Archivado: el proyecto que congelaba precios en emergencias
El proyecto 21.843, que permitía al Gobierno congelar y fijar precios de productos de primera necesidad en emergencias, fue archivado en 2021 con dictamen negativo.
Título oficial DETERMINIACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CASO DE EMERGENCIAS NACIONALES
Atención: El proyecto permitía al Poder Ejecutivo reducir el IVA hasta un 30% por decreto, lo que genera dudas sobre la potestad tributaria de la Asamblea según el artículo 121 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud y MEIC
El proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo la lista de productos y servicios que quedarían sujetos a congelación, fijación de precios y reducción de impuestos. El texto no fija criterios claros para armar esa lista.
El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, establecerán una lista de artículos y servicios que serán sujetos de las medidas establecidas en esta ley.
3, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Consumidores que compran alcohol en gel, mascarillas, jabón líquido y guantes desechables
- Personas que necesitan insumos médicos o alimentos enlatados durante una emergencia
- Comercios y distribuidores que venden productos de primera necesidad
A quién beneficia
- El proyecto habría permitido congelar precios de productos de primera necesidad durante una emergencia
- El Poder Ejecutivo podría haber reducido hasta un 30% el IVA de esos productos
- La Comisión Nacional del Consumidor ya puede congelar bienes acaparados según la Ley 7472
Qué cambia
- El archivo del expediente deja sin efecto la propuesta de fijar precios máximos en emergencias
- El MEIC sigue sin poder regular precios de productos de higiene, según el texto del proyecto
- El único producto con precio regulado por ley es el arroz pilado, según el proyecto
La explicación completa
El proyecto de ley 21.843 está archivado. La Asamblea lo enterró el 17 de setiembre de 2021 con un dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Hacendarios 1. La diputada María José Corrales Chacón lo presentó el 12 de marzo de 2020, en plena alerta por el COVID-19.
Qué propone
El proyecto proponía darle al Poder Ejecutivo herramientas para evitar sobreprecios y acaparamiento durante una emergencia nacional (art. 1). La idea era proteger a los habitantes de los trastornos económicos y de salud que causan la especulación y el desabastecimiento.
El mecanismo era rápido. Permitía implementar programas de abastecimiento, reducción de impuestos, congelación y fijación de precios en los niveles de distribución (art. 2).
El Poder Ejecutivo, junto con el Ministerio de Salud y el MEIC, definiría una lista de artículos y servicios de primera necesidad (art. 3). Esa lista iría en el decreto de emergencia nacional.
Para declarar la emergencia, se seguirían los procedimientos de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.° 8488 (art. 4). La emergencia también cubriría casos donde se genere un monopolio, especulación o se niegue la venta de bienes de primera necesidad.
El Poder Ejecutivo podría tomar cuatro acciones (art. 5).
Primero, congelar precios: prohibir aumentos en todos los niveles de distribución y comercialización (art. 5).
Segundo, fijar precios: establecer un margen de ganancia o precio máximo de venta (art. 5). Las empresas que vendieran por debajo de ese máximo no serían consideradas prácticas monopolísticas.
Tercero, reducir impuestos: bajar hasta un 30% la tarifa del impuesto sobre el valor agregado de los productos de primera necesidad (art. 5).
Cuarto, restringir la cantidad: fijar un máximo de productos que cada consumidor podría comprar (art. 5).
Estas medidas podían aplicarse juntas o por separado, por un mes máximo, prorrogable a otro periodo igual (art. 5).
El Ministerio de Salud y el MEIC harían las verificaciones y sancionarían a los proveedores que incumplan, usando la Ley 7472 (art. 6).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión de Asuntos Hacendarios emitió un dictamen unánime negativo el 17 de setiembre de 2021 1. El archivo del expediente se registró el 20 de setiembre de 2021.
El proyecto había vencido su plazo cuatrienal el 12 de marzo de 2024 1. Ya no hay nada que hacer para revivirlo en esta legislatura.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución en el dossier. El proyecto buscaba proteger la vida y la salud, derechos que la Constitución reconoce Constitución, art. 21. El artículo 21 dice: "La vida humana es inviolable".
El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes Constitución, art. 50. El proyecto se apoyaba en esa obligación para justificar la intervención en precios (art. 1).
El artículo 46 prohíbe los monopolios particulares y protege a los consumidores Constitución, art. 46. El proyecto citaba ese artículo al hablar de especulación y acaparamiento (art. 1).
Hay una duda sobre la fijación de precios. El artículo 46 también protege la libertad de comercio e industria Constitución, art. 46. Fijar un precio máximo podría chocar con esa libertad. El texto del proyecto no aclara cómo se resolvería ese posible conflicto (art. 5).
Otra duda surge con la reducción de impuestos. El artículo 121 dice que solo la Asamblea Legislativa puede dictar leyes tributarias Constitución, art. 121. El proyecto permitía al Poder Ejecutivo reducir la tarifa del IVA hasta un 30% (art. 5). Eso podría requerir una ley aprobada por la Asamblea, no solo un decreto.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado. Las herramientas de participación ciudadana de la guía no sirven para revivir este expediente en esta etapa guía, p. 28.
Si le preocupa el precio de productos de primera necesidad, puede presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. La guía explica que esa Comisión atiende con prioridad las denuncias sobre bienes de la canasta básica guía, p. 84.
El procedimiento empieza con una audiencia de conciliación si el caso es patrimonial guía, p. 84. Si no hay acuerdo, se inicia el procedimiento del artículo 56 de la Ley 7472.
También puede usar el formulario web de la Asamblea para proponer una idea de ley. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué los diputados de Hacendarios votaron en contra del proyecto.
El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni las razones que dieron los diputados.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El proyecto busca proteger la vida y la salud, pero la fijación de precios y la reducción de impuestos por decreto generan dudas frente a la libertad de comercio y la potestad tributaria de la Asamblea.
Constitución, art. 21"La vida humana es inviolable."
Esta ley, art. 1"Esta ley tiene como objeto la protección a los habitantes de los efectos de los trastornos económicos y de salud que se pueden suscitar en situaciones de emergencia nacional a raíz de la especulación, acaparamiento y desabastecimiento de productos de primera necesidad o de aquellos que sean necesarios para salvaguardar la salud de los ciudadanos."
Sin choque aparente El proyecto se apoya en el derecho a la vida y la salud para justificar la intervención en precios. El texto calza con ese artículo.
Constitución, art. 46"Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria."
Esta ley, art. 5"Se establece un margen de ganancia o precio máximo de venta para los artículos y servicios establecidos en el decreto de emergencia nacional durante la situación de emergencia nacional."
Hay dudas Fijar un precio máximo podría restringir la libertad de comercio que protege la Constitución. El texto no explica cómo se equilibraría ese choque.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 5"El Poder Ejecutivo, podrá determinar la reducción de la tarifa establecida para cada artículo o servicio, hasta de un 30%, del pago del impuesto sobre el valor agregado de los productos y servicios establecidos de primera necesidad."
Hay dudas La Constitución dice que solo la Asamblea dicta leyes tributarias. El proyecto permitía al Poder Ejecutivo reducir el IVA por decreto, lo que genera dudas sobre si eso requiere una ley.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21843: DETERMINIACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CASO DE EMERGENCIAS NACIONALES
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL
MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.843
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL
Expediente N.° 21.843
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Uno de los deberes fundamentales del Estado es proteger la vida de los seres humanos, la tutela de este derecho, es la base en que debe asentarse toda la sociedad, lo que debe permitir entender que la acción del Estado han de respetar el contenido esencial de la vida.
Es así que el derecho a la salud deriva del numeral 21 de la Constitución Política, el cual establece que la vida humana es inviolable, y desde esta perspectiva la salud constituye un bien jurídico de primer orden, le corresponde al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva este derecho.
Desde esa perspectiva y el contexto nacional e internacional en el que se presenta a la corriente legislativa el presente proyecto de ley, se enmarca en el estado de alerta y emergencia por la presencia del coronavirus COVID-19.
Esta situación, puso en evidencia la necesidad de trabajar en la creación de mejores protocolos de atención de fenómenos atípicos como esta pandemia y otros, relacionados con amenazas nacionales y transnacionales relacionadas con el cambio climático, catástrofes naturales, el terrorismo y demás situaciones de emergencia.
Dentro de estos fenómenos, resulta imprescindible garantizar a la población el acceso a precios justos, razonables y proporcionados de los productos de primera necesidad que son indispensables para la atención de este tipo de eventos.
En el caso de la emergencia internacional por el coronavirus COVID-19, se hizo evidente con relación con los productos de limpieza especialmente alcohol en gel, toallas húmedas desinfectantes, jabón líquido, mascarillas, guantes desechables, entre otros.
La falta de regulación para evitar sobreprecios y garantizar acceso a estos productos, incrementó la incertidumbre de la población en un contexto donde la pandemia por sí sola, ya era razón suficiente para incrementar los niveles de temor y precauciones dentro y fuera de nuestras fronteras.
Pero, como se mencionó anteriormente, los fenómenos son cambiantes y en otro contexto de emergencia por causas completamente diferentes a las relacionadas con una pandemia, los productos de primera necesidad pueden ser insumos médicos especializados, alimentos enlatados, o cualquiera dentro de una combinación difícilmente de índole taxativa.
Es por ello, que el país requiere un marco legal flexible que garantice a las autoridades del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como a la Comisión Nacional de Emergencias, la posibilidad de garantizar el acceso a los productos necesarios, a un precio justo y dentro de las posibilidades del mercado, donde también se establezcan sanciones para quienes aprovechen esta situación para cometer actos irregulares que pongan en riesgo la salud e integridad de la población por medio del acaparamiento o sobreprecios injustificados.
A raíz de la prevalencia del coronavirus COVID-19 el propio MEIC realizó en la semana del 9 de marzo del 2020 una inspección en cadenas de supermercados y establecimientos con altos volúmenes de venta para hacer una revisión de precios de productos de higiene.
El único producto cuyo precio regula el Gobierno por ley es el arroz pilado por medio del decreto 42.014-MEIC, bajo el amparo del artículo 5 de la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
El MEIC dice estar legalmente atado de manos, en vista de que estos de limpieza personal productos no tienen esa regulación de ley. Por tanto, no puede determinarse si existe especulación porque no hay forma de compararlos.
En caso de que se compruebe un acaparamiento de productos el artículo 61 de la Ley N.° 7472 que indica que “la Comisión Nacional del Consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que de alguna manera pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo.
Así, se presenta la presente propuesta de ley que tiene como objeto la protección a los habitantes de los efectos de los trastornos económicos y de salud que se pueden suscitar en situaciones de emergencia nacional a raíz de la especulación, acaparamiento y desabastecimiento de productos de primera necesidad o de aquellos que sean necesarios para salvaguardar la salud de los ciudadanos.
Toda vez que se establece de forma facultativa un mecanismo rápido para implementar programas de reducción de impuestos, congelación y fijación de precios en los niveles de distribución de los productos definidos, entre otras consideraciones técnicas y legales.
En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO 1- Esta ley tiene como objeto la protección a los habitantes de los efectos de los trastornos económicos y de salud que se pueden suscitar en situaciones de emergencia nacional a raíz de la especulación, acaparamiento y desabastecimiento de productos de primera necesidad o de aquellos que sean necesarios para salvaguardar la salud de los ciudadanos.
ARTÍCULO 2- Se establece un mecanismo rápido para implementar programas de asignación de abastecimiento, reducción de impuestos, congelación y fijación de precios en los niveles de distribución de los productos definidos.
ARTÍCULO 3- Para efectos de esta ley, se considerarán artículos de primera necesidad todo producto o servicio cuyo consumo o uso es necesario para los habitantes, para salvaguardar su salud como resultado de una situación de emergencia nacional. El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, establecerán una lista de artículos y servicios que serán sujetos de las medidas establecidas en esta ley. Esta lista será incluida en el decreto de emergencia nacional que se deberá emitir.
ARTÍCULO 4- Para la declaración de estado de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo, seguirá los lineamientos y procedimientos establecidos en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.° 8488 y sus reformas.
Se entenderá estado emergencia nacional el desastre natural o situación de calamidad nacional declarada por el Poder Ejecutivo en la cual, además de los parámetros establecidos en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.° 8488 y de poner en riesgo la salud pública también se pueda generar un monopolio, especulación, desabastecimiento o se niegue la venta de los bienes y servicios de primera necesidad para atender la situación de emergencia que pueda causar un perjuicio a la salud de los habitantes.
ARTÍCULO 5- Además de las medidas que le faculta el ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá tomar las siguientes acciones:
1- Orden de congelamiento de precios:
Se prohibirá los aumentos, a todos los niveles de distribución y comercialización, de los precios regulares vigentes de los artículos y servicios establecidos en el decreto de emergencia nacional.
2- Orden de fijación de precios:
Se establece un margen de ganancia o precio máximo de venta para los artículos y servicios establecidos en el decreto de emergencia nacional durante la situación de emergencia nacional. Durante este periodo, las empresas o productores que establezcan precios por debajo de este precio máximo no se considerarán como prácticas monopolísticas.
3- Orden de reducción de impuestos:
El Poder Ejecutivo, podrá determinar la reducción de la tarifa establecida para cada artículo o servicio, hasta de un 30%, del pago del impuesto sobre el valor agregado de los productos y servicios establecidos de primera necesidad.
4- Orden de restricción de la cantidad adquirida:
Se podrá establecer la cantidad máxima que un consumidor podrá adquirir de los artículos y servicios indicados en la lista.
Estas medidas son independientes entre sí, podrán coexistir independientemente una de la otra durante un término máximo de un mes, prorrogable a un periodo igual. Fuera de estas condiciones o las que pueda establecer el Ministerio de Salud, los bienes y servicios establecido en el decreto podrán ser adquiridos sujeto a existencia y disponibilidad, sin otras condiciones o restricciones.
ARTÍCULO 6- El Misterio de Salud y Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizarán las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente ley; debiendo sancionar administrativamente de conformidad con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N.° 7472 y sus reformas a todos aquellos proveedores de bienes y servicios que infrinjan lo dispuesto.
Rige a partir de su publicación.
María José Corrales Chacón Diputada
19 de marzo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.