Archivado el plan que frenaba desalojos y embargos en emergencias
El expediente 21851, que proponía suspender o modificar pagos y otras condiciones de contratos durante una emergencia nacional, fue archivado en febrero de 2022 y ya no puede convertirse en ley.
Título oficial LEY PARA QUE EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFIQUEN O SE SUSPENDAN LAS FORMAS DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES
A quién le toca
- Inquilinos que debían alquiler durante una emergencia nacional
- Deudores de préstamos o créditos afectados por una emergencia
- Trabajadores con obligaciones laborales suspendidas por una emergencia
- Proveedores y compradores con contratos vigentes durante una emergencia
A quién beneficia
- El proyecto buscaba evitar que los contratos se terminaran durante una emergencia nacional
- Proponía abrir negociaciones entre las partes para ajustar pagos y condiciones
- Mencionaba proteger a la parte más débil de la relación contractual
Qué cambia
- El expediente está archivado y no puede convertirse en ley
- El plazo cuatrienal vencía el 17 de marzo de 2024
- La Comisión de Asuntos Jurídicos lo dictaminó de forma unánime negativa el 16 de febrero de 2022
La explicación completa
El expediente 21851 está archivado. La Asamblea Legislativa lo cerró el 16 de febrero de 2022 con un dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos 1. Ya no puede convertirse en ley.
Qué propone
El proyecto proponía agregar un segundo párrafo al artículo 702 del Código Civil (art. único). Ese artículo hoy dice que un deudor que no paga no responde por daños si el incumplimiento viene de fuerza mayor o caso fortuito (art. 702).
El párrafo nuevo proponía que exista fuerza mayor cuando se declare un Estado de Emergencia Nacional bajo la Ley 8488 (art. único). En ese decreto, el Presidente de la República y el Ministro de Economía o el Ministro de Trabajo definirían los efectos de la declaratoria.
También tomarían medidas temporales para el funcionamiento de la economía, la libertad de comercio y los derechos laborales (art. único). Buscarían equilibrar los derechos de acreedores y deudores.
Entre esas medidas se podría suspender o modificar las formas de pago y otras condiciones contractuales (art. único). El texto menciona negociaciones entre caseros e inquilinos, proveedores y compradores, acreedores y deudores, patronos y trabajadores.
El diputado Pedro Miguel Muñoz Fonseca presentó el proyecto el 24 de marzo de 2020 (art. único). Lo justificó con la pandemia por el virus COVID-19.
En qué va el trámite
El expediente está archivado desde el 16 de febrero de 2022 1. La Comisión de Asuntos Jurídicos lo dictaminó de forma unánime negativa.
El trámite empezó el 17 de marzo de 2020 con la presentación en el Plenario 1. El 26 de marzo se envió a la Imprenta Nacional para publicación.
El 2 de junio de 2020 se asignó a comisión 1. La comisión votó el 26 de octubre de 2021. El 15 de febrero de 2022 devolvió el expediente al archivo.
El plazo cuatrienal vencía el 17 de marzo de 2024 1. El archivo llegó antes, en 2022.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y la Constitución del dossier. El proyecto no cambia trámites legislativos ni derechos fundamentales.
El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea la potestad de dictar las leyes Constitución, art. 121. El artículo 140 le da al Presidente y al ministro respectivo el deber de ejecutar y reglamentar las leyes Constitución, art. 140. El texto del proyecto encaja en esas funciones.
Hay una duda sobre el alcance. El proyecto deja en manos del Presidente y de un ministro la decisión de qué contratos se modifican (art. único). La Constitución no detalla límites para ese tipo de medida temporal Constitución, art. 140.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado. Las herramientas para incidir en un proyecto en trámite ya no aplican a este caso.
Si quiere proponer una idea parecida, la guía explica el formulario web de la Asamblea guía, p. 27. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla.
La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas ideas y las remite a los diputados guía, p. 27. Los diputados deciden si adoptan una o varias.
Para una iniciativa popular formal, la guía pide reunir al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 26. El TSE revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión votó de forma unánime negativa.
El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni sus argumentos.
El dossier no registra audiencias públicas ni consultas sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo. Hay una duda sobre cuánto poder le deja el texto al Presidente y a un ministro para modificar contratos.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. único"Adiciónese un segundo párrafo al artículo 702 del Código Civil"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de dictar leyes. El proyecto es un proyecto de ley ordinario, así que calza en esa función.
Constitución, art. 140"Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento;"
Esta ley, art. único"En el decreto en el que conste dicha declaratoria el Presidente de la República y el Ministro de Economía y/o el Ministro de Trabajo dimensionarán los efectos de dicha declaratoria y tomarán medidas temporales"
Hay dudas El texto le da al Presidente y a un ministro la tarea de definir qué contratos se modifican. La Constitución les da el deber de ejecutar las leyes, pero no detalla límites para ese tipo de medida. Hay duda sobre el alcance.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21851: LEY PARA QUE EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFIQUEN O SE SUSPENDAN LAS FORMAS DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA QUE EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFIQUEN O SE SUSPENDAN LAS FORMAS DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES
PEDRO MIGUEL MUÑOZ FONSECA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.851
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA QUE EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFIQUEN O SE SUSPENDAN LAS FORMAS DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES
Expediente N° 21.851
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La presente iniciativa de ley tiene como finalidad darle ejecutividad a las declaratorias de emergencia nacional para que, cuando se esté frente a un evento de fuerza mayor, se definan parámetros para determinar las consecuencias de la imposibilidad del incumplimiento contractual producto del evento de fuerza mayor distintas a la terminación contractual.
En caso de emergencia nacional debe procurarse que los contratos no sean terminados y que más bien se produzcan renegociaciones en buena fé de los términos contractuales, incluyendo modificaciones en los términos y formas de pago.
Actualmente en el artículo 702 del Código Civil establece:
“ARTÍCULO 702- El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.”
Esta redacción libera de responsabilidades a quien incumple un contrato en razón de un evento de fuerza mayor por lo que se le facilita la terminación del contrato en lugar de llamar al mantenimiento del contrato mediante una negociación en buena fé.
Sobre la definición jurídica del término “fuerza mayor”, la Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen C-084-99 de 3 de mayo de 1999 indicó:
"La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse o que, previsto, no puede evitarse. La expresión ‘fuerza mayor’ indica el carácter invencible del obstáculo. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza mayor; por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, tempestades, inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es por ello que el estado de fuerza mayor ha sido definido en doctrina como un hecho de la naturaleza, previsible, pero inevitable.”
En situaciones como la actual pandemia por el virus COVID-19, donde por motivos de fuerza mayor muchas personas dejarían probablemente de cumplir sus obligaciones y buscarían la terminación de sus relaciones contractuales, la redacción actual del artículo 702 es insuficiente para proteger los intereses no sólo de las partes contractuales sino de la economía en general que es la suma total de todas las relaciones contractuales en el país.
Es por eso, que se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 702 del Código Civil, que se leería de la siguiente manera:
“Para los efectos del párrafo anterior se entenderá que existe un evento de fuerza mayor ante una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional dictada de conformidad con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N. 8488 y sus reformas. En el decreto en el que conste dicha declaratoria el Presidente de la República y el Ministro de Economía y/o el Ministro de Trabajo dimensionarán los efectos de dicha declaratoria y tomarán medidas temporales que resulten necesarias para buscar el adecuado funcionamiento de la economía, la libertad de comercio, los derechos laborales y el balance entre los derechos de acreedores y deudores.”
Una vez aprobada esta iniciativa de ley el país contaría con una normativa más robusta para hacerle frente a eventos de fuerza mayor.
En resumen, esta propuesta de ley actualizaría nuestra normativa para que ante un evento de fuerza mayor en declaratorias de emergencia nacional se desarrollen los alcances y efectos contractuales, entre los que podrán contemplarse la suspensión o modificación de la forma de pago y otras condiciones contractuales, incluyendo negociaciones entre caseros e inquilinos, proveedores y compradores, acreedores y deudores, patronos y trabajadores para permitir que se pongan de acuerdo en la disminución de sus obligaciones sinalagmáticas para evitar se vean obligadas a tomar medidas drásticas que finalmente van a perjudicar más a la parte más débil de la relación contractual.
Considerando lo anterior, someto a consideración de las y los diputados, el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA QUE EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR SE MODIFIQUEN O SE SUSPENDAN LAS FORMAS DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un segundo párrafo al artículo 702 del Código Civil, para en adelante se lea de la forma siguiente:
Artículo 702- El deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.
Para los efectos del párrafo anterior se entenderá que existe un evento de fuerza mayor ante una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional dictada de conformidad con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488 y sus reformas. En el decreto en el que conste dicha declaratoria el Presidente de la República y el Ministro de Economía y/o el Ministro de Trabajo dimensionarán los efectos de dicha declaratoria y tomarán medidas temporales que resulten necesarias para buscar el adecuado funcionamiento de la economía, la libertad de comercio, los derechos laborales y la armonía entre los derechos de acreedores y deudores. Entre las medidas se podrá contemplar la suspensión o modificación de las formas de pago y otras condiciones contractuales.
Pedro Miguel Muñoz Fonseca Diputado
24 de marzo de 2020.
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.