipalidades, a través de convenios con otras instituciones, podrán contar con los recursos técnicos y financieros para que puedan desarrollar los proyectos que necesitan las comunidades. Incluida la posibilidad de constituirse como unidades ejecutoras de proyectos financiados por otras instituciones públicas.

• Las municipalidades podrán crear zonas especiales dentro de sus territorios para fomentar actividades económicas y atraer la inversión que sea declarada de interés público municipal. Estas zonas podrían ser constituidas entre varias municipalidades e incluso las federaciones municipales podrían jugar un papel muy importante en ello.

• Se busca facilitar a las municipalidades la posibilidad de recibir y traspasar propiedades entre instituciones públicas y entre municipalidades y asociaciones de desarrollo u otras ONGs, sin tener que acudir a la Asamblea Legislativa para autorizar cada uno de esos traspasos. Muchos proyectos públicos para beneficio de las comunidades en todo el país hoy se encuentran paralizados por lo engorroso de este tipo de trámite legislativo, el cual se procura limitar a los estrictamente necesarios.

• Se permite a los gobiernos locales la posibilidad de llevar adelante proyectos de renovación urbana, principalmente en aquellas comunidades que están sufriendo serios problemas de deterioro urbano y dificultades de acceso digno a barriadas con viviendas ocupadas por familias de escasos recursos. Para ello se crea la figura de acceso público, que puede ser vehicular o peatonal, para aquellas franjas de terreno creadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2019 y que dan acceso a barrios o caseríos, sin que cumplan con los anchos exigidos para ser consideradas calles públicas. De esta manera, las municipalidades podrán intervenir estos accesos y aumentar la calidad de vida de las personas que se beneficiarán con la mejora de estos accesos, a través de las intervenciones que técnica y presupuestariamente sean posibles. El objetivo es facilitar el ingreso y salida a personas con discapacidad, adultos mayores y niños, así como el ingreso de servicios públicos que sean técnicamente posibles, el ingreso de equipos de rescate para la atención de emergencias y de cuerpos policiales para mejorar la seguridad.

• Se crea la figura de patentes provisionales, para que los administrados tengan un plazo de cuatro meses mientras cumplen con todos los requisitos para abrir su negocio. Con unos requisitos mínimos y una declaración jurada, las personas podrán obtener una patente provisional, la cual será expedida en un plazo máximo de tres días. Este permiso será gratuito durante esos cuatro primeros meses para permitirle a la gente arrancar sus empresas con prontitud y bajos costos. Vamos a depositar la confianza en las personas y vamos a facilitarles la vida para que inicien sus proyectos comerciales, produzcan ingresos que les permita vivir mejor y generen empleo.

• Se autoriza a las municipalidades para que, a partir de estrategias cantonales para satisfacer el interés público cantonal en materia ambiental, social, turístico, económico o cultural, puedan aplicar incentivos fiscales y no fiscales a los administrados, tanto en descuentos sobre las patentes comerciales como en el impuesto a la construcción. También se autoriza a las municipalidades para que puedan aplicar descuentos temporales de hasta un 100% en el costo de las patentes comerciales, cuando alguna crisis económica o desastre natural golpea una zona determinada.

• Otro objetivo del proyecto es facilitar el trámite de alineamiento vial a los administrados. No es posible que hoy el MOPT se tarde tres meses para marcar un alineamiento en una copia de un plano catastrado como requisito para que una persona que colinda frente a una ruta nacional pueda montar un negocio, remodelar, construir o segregar un lote en su propiedad. Mientras espera esos tres meses no se puede hacer ningún trámite adicional ante la municipalidad. Esto es un retraso irrazonable y muy oneroso. Por un lado, se obliga a todo el país a tener que ir hasta una oficina del MOPT en Plaza Víquez para dejar y recoger papeles, y por otro lado paralizan la economía por tres meses. Se busca que de ahora en adelante los alineamientos frente a rutas nacionales secundarias y terciarias se realicen en las mismas municipalidades. Más cerca de la gente. Más rápido y unido a otros trámites para agilizar las cosas. Solo los alineamientos sobre las autopistas o carreteras primarias continuarán realizándose en el MOPT. Esta decisión se basa en principios de subsidiaridad, coordinación y simplificación de trámites. A los ciudadanos hay que atenderles y resolver sus peticiones en la administración pública más cercana. Quienes tienen que coordinar para facilitar las cosas son las instituciones. El MOPT le dará las indicaciones técnicas y la información actualizada a las municipalidades para que estas puedan verificar los alineamientos frente a dichas rutas nacionales dentro de sus territorios. Además, se reduce el plazo para dicho trámite, para que de ahora en adelante no pueda superar el mes desde la presentación de la solicitud por parte del ciudadano.

• Se le darán las herramientas legales a las municipalidades para que obliguen de una vez por todas a las demás instituciones a comunicar y coordinar las intervenciones que ejecutarán en las vías públicas dentro de sus territorios. No más calles recién asfaltadas que son despedazadas por otras instituciones por falta de coordinación interinstitucional. Los daños que le hagan a los caminos cantonales se deberán reparar con prontitud por los responsables, de lo contrario la municipalidad podrá hacerlo y cobrárselo a quien corresponda.

• Las municipalidades tendrán la autoridad para prevenir a las instituciones responsables de la red vial nacional, cuando exista algún daño o deterioro puntual en un camino público dentro de su circunscripción territorial, que ponga en peligro la seguridad de quienes por dicha vía transitan. El Mopt o el Conavi tendrá un mes para atender el problema, de lo contrario queda autorizada la municipalidad para intervenir y cobrarle el costo respectivo a la institución pertinente.

• Por último, se autoriza a los gobiernos locales para que puedan usar la maquinaria municipal que haya sido adquirida con recursos de la Ley N.° 8114, no solo para intervenir los caminos cantonales, sino también para ser usada en otros fines de interés público cantonal, tales como obras comunales, deportivas, o en terrenos municipales como cementerios y parques. Es ilógico que se les impida a las municipalidades usar esos equipos para otros fines públicos cuando los mismos no están siendo usados en la reparación, construcción o mantenimiento de caminos.

Por lo tanto, presento el siguiente proyecto de ley a las señoras y los señores diputados y a los ciudadanos, esperando que sea dictaminado a la mayor brevedad posible y pronto sea ley de la República.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL

CAPÍTULO I

REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL

ARTÍCULO 1- Para que se adicione un párrafo final al artículo 3 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá:

Artículo 3-

[…]

Las municipalidades quedan autorizadas para establecer convenios de cooperación entre ellas y con otros entes del Estado central y descentralizado, con el fin de recibir y dar asesoría, recibir y dar bienes y otros insumos, y construir infraestructura pública que les permita desarrollar proyectos de interés público cantonal; así como constituirse en unidades ejecutoras de proyectos financiados por otras instituciones públicas.

ARTÍCULO 2- Para que se adicione un nuevo artículo 10 bis al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá:

Artículo10 bis- Las municipalidades podrán crear zonas especiales dentro de sus territorios para el fortalecimiento, atracción de inversiones y establecimiento de actividades económicas declaradas de interés público cantonal o regional. Estas zonas también podrán crearse en conjunto con otras municipalidades que compartan una estrategia de desarrollo común, que combine factores geográficos, económicos, culturales, ambientales, político-administrativos o de conectividad infraestructural. Las federaciones de municipalidades podrán constituirse como unidades ejecutoras de estas estrategias de desarrollo.

ARTÍCULO 3- Para que se reforme el artículo 71 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá:

Artículo 71-

La municipalidad podrá usar, dar en garantía o enajenar su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 02 de mayo de 1995, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. La municipalidad podrá donar o permutar bienes muebles o inmuebles patrimoniales que no estén destinados al uso general o al servicio público, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a otras instituciones públicas, asociaciones de desarrollo creadas mediante la Ley N.°3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, de 7 de abril de 1967, y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro declaradas de utilidad pública por el Ministerio de Justicia. Quedan autorizadas todas las instituciones públicas a donar o permutar bienes patrimoniales directamente a las municipalidades. Estas donaciones se realizarán siempre que con ello se alcance un interés público cantonal.

La municipalidad podrá prestar o arrendar sus bienes muebles o inmuebles patrimoniales, siempre que exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales.

Se autoriza el traspaso por donación o permuta de bienes demaniales entre las municipalidades y entre estas y otros órganos o entes de derecho público, cuando el nuevo uso de dichos bienes vaya dirigido a alcanzar un interés jurídico prevalente o superior, que el acuerdo de traspaso se respalde con un acto administrativo fundamentado en los alcances de este artículo y que el bien conserve su carácter demanial con el nuevo uso general o servicio público al que se destinará. En el caso de los bienes municipales de carácter demanial, estos podrán prestarse o arrendarse, siempre que el objeto contractual sea afín al uso general o servicio público para el que ha sido destinado y exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales.

Tanto para donar o permutar bienes patrimoniales o demaniales, se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran el Concejo Municipal.

La Notaría del Estado confeccionará las respectivas escrituras públicas de donación o permuta de bienes a que se refiere este artículo. Para cumplir con la inscripción de los traspasos pertinentes, la Procuraduría General de la República podrá corregir los eventuales defectos que señale el Registro Nacional en los instrumentos públicos.

La municipalidad podrá transformar el uso o destino de un bien inmueble por otro uso igualmente de interés público, sin alterar con ello su carácter demanial, siempre que esta condición no haya sido creada por ley sino por acto administrativo del propio gobierno local y que el nuevo uso vaya dirigido a alcanzar un interés jurídico prevalente o superior.

Las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.

ARTÍCULO 4- Para que se adicione un nuevo inciso al artículo 13 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá:

Artículo 13- Son atribuciones del concejo:

[…]

Nuevo inciso) Con el fin de facilitar la renovación urbana, el concejo municipal podrá declarar como públicos aquellos accesos, sean vehiculares o peatonales que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, cumplan con los siguientes requisitos:

1- Que sean declarados accesos públicos por razones de necesidad e interés municipal por parte del concejo, previo levantamiento topográfico que permita su ubicación y descripción sobre el ancho, longitud, rumbo y fincas que afecta; y siempre que exista previa justificación técnica por parte de los departamentos municipales competentes.

2- Para accesos vehiculares su derecho de vía deberá ser igual o superior a 4 metros de ancho. En caso de que el acceso sea menor a dicha medida su uso será estrictamente peatonal.

3- Que conecten con calles públicas existentes.

4- Que los predios colindantes a este acceso presenten disponibilidad de servicios públicos básicos de agua potable y electricidad.

5- Que estas franjas de terreno permitan el acceso a viviendas existentes, el libre tránsito y garanticen la seguridad humana.

Esta declaratoria deberá hacerse por votación de dos tercios del total de los miembros del Concejo Municipal.

Las obras de renovación urbana que desarrolle la municipalidad en estos accesos se ajustarán a las posibilidades técnicas y presupuestarias del gobierno local, así como a sus instrumentos de planificación.

La solicitud para iniciar este procedimiento deberá ser suscrita por aquellos que serán beneficiados por este tipo de accesos públicos. Dichas franjas de terreno deberán ser traspasadas gratuitamente a favor de la municipalidad por los propietarios de las mismas.

ARTÍCULO 5- Para que se adicione un nuevo artículo 78 bis al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, el cual se leerá de la siguiente manera:

Artículo 78 bis-

Las municipalidades están autorizadas para otorgar patentes provisionales para la explotación de actividades lucrativas, las cuales tendrán un plazo máximo de caducidad de cuatro meses. Para el otorgamiento de la licencia o patente municipal definitiva el solicitante deberá presentar, antes del vencimiento de la patente provisional indicada, todos los comprobantes de cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente para el tipo de explotación comercial que se solicita autorizar.

Para obtener este tipo de patentes provisionales, el solicitante deberá cumplir con la presentación de los siguientes requisitos:

1- Documentos de identificación del solicitante.

2- Llenar el formulario de solicitud de patente comercial definitiva.

3- Presentar la constancia del uso de suelo pertinente.

4- Presentar el permiso sanitario de funcionamiento, expedido por el Ministerio de Salud.

5- Declarar bajo juramento que, tanto el local como la actividad comercial que se solicita autorizar, cumplirán con los requisitos exigidos por la legislación vigente.

La municipalidad dispondrá de hasta tres días hábiles, después de presentados los requisitos indicados, para otorgar la patente provisional para la explotación de la actividad lucrativa solicitada. La patente provisional no tendrá ningún costo para el solicitante.

Durante los tres primeros meses de vigencia de la patente provisional el solicitante deberá presentar a la administración municipal, de manera conjunta, todos los comprobantes de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de la patente definitiva. La municipalidad dispondrá de treinta días naturales posteriores para verificar su cumplimiento y proceder con el otorgamiento pertinente. Cumplidos los requisitos exigidos y vencido este plazo sin que se haya emitido respuesta por parte de la municipalidad, se aplicará el silencio positivo y la patente definitiva se tendrá por autorizada. Para los efectos de la patente definitiva, todos aquellos requisitos que la municipalidad pueda comprobar directamente en registros públicos o en sus propias bases de datos, no le serán exigidos al solicitante. Finalizado el plazo de caducidad de la patente provisional, sin que el solicitante haya cumplido con sus obligaciones, la municipalidad procederá con el cierre inmediato del negocio. Por la naturaleza precaria de la patente provisional otorgada, no cabrá la interposición de ningún tipo de recurso contra el acto administrativo de cierre, ni procederá el pago de ninguna indemnización contra la municipalidad.

ARTÍCULO 6- Para que se adicione un nuevo artículo 3 bis. al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá:

Artículo 3 bis-

Toda entidad pública que pretenda realizar obras en la red vial cantonal o en cualquier otra infraestructura pública municipal deberá comunicarle formalmente a la administración municipal y coordinar con las dependencias municipales correspondientes las condiciones y plazos de ejecución de estas obras. Se exceptúan los casos de emergencia que deban ser atendidos con prontitud por otras entidades públicas. La debida comunicación sobre las obras a realizar deberá hacerse con al menos un mes de anticipación.

En el caso de las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que pretendan realizar obras en la red vial cantonal o en cualquier otra infraestructura pública municipal deberá solicitar la autorización respectiva a la administración municipal y coordinar con las dependencias municipales correspondientes las condiciones y plazos de ejecución de estas obras.

Cuando se generen daños o deterioros a los bienes municipales por este tipo de obras, los responsables estarán obligados a repararlos de forma inmediata.

En caso de que el responsable del daño ocasionado no lo repare por su cuenta en los 20 días hábiles posteriores a la realización de las obras, la municipalidad queda autorizada para hacer la reparación respectiva, siempre que cuente con los recursos técnicos y presupuestarios para hacerlo. La acción de recuperación expedida por la administración municipal será ejecutiva y el título unilateral cobratorio será la certificación municipal sobre el costo total de la reparación del daño.

En el caso de las instituciones públicas, el jerarca o funcionario responsable que omita informar y coordinar con la municipalidad sobre las obras a efectuar, su falta será considerada culpa grave y será sancionado conforme con el artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978.

ARTÍCULO 7- Para que se adicione un nuevo artículo 9 bis al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, el cual se leerá de la siguiente manera:

Artículo 9 bis-

Se autoriza a las municipalidades para el establecimiento de incentivos fiscales y no fiscales municipales y conceder descuentos en patentes para la explotación de actividades lucrativas de hasta un 50% por un período máximo de 5 años; así como descuentos de hasta el 100% en el impuesto de construcción según el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N.° 4240, de 15 de noviembre de 1968, a las personas físicas o jurídicas que emprendan nuevas actividades económicas de interés público cantonal.

En casos de crisis económicas o emergencias declaradas por desastres naturales, las municipalidades podrán conceder descuentos temporales de hasta el 100% en el costo de las licencias o patentes para la explotación de actividades lucrativas que se ubiquen en las zonas afectadas.

Cada municipalidad emitirá un reglamento para regular los alcances de estos incentivos que deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los miembros que integran el Concejo Municipal. Estos incentivos deberán responder a fines sociales, ambientales, turísticos, económicos o culturales del respectivo cantón. En aquellos casos en los que se aplique lo dispuesto por el artículo 10 bis para zonas especiales, las actividades económicas que se encuentren establecidas en dicha zona también podrán beneficiarse de los incentivos dispuestos en este artículo.

ARTÍCULO 8- Para que se adicione un nuevo artículo 3 ter al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, el cual se leerá de la siguiente manera:

Artículo 3 ter-

Las municipalidades podrán prevenir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de la falta de mantenimiento rutinario, la ausencia o deterioro de demarcación vial, y la existencia de daños o deterioros puntuales de la red vial nacional que se encuentre dentro de la circunscripción territorial del cantón respectivo y que represente un peligro para la seguridad de quienes por ella transitan. La institución nacional responsable atenderá con diligencia la solicitud realizada por la municipalidad en un plazo máximo de un mes.

En caso de que la institución responsable no atienda la prevención municipal en el plazo establecido, la municipalidad queda autorizada para hacer la intervención o reparación respectiva, siempre que cuente con los recursos técnicos y presupuestarios para hacerlo. En estos casos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el Conavi según corresponda, estará en la obligación de reintegrarle a la municipalidad los recursos invertidos en mantenimiento o reparación pertinente. La acción de recuperación expedida por la administración municipal será ejecutiva y el título unilateral cobratorio será la certificación municipal sobre el costo total de las obras municipales ejecutadas.

CAPÍTULO II

REFORMAS A OTRAS LEYES

ARTÍCULO 9- Para que se reforme el artículo 19 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley N.° 5060, de 22 de agosto de 1972 y sus reformas, cuyo texto dirá:

Artículo 19-

No podrán hacerse construcciones o edificaciones de ningún tipo frente a una vía pública, sea esta cantonal o nacional existente o en proyecto, sin la previa autorización de la municipalidad correspondiente. En el caso de las construcciones o edificaciones frente a las vías clasificadas como carreteras primarias, será el Ministerio de Obras Públicas y Transportes quién autorice previamente el alineamiento vial. En el caso de las carreteras secundarias y terciarias le corresponderá a la municipalidad autorizar el alineamiento vial correspondiente. En el marco de la rectoría técnica, el MOPT deberá asesorar y coordinar con los gobiernos locales todos los aspectos técnicos pertinentes y actualizados para la adecuada medición del alineamiento vial frente a las vías públicas clasificadas como carreteras secundarias y terciarias, pertenecientes a la red vial nacional. En las carreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes solo podrán tener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin o mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Las personas que incumplan el presente artículo estarán sujetas a las multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15 días para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales la municipalidad respectiva o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según corresponda, podrá eliminar las construcciones hechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y perjuicios.

Las municipalidades o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrán quitar, e inclusive decomisar, poniéndolo a la orden de las autoridades competentes, cualquier bien que se encuentre dentro del derecho de vía, con el propósito de hacer uso indebido de este. Lo ordenado por la administración se notificará mediante aviso publicado en el Diario Oficial.

Si los que estrechan o hacen uso impropio del derecho de vía son propietarios de establecimientos comerciales o industriales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá además pedir a las autoridades administrativas correspondientes la cancelación de la patente y el cierre del establecimiento, las cuales tendrán plena facultad para actuar incluso de oficio. La sanción quedará sin efecto una vez que el responsable pague la multa e indemnice convenientemente al Estado o a la municipalidad por los daños y perjuicios que hubiere causado a los bienes públicos. Las lecherías situadas a la orilla de vía pública, deberán proteger las secciones de vía por donde pase el ganado en su movimiento diario con empedrados bien hechos o por cualquier otro medio adecuado que apruebe el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Los expendios de gasolina deberán tener, dentro del área de su propiedad, una sección de estacionamiento de vehículos y sus propietarios estarán obligados a reparar por su cuenta el pavimento que resulte dañado al frente del negocio como consecuencia de su comercio.

Los postes utilizados en la transmisión de energía eléctrica y los que soporten infraestructura de telecomunicaciones, no podrán colocarse a una distancia menor de seis metros del centro de los caminos, salvo que con fundamento en criterios técnicos se utilicen otros mecanismos para proveer estos servicios públicos. Los que estuvieren colocados a menor distancia u obstaculicen futuras ampliaciones, deberán ser trasladados cuando así sea requerido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o las municipalidades.

De no cumplirse el requerimiento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la municipalidad respectiva podrá hacer los trabajos que sean necesarios por su cuenta, cobrando al responsable el valor de aquellos más un 50% como recargo, sin perjuicio de la multa que fuere aplicable.

Para la colocación de una nueva postería para la trasmisión de energía eléctrica o para infraestructura de telecomunicaciones en la red vial nacional se deberá pedir autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La autorización deberá gestionarse ante la respectiva municipalidad cuando se pretendan realizar dichas obras en la red vial cantonal.

ARTÍCULO 10- Para que se reformen los tres primeros párrafos del artículo 18 de la Ley de Construcciones, Ley N.° 833, de 2 de noviembre de 1949, cuyo texto dirá:

Artículo 18- Obligaciones y derechos

Todo edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo con frente a la vía pública, deberá sujetarse al alineamiento y al nivel oficial que fijará la municipalidad. Quien se propusiere construir o reconstruir, tendrá derecho a pedir a la municipalidad, antes de presentar su solicitud de permiso de construcción o reconstrucción, que se le indique cuál es el alineamiento y nivel oficial que corresponde a su propiedad. La fijación del alineamiento y del nivel oficial deberá hacerse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud respectiva, y si la municipalidad no cumple en el tiempo estipulado, quedará como línea de construcción el límite de la propiedad con la vía pública.

[…]

ARTÍCULO 11- Para que se reforme el último párrafo del artículo 2 de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, cuyo texto dirá:

Artículo 2- Delimitación de la competencia

[…]

Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, impuesto único a los combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. La maquinaria para la construcción y mantenimiento de la red vial cantonal adquirida con los recursos establecidos en el artículo 5 de la presente ley, podrá ser utilizada por la municipalidad para otros fines de interés público cantonal.

Rige a partir de su publicación.

Roberto Hernán Thompson Chacón Diputado

19 de marzo de 2020

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.