Archivado el proyecto que frenaba el apremio corporal por pensión
El expediente 21873, que proponía suspender hasta tres meses el apremio corporal a deudores de pensión afectados por la emergencia, venció su plazo cuatrienal en 2024 y no es ley.
Título oficial LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENCIÓN LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES LIBERALES, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL
Atención: El proyecto daba al juez la potestad de suspender el apremio sin recurso y de ejecución inmediata, y dejaba fuera a los funcionarios públicos de la definición de trabajador.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Funcionarios públicos obligados a pagar pensión
La definición de trabajador excluye a todos los funcionarios públicos, aunque también pierdan ingresos por la emergencia.
Se exceptúa de esta definición a todos los funcionarios públicos.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas obligadas a pagar pensión alimentaria que perdieron ingresos por la emergencia
- Trabajadores con suspensión laboral, reducción de jornada o despido sin pago de extremos
- Trabajadores independientes y profesionales liberales con ingresos reducidos
- Menores de edad beneficiarios de pensión alimentaria
A quién beneficia
- Hasta tres meses sin apremio corporal, prorrogables por otro periodo igual
- Posible subsidio supletorio del IMAS para los menores beneficiarios
- La deuda se podía seguir cobrando por otras vías
Qué cambia
- El proyecto venció el 24 de marzo de 2024 y no es ley
- Los funcionarios públicos quedaban fuera de la definición de trabajador
- La resolución del juez no tendría recurso y se ejecutaría de inmediato
La explicación completa
El expediente 21873 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 24 de marzo de 2024 y nunca llegó a ser ley 1.
Qué propone
El proyecto proponía suspender hasta por tres meses el apremio corporal en pensión alimentaria (art. 1). El apremio corporal es la orden de un juez para detener a la persona que no paga la pensión (art. 2).
La suspensión aplicaría a trabajadores con suspensión laboral, reducción de jornada o despido sin pago de extremos laborales. También a trabajadores independientes y profesionales liberales (art. 1).
Para pedirla, la persona debía demostrar que sus ingresos bajaron al menos un 20% frente al mismo mes del año anterior. Quien fue contratado hace poco debía comparar con el promedio de los últimos tres meses (art. 1).
El juez podía decretar la suspensión con documentos o con la declaración de un testigo. La resolución no tendría recurso y se ejecutaría de inmediato (art. 4).
Al acoger la solicitud, el juez debía enviar piezas al Instituto Mixto de Ayuda Social. El objetivo era que esa institución diera un subsidio supletorio a los menores de edad beneficiarios (art. 4).
La suspensión duraría hasta tres meses y se podría prorrogar por otro periodo igual. Tendría efecto retroactivo a la fecha de la solicitud, pero no afectaría apremios ya aprobados (art. 5).
La deuda no desaparecía. Se podía cobrar por otras vías durante la suspensión (art. 5).
El texto excluía de la definición de trabajador a todos los funcionarios públicos (art. 2).
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. La ficha registra el vencimiento cuatrienal el 24 de marzo de 2024 1.
El último paso fue la remisión a la Secretaría del Directorio, el 28 de abril de 2022, tras el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos 1.
La comisión votó el dictamen el 5 de abril de 2022 1.
Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en dos debates. No hay registro de que eso ocurriera 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.
El artículo 21 dice que "La vida humana es inviolable" Constitución, art. 21. El proyecto buscaba proteger la libertad personal de quien no puede pagar por una emergencia (art. 1).
El artículo 56 dice que el Estado debe procurar ocupación "debidamente remunerada" Constitución, art. 56. El proyecto atendía a personas con suspensión laboral, reducción de jornada o despido (art. 1).
El artículo 50 ordena al Estado procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país" Constitución, art. 50. El subsidio supletorio del IMAS apuntaba en esa dirección (art. 4).
Queda una duda sobre el artículo 121, inciso 7. Ese artículo permite a la Asamblea suspender derechos y garantías en caso de necesidad pública Constitución, art. 121. El proyecto no suspendía garantías por esa vía. Solo daba al juez una herramienta temporal (art. 4).
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede empujar en la Asamblea. Pero la guía de participación ciudadana tiene herramientas que sirven para casos así.
Puede presentar una propuesta de ley nueva con el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27.
También puede usar la iniciativa popular. Necesita reunir al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30.
Si reúne las firmas, el TSE traslada el proyecto a la Asamblea. Allí debe votarse en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea da asesoría técnica gratuita para redactar el proyecto guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de 2022.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El dossier no registra cuántas personas habrían usado la suspensión si se aprobaba.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto archivado y los artículos constitucionales del dossier.
Constitución, art. 21"La vida humana es inviolable."
Esta ley, art. 1"Se establece la presente ley con el objeto de autorizar la suspensión temporal hasta por el término de tres meses, del apremio corporal en materia de pensiones alimentarias"
Sin choque aparente El proyecto buscaba proteger la libertad personal de quien no puede pagar por una emergencia. El artículo 21 protege la vida, no la libertad de movimiento, así que no hay choque.
Constitución, art. 56"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada"
Esta ley, art. 1"para las personas que sufran suspensión laboral, reducción de jornada laboral o despido sin pago de extremos laborales, trabajadores independientes y profesionales liberales"
Sin choque aparente El proyecto atendía a personas cuyo trabajo o ingresos se vieron afectados por la emergencia. Eso va en la misma dirección del artículo 56.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 4"proceda a otorgar un subsidio supletorio al beneficiario o beneficiarios alimentarios menores de edad"
Sin choque aparente El subsidio del IMAS para los menores apunta al bienestar que ordena el artículo 50. No se ve choque.
Constitución, art. 121"Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución."
Esta ley, art. 4"El juez que conozca de la materia especializada de pensionales alimentarias, por solicitud de la parte obligada alimentaria, mediante gestión escrita o verbal, podrá decretar la suspensión del apremio corporal del petente, hasta por el término de tres meses"
Hay dudas El artículo 121 regula la suspensión de garantías por la Asamblea. El proyecto no usaba esa vía: daba al juez una herramienta temporal. Queda la duda de si un juez puede suspender un apremio sin ley que lo autorice, pero eso no se puede resolver con el dossier.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21873: LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENCIÓN LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES LIBERALES, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENSIÓN LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES LIBERALES, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL
DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.873
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENSIÓN LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES LIBERALES, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL
Expediente N.° 21.873
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La declaratoria del coronavirus (COVID-19) como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, ha generado afectaciones tanto a nivel mundial como nacional, no solo en el ámbito de la salud, sino que se extiende al comercio nacional e internacional, el turismo, la actividad económica y consecuentemente, a las relaciones laborales, trabajadores independientes y profesionales liberales.
Actualmente existe incertidumbre acerca de la magnitud de los efectos que esta declaratoria de pandemia tendrá para la economía internacional; sin embargo, es posible prever que tendrá un impacto importante para el mercado local. Así las cosas, el Gobierno de Costa Rica ha desarrollado estrategias con miras a proteger el empleo y a las empresas en general, pago de tributos y otro, mejorando las condiciones crediticias para personas y empresas que posean préstamos, estableciendo una moratoria en el pago de impuestos, sin generación de intereses y tomando medidas respecto de los costos del seguro de riesgos del trabajo en casos del COVID-19.
En esa misma línea se emitió el Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S del dieciséis de marzo de dos mil veinte, correspondiente a la declaratoria del estado de emergencia en todo el territorio de la República, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, lo que permitirá el manejo coordinado, oportuno y eficiente de la situación, así como gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de recursos necesarios para hacerle frente a dicha emergencia. Específicamente en el ámbito del apremio corporal en materia de pensiones alimentarias, ha sido palpable que la legislación vigente no cuenta con mecanismos legales idóneos para enfrentar los retos que, en el ámbito del pago de la obligación alimentaria, surgen ante situaciones de declaratoria de emergencia nacional.
Así, con fundamento en el principio constitucional de justicia social, el derecho a la libertad personal y dignidad, es necesario contar con medidas específicas tendientes a la protección del derecho a la libertad, con la intención de que, ante la existencia de una declaratoria de emergencia nacional, el despido laboral, suspensión de los contratos de trabajo, cierre de negocios de trabajadores independientes y cierre de actividades de profesionales liberales, estos sujetos no vean comprometidas sus libertades personales, ante la imposibilidad material de hacer frente a sus obligaciones alimentarias. En este sentido, contar con un mecanismo legal que permita a los operadores del derecho, valorar la situación laboral y-o salarial actual del obligado alimentario, de una forma expedita, para no ejecutar la orden de apremio en contra del obligado alimentario, ante el eminente no pago de la obligación, no por una situación creada de forma directa, sino como consecuencia colateral del evento vivido. El presente proyecto de ley pretende garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, regido por el Código de Trabajo, a los trabajadores independientes y a los profesionales liberales que existirá una medida excepcional para conservar la libertad, mediante la imposibilidad material de cumplir con la obligación alimentaria por un cambio en sus circunstancias laborales, salariales o de ingresos, producto de la crisis actual vivida en estos momentos. En este mismo sentido, ya siendo ley de la República, la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, que permite a las empresas empleadoras reducir gradualmente la jornada de trabajo, por ende, el salario percibido por el trabajador, también se cuenta con el mecanismo de suspensión del contrato de Trabajo, desarrollado en el artículo 74 del Código de Trabajo, en donde muchas empresas se están acogiendo a estas figuras. Por último, los profesionales liberales, no tienen un amparo legal por la caída en la contratación de sus servicios.
Dotar a los operadores del derecho, de un mecanismo expedito, para que en cumplimiento de los postulados del artículo 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia, para que ante el incumplimiento de la obligación alimentaria de un sujeto que se encuentre en la situación abordada, se proceda a testimoniar piezas ante el Instituto Mixto de Ayuda Social de la localidad, para que el beneficiario alimentario en minoría de edad, sin ulterior trámite reciba un subsidio supletorio alimentario del Estado.
Será la dependencia judicial especializada en el conocimiento de la materia alimentaria la encargada de conocer de la solicitud de suspensión de la no aplicación de apremio corporal por incumplimiento de la obligación alimentaria, con el acompañamiento de los requisitos detallados en el presente proyecto de ley.
Asimismo, se establece que no se considerarán en perjuicio de la persona obligada alimentaria, que se encuentre dentro de los supuestos de la presente Ley, los artículos 21, 24 y 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, así como el párrafo segundo del artículo 165 del Código de Familia. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley denominado “LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENCIÓN LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES LIBERALES, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL”.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENSIÓN LABORAL, REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES LIBERALES, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO 1- Objeto
Se establece la presente ley con el objeto de autorizar la suspensión temporal hasta por el término de tres meses, del apremio corporal en materia de pensiones alimentarias, para las personas que sufran suspensión laboral, reducción de jornada laboral o despido sin pago de extremos laborales, trabajadores independientes y profesionales liberales, lo que permitirá preservar la libertad personal cuando los ingresos salariales o de pago de servicios profesionales se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional, todo de conformidad con la Ley N.° 8488, de 22 de noviembre de 2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Para los efectos de esta ley, se entenderá como afectación en los ingresos de una persona, cuando sus ingresos salariales, pago de dietas, ingresos como trabajador independiente, pago de servicios profesionales se vean reducidos, como consecuencia inequívoca del hecho generador de la declaratoria de emergencia nacional, en al menos un 20%, en relación con el mismo mes del año anterior, como consecuencia inequívoca del hecho generador que motiva la declaratoria de emergencia nacional. En caso de trabajadores de recién contratación, o trabajadores independientes, profesionales liberales de reciente operación, deberán demostrar dicha reducción de sus ingresos a partir del promedio de los últimos tres meses, previos a la declaratoria de emergencia nacional.
ARTÍCULO 2- Definiciones
Para la aplicación de la presente ley, se entenderán por las siguientes definiciones:
A) Apremio corporal: Orden emitida por un juez competente en materia de pensiones alimentarias para detener y ser privada de libertad una persona, para garantizar el pago de una cuota o varias cuotas, así como el saldo de una cuota o varias cuotas de una obligación alimentaria, así como el respectivo pago de aguinaldo de cuota alimentaria y gastos extraordinarios de educación, la cual no fue cubierta por el obligado alimentario, dentro de la obligación alimentaria, de conformidad con los artículos 21, 24 y 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, Ley N.° 7654, de 19 de diciembre de 1996, así como el párrafo segundo del artículo 165 del Código de Familia, Ley N.° 5476, de 21 de diciembre de 1973. B) Trabajador: Aquella persona, hombre o mujer que labore para una empresa comercial o para un trabajador independiente, de forma continua, durante el último mes previo a la declaratoria de emergencia nacional. Se exceptúa de esta definición a todos los funcionarios públicos.
C) Trabajador independiente: Aquella persona física, hombre o mujer que, por la naturaleza de su trabajo, conocimiento o profesión, no trabaje para una empresa, se dedique de forma habitual a su actividad, esté inscrita como tal ante la Caja Costarricense de Seguro Social y ante la Dirección General de Tributación Directa, al menos, durante el último mes previo a la declaratoria de emergencia nacional.
D) Profesional independiente: Aquella persona física, hombre o mujer, con un grado académico profesional, que esté inscrito en Colegio Profesional respectivo, que se dedique de forma habitual a la venta de servicios profesionales, a una o varias personas físicas o jurídicas, esté inscrita como tal ante la Caja Costarricense de Seguro Social y ante la Dirección General de Tributación Directa, al menos, durante el último mes previo a la declaratoria de emergencia nacional.
ARTÍCULO 3- Ámbito de aplicación
La presente ley será de aplicación para todas las personas obligadas alimentarias, mediante resolución provisional o en firme, dictada por un juez competente en materia de pensiones alimentarias, sean estas trabajadores, trabajadores independientes o profesionales liberales, que demuestren afectación en sus ingresos, cuando sus ingresos salariales, pago de dietas, ingresos como trabajador independiente, pago de servicios profesionales se vean reducidos, como consecuencia inequívoca del hecho generador de la declaratoria de emergencia nacional, en al menos un 20%, en relación con el mismo mes del año anterior, como consecuencia inequívoca del hecho generador que motiva la declaratoria de emergencia nacional. En caso de trabajadores de recién contratación, o trabajadores independientes, profesionales liberales de reciente operación, deberán demostrar dicha reducción de sus ingresos a partir del promedio de los últimos tres meses, previos a la declaratoria de emergencia nacional.
ARTÍCULO 4- Suspensión del apremio corporal
El juez que conozca de la materia especializada de pensionales alimentarias, por solicitud de la parte obligada alimentaria, mediante gestión escrita o verbal, podrá decretar la suspensión del apremio corporal del petente, hasta por el término de tres meses, cuando el solicitante demuestre con documentos idóneos, o al menos la declaración de un testigo, que se encuentra dentro de los presupuestos de los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley, en el mismo acto, lo cual carecerá de recurso alguno, siendo lo resuelto de ejecución inmediata.
Acogida la solicitud por el juez, en el mismo auto ordenará el testimonio de piezas para ante la autoridad administrativa, Instituto Mixto de Ayuda Social, para que en acatamiento de los alcances del artículo 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.° 7739, de 06 de enero de 1998, proceda a otorgar un subsidio supletorio al beneficiario o beneficiarios alimentarios menores de edad, de conformidad con las políticas institucionales actuales.
ARTÍCULO 5- Naturaleza temporal de la suspensión
La autorización de suspensión del apremio corporal es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por un periodo igual en caso que se mantenga el hecho generador y así lo acredite el obligado alimentario, ante el juez. En todo caso, la autorización que otorga el juez tendrá carácter retroactivo a la fecha de interposición de la solicitud ante el despacho judicial, pero no afectará apremios corporales solicitados y –o aprobados de manera anterior a la solicitud.
La existencia de la deuda alimentaria no será afectada por la suspensión temporal del apremio corporal, la cual podrá ser exigida, por las otras figuras que establece la legislación de pensionales alimentarias, inclusive durante el tiempo de suspensión decretada.
Rige a partir de su publicación.
Dragos Dolanescu Valenciano Diputado
22 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.
Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.