Archivado el plan de Dolanescu para frenar el golpe del COVID a las empresas

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA SALVAGUARDAR EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL DEL EMBATE DEL COVID-19

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO Y VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS

EXPEDIENTE N.° 21.848

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY PARA SALVAGUARDAR EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL DEL EMBATE DEL COVID-19

Expediente N.° 21.848

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las pandemias forman parte de la historia de la humanidad, siendo innumerables las tragedias que ha producido a lo largo de los años. La peste bubónica causó 2 millones de muertos en la Edad Media. En el siglo XX se produjeron 3 pandemias de gripe, siendo la de 1918 la más importante, que se desarrolló entre 1918 y 1919 en 2 ondas epidémicas. La pandemia de 1918 irrumpe durante las etapas finales de la primera guerra mundial. Con un cuarto de la población de EE.UU. y un quinto de la población mundial infectada con la gripe, era imposible escaparse de la enfermedad.

Actualmente y ante las puertas de una pandemia que recuerda la batalla librada contra la influenza A (H1N1) el mundo entero vuelve a necesitar de intervenciones poblacionales y reinventa las acciones de prevención y control.

Recordemos que durante el 2009 se presentó un brote de H1N1 en nuestro país que hizo recaer la economía costarricense, siendo el sector productivo uno de los más afectados. En el 2020 nuestro país se enfrenta a una nueva pandemia conocida como el COVID-19, ya declarada por el gobierno de la república.

A partir de la propagación de la enfermedad, las previsiones económicas para Costa Rica varían, de esta forma lo hace ver Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central:

“La epidemia del nuevo coronavirus removió dos supuestos supuestos importantes del Programa Macroenómico 2020-2021 que presentó, el Banco Central, en enero pasado: el precio esperado del petróleo y la proyección del crecimiento mundial.

Al mover dichos supuestos las previsiones económicas que se habían para Costa Rica podrían variar. El menor precio esperado para el petróleo es positivo en el país pues implica menores costos y ahorro de divisas, aunque también podría tener un efecto deflacionario y, por otro lado, el menor crecimiento mundial puede afectar la producción nacional" (El resaltado no es propio del original)

En el caso de Costa Rica es indudable que se encuentra expuesta de manera directa por los efectos de las economías globales afectadas por el coronavirus y esto se relaciona con la interrupción de las cadenas de producción y en especial con las importaciones y exportaciones de bienes manufacturados, la desaceleración de la demanda externa, el impacto sobre el turismo y reducción de la demanda interna.

Como ejemplo de lo anterior, hemos visto como se ha iniciado la afectación al sector turístico: “los hoteleros reportaron la cancelación de 8.000 noches hasta el momento, algunas para el mes de marzo, pero la mayoría para abril, mayo, junio. La Cámara de Hoteles (CCH) proyecta caída en sus ventas futuras que oscilan entre el 5% y el 50% de pendiendo de la zona del país.

Las agencias de viaje también cancelaron cera del 90% de las reservaciones hacia Europa u Oriente, mientras que las reservas a futuro reportan una contracción del 50%. Así se desprende del reporte inicial de la Asociación Costarricense de Agencias de Viaje (ACAV) “. Aunado al sector turismo se encuentra el de tour operadores que ya reporta cancelaciones importantes de turistas.

Lastimosamente no son los únicos que se verán afectados por la pandemia del Covid-19.

Ante la falta de accionar del Gobierno sobre las medidas específicas para salvaguardar la actividad económica del sector productivo nacional, generador de empleo de una gran cantidad de familias de nuestro país, que ven peligrar sus trabajos ante esta dura situación, siendo ya de por sí las cifras (12.4%) del desempleo alarmantes, con la entrada de la pandemia preocupan aún más.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa pretende salvaguardar al sector productivo nacional con varias medidas que consideramos prioritarias, para mantener a flote el funcionamiento de las empresas y evitar los despidos masivos, por ello:

• Se autoriza a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), para que gire directrices a los bancos comerciales del Estado y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el propósito de reestructurar las deudas de las empresas afectadas, dando prioridad al sector turismo como motor de nuestra economía, igualmente por medio de estas directrices se autoriza a la reducción de los intereses.

• Además se establece la flexibilización laboral con una jornada anualizada, la cotización a la Caja del Seguro Social (CCSS) se realizará por el tiempo real trabajado de sus empleados.

• Se autoriza al Ministerio de Hacienda y a la Caja del Seguro Social (CCSS), para que brinde períodos de gracia para el cobro de: tributos, impuestos de ventas, impuesto al valor agregado, cargas sociales, este período iniciará a partir de febrero del 2020 y hasta por seis meses posteriores a la finalización de la pandemia.

• Se reduce hasta en un cuarenta por ciento (40%) las tarifas de los servicios de energía eléctrica para las empresas, dicha reducción será subsidiada por el Estado costarricense a partir de febrero del 2020 y hasta seis meses de finalizada la pandemia del coronavirus.

• La reducción de la tasa al impuesto al valor agregado en un 25% de acuerdo a las condiciones fijadas para cada uno de los productos y servicios sujetos al impuesto al valor agregado según la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

• Se insta al Ministerio de Trabajo a propiciar la aplicación de manera masiva la Ley N.° 9738 “Ley para regular el teletrabajo” y del decreto N.° 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICIT “Reglamento para regular el teletrabajo”.

Las empresas podrán retener el pago del IVA realizado por los consumidores a partir de febrero del 2020 y hasta por los seis meses posteriores a la finalización de la pandemia del coronavirus para el financiamiento de su flujo de caja. Con la finalidad de que los fondos destinados para el pago de la planilla de los empleados públicos que se nutre con recursos provenientes del impuesto al valor agregado no se paralice o se vea afectado, se autoriza al el Ministerio de Hacienda para que pueda utilizar los fondos derivados de la colocación de los llamados Eurobonos, que se encuentran inmovilizados en el Banco Central de Costa Rica, para cubrir el déficit financiero producto de no percibir la reducción de la tasa cobrada al impuesto al valor agregado.

Como parte del financiamiento para las medidas tomadas se vislumbra la utilización de los recursos no colocados del Sistema Banca para el Desarrollo y de las colocaciones realizadas en el mercado internacional según la Ley N.° 9708, Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito, que no hayan sido utilizadas para los efectos de esta ley a la fecha de la promulgación de esta ley. Todo lo anterior, como parte de las medidas excepcionales y temporales para atender la afectaciones económicas producto del embate de COVID-19.

De tal suerte que esta norma pretende que la institucionalidad del Estado responda de manera expedita e inmediata a las necesidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas que sean afectadas de manera tangencial o directa por la contracción de la economía y las directrices sanitarias que tienen por fin la prevención y atención de la pandemia de COVID-19 en el ámbito nacional, para así aminorar los efectos negativos en la economía y el bienestar de la población.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de las señoras diputadas y señores diputados el siguiente proyecto de LEY PARA SALVAGUARDAR EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL DEL EMBATE DEL COVID-19.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA SALVAGUARDAR EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL DEL EMBATE DEL COVID-19

ARTÍCULO 1- Objeto

La presente ley tiene como propósito la aplicación de medidas económicas y laborales, para la protección de las: grandes, medianas y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como de las micro y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura (MAG), las cuales demuestren una reducción de al menos un 20% en sus ventas mensuales por la pandemia del Coronavirus a partir de febrero del 2020 comparables con el mismo mes del año anterior. Lo anterior con el fin de resguardar el empleo y atenuar el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía costarricense.

ARTÍCULO 2- Autorización a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF)

Se autoriza a la Superintendencia de entidades Financieras (SUGEF) para que gire las directrices necesarias a los Bancos comerciales del Estado y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Estas directrices contendrán los criterios de reestructuración de las deudas de las empresas afectadas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente ley, dando prioridad a aquellas dedicadas al turismo, de manera que puedan dichas entidades extender los plazos de los créditos de estas empresas, la medida se mantendría por el tiempo en que permanezca la declaratoria de pandemia y hasta los seis meses posteriores a su finalización.

ARTÍCULO 3- Recursos Sistema Banca para el Desarrollo

Para efectos del financiamiento de la reestructuración de las deudas de las grandes, medianas y pequeñas, así como delas micro y pequeñas empresas agrícolas del afectadas por la pandemia de acuerdo a las disposiciones del artículo 1 se podrán utilizar los recursos no colocados en créditos del Sistema Banca para el Desarrollo.

ARTÍCULO 4- Impuesto al Valor Agregado

Según la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 3 de diciembre de 2018 y sus reformas se rebajará un 25% del cobro correspondiente al impuesto al valor agregado según lo señalado para los diferentes productos y servicios sujetos del pago de este impuesto. Lo anterior, en un plazo de hasta por los seis meses posteriores a la finalización de la pandemia del coronavirus.

ARTÍCULO 5- De la Flexibilización de la Jornada Laboral

Por vía de excepción habiendo sido declarada la pandemia del coronavirus y hasta por los seis meses posteriores a su finalización, se permitirá a las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente ley, utilizar una jornada ordinaria ampliada de hasta doce horas por día o una jornada ordinaria diurna anualizada de dos mil cuatrocientas horas y nocturna de mil ochocientas horas. La utilización de dichas jornadas, está sujeta a los siguientes límites:

1- El Ministerio de Trabajo definirá, periódicamente, el tipo de actividad económica en que se pueden aplicar, el número y características de las personas trabajadoras quienes podrán laborar en estas jornadas, así como otros aspectos que justifiquen, razonablemente y proporcionadamente, la conveniencia de su utilización y garanticen los intereses de ambas partes de la relación laboral. Asimismo, velará por que estas jornadas excepcionales sean utilizadas con estricto apego a la normativa vigente.

2- Ambas jornadas no podrán sobrepasar el límite de cuarenta y ocho horas semanales o de treinta y seis horas semanales en jornada nocturna y serán remuneradas como jornada ordinaria.

3- Las personas trabajadoras que presten sus servicios bajo la modalidad de jornada ampliada, no podrán laborar en jornada extraordinaria. Los trabajos se deberán ejecutar procurando que la persona trabajadora tenga como mínimo tres días libres consecutivos a la semana, de los cuales uno será el de descanso semanal obligatorio, establecido al momento de la contratación.

4- La jornada ordinaria anualizada no podrá ser mayor de diez horas al día, ni inferior a seis horas. Las personas empleadoras que se acojan a esta jornada deberán elaborar un calendario semestral y lo entregarán a las personas trabajadoras con quince días de anticipación a su entrada en vigencia. En el calendario deben constar los turnos a laborar en forma semanal. Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones especiales, el cambio deberá ser negociado de mutuo acuerdo y comunicado previamente a las personas trabajadoras con un mínimo de quince días de anticipación. Las horas extra, se contabilizarán sobre el exceso de las cuarenta y ocho horas semanales o del exceso de la jornada diaria predeterminada en el calendario. La falta del calendario se imputará siempre a la persona empleadora. Si se despide sin justa causa a una persona trabajadora contratada bajo esta modalidad de jornada antes de completar el semestre comprendido en el calendario, la persona empleadora deberá reajustar y pagar, como jornada extraordinaria, las horas que haya laborado por encima de la jornada diurna de ocho horas, mixta de siete horas o nocturna de seis. El cálculo de las indemnizaciones laborales a causa del despido injustificado se hará sobre el promedio de remuneraciones percibidas durante el último año, salvo que resulte más beneficioso para la persona trabajadora el de los últimos seis meses.

5- La variación de una jornada ordinaria deberá ser consentida por la persona trabajadora. La variación unilateral por parte de la persona empleadora de una jornada ordinaria a cualquiera de las excepcionales reguladas en esta ley, facultará a la persona trabajadora a dar por terminado el contrato laboral, en los términos que se indican en el artículo 83 del Código Laboral.

6- Las personas empleadoras que se acojan a esta jornada no podrán modificar los salarios promedio por hora en perjuicio de sus personas empleadas. Los sueldos de las personas trabajadoras se pagarán de acuerdo con el número de horas trabajadas en cada período.

7- Dichas jornadas podrán implementarse en el día o en la noche y ser trabajadas en uno o más turnos.

La vigencia de lo dispuesto en este artículo se extenderá hasta por un máximo de 6 meses a partir de finalizada la situación de alerta amarilla por el COVID-19, pasados los cuales retomará vigencia la legislación laboral ordinaria sobre la materia.

ARTÍCULO 6- De la Cotización a la Caja del Seguro Social (CCSS)

Una vez declarada la pandemia y durante los seis meses posteriores a su finalización, las empresas afectadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la presente ley, cotizaran a la Caja del Seguro Social (CCSS) por el tiempo real trabajado de sus empleados.

ARTÍCULO 7- De la Autorización al Ministerio de Hacienda y la Caja del Seguro Social (CCSS)

Se autoriza al Ministerio de Hacienda y la Caja del Seguro Social (CCSS) para que brinde períodos de gracia para el cobro de: tributos, impuestos de ventas, impuesto al valor agregado, así como de las cargas sociales. a las empresas citadas en el artículo 1 de la presente ley, dicho período iniciará a partir de febrero del 2020 y hasta por los seis meses posteriores a la finalización de la pandemia del coronavirus.

ARTÍCULO 8- Utilización recursos de los eurobonos

El Ministerio de Hacienda podrá utilizar los recursos provenientes de las colocaciones en el mercado internacional de la Ley N.° 9708, Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito, del 22 de julio de 2019, para financiar el déficit financiero producto de la aplicación de esta ley en los términos de la reducción en la tasa a pagar por el impuesto al agregado según el artículo 4 de esta norma.

Los recursos corresponderán a los remanentes de la ley mencionada que a la fecha de la promulgación de esta ley no hayan sido empleados para cancelar deuda según las condiciones de la Ley N.° 9708.

ARTÍCULO 8- De la Reducción de las Tarifas de Energía Eléctrica

Las tarifas de energía eléctrica brindadas por : Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), Cooperativa de Electrificación San Carlos (Coopelesca), Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (Coopeguanacaste) Cooperativa Alfaro Ruíz (Coopealfaro) y la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (Coopesantos R.L) a las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente ley, serán reducidas hasta en un cuarenta por ciento (40%), dicha reducción será contabilizada como deducible del impuesto sobre la renta a partir de febrero del 2020 y hasta los seis meses de finalizada la pandemia del coronavirus.

ARTÍCULO 9- Del Teletrabajo

El Ministerio de Trabajo propiciará la aplicación de la Ley N.° 9738 “Ley para regular el teletrabajo” y del decreto N.° 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICIT “Reglamento para regular el teletrabajo”.

ARTÍCULO 10- Reformas a otras leyes

Para que se adicione un segundo párrafo al artículo 1 de la Ley N.° 9708, Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito, del 22 de julio de 2019 y se lea de la siguiente manera:

Artículo 1- Autorización al Poder Ejecutivo para emitir títulos valores en el mercado internacional.

(…)

Para que además de lo anterior, los recursos provenientes de las colocaciones de Hacienda puedan utilizarse para financiar el déficit financiero producto de la atención de la crisis del COVID-2019 y se utilicen según las condiciones señaladas en la Ley para salvaguardar el sector productivo nacional del embate del COVID-19.

(…).

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo reglamentará lo que corresponda en el plazo máximo de quince días naturales.

TRANSITORIO II- El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo dispondrá en un plazo máximo de cinco días naturales para desarrollar los mecanismos y análisis necesarios para brindar los recursos para el financiamiento de las empresas beneficiarias de esta ley, de acuerdo a lo indicado en el artículo 3.

TRANSITORIO III- Los intereses, corrientes y moratorios, acumulados a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se acumularán al monto total de la deuda en razón de la de restructuración de deuda para las pequeñas, medianas y grandes empresas sujetas de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano Jonathan Prendas Rodríguez

Marulin Raquel Azofeifa Trejos Franggi Nicolás Solano

Carmen Irene Chan Mora Ivonne Acuña Cabrera

Ignacio Alberto Alpízar Castro Shirley Díaz Mejía

Sylvia Patricia Villegas Álvarez Harllan Hoepelman Páez

Nidia Lorena Céspedes Cisneros Walter Muñoz Céspedes

Diputados y diputadas

25 de marzo de 2020.

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.