Proyecto para cobrar 25% a sueldos y pensiones altas se archivó
El expediente 21867 proponía una contribución temporal del 25% sobre lo que excediera 1,5 millones de colones en sueldos y pensiones públicas, pero el diputado que lo presentó lo retiró dos días después.
Título oficial CONTRIBUCION SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19
Atención: El proyecto proponía un cobro del 25% sobre lo que excediera un millón quinientos mil colones en sueldos y pensiones públicas, y dejaba el destino de la plata a las prioridades del Poder Ejecutivo.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Poder Ejecutivo
El texto no fijaba partidas específicas. Decía que los recursos se usarían según las prioridades que estableciera el Poder Ejecutivo.
Los recursos de esta contribución solidaria se constituirán en un fondo de uso inmediato, para la atención de la emergencia nacional del COVID-19 según las prioridades que establezca el Poder Ejecutivo.
5, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Funcionarios públicos con salario mensual final mayor a un millón quinientos mil colones, si el proyecto se hubiera aprobado
- Pensionados con pensión mensual igual o mayor a un millón quinientos mil colones, si el proyecto se hubiera aprobado
- Trabajadores de la Administración central y descentralizada, incluidas municipalidades y empresas públicas
A quién beneficia
- El Poder Ejecutivo habría tenido un fondo de uso inmediato para atender la emergencia del COVID-19
- Quedaban exentos los funcionarios y pensionados con montos iguales o inferiores a un millón quinientos mil colones
- Las pensiones complementarias de la Ley 7983 quedaban fuera del cobro
Qué cambia
- El proyecto no es ley: fue retirado por su propio proponente el 23 de marzo de 2020
- El expediente quedó archivado y el plazo cuatrienal venció el 23 de marzo de 2024
- La contribución habría durado solo tres meses: abril, mayo y junio de 2020
- Para revivir la idea habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
Qué propone
El proyecto nunca llegó a ser ley. El diputado Rodolfo Peña Flores lo retiró de la corriente legislativa el mismo día en que lo presentó, según el oficio AL-FPUSC-47-2020 del 23 de marzo de 2020 (art. 1).
El texto proponía crear una contribución solidaria temporal sobre los funcionarios públicos y los pensionados con ingresos altos (art. 1). La plata se usaría solo para atender la pandemia del COVID-19.
La contribución habría aplicado a la Administración central (Poder Ejecutivo, ministerios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones) y a la Administración descentralizada (autónomas, semiautónomas, empresas públicas y municipalidades) (art. 2).
Para los funcionarios públicos, la base era el monto mensual final después de renta y cargas sociales. Solo se cobraba sobre lo que pasara de un millón quinientos mil colones (art. 3). La contribución era el 25% de ese exceso.
Para los pensionados, la regla era parecida: se cobraba sobre lo que excediera un millón quinientos mil colones, al 25% (art. 4). El texto excluía las pensiones complementarias de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador 2.
Los recursos habrían formado un fondo de uso inmediato para la emergencia, según las prioridades del Poder Ejecutivo, y debían ejecutarse en 2020 (art. 5).
La contribución regía solo en abril, mayo y junio de 2020 (art. 6).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. El Sistema de Información Legislativa registra la presentación el 23 de marzo de 2020 y el archivo por retiro del proponente ese mismo día 1.
El archivo definitivo quedó anotado el 25 de marzo de 2020 1. La ficha también fija el vencimiento cuatrienal el 23 de marzo de 2024.
La nota al pie del texto lo confirma: "Este proyecto se retiró de la corriente legislativa de acuerdo con el oficio AL-FPUSC-47-2020, de fecha 23 de marzo de 2020, suscrito por el diputado Rodolfo Peña Flores" (art. 6).
No hay comisión, plenario ni debate pendiente. Para que fuera ley haría falta presentarlo de nuevo desde cero.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay dudas sobre dos puntos.
El artículo 33 dice que "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana" Constitución, art. 33. El proyecto trataba distinto a quienes ganan más de un millón quinientos mil colones (art. 3). Esa diferencia por monto podría generar dudas, aunque el propio texto la justifica como aporte de quienes no ven amenazado su empleo.
El artículo 73 protege los seguros sociales y dice que "No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales" Constitución, art. 73. El proyecto excluía las pensiones complementarias de la Ley 7983 (art. 4) 2, pero no aclaraba si tocaba fondos de la Caja. Esa falta de detalle deja una duda.
El artículo 96 prohíbe que el Estado deduzca de las remuneraciones de servidores públicos para pagar deudas políticas Constitución, art. 96. El texto destinaba la plata a la atención del COVID-19 (art. 5), no a deudas políticas, así que por ese lado no se ve choque.
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado, así que no hay comisión ni plenario donde incidir. Estas herramientas sirven si el tema se vuelve a presentar.
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Pedir información sobre el estado de cualquier proyecto. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información inmediata sobre la tramitación de proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley por formulario web. La Asamblea tiene un mecanismo para que la población plantee propuestas, aunque no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
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Si el proyecto se reactiva, hablar con los diputados de la comisión. La guía recomienda entrevistas con diputados para argumentar a favor o en contra de un proyecto guía, p. 29.
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Revisar si el tema cae en materias no sujetas a referéndum. La guía dice que no se pueden someter a referéndum proyectos sobre materia presupuestaria, tributaria, fiscal o de pensiones guía, p. 30.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el diputado retiró el proyecto el mismo día en que lo presentó.
El dossier no incluye el oficio AL-FPUSC-47-2020 completo, solo la nota que lo menciona.
El dossier no permite saber cuánta plata habría recaudado la contribución.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque claro, pero hay dudas sobre el trato distinto por monto (artículo 33) y sobre el alcance en fondos de pensiones (artículo 73).
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 3"Son sujeto de esta contribución los funcionarios públicos con remuneraciones totales cuyo monto mensual final después de aplicar las deducciones de renta y cargas sociales, sea mayor a un millón quinientos mil colones."
Hay dudas El proyecto cobraba solo a quienes ganan más de un monto fijo. Esa diferencia por ingreso podría generar dudas sobre el trato igual, aunque el texto la justifica como aporte solidario de quienes tienen altos salarios.
Constitución, art. 73"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. 4"Para los efectos de esta contribución no se considerarán las pensiones complementarias que están reguladas en la Ley N.º 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000."
Hay dudas El texto excluía las pensiones complementarias, pero no aclaraba si tocaba fondos de la Caja. Esa falta de detalle deja una duda sobre el destino de los recursos.
Constitución, art. 96"El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas."
Esta ley, art. 5"Los recursos de esta contribución solidaria se constituirán en un fondo de uso inmediato, para la atención de la emergencia nacional del COVID-19 según las prioridades que establezca el Poder Ejecutivo."
Sin choque aparente La plata iba a la atención del COVID-19, no a deudas políticas. Por ese lado no se ve choque.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21867: CONTRIBUCION SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19
- Ley 7983: Ley de Protección al Trabajador (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19
RODOLFO PEÑA FLORES DIPUTADO
EXPEDIENTE N.º 21.867
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19
Expediente N° 21.867
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Ante un hecho sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, como es la pandemia del coronavirus denominado COVID-10, los países afectados han venido tomando acciones en un intento por frenar los impactos tan negativos de este virus, en prácticamente todos los ámbitos del quehacer de los gobiernos.
Las autoridades costarricenses implementan medidas sanitarias, económicas, migratorias y en el campo de la seguridad, teniendo como referencia lo realizado en otros países y en medio de una dificil situación fiscal, la cual resta grados de libertad al Gobierno para implementar instrumentos de política idóneos para este tipo de coyunturas, como podría ser un mayor gasto público en programas sociales, en proyectos de inversión y de reactivación productiva con generación de empleos.
La Unión Europea, por ejemplo, flexibilizó la regla fiscal que tenía a varios de sus países en cintura, permitiéndoles aplicar medidas contracíclicas mediante un mayor gasto y endeudamiento. Sin embargo, Costa Rica no tiene esa alternativa a mano, ya que ha mantenido un alto y persistente déficit fiscal en la presente década, que la ha llevado a niveles de deuda que rondan el 60% del PIB.
En este contexto, se ha requerido del aporte y sacrificio de muchos sectores de la sociedad. Aún así, la destrucción de fuentes de empleo y el cierre de empresas son una realidad en el sector privado, adonde el contagio ha llegado por la caída en la visitación de turistas, el cierre de fronteras, la prohibición de eventos públicos, entre muchos otros canales de contagio que amenazan con debilitar la demanda interna, dado el nivel de interdependencia de nuestra economía con el resto del mundo.
El alcance de las medidas acordadas hasta ahora podrían ser insuficientes. Por eso, el país no puede descartar que se requieren otras disposiciones aún más profundas, conforme se vayan dando acontecimientos nuevos y se valore el impacto de este fenómeno. Pedirle a otros segmentos de la población que deben contribuir, es una necesidad y un compromiso para preservar el Estado Social de Derecho que disfrutamos.
En ese sentido, el objetivo de este proyecto de ley es trasladarle al Gobierno Central un aporte solidario de la clase trabajadora del Sector Público. De no de una manera indiscriminada, sino equitativa aplicando una contribución a los pensionados y funcionarios que no están viendo amenazado su empleo, que no pertenecen a los estratos sociales de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad, por el contrario, recaería sobre aquellos que reciben una alta remuneración o pensión que supere los dos millones y medio de colones. Esto, para liberar recursos de manera temporal y para el único propósito de atender los efectos de la pandemia del COVID-19.
Considerando lo anterior, someto a consideración de las y los diputados, el presente proyecto de ley CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19
ARTÍCULO 1- Objeto de la ley
Generar una contribución solidaria de funcionarios públicos y pensionados por montos altos, de manera temporal y para uso exclusivo de la atención del COVID-19 por parte del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 2- Aplicación
Las disposiciones de esta ley se aplicarán a:
1- La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos. 2- La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.
ARTÍCULO 3- Contribución de los funcionarios públicos
Son sujeto de esta contribución los funcionarios públicos con remuneraciones totales cuyo monto mensual final después de aplicar las deducciones de renta y cargas sociales, sea mayor a un millón quinientos mil colones. El monto que exceda a dicha cantidad, se considerará la base para la aplicación de la contribución solidaria. Los montos iguales o inferiores al millón quinientos mil colones quedarán exentos.
La contribución solidaria se calculará como el veinticinco por ciento de la base definida en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 4- Contribución de los pensionados
Son sujeto de esta contribución las personas que reciban jubilaciones y pensiones; y se incluyen las pensiones que sumadas cuyo monto mensual final, sea igual o mayor al millón quinientos mil colones. El monto que exceda a dicha cantidad, se considerará la base para la aplicación de la contribución solidaria. Los montos iguales o inferiores al millón quinientos mil colones quedarán exentos.
La contribución solidaria se calculará como el veinticinco por ciento de la base definida en el párrafo anterior.
Para los efectos de esta contribución no se considerarán las pensiones complementarias que están reguladas en la Ley N.º 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.
ARTÍCULO 5- Uso de los recursos
Los recursos de esta contribución solidaria se constituirán en un fondo de uso inmediato, para la atención de la emergencia nacional del COVID-19 según las prioridades que establezca el Poder Ejecutivo. Los recursos deberán ejecutarse en el 2020.
ARTÍCULO 6- Carácter temporal
La contribución solidaria es de carácter temporal y se aplicará en los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Rige a partir de su publicación,
Rodolfo Peña Flores Diputado
27 de abril de 2020
NOTA: Este proyecto se retiró de la corriente legislativa de acuerdo con el oficio AL-FPUSC-47-2020, de fecha 23 de marzo de 2020, suscrito por el diputado Rodolfo Peña Flores.