Proyecto para adelantar el FCL por el Covid venció sin aprobarse
El expediente 21.859, que proponía dejar retirar una vez el Fondo de Capitalización Laboral durante la pandemia, se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal en 2024.
Título oficial ALIVIO ECONÓMICO ANTE EL COVID-19 MEDIANTE EL ADELANTO DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
A quién le toca
- Trabajadores con cuenta de Fondo de Capitalización Laboral en una operadora de pensiones
- Personas que perdieron su empleo durante la pandemia de Covid-19
- Bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal
- Operadoras de pensiones complementarias
A quién beneficia
- Los trabajadores podían retirar una vez el saldo de su FCL sin importar el monto
- El retiro no obligaba a endeudarse
- El trabajador seguía afiliado a su operadora y seguía cotizando
Qué cambia
- El proyecto se archivó y no se convirtió en ley
- El retiro era por una única vez y con un plazo de solicitud de tres meses
- Si la operadora no tenía liquidez, el pago podía tardar hasta seis meses mediante un certificado
La explicación completa
El proyecto de ley 21.859, que proponía dejar retirar una vez el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) durante la pandemia de Covid-19, ya no existe: se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal. La diputada Franggi Nicolás Solano lo presentó el 19 de marzo de 2020. La Asamblea lo archivó el 19 de marzo de 2024 por el plazo de cuatro años del artículo 119. Luego hubo más archivos en junio de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía agregar un artículo transitorio XIX a la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador (art. 1). Ese transitorio autorizaba a todos los trabajadores a retirar, por una única vez, el saldo de su cuenta de FCL en su operadora de pensiones.
El retiro se podía pedir desde la publicación de la ley y hasta tres meses después. El dinero se giraba a los treinta días naturales de entrada en vigencia de la norma (art. 1).
El derecho aplicaba a cualquier trabajador con cuenta de FCL, sin importar el monto disponible (art. 1).
Si la operadora no tenía liquidez, debía demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones. Entonces emitía un certificado dentro de los cinco días siguientes a la solicitud (art. 1). Ese certificado indicaba el titular, el monto disponible a la fecha de promulgación y la tasa de rendimiento histórica. También incluía el compromiso de hacerlo efectivo en seis meses.
Los bancos del Estado o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para los trabajadores adscritos a su operadora, pagaban esos certificados (art. 1). Las operadoras debían trasladar el monto a esas instituciones en un plazo máximo de seis meses, con los rendimientos del período.
Cualquier otra institución financiera podía pagar los certificados en los mismos términos (art. 1).
El trabajador seguía afiliado a su operadora y seguía cotizando en su cuenta de FCL, aunque usara este retiro (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. El trámite registra la presentación del proyecto el 19 de marzo de 2020 y el envío a la Imprenta Nacional el 1 de abril de 2020 1.
El 19 de marzo de 2024 se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal del artículo 119 1. El 20 de junio de 2024 hubo otro archivo del expediente. El 21 de junio de 2024 se registraron dos archivos más por el mismo vencimiento.
El proyecto no tenía comisión asignada (art. 1). Cumplió la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.
Para que fuera ley faltaba el dictamen de comisión, el primer debate y el segundo debate. Nada de eso ocurrió antes del vencimiento.
Frente a la Constitución
El texto no choca de frente con los artículos de la Constitución que están en el dossier. La Asamblea tiene la potestad de dictar leyes Constitución, art. 121.
El artículo 45 protege la propiedad y permite limitarla por interés social con dos tercios de los votos Constitución, art. 45. El proyecto no quitaba propiedad: devolvía a cada trabajador el saldo de su propia cuenta (art. 1).
El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes Constitución, art. 50. El proyecto invocaba las necesidades surgidas por la pandemia para justificar el retiro (art. 1).
El Censo no encontró un choque constitucional claro en el texto. Una duda posible: el proyecto no decía qué pasa si la operadora quiebra antes de trasladar el dinero a los bancos en seis meses (art. 1).
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado. No hay comisión ni debate abierto donde incidir. Estas herramientas de la guía sirven para casos activos, no para este guía, p. 29.
Si quiere proponer una idea parecida, puede llenar el formulario web de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas propuestas y las remite a los diputados, que deciden si las adoptan guía, p. 27.
También puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea guía, p. 27.
Si tiene un problema con su operadora de pensiones o con su FCL, puede presentar una denuncia o una consulta ante la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) guía, p. 114.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántos trabajadores tenían cuenta de FCL en 2020 ni cuánto dinero había en esas cuentas.
El dossier no dice por qué el proyecto no tuvo comisión asignada.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El texto devolvía a los trabajadores el saldo de su propia cuenta de FCL. La Asamblea tiene potestad para dictar leyes y el artículo 45 protege la propiedad. El Censo no encontró un choque claro con los artículos del dossier.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Por una única vez, se autoriza a todos los trabajadores a retirar el saldo de su cuenta de Fondo de Capitalización Laboral de su Operadora de Pensiones Complementarias, posterior a los treinta días naturales de entrada en vigencia de la presente norma, con base en las siguientes reglas."
Sin choque aparente La Asamblea puede dictar leyes. Este proyecto era una ley ordinaria y siguió el trámite que la Constitución permite.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 1"El trabajador dispondrá de este derecho siempre que cuente con una cuenta de su Fondo de Capitalización Laboral, sin importar el monto disponible."
Sin choque aparente El proyecto no quitaba propiedad: devolvía a cada trabajador el dinero de su propia cuenta. No había privación de bienes.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"El presente proyecto de ley pretende brindar a los titulares del dinero ahorrado en el Fondo de Capitalización Laboral la oportunidad de retirarlo, por una única vez, cuatro semanas después de entrada en vigencia de la presente ley, en virtud de las enormes necesidades que han surgido, producto de la crisis causada por la pandemia de Covid 19"
Sin choque aparente El proyecto buscaba aliviar la situación económica de las familias durante la pandemia. Eso calza con el fin de bienestar del artículo 50.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21859: ALIVIO ECONÓMICO ANTE EL COVID-19 MEDIANTE EL ADELANTO DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
ALIVIO ECONÓMICO ANTE EL COVID-19 MEDIANTE EL ADELANTO DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA
EXPEDIENTE N.º 21.859
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
ALIVIO ECONÓMICO ANTE EL COVID-19 MEDIANTE EL ADELANTO DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
Expediente N.° 21.859
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde su previsión legal, acaecida con la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983 del año 2000, las entidades autorizadas por la Superintendencia de Pensiones para administrar los fondos de pensiones, que son propiedad de las personas trabajadoras, tienen por finalidad establecer un régimen que permita el bienestar efectivo de la población trabajadora en el futuro, se encargan también de la administración del Fondo de Capitalización Laboral.
Las operadoras no recaudan recursos propios, sino que se trata de aportes cuya titularidad corresponde a los trabajadores, producto de su contribución, la de sus patronos y los respectivos rendimientos que ellos generen. Tanto es así, que no se trata de fondos públicos, sino de dinero de cada uno de los trabajadores que, por mandato de ley, ha venido a formar parte de este sistema.
Como ha señalado la División Jurídica de la Superintendencia de Pensiones:
“…La Ley de Protección al Trabajador, No. 7983, se creó entre otros, con el objetivo de establecer un régimen obligatorio complementario a los sistemas tradicionales de pensión, contando en síntesis con dos componentes básicos, a saber: a) la creación de un “Fondo de Capitalización Laboral”, otorgando al trabajador un ahorro laboral como un derecho irrefutable, ahorro que está conformado por una redistribución de la cesantía del trabajador, equivalente a un 3% del salario.”
El presente proyecto de ley pretende brindar a los titulares del dinero ahorrado en el Fondo de Capitalización Laboral la oportunidad de retirarlo, por una única vez, cuatro semanas después de entrada en vigencia de la presente ley, en virtud de las enormes necesidades que han surgido, producto de la crisis causada por la pandemia de Covid 19, que azota nuestro país y se expande por el mundo entero. Para quienes han perdido su empleo en esta coyuntura el proyecto no aporta nada, pues su derecho líquido y cierto, como dicen los juristas, es inmediato producto de la ruptura de la situación laboral. Sin embargo, para el resto de la población, que es la inmensa mayoría, representa un enorme alivio ante la pérdida de rentas, producto de la merma en la actividad comercial que hará imposible cubrir las obligaciones económicas de manera normal y los gastos extraordinarios que se presentan en esta época.
Además, tenemos la oportunidad de reanimar un poco la maltrecha economía nacional mediante la inyección anticipada de recursos que, de cualquier manera, rutinariamente deberían ser devueltos a sus legítimos propietarios en los próximos doce meses. Ciertamente, existen otros casos de personas que en los últimos cuatro años ya retiraron su FCL, pero aún en esos casos el monto disponible, cualquiera que este sea, representa un incremento en du disponible sin necesidad de endeudarse.
La iniciativa se plantea de manera sencilla, atendiendo a la urgencia de la situación y consiste en un transitorio que autoriza un retiro excepcional para todos los trabajadores que dispongan de dinero. Cuando la operadora de pensiones no tenga liquidez, emitirá un certificado que deberá incorporar los rendimientos del dinero hasta su giro efectivo y que será canjeable ante el banco al que se encuentra asociado por el monto correspondiente, el cual procederá a hacerlo efectivo a su vencimiento, con los rendimientos generados entre el momento del canje y el momento del cobro. De esta manera los bancos no tendrán pérdidas y brindarán un gran servicio a las familias de los trabajadores.
La posibilidad que abrimos con este proyecto para el acceso al FCL no generará una solución para todos los casos, pero, sin lugar a dudas, provocará, con el aumento de la liquidez de los hogares en momentos en que la reducción de ingresos será evidente. Aunque nosotros como país no estamos en condiciones de enviar cheques de $1000 dólares a cada trabajador, si podemos hacer un esfuerzo por devolver a los trabajadores una parte de su propio patrimonio, lo cual traerá mucha tranquilidad a las familias costarricenses, permitiendo que se intensifiquen las redes de apoyo entre quienes se encuentren más afectados y quienes puedan tender una mano.
Por las razones expuestas, someto a consideración de sus señorías el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
ALIVIO ECONÓMICO ANTE EL COVID-19 MEDIANTE EL ADELANTO DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
ARTÍCULO 1- Se Adiciona un artículo transitorio XIX a la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, cuyo texto dirá:
Transitorio XIX- Por una única vez, se autoriza a todos los trabajadores a retirar el saldo de su cuenta de Fondo de Capitalización Laboral de su Operadora de Pensiones Complementarias, posterior a los treinta días naturales de entrada en vigencia de la presente norma, con base en las siguientes reglas.
I- El trabajador dispondrá de este derecho siempre que cuente con una cuenta de su Fondo de Capitalización Laboral, sin importar el monto disponible.
II- El monto deberá girarse por el saldo disponible posterior a los treinta días naturales de entrada en vigencia de la presente norma, sin hacer ningún traslado, previa solicitud del interesado. Dicha solicitud podrá presentarse desde la promulgación de esta norma y durante los siguientes tres meses.
III- En el caso que la operadora de pensiones carezca de liquidez, deberá demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones y procederá a emitir, dentro de los cinco días siguientes a la solicitud del trabajador, un certificado indicando el titular de los recursos, el monto disponible a la fecha de promulgación de la norma y la tasa de rendimiento histórica de la respectiva cuenta y el compromiso de hacerlo efectivo en el plazo de seis meses.
IV- Los bancos del Estado o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en el caso de los trabajadores adscritos a su Operadora de Pensiones, procederán a hacer efectivos los certificados emitidos por las operadoras que carezcan de liquidez. Las operadoras de pensiones complementarias deberán trasladar, en un plazo máximo de seis meses, el monto de los certificados a las instituciones que hayan hecho efectivos sus certificados, abonando los rendimientos obtenidos en todo el período comprendido entre la emisión del certificado y el cumplimiento efectivo del pago.
V- Cualquier otra institución financiera podrá pagar los certificados y hacerlos efectivos, en los mismos términos del numeral anterior.
VI- Con independencia del uso de esta autorización, los trabajadores continuarán afiliados a su actual operadora de pensiones complementarias y continuarán cotizando en sus cuentas para el FCL. Rige a partir de su publicación.
Franggi Nicolás Solano Diputada
01 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto no tiene comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.