Archivado: el proyecto que iba a subsidiar a 1900 vendedores de lotería
El expediente 21870, que proponía pagar un subsidio mensual a las personas vendedoras de lotería cuando se suspendieran los sorteos por emergencia nacional, fue archivado en octubre de 2022 con un dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Económicos.
Título oficial LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VENDEDORES DE LOTERÍA ANTE SUSPENCIÓN DE SORTEOS POR CAUSA DE EMERGENCIA NACIONAL
Atención: El artículo 1 autorizaba a la JPS a usar su superávit, incluidos fondos con destino específico, para pagar el subsidio, y el dossier no detalla qué fondos eran ni qué reglas los protegían.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Personas vendedoras de lotería debidamente inscritas en la JPS
El subsidio del artículo 1 no cubría a cualquier persona que vendiera lotería, solo a las que estaban inscritas en la Junta de Protección Social.
para subsidiar mensualmente a las personas vendedoras de lotería debidamente inscritas en la JPS
1, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Las personas vendedoras de lotería y chances inscritas en la Junta de Protección Social, que habrían recibido un subsidio mensual durante una suspensión de sorteos por emergencia nacional.
- Las aproximadamente 1900 personas que trabajaban en la fuerza de ventas de la JPS, según el texto del proyecto.
- El 55% de las personas vendedoras que, según el texto, eran adultas mayores.
- Las jefas de hogar que dependían por completo del ingreso de la venta de lotería.
A quién beneficia
- Un subsidio mensual pagado por la JPS a las personas vendedoras inscritas cuando se suspendieran los sorteos por emergencia nacional.
- Acceso a los programas de desempleo existentes para las personas vendedoras afectadas por la suspensión.
Qué cambia
- El proyecto no es ley: fue archivado el 27 de octubre de 2022 con dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Económicos.
- El plazo cuatrienal venció el 23 de marzo de 2024.
- La JPS habría tenido que reglamentar la ley en ocho días hábiles después de su entrada en vigor.
- El subsidio se habría pagado con el superávit institucional de la JPS del año anterior, incluidos fondos con destino específico.
La explicación completa
El proyecto de ley 21870 está archivado. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos lo enterró el 27 de octubre de 2022 con un dictamen unánime negativo, y su plazo de cuatro años venció el 23 de marzo de 2024 1. Nunca llegó a ser ley.
Qué propone
El proyecto proponía que la Junta de Protección Social (JPS) pagara un subsidio mensual a las personas vendedoras de lotería inscritas, cada vez que se suspendieran los sorteos de lotería nacional y chances por una emergencia nacional (art. 1).
Para pagarlo, la JPS usaría los recursos de su superávit institucional del año anterior, incluidos los fondos que ya tenían un destino específico asignado (art. 1). El texto remitía a la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, para definir qué cuenta como emergencia 2.
El artículo 2 abría otra puerta: las personas vendedoras afectadas por la suspensión de sorteos podrían meterse en los programas de desempleo que ya existen (art. 2).
El transitorio único le daba a la JPS ocho días hábiles después de la entrada en vigor para publicar la reglamentación (art. único).
El diputado Erwen Yanan Masís Castro firmó la propuesta el 21 de abril de 2020. El texto explica el motivo: la JPS había decidido suspender los sorteos del 24 de marzo al domingo 5 de abril por los casos de Covid-19 en el país (art. 1).
El mismo texto da las cifras que usó el diputado para justificar la idea. La fuerza de ventas y de trabajo de la JPS era de aproximadamente 1900 personas (art. 1). De ellas, el 55% eran personas adultas mayores, y otro grupo grande eran jefas de hogar que dependían por completo de ese ingreso.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el recorrido completo: presentación en el plenario el 23 de marzo de 2020, envío a la Imprenta Nacional el 22 de abril de 2020, asignación a comisión el 11 de junio de 2020 y recepción en la Comisión de Asuntos Económicos (Área V) el 17 de junio de 2020 1.
La comisión lo votó y emitió dictamen el 13 de setiembre de 2022. El dictamen fue unánime negativo, según la ficha, y el expediente se archivó el 27 de octubre de 2022 1.
El plazo cuatrienal vencía el 23 de marzo de 2024 1. Para que fuera ley hacía falta un dictamen positivo, el debate en el plenario en dos votaciones y la firma del Poder Ejecutivo. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto archivado y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121, inciso 1, le da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto era un proyecto de ley ordinario presentado por un diputado, así que calzaba con ese trámite.
El artículo 56 dice que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada Constitución, art. 56. El subsidio del artículo 1 apuntaba a esa protección del ingreso, aunque fuera temporal y atado a una emergencia.
Hay una duda sobre el artículo 1 y el uso del superávit. El texto autoriza a la JPS a usar recursos "incluyendo aquellos cuya fuente de financiamiento tenga un destino específico" (art. 1). El dossier no trae el detalle de qué fondos tienen destino específico ni qué norma los creó, así que no se puede medir si esa autorización choca con alguna regla de uso de fondos públicos.
El artículo 73 protege los fondos de los seguros sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social y prohíbe usarlos para fines distintos Constitución, art. 73. El proyecto habla del superávit de la JPS, no de la Caja, así que no se ve relación directa.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que no hay comisión ni debate abierto donde incidir. Estas son las herramientas de la guía que sirven para un caso así.
-
Consultar el estado de un expediente. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley y las actas de Plenario y de Comisión guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley nueva. La Asamblea tiene un formulario web donde usted plantea la idea de forma sencilla, sin necesidad de escribir el texto completo. La Oficina de Iniciativa Popular recopila las propuestas y las remite a los diputados para que decidan si las adoptan guía, p. 27.
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Hablar con diputados. La guía describe la incidencia ciudadana como entrevistas con los diputados para argumentar de fondo la importancia de aprobar o modificar un proyecto guía, p. 29. Eso aplica si el tema se vuelve a presentar.
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Denunciar ante la Contraloría General de la República. Si usted cree que hay un manejo irregular de recursos públicos de la JPS, la Contraloría recibe denuncias por escrito o verbal, en su plataforma de Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Asuntos Económicos votó en forma unánime negativa el 13 de setiembre de 2022.
El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni las razones que dieron los diputados.
El dossier no dice cuánto dinero había en el superávit institucional de la JPS en ese momento ni cuánto habría costado el subsidio.
El dossier no dice si la JPS llegó a pagar algún apoyo a las personas vendedoras durante la suspensión de sorteos de 2020.
El dossier no trae grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro entre el proyecto archivado y los artículos constitucionales del dossier. Queda una duda sobre el uso de fondos con destino específico que el texto no detalla.
Constitución, art. 121"1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Se autoriza a la Junta de Protección Social (JPS), a utilizar los recursos que dispone en su superávit institucional del ejercicio económico previo al año siguiente de aprobación de la presente ley"
Sin choque aparente El proyecto era una ley ordinaria presentada por un diputado, y la Constitución le da a la Asamblea la potestad de dictar leyes. El trámite calzaba.
Constitución, art. 56"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía."
Esta ley, art. 1"para subsidiar mensualmente a las personas vendedoras de lotería debidamente inscritas en la JPS, siempre que sean suspendidos los sorteos de lotería nacional y chances, en razón de una declaratoria de emergencia nacional"
Sin choque aparente El subsidio buscaba proteger el ingreso de personas que no podían vender por una emergencia. Eso va en la línea de procurar ocupación remunerada.
Constitución, art. 73"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. 1"incluyendo aquellos cuya fuente de financiamiento tenga un destino específico"
Hay dudas La protección del artículo 73 cubre los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto habla del superávit de la JPS, no de la Caja. El dossier no permite medir si algún fondo de la JPS tiene una regla parecida.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21870: LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VENDEDORES DE LOTERÍA ANTE SUSPENCIÓN DE SORTEOS POR CAUSA DE EMERGENCIA NACIONAL
- Ley 8488: Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VENDEDORAS DE LOTERÍA ANTE SUSPECIÓN DE SORTEOS POR CAUSA DE EMERGENCIA NACIONAL
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO
EXPEDIENTE N.° 21.870
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VENDEDORAS DE LOTERÍA ANTE SUSPENCIÓN DE SORTEOS POR CAUSA DE EMERGENCIA NACIONAL
Expediente N.°21.870
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Junta de Protección Social (JPS), tomó la decisión de suprimir la realización de sorteos de la lotería y los chances. La medida es a partir del 24 de marzo hasta domingo 5 de abril y es ante los casos de Covid-19 en el país.
El país vive una emergencia nacional y es en estos momentos críticos en que debe privar la solidaridad con quienes pueden ser más afectados en sus ingresos económicos.
En este sentido, la fuerza de ventas y de trabajo de la JPS son aproximadamente 1900 personas que día con día salen a vender lotería, chances u otros productos de la Junta.
Al suspender los sorteos, se suspende el ingreso de las cuotas con las cuales subsisten las personas vendedoras de lotería, es decir, se suspende el ingreso para 1900 núcleos familiares, que deben seguir pagando servicios básicos, alquiler de vivienda y alimentación.
Cabe resaltar que el 55% de las personas vendedores de lotería, son personas adultas mayores, otro gran segmento corresponde a jefas de hogar que dependen en su totalidad de estos ingresos.
Este proyecto de ley pretende que las personas vendedoras de lotería no queden desprotegidas ante la declaratoria de una emergencia nacional que implique la suspensión de sorteos de lotería o chances.
Por las razones anteriormente expuestas se somete a conocimiento de los señores diputados el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VENDEDORAS DE LOTERÍA ANTE SUSPENCIÓN DE SORTEOS POR CAUSA DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Junta de Protección Social (JPS), a utilizar los recursos que dispone en su superávit institucional del ejercicio económico previo al año siguiente de aprobación de la presente ley, incluyendo aquellos cuya fuente de financiamiento tenga un destino específico, para subsidiar mensualmente a las personas vendedoras de lotería debidamente inscritas en la JPS, siempre que sean suspendidos los sorteos de lotería nacional y chances, en razón de una declaratoria de emergencia nacional, todo de conformidad con la Ley N.° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005.
ARTÍCULO 2- Las personas vendedoras de lotería afectadas por la suspensión de sorteos como consecuencia del suceso provocador y sus consecuencias, que motiva la declaratoria de emergencia nacional, podrán acceder a los programas de desempleo existentes.
TRANSITORIO ÚNICO- La JPS deberá reglamentar las disposiciones contenidas en la presente ley y deberán estar publicadas a más tardar ocho días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
21 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.