Archivado el proyecto que dejaba sacar la pensión complementaria por desempleo
El expediente 21865, que proponía permitir retiros del Régimen Obligatorio de Pensiones a personas desempleadas por el Covid-19, fue archivado en 2022 con dictamen negativo y venció en 2024.
Título oficial PROTECCIÓN A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO DESENCADENADO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19
Atención: El proyecto proponía usar fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones para fines distintos a la pensión, y el artículo 73 de la Constitución dice que esos fondos no pueden emplearse en finalidades distintas a las que motivaron su creación.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Personas trabajadoras mayores de 50 años con al menos 150 cuotas pagadas y seis meses o más de desempleo
El párrafo que se proponía agregar al artículo 5 de la Ley 17 ponía tres requisitos juntos: más de 50 años, 150 cuotas y seis meses desempleado. Quien no cumpliera los tres quedaba fuera.
Una persona trabajadora mayor de cincuenta años de edad, con al menos ciento cincuenta cuotas pagadas, que tenga seis meses o más de estar desempleado, podrá ser asegurado a cargo de cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas desempleadas por la emergencia nacional del Covid-19 que tenían plata en el Régimen Obligatorio de Pensiones
- Emprendedores cuyos ingresos bajaron al menos un 20% por una emergencia nacional
- Personas mayores de 50 años con al menos 150 cuotas pagadas y seis meses o más de desempleo
- Personas con hipoteca pendiente, alquiler atrasado o pensión alimentaria sin pagar
A quién beneficia
- Hasta el 50% de la cuenta del Régimen Obligatorio de Pensiones más las utilidades del último mes, para personas desempleadas por emergencia nacional
- Giro de la totalidad de los depósitos para pagar hipoteca, alquiler o evitar desahucio
- Giro de la totalidad para tratamiento médico, cuidados paliativos, geriátricos o medicamentos por enfermedad grave o terminal
- Giro de la totalidad para pagar pensión alimentaria
- Aseguramiento de la CCSS a cargo de un pariente hasta tercer grado para mayores de 50 años con 150 cuotas y seis meses desempleados
- Aseguramiento a cargo del Estado si no hay parientes que se hagan cargo
Qué cambia
- El proyecto no es ley: fue archivado con dictamen negativo el 28 de abril de 2022
- El plazo cuatrienal venció el 21 de marzo de 2024
- Las personas que esperaban usar esos fondos no tienen esta vía disponible
- La Ley 7983 sigue vigente con su artículo 20 original
- Un proyecto similar tendría que presentarse de nuevo y recorrer todo el trámite desde cero
La explicación completa
El proyecto de ley 21865 está archivado. La Asamblea Legislativa lo enterró en 2022 y su plazo de cuatro años venció el 21 de marzo de 2024, así que no es ley ni puede llegar a serlo por esta vía 1.
Qué propone
El proyecto proponía reformar el artículo 20 de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, para que una persona desempleada pudiera sacar plata de su cuenta del Régimen Obligatorio de Pensiones (art. 1).
La persona desempleada que perdiera su empleo, o un emprendedor cuyos ingresos bajaran al menos un 20% por una emergencia nacional, podría pedir a su operadora de pensiones complementarias hasta el 50% de su cuenta, más las utilidades del último mes (art. 1).
También podría pedir el giro de la totalidad de los depósitos en tres casos: para pagar una hipoteca sobre su vivienda, alquiler de vivienda o evitar un desahucio; para tratamiento médico, cuidados paliativos, geriátricos o medicamentos por accidente o enfermedad grave o terminal; y para pagar una pensión alimentaria (art. 1).
El proyecto además proponía agregar un párrafo final al artículo 5 de la Ley 17, Ley Constitutiva de la CCSS. Una persona mayor de 50 años, con al menos 150 cuotas pagadas y seis meses o más de estar desempleada podría ser asegurada a cargo de un pariente hasta tercer grado. Si no tenía parientes, la cubriría el Estado mientras siguiera desempleada (art. 2).
El texto también fijaba un plazo máximo de 90 días naturales para que cada operadora haga efectivos los beneficios del afiliado, y trataba el incumplimiento como infracción muy grave (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos votó y dictaminó el 9 de marzo de 2022, y el 28 de abril de 2022 archivó el expediente con un Dictamen Unánime Negativo (Art. 81 BIS) 1.
El trámite había empezado el 21 de marzo de 2020, cuando se presentó el proyecto. Se publicó en La Gaceta el 31 de marzo de 2020, en la gaceta 66, alcance 68 1.
El plazo cuatrienal venció el 21 de marzo de 2024 1. Para que este texto fuera ley habría necesitado dos debates en la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, según el artículo 124 de la Constitución Constitución, art. 124. Ya no está en la corriente legislativa.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre lo que proponía el texto y la Constitución del dossier. El artículo 73 ordena que los seguros sociales protejan a los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine, y que la CCSS administre esos seguros Constitución, art. 73. El proyecto se movía dentro de ese marco: daba acceso a fondos ya acumulados en la cuenta individual y ampliaba el aseguramiento por cuenta de un pariente o del Estado (art. 1) (art. 2).
Hay una duda que el texto no resuelve. El artículo 73 dice que los fondos y las reservas de los seguros sociales no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación Constitución, art. 73. El proyecto permitía usar la plata del Régimen Obligatorio de Pensiones para pagar hipotecas, alquileres, tratamientos médicos y pensiones alimentarias (art. 1). Esa es una finalidad distinta a la pensión. El Censo no puede decir si eso choca con el artículo 73; solo deja anotada la duda.
El artículo 33 prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. El proyecto trataba distinto a la persona desempleada por una emergencia nacional frente a la que no lo estaba, y ponía una edad mínima de 50 años para el aseguramiento por pariente (art. 2). Esa diferencia tiene una justificación escrita en el propio texto, pero el Censo no encontró en el dossier un análisis que la resuelva.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede empujar por la vía legislativa. Las herramientas de la guía sirven para mirar qué pasó y para actuar en casos futuros.
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Consulte el estado de cualquier expediente en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley y las órdenes del día guía, p. 27.
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Si quiere proponer una idea parecida, llene el formulario web de la Asamblea. No hace falta presentar el texto completo; basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas iniciativas y las remite a los diputados para que decidan si las adoptan guía, p. 27.
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Si en el futuro un proyecto similar entra a comisión, puede incidir ahí. La guía recomienda entrevistas con los diputados y argumentos de fondo sobre la importancia de aprobar o modificar el proyecto guía, p. 29.
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Si un proyecto similar llega a primer debate en el Plenario, ese es un segundo momento para incidir. Se puede brindar información, propuestas, visitas y entrevistas a los diputados para que presenten mociones guía, p. 29.
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Tenga presente que las pensiones no se pueden someter a referéndum. La Ley 8492 excluye de referéndum los proyectos sobre materia de pensiones guía, p. 30.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Asuntos Económicos votó un dictamen negativo en 2022.
El dossier no incluye el texto del dictamen ni las razones que dieron los diputados.
El dossier no dice cuántas personas habrían usado el retiro del 50% si el proyecto se hubiera aprobado.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque claro, pero el artículo 73 de la Constitución dice que los fondos de los seguros sociales no pueden usarse en finalidades distintas a las que motivaron su creación, y el proyecto proponía usarlos para hipotecas, alquileres, tratamientos médicos y pensiones alimentarias.
Constitución, art. 73"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. 1"La persona desempleada que pierda su empleo o los emprendedores vean reducidos sus ingresos en un mínimo del 20%, como consecuencia de una emergencia nacional, podrán solicitar a la operadora de pensiones complementarias, que administra su cuenta, la entrega hasta de un cincuenta por ciento (50%) de esta, más las utilidades generadas en el último mes, por la totalidad de su capital acumulado."
Hay dudas La Constitución protege los fondos de los seguros sociales y dice que no se pueden usar para fines distintos a los que se crearon. El proyecto proponía sacar plata del Régimen Obligatorio de Pensiones para pagar hipotecas, alquileres, tratamientos médicos y pensiones alimentarias. Esa es una finalidad distinta a la pensión. El Censo deja la duda anotada; no puede decir si es inconstitucional.
Constitución, art. 73"Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine."
Esta ley, art. 2"Una persona trabajadora mayor de cincuenta años de edad, con al menos ciento cincuenta cuotas pagadas, que tenga seis meses o más de estar desempleado, podrá ser asegurado a cargo de cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado. En caso de no disponer de parientes que se hagan cargo, será cubierto por el Estado, en cuanto subsista su condición de desempleado."
Sin choque aparente La Constitución manda proteger a los trabajadores contra el desempleo y otras contingencias. El proyecto ampliaba el aseguramiento de la CCSS para personas mayores de 50 años desempleadas. Eso calza con el artículo 73.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 2"Una persona trabajadora mayor de cincuenta años de edad, con al menos ciento cincuenta cuotas pagadas, que tenga seis meses o más de estar desempleado, podrá ser asegurado a cargo de cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado."
Hay dudas El proyecto trataba distinto a las personas según su edad y su situación de desempleo. El propio texto explica que el mercado laboral discrimina por edad. El Censo no encontró en el dossier un análisis que resuelva si esa diferencia es razonable o no.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. 1"Se reforma el artículo 20 de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000."
Sin choque aparente El proyecto nunca llegó a los dos debates ni a la sanción del Poder Ejecutivo. Se archivó en comisión. Por eso no es ley.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21865: PROTECCIÓN A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO DESENCADENADO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
PROTECCIÓN A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO DESENCADENADO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19
DAVID HUBERT GOURZONG CERDAS DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.865
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
PROTECCIÓN A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO DESENCADENADO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19
Expediente N.° 21.865
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El presente proyecto de ley surge como respuesta a un reclamo y al drama que representan las personas desempleadas en nuestro país ante la emergencia nacional del Covid-19. Sucede que trabajadores luego de haber contribuido a la seguridad social, en algunos casos hasta con un número de cuotas que supera las requeridas para pensionarse, por la rigidez del sistema, no pueden acceder a una jubilación. Por otra parte, la situación se agrava por las condiciones imperantes en el mercado de trabajo que los discrimina por motivo de su edad y, en ausencia de un ingreso, su estado patrimonial se afecta ubicándolos en situación de impagos.
Si las condiciones de exclusión del ámbito laboral son difíciles para cualquiera en condiciones normales de la economía, estas son mayores ante la situación de emergencia que atraviesa Costa Rica y el mundo entero, donde el comercio se ha visto afectado gravemente. Esto está demostrado a través del cierre de empresas de las diferentes industrias (turísticas, agrícolas, industriales, servicios, entre otros).
Se trata de personas que demandan, desde lo público, la atención a su situación y una serie de respuestas para sobrellevar este período amargo y difícil, y en esa dirección van encaminadas las normas que se crean o modifican en el presente proyecto de ley.
Con el ánimo de ofrecer una respuesta, articulamos una iniciativa de reforma del sistema de pensión complementaria obligatoria. Nos confrontamos con la absurda situación de personas que tienen en riesgo el patrimonio alcanzado, merced a una ardua vida de trabajo, con hipotecas aún pendientes y que cuentan con millones de colones en sus cuentas con los cuales lograrían paliar su situación, pero que no pueden tener acceso a esos recursos. Parece indispensable ofrecerles una salida, que concebimos en principio como transitoria, para que puedan valorar las opciones disponibles de acceso a esos recursos.
En esa dirección, se propone la reforma del artículo 20 de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, que establezca el acceso a los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones cuando la persona se encuentre en situación de desempleo como consecuencia de la pandemia del Covid-19 o como hecho generador de cualquier otra emergencia nacional que desencadene directamente el desempleo. En esta situación, la persona trabajadora puede solicitar a la operadora de pensiones complementarias que le gire hasta un cincuenta por ciento de la cuantía de los recursos que posee, más los rendimientos generados durante ese mes para hacer frente a las obligaciones de pensión alimentaria o manutención de su familia.
Por norma constitucional, todavía persiste el apremio por incumplimiento de los deberes alimentarios. Nos resulta evidente que la Constitución obliga a los padres para con sus hijos. Pero advertimos que la privación de libertad del trabajador desempleado puede conducir a incrementar la gravedad de la situación en la medida en que una persona detenida por no cumplir con ese deber de proveer alimentos se encuentre imposibilitada para procurarse un empleo. En consecuencia, el auxilio monetario aprovechando los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones tendría un efecto muy beneficioso, porque se tutela la libertad de locomoción de una persona, la coloca en una situación favorable para obtener un empleo y protege los derechos de los acreedores alimentarios y no promueve el aumento del gasto público, por el costo que representa mantener en el sistema penitenciario a cada privado de libertad.
Además, de manera alterna, podrá solicitar el giro de la totalidad de los recursos depositados en su cuenta para el pago de una hipoteca pendiente. Comprensiblemente, el monto solicitado podrá ser menor según sea el monto de esta obligación.
Otra excepción contemplada es el pago de un tratamiento médico, los cuidados y medicamentos necesarios para la atención de una enfermedad o accidente grave o terminal.
Por lo anterior, presento a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
PROTECCIÓN A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO DESENCADENADO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19
ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 20 de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000. El texto es el siguiente:
Artículo 20- Condiciones para acceder a los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones
Los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones se obtendrán una vez que la persona beneficiaria presente, a la operadora, una certificación de que ha cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o del régimen público sustituto al que haya pertenecido. En caso de muerte del afiliado, los beneficiarios serán los establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el sustituto de este. Cada operadora tendrá un plazo máximo de noventa días naturales para hacer efectivos los beneficios del afiliado. El incumplimiento de esta obligación se considerará como una infracción muy grave, para efectos de imponer sanciones.
Cuando un trabajador o trabajadora no se pensione bajo ningún régimen tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida vía reglamento, por la Junta Directiva de la CCSS. En este caso, los beneficios se obtendrán bajo las modalidades dispuestas en este capítulo. No obstante, la Junta Directiva de la CCSS podrá establecer un monto por debajo del cual puede optarse por el retiro total.
La persona desempleada que pierda su empleo o los emprendedores vean reducidos sus ingresos en un mínimo del 20%, como consecuencia de una emergencia nacional, podrán solicitar a la operadora de pensiones complementarias, que administra su cuenta, la entrega hasta de un cincuenta por ciento (50%) de esta, más las utilidades generadas en el último mes, por la totalidad de su capital acumulado.
Podrá pedir el giro de la totalidad de los depósitos acreditados en su cuenta, cuando compruebe alguno de los siguientes casos:
a) Que tiene una obligación hipotecaria sobre su vivienda, con una institución financiera, pago de montos por alquiler de vivienda para sí o su familia, o por causa de una situación extraordinaria y no atribuible al afectado que lo coloque en una situación de impago de rentas, con el objetivo de evitar el desahucio. b) Que requiere para sí o su familia, en casos de accidente o enfermedades graves o terminales, tratamiento médico, cuidados paliativos, geriátricos o medicamentos.
c) Para el pago de una pensión alimentaria en procura de proteger el interés superior del niño y la niña.
ARTÍCULO 2- Se adiciona un párrafo final al artículo 5 de la Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943. El texto es el siguiente:
Artículo 5-
[…]
Una persona trabajadora mayor de cincuenta años de edad, con al menos ciento cincuenta cuotas pagadas, que tenga seis meses o más de estar desempleado, podrá ser asegurado a cargo de cualquier pariente por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado. En caso de no disponer de parientes que se hagan cargo, será cubierto por el Estado, en cuanto subsista su condición de desempleado.
Rige a partir de su publicación.
David Hubert Gourzong Cerdas Diputado
26 de marzo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.