Archivado el proyecto que obligaba a todo el Estado a tener una comisión de discapacidad

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)

CATALINA MONTERO GÓMEZ DIPUTADA

EXPEDIENTE N.° 21.847

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)

Expediente N.° 21.847

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el año 1996 se promulgó la Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cual se convirtió en el principal instrumento jurídico que reconoce y defiende los derechos de la población con discapacidad en Costa Rica.

Con el fin de hacer operativos los lineamientos de dicha norma en el sector público, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia emitieron en el año 2001 la Directriz 27 que promovía la creación de comisiones institucionales en materia de discapacidad en todas las instituciones públicas.

Gracias a la Directriz 27, muchas entidades de todos los Poderes de la República crearon sus comisiones institucionales en materia de discapacidad y aprobaron sus políticas institucionales en discapacidad. No obstante, una cantidad importante de esas comisiones dejaron de funcionar o no lograron los objetivos propuestos.

Por lo anterior, en el año 2011 se presentó a la corriente legislativa el expediente N.° 18.049, que se aprobó en el año 2013 como la Ley N.° 9171, Ley de Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), en la cual se definieron sus funciones y se le asignó al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (hoy reformado mediante la Ley N.° 9303 como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) la responsabilidad de asesorar y fiscalizar el trabajo de dichas comisiones.

A pesar de que la aprobación de la Ley N.° 9171 representó un mecanismo para materializar las responsabilidades institucionales respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, solamente obligaba a las instituciones del Poder Ejecutivo a constituir las CIAD, no así al resto del sector público costarricense.

Es deber de todo el Estado costarricense garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la población con discapacidad establecidos en la normativa nacional y en los convenios internacionales relacionados que han sido ratificados por el país, e incluidos en la legislación nacional por medio de la emisión de leyes; no puede ser que un grupo de instituciones públicas sí estén obligadas a formar las CIAD y otras no.

De allí que, es necesario garantizar que todas las instituciones que forman parte del Estado costarricense, entidades adscritas y órganos auxiliares, sin excepción alguna, constituyan su CIAD y cumplan con la función de velar por el cumplimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad según sus competencias.

Lo anterior implica, sobre la base de la Ley N.° 9171, precisar con mayor claridad las funciones de las CIAD, sin detrimento de las obligaciones de jerarcas y titulares subordinados, específicamente en lo que concierne a la responsabilidad de cumplir con el ordenamiento jurídico que tutela los derechos de la población con discapacidad. Estas obligaciones corresponden ineludiblemente a la administración activa por medio de la gestión de jerarcas y titulares subordinados y la consecuente rendición de cuentas, mientras que a las CIAD les corresponde brindar asesoramiento, así como acompañar y apoyar técnicamente el proceso institucional de equiparación de oportunidades.

Se pretende además fundamentar sin lugar a duda la función asesora y de apoyo técnico que deben desempeñar las CIAD en relación con la gestión de la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de conformidad con la Política Nacional en Discapacidad (Ponadis), el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, los planes sectoriales y regionales, entre otros.

La mayoría de las instituciones públicas carecen de una política en discapacidad y accesibilidad, y su respectivo plan de acción, lo cual constituye una de las causas del lento avance en el cumplimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad, pues algunas acciones en este sentido se incluyen en los planes y presupuestos de manera colateral, y no son susceptibles del seguimiento y resultados.

Es urgente fortalecer el papel de las CIAD como promotoras, asesoras y vigilantes de que en las entidades públicas se cumpla a cabalidad el ordenamiento jurídico en discapacidad y accesibilidad, y que se dé un proceso de planificación inclusivo y participativo, orientado a resultados, es decir; que tome en cuenta la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad, al punto que las intervenciones estratégicas, contenidas en la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, sean anualizadas en los planes anuales operativos y los presupuestos anuales de manera explícita y que estas sean sensibles de corroborar sus resultados en las condiciones de vida de esta población.

Es necesario garantizar que todas las instituciones que forman parte del Estado costarricense, constituyan su CIAD, con una función asesora y de apoyo técnico a la gestión (formulación, ejecución y evaluación) de la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, alineados con la Ponadis, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, planes sectoriales y regionales, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Ámbito de aplicación

La presente ley crea y regula la constitución y el funcionamiento de las Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) en cada uno de los Poderes de la República e instituciones públicas.

ARTÍCULO 2- Objeto

El objeto de la presente ley es crear las Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), como órganos asesores en las entidades públicas para promover y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en discapacidad y accesibilidad, según las competencias institucionales correspondientes, para lograr servicios accesibles e inclusivos en toda la Administración Pública.

ARTÍCULO 3- Definiciones

Para los efectos y la aplicación de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

Accesibilidad: Son las medidas adoptadas por el Estado para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, contemplando el diseño universal. Estas medidas también incluyen la identificación y eliminación de dichas barreras.

Comisiones Institucionales de Discapacidad y Accesibilidad: Órgano interno constituido en cada una de las entidades públicas. Su fin es promocionar, asesorar y apoyar técnicamente a jerarcas y titulares subordinados en cuanto a su responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente en discapacidad y accesibilidad.

Comunicación: Proceso de intercambio de información que incluye los lenguajes, la Lengua de Señas Costarricense (Lesco), la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.

Discapacidad: Concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el caso de las personas menores con discapacidad menores de edad, en la medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará siempre perseguir su interés superior.

Plan de Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad: Instrumento de programación estratégica plurianual, que desarrolla los contenidos de la política de equiparación de oportunidades para la población con discapacidad. Las acciones estratégicas de este plan deben ser incluidas en el Plan Operativo Institucional. Del mismo modo, los recursos para el cumplimiento de dichas acciones, deben ser contemplados en el presupuesto institucional.

Política de equiparación de oportunidades para la población con discapacidad: Aquella que cada entidad pública y de servicio público, debe desarrollar con la intención de dar cumplimiento a la normativa en discapacidad y por ende; cumplir con los derechos de esta población. Debe ser acorde a las competencias y el marco jurídico que rige el accionar de la entidad que formula la política.

Ponadis: Política Nacional en Discapacidad.

Productos y servicios de apoyo: Dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y todas aquellas acciones y productos diseñados o disponibles en el mercado para propiciar la autonomía personal de las personas con discapacidad.

CAPÍTULO II

CREACIÓN, CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 4- Creación

Los Poderes de la República: Ejecutivo (ministerios y órganos desconcentrados adscritos a ellos), Legislativo, Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones autónomas, semiautónomas, descentralizadas, los entes públicos no estatales, las empresas públicas estatales y las empresas públicas no estatales; deberán crear y constituir una Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD).

ARTÍCULO 5- Constitución

La constitución de la CIAD se realizará por medio de un acto administrativo por parte del o la jerarca de la entidad, quien deberá comunicarlo al Conapdis en un plazo no mayor a un mes calendario. Cuando se realicen cambios en la integración de la Comisión, deberá comunicarse igualmente al rector en discapacidad.

ARTÍCULO 6- Integración

La CIAD estará integrada de la siguiente manera, tomando en consideración la estructura interna de las entidades y la paridad de género:

a) La persona coordinadora y su suplente, representante de la máxima autoridad institucional, y con acceso a la toma de decisiones, quien fungirá como enlace institucional en discapacidad, entre la entidad que representa y el Conapdis.

b) La persona titular del proceso administrativo y su suplente.

c) La persona titular del proceso presupuestario y su suplente.

d) La persona titular del proceso de infraestructura y su suplente, en caso de que exista en la estructura organizativa de la entidad.

e) La persona titular de la Contraloría de Servicios y su suplente.

f) La persona titular del proceso de tecnologías de información y comunicación y su suplente, en caso de que exista en la estructura organizativa de la entidad.

h) Una persona con discapacidad funcionaria y su suplente.

i) Otra u otras personas, con su debida suplencia, que a criterio de la máxima autoridad deban integrarse, dada la complejidad de la estructura institucional.

ARTÍCULO 7- Periodicidad de las reuniones

La CIAD de cada entidad se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al mes y de forma extraordinaria, cuando lo requiera.

CAPÍTULO III

FUNCIONES

Artículo 8- Funciones de la CIAD

Las funciones de las CIAD son las siguientes:

a) Vigilar que la entidad incluya acciones para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad en su normativa interna, reglamentos, políticas públicas en su área de competencia, políticas institucionales, planes, presupuestos, programas, proyectos acciones y servicios.

b) Promover el cumplimiento del ordenamiento jurídico en discapacidad en todas las acciones y servicios de su institución, de manera que sean accesibles e inclusivos y con la cobertura correspondiente, según sea la naturaleza de la entidad.

c) Promover que la normativa jurídica, técnica y administrativa institucional sea armonizada con la normativa nacional e internacional de protección de derechos de las personas con discapacidad, para evitar prácticas discriminatorias en contra de esta población.

d) Asesorar a jerarcas y titulares subordinados para que el proceso de planificación interna sea inclusivo y congruente con el enfoque de derechos de las personas con discapacidad.

e) Verificar que las políticas, planes, programas, proyectos y servicios, producto de la planificación interna institucional, estén alineados con la Política Nacional en Discapacidad (Ponadis) y su plan de acción.

f) Asesorar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los compromisos adquiridos por la entidad en el plan de acción de la Ponadis.

g) Vigilar que la entidad emita, ejecute y evalúe la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PPIED-PCD) en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente y la Política Nacional en Discapacidad y su plan de acción.

h) Orientar a las instancias internas correspondientes para que anualicen en los planes presupuestarios y operativos, las mejoras y adaptaciones de los servicios institucionales, las acciones e intervenciones estratégicas, metas e indicadores de la Política y el Plan de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de manera que la realización de ajustes razonables y la dotación de productos y servicios de apoyo para la población con discapacidad usuaria y las personas con discapacidad funcionarias de la entidad, cuenten con recursos y se ejecuten acorde con lo programado.

i) Apoyar técnicamente a jerarcas y titulares subordinados en los procesos de rendición de cuentas sobre el avance en el cumplimiento del marco jurídico en discapacidad, los compromisos del PPIED-PCD y otros instrumentos de planificación y presupuesto institucionales.

j) Promover la participación y la consulta de organizaciones de personas con discapacidad, en asuntos de discapacidad, especialmente en la formulación, ejecución y evaluación de la Política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

k) Vigilar que los productos de información y documentación institucionales estén disponibles en diferentes formatos accesibles para todas las personas con discapacidad, al igual que los trámites, sistemas de información, portales, páginas web y otros productos de tecnología de información y de telecomunicaciones.

l) Vigilar que los sistemas de información, portales, páginas web y otros productos de tecnología de información y de telecomunicaciones sean accesibles.

m) Propiciar la realización de actividades divulgativas y conmemorativas de fechas importantes relacionadas con discapacidad, con el propósito de promover la toma de conciencia sobre los derechos y la situación de las personas con discapacidad.

n) Coordinar con las autoridades correspondientes, la incorporación del enfoque de derechos de las personas con discapacidad en los contenidos de la capacitación, servicios y en los productos divulgativos de la entidad, para contribuir con el proceso de toma de conciencia sobre los derechos y situación de las personas con discapacidad.

o) Formular y ejecutar el plan de trabajo de la CIAD orientados a brindar asesoramiento, apoyo y coordinación para que la entidad, avance en el cumplimiento del ordenamiento jurídico que tutela los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de sus competencias.

p) Rendir cuentas ante el Conapdis sobre los resultados de la ejecución de su plan de trabajo y el efecto sobre el mejoramiento del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte de la entidad; según la periodicidad, metodología y medios que la entidad rectora indique. q) Establecer vínculos de cooperación y comunicación con CIAD de otras entidades para fortalecer capacidades, compartir experiencias y lecciones aprendidas.

ARTÍCULO 9- Funciones de la persona coordinadora de la CIAD

La persona coordinadora de la CIAD tendrá las siguientes funciones:

a) Actuar como enlace institucional entre el Conapdis y la entidad que representa, en lo relativo a la Ponadis y su plan de acción, la gestión de la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad que debe emitir la entidad, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del marco jurídico en discapacidad.

b) Trasladar al jerarca institucional las recomendaciones que emita la CIAD, para la formulación de los instrumentos del proceso interno de planificación, así como en la prestación de servicios a la población con discapacidad.

c) Coordinar todos los asuntos relativos al cumplimiento de las funciones de la CIAD.

d) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la CIAD, las cuales deberán quedar registradas en el libro de actas, autorizado por la Auditoría Interna.

e) Gestionar el aval del jerarca para el Plan de Trabajo de la Comisión y para los informes de cumplimiento de este.

f) Mantener informado al jerarca de la entidad, sobre el cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y los resultados.

g) Remitir al Conapdis el plan de trabajo de la comisión y los informes de cumplimiento, según la periodicidad, metodología y medios que esta entidad rectora indique.

h) Asistir a reuniones, capacitaciones y otro tipo de actividades que convoque el Conapdis.

CAPÍTULO IV

RESPONSABILIDADES DEL CONAPDIS

ARTÍCULO 10- Responsabilidad del Conapdis como rector en discapacidad

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), en su calidad de entidad rectora en discapacidad, tendrá las siguientes funciones en relación con las CIAD:

a) Asesorar, dar asistencia técnica y capacitación a las CIAD con el fin de que estas asesoren a los jerarcas y titulares subordinados de la entidad, en cuanto a: el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en discapacidad, los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de la Política Nacional en Discapacidad y la gestión de la Política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que debe emitir y ejecutar la entidad, en el marco de sus competencias.

b) Mantener en la plataforma electrónica del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (Sicid) un módulo para las CIAD por medio del cual estas tengan acceso a información relevante para su desempeño, se comuniquen entre sí, el Conapdis y la población con discapacidad; publiquen sus planes de trabajo y rindan cuentas sobre el cumplimiento de estos y otros asuntos relativos al cumplimiento de las funciones estipuladas en la presente ley, según la periodicidad, metodología y medios que sean establecidos por la entidad rectora en discapacidad.

c) Elaborar y mantener actualizado en el Módulo CIAD de la plataforma electrónica del Sicid, el registro de las CIAD constituidas en todo el país, así como los resultados de su gestión.

d) Enviar comunicaciones al jerarca institucional y a los enlaces institucionales, a fin de que brinden la información pertinente según la periodicidad, metodología y medios que se establezca.

e) Propiciar y apoyar espacios de cooperación para que las CIAD puedan establecer vínculos de cooperación y coordinación entre sí para fortalecer sus capacidades, compartir experiencias y lecciones aprendidas.

f) Fiscalizar aleatoriamente o según las necesidades detectadas, el nivel de logro de las acciones reportadas en la rendición de cuentas de las CIAD y su efecto en el cumplimiento de la normativa en discapacidad por parte de la entidad a la que pertenece la Comisión.

g) Constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley por parte de las entidades públicas; para lo cual, en su calidad de rector en discapacidad tendrá la potestad de proponer y promover acciones correctivas ante la instancia correspondiente e incluso emitir criterios vinculantes al amparo de lo estipulado en el artículo 3, inciso 3), de la Ley N.° 9303 de Creación del Conapdis.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 11- Derogatoria

Se deroga la Ley N.° 9171, Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), de 29 de octubre de 2013.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO ÚNICO- Las Comisiones en Materia de Accesibilidad y Discapacidad (Cimad) que funcionan según lo estipulado en la Directriz Presidencial N.° 27-2000, al momento de publicación de la presente ley deberán convertirse en Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) y deberán cumplir con lo establecido en la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Catalina Montero Gómez Diputada

25 de marzo de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.