Proyecto para frenar desahucios por la pandemia quedó archivado
El expediente 21868 proponía dar tres meses de moratoria a inquilinos y empresas que no pudieran pagar alquiler por la crisis del COVID-19, pero venció su plazo cuatrienal sin convertirse en ley.
Título oficial LEY DE MORATORIA EN DESAHUCIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
A quién le toca
- Inquilinos que perdieron el empleo o dejaron de percibir ingresos por la crisis del COVID-19
- Empresas públicas o privadas que dejaron de percibir un 20% o más de utilidades
- Personas físicas y jurídicas con procesos de desahucio judicial o administrativo abiertos en 2020
A quién beneficia
- Los inquilinos habrían ganado tres meses sin desahucio y sin intereses sobre lo adeudado
- Las empresas con caída de utilidades del 20% o más habrían tenido la misma protección
- El cobro de lo adeudado se habría repartido en cuotas de máximo 50% de la renta mensual
Qué cambia
- El proyecto no se convirtió en ley: venció el 23 de marzo de 2024
- Los procesos de desahucio siguieron su curso normal sin esta moratoria
- La protección dependía de que el inquilino demostrara ante el juez que no tenía ingresos suficientes
La explicación completa
El expediente 21868, llamado Ley de Moratoria en Desahucios Judiciales y Administrativos, ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 23 de marzo de 2024 y la Asamblea lo archivó 1.
Qué propone
El proyecto proponía frenar por tres meses los desahucios de inquilinos que no pudieran pagar el alquiler por la crisis sanitaria y económica del COVID-19 (art. 2).
El artículo 1 decía que la ley pretendía evitar que personas físicas, jurídicas y empresas afectadas seriamente por la crisis fueran sometidas a procesos de desahucio judicial o administrativo (art. 1).
El artículo 2 protegía a personas físicas despedidas, desempleadas o que demostraran ante el juez que no tenían ingresos suficientes para pagar el alquiler (art. 2). La moratoria duraría tres meses desde la aprobación de la ley. Los pagos pendientes se acumularían sin intereses y se cobrarían repartidos entre los meses siguientes a la moratoria, según el plazo restante del contrato. Cada cobro adicional no podía pasar del 50% de la cuota mensual que se cobraba al momento de aprobar la ley.
El artículo 3 hacía lo mismo para personas jurídicas o empresas públicas o privadas. La empresa debía demostrar ante el juez que había dejado de percibir un 20% o más de utilidades por la crisis (art. 3). Un contador público o privado certificaría esa disminución. Las condiciones de pago eran iguales a las del artículo 2.
El artículo 4 trataba el caso difícil. Si al contrato le quedaban solo dos meses después de la moratoria, y no se podía cobrar más del 50% de la cuota para diluir lo adeudado, las partes debían llegar a un arreglo de pago ante un juez o usar las vías de resolución alterna de conflictos (art. 4).
En qué va el trámite
El proyecto se presentó el 23 de marzo de 2020 y se envió a la Imprenta Nacional el 2 de abril de 2020 1. El 5 de agosto de 2021 el Plenario lo asignó a comisión e informó al Plenario.
La Comisión de Jurídicos (Área VII) recibió el proyecto el 24 de agosto de 2021, lo debatió el 31 de agosto de 2021 y votó un dictamen el 29 de marzo de 2022 1. El 27 de abril de 2022 la comisión lo remitió a la Secretaría del Directorio.
El expediente venció el 23 de marzo de 2024, cuatro años después de su presentación 1. La ficha indica que el proyecto no tiene comisión asignada.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 56 de la Constitución dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, y que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada Constitución, art. 56. El proyecto buscaba proteger el techo de los inquilinos durante una crisis económica, lo que calza con ese fin del Estado (art. 2).
El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país y el más adecuado reparto de la riqueza Constitución, art. 50. La moratoria de tres meses y el tope del 50% en los cobros apuntaban a ese bienestar (art. 2).
El artículo 124 exige dos debates en días distintos no consecutivos, la aprobación de la Asamblea, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124. El expediente 21868 no llegó a esa etapa: se quedó en comisión y luego venció 1.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya venció, así que las herramientas para incidir en su trámite legislativo ya no aplican. Si le preocupa un desahucio, la guía de participación ciudadana describe el recurso de amparo ante la Sala Constitucional guía, p. 23.
El amparo se presenta por escrito, con la mayor claridad posible, indicando el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor del agravio y las pruebas de cargo guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida, salvo que se invoque un instrumento internacional.
También puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa.
Si quiere proponer una ley nueva sobre este tema, la Asamblea tiene un formulario web para que la población presente propuestas guía, p. 27. Esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántas familias alquilan vivienda en Costa Rica. El propio proyecto reconoce que el último censo nacional no indica ese número (art. 2).
El dossier no explica por qué el expediente se archivó después del dictamen de comisión de marzo de 2022 1.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución del dossier. El proyecto buscaba proteger el techo de los inquilinos durante una crisis, lo que calza con los fines del Estado en los artículos 50 y 56.
Constitución, art. 56"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía."
Esta ley, art. 2"Por un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente ley, ninguna persona física que haya sido despedida, esté desempleada o demuestre ante el juez que lleva el proceso de desahucio, que producto de la actual crisis sanitaria y económica no percibe ingresos suficientes para cancelar el pago de alquiler correspondiente, no podrá ser sujeta a un proceso de desahucio judicial o administrativo."
Sin choque aparente La Constitución manda al Estado procurar trabajo digno. El proyecto protegía el techo de quien perdió el empleo por la crisis, lo que va en la misma dirección.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 2"Los pagos pendientes se acumularán sin intereses, se cobrarán distribuyéndose entre todos los meses siguientes al período de moratoria que establece esta ley, y según el plazo de vigencia restante del contrato de alquiler correspondiente."
Sin choque aparente El artículo 50 pide bienestar y reparto de la riqueza. Acumular la deuda sin intereses y repartirla en cuotas pequeñas apunta a ese fin.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. 1"La presente ley pretende evitar que personas físicas, jurídicas y empresas afectadas seriamente por la actual crisis sanitaria y económica, sean sometidas a procesos de desahucio judicial o administrativo."
No aplica Para ser ley, el proyecto necesitaba dos debates, aprobación, sanción y publicación. El expediente 21868 se quedó en comisión y venció, así que nunca pasó por esas etapas.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21868: LEY DE MORATORIA EN DESAHUCIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE MORATORIA EN DESAHUCIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
WAGNER ALBERTO JIMÉNEZ ZUÑIGA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.º 21.868
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE MORATORIA EN DESAHUCIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
Expediente N.° 21.868
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una evaluación inicial contenida en el documento “COVID-19 y el mundo del trabajo: consecuencias y respuestas”, estima que producto de la actual crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, alrededor de 25 millones de personas quedarán desempleadas alrededor del mundo.
Esta pandemia está provocando desempleo, crecimiento de la informalidad laboral, pobreza, y da un golpe severo a la seguridad social de nuestro país. Con precisión, las consecuencias económicas y sociales aún son inciertas, pero no cabe duda de que serán profundas, y exigirán un gran esfuerzo nacional para conseguir de nuevo índices aceptables de crecimiento y desarrollo.
La Asamblea Legislativa ha estado aprobando leyes que pretenden minimizar el impacto en el desempleo y el cierre de empresas. Intenta asegurar con plazos de moratoria en las obligaciones tributarias, flujo de caja y liquidez en las empresas de manera tal, que puedan operar con normalidad hasta donde las circunstancias lo permitan.
A pesar de lo anterior, no hemos legislado aún lo suficiente para ayudar al costarricense en el compromiso con sus obligaciones económicas, y en este punto, preocupa poder brindarle opciones de manera que no enfrente procesos de desahucio por impago del alquiler de su casa.
Igualmente, muchas empresas deberán ajustar sus gastos, y debemos pensar que en la medida que el legislador atienda esta realidad, podrán abstenerse de más despidos.
El último censo nacional no indica cuál es el número de familias costarricenses que alquilan vivienda. Dato que esperamos sea precisado en el censo nacional de 2021. A pesar de ello, se infiere que muchos de los costarricenses que han tenido que desplazarse para conseguir trabajo en el territorio nacional abandonando sus hogares, y otros que han tenido que establecerse más allá de su lugar de origen, han tenido que alquilar vivienda. No prever el impacto negativo que tendrá en muchas familias la actual crisis económica, provocará una profundización de la pobreza y la desigualdad, junto a otros problemas sociales graves que venimos acumulando desde hace décadas.
Es prioritario en este momento proteger la vida de los costarricenses, así como brindarles las condiciones para sobrellevar los embates de la actual crisis, de forma que su estilo de vida no se menoscabe ni se agudicen las diferencias sociales existentes.
En virtud de las consideraciones anteriores, se somete al conocimiento y la aprobación de los señores y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE MORATORIA EN DESAHUCIOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 1- La presente ley pretende evitar que personas físicas, jurídicas y empresas afectadas seriamente por la actual crisis sanitaria y económica, sean sometidas a procesos de desahucio judicial o administrativo.
ARTÍCULO 2- Por un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente ley, ninguna persona física que haya sido despedida, esté desempleada o demuestre ante el juez que lleva el proceso de desahucio, que producto de la actual crisis sanitaria y económica no percibe ingresos suficientes para cancelar el pago de alquiler correspondiente, no podrá ser sujeta a un proceso de desahucio judicial o administrativo. Los pagos pendientes se acumularán sin intereses, se cobrarán distribuyéndose entre todos los meses siguientes al período de moratoria que establece esta ley, y según el plazo de vigencia restante del contrato de alquiler correspondiente. Cada cobro adicional por mes del monto adeudado no podrá exceder el 50% del monto de la cuota mensual que hasta el momento de la aprobación de la presente ley se cobraba.
ARTÍCULO 3- Por un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente ley, ninguna persona jurídica o empresa pública o privada que demuestre ante el juez que lleva el proceso de desahucio, que producto de la actual crisis sanitaria y económica haya dejado de percibir un 20% o más de utilidades, no podrá ser sometido a un proceso de desahucio. La disminución en las utilidades la certificará un contador público o privado. Los pagos pendientes se acumularán sin intereses, se cobrarán distribuyéndose entre todos los meses siguientes al período de moratoria que establece esta ley, y según el plazo de vigencia restante del contrato de alquiler correspondiente. Cada cobro adicional por mes del monto adeudado no podrá exceder el 50% del monto de la cuota mensual que hasta el momento de la aprobación de la presente ley se cobraba.
ARTÍCULO 4- En caso de conflicto y de que el período restante del respectivo contrato sea de dos meses luego de la moratoria que establece esta ley, y por no permitirse el cobro de más del 50% del monto de la cuota mensual en los meses subsiguientes en los que se debe diluir lo adeudado, las partes deberán llegar a un arreglo de pago ante un juez o recurrir a las vías de resolución alterna de conflictos.
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Diputado
02 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto no tiene comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.