Archivado el proyecto que rebajaba pensiones y frenaba apremios por Covid
El expediente 21877, que proponía rebajar cuotas alimentarias y prohibir apremios durante la emergencia Covid, quedó archivado sin llegar a ser ley.
Título oficial LEY DE ATENCIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS DURANTE CALAMIDAD PÚBLICA OCASIONADA POR COVID-19
Atención: El proyecto cerraba la apelación contra el rebajo provisional de la pensión (artículo 4) y el dossier no permite comparar esa regla con un artículo constitucional sobre el derecho a recurrir.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Personas físicas que son patronos y a la vez deben pensión alimentaria
El artículo 7 exime del apremio corporal a patronos personas físicas que obtuvieron autorización del Ministerio de Trabajo para suspender contratos o reducir jornadas. Es un beneficio para un grupo con nombre propio dentro de la lista de exentos.
9- Personas físicas que en su condición de patronos hayan obtenido autorización del Ministerio de Trabajo para suspender contratos laborales o hayan disminuido las jornadas laborales a personas colaboradoras.
7, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas que deben pensión alimentaria y perdieron ingresos por la pandemia de Covid-19
- Mujeres jefas de hogar con personas dependientes a su cargo
- Personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes que reciben pensión alimentaria
- Empleados públicos que estaban en servicio activo durante la emergencia
- Patronos personas físicas que suspendieron contratos laborales con permiso del Ministerio de Trabajo
A quién beneficia
- Las personas obligadas al pago podrían haber pedido un rebajo provisional de la cuota sin esperar todo el proceso
- Nueve grupos de personas obligadas quedaban exentas del apremio corporal
- Quienes estaban en apremio habrían salido en libertad sin orden judicial
- No se habría aplicado el aumento automático del artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias
Qué cambia
- El proyecto no es ley: las reglas actuales de la Ley de Pensiones Alimentarias siguen igual
- El expediente quedó archivado y su plazo de cuatro años venció el 26 de marzo de 2024
- Las pensiones fijadas durante la emergencia no quedaron limitadas a las necesidades básicas
- El apremio corporal sigue disponible para las personas obligadas que no están excluidas por ley
La explicación completa
El proyecto de ley 21877 está archivado. La Asamblea Legislativa nunca lo convirtió en ley y su plazo de cuatro años venció el 26 de marzo de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía reglas especiales para los procesos de pensión alimentaria mientras durara la calamidad pública por Covid-19 (art. 1).
Ninguna pensión fijada en ese período cubriría el nivel de vida acostumbrado. Solo atendería las necesidades más urgentes de quien recibe los alimentos (art. 1).
La persona obligada a pagar podría pedir un rebajo provisional de la cuota si la calamidad le quitó el empleo, le suspendió el contrato, le redujo la jornada o le bajó los ingresos (art. 2).
El juzgado resolvería de inmediato y sin recibir prueba sobre hechos notorios. El rebajo tendría efecto inmediato y se podría prorrogar (art. 3).
Contra la resolución que ordena el rebajo no cabría apelación, salvo prueba indudable de que no hubo afectación al ingreso (art. 4).
Si se probaba que el rebajo se pidió con hechos falsos, la persona obligada pagaría todo lo que dejó de pagar más intereses legales (art. 5).
La solicitud de apremio corporal se haría cada tres meses y cubriría el mes en curso y los dos anteriores (art. 6).
El texto prohibía el apremio corporal a nueve grupos de personas (art. 7). La lista incluía mujeres embarazadas o en lactancia, jefas de hogar con dependientes, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales, mayores de sesenta años, personas indígenas, empleados públicos en servicio activo y patronos que suspendieron contratos con permiso del Ministerio de Trabajo.
Todo apremio en ejecución cesaría de pleno derecho. El Ministerio de Justicia pondría en libertad a la persona apremiada sin orden judicial (art. 8).
Si la pensión no estaba siendo retenida, la persona obligada podría pedir que se ordenara la retención (art. 9).
No se aplicaría el aumento automático del artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias. La resolución que negara ese aumento no tendría apelación (art. 10).
Quien perdiera su fuente de ingresos durante el rebajo podría pedir los permisos del artículo 31 de la Ley de Pensiones Alimentarias o una prórroga (art. 11).
La calamidad pública duraría lo que restaba del año 2020, salvo que el Poder Ejecutivo dispusiera un período mayor (art. 12).
En qué va el trámite
El expediente se archivó. La ficha registra el envío a la Imprenta Nacional el 13 de abril de 2020 y la recepción del proyecto en archivo el 26 de junio de 2020 1.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos recibió el expediente el 30 de junio de 2020 y lo votó el 1 de marzo de 2022 1. Ese mismo día emitió dictamen y el 16 de marzo de 2022 lo remitió a la Secretaría del Directorio.
El plazo cuatrienal venció el 26 de marzo de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en primer y segundo debate. Nada de eso ocurrió.
Lo que se dijo en la Asamblea
No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente en el dossier. La investigación no encontró material de audio o video que mencione el 21877.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.
El artículo 51 ordena al Estado dar protección especial a la familia, la madre, el niño, la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad Constitución, art. 51. El proyecto buscaba proteger a esos mismos grupos al prohibir su apremio corporal (art. 7).
El artículo 21 declara inviolable la vida humana Constitución, art. 21. El texto citaba el riesgo de contagio de Covid-19 en las cárceles como razón para frenar los apremios (art. 8).
El artículo 55 pone la protección de la madre y del menor a cargo del Patronato Nacional de la Infancia Constitución, art. 55. El proyecto mencionaba ese escenario como un riesgo que quería evitar (art. 7).
El artículo 121 da a la Asamblea la potestad de dictar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto siguió el trámite legislativo ordinario descrito en la ficha 1.
Queda una duda sobre el artículo 4 del proyecto (art. 4). Ese artículo cierra la apelación contra el rebajo provisional. La Constitución no incluye en el dossier un artículo sobre el derecho a recurrir, así que no se puede comparar.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede empujar en la Asamblea. Pero la guía de participación ciudadana tiene herramientas que sirven para casos futuros.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina da información inmediata sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
Puede presentar su propia propuesta de ley con un formulario web en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27.
Puede hablar con los diputados de la comisión que estudia un proyecto. La guía llama a esto incidencia ciudadana y recomienda llevar información y argumentos de fondo guía, p. 29.
Puede usar el referéndum, pero la Constitución excluye los proyectos sobre pensiones guía, p. 30.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos votó el proyecto el 1 de marzo de 2022 ni qué contenido tuvo ese dictamen.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la comisión.
El dossier no registra si hubo audiencias o consultas sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución del dossier. Queda una duda sobre el artículo 4 del proyecto, que cierra la apelación contra el rebajo provisional, porque el dossier no incluye un artículo constitucional sobre el derecho a recurrir.
Constitución, art. 51"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad."
Esta ley, art. 7"Se prohíbe el apremio corporal de las personas obligadas al pago de pensión alimentaria que se encuentren en las siguientes circunstancias:"
Sin choque aparente La Constitución pide proteger a la familia y a los grupos vulnerables. El proyecto prohibía el apremio a mujeres embarazadas, jefas de hogar con dependientes, personas con discapacidad y adultos mayores. Va en la misma dirección.
Constitución, art. 21"La vida humana es inviolable."
Esta ley, art. 8"Cesa de pleno derecho todo apremio corporal que se encuentra en ejecución. En consecuencia, el Ministerio de Justicia pondrá en libertad inmediata a toda persona apremiada sin necesidad de orden judicial."
Sin choque aparente El proyecto citaba el riesgo de contagio de Covid-19 en las cárceles. La Constitución protege la vida. El texto buscaba reducir ese riesgo al sacar a personas del apremio.
Constitución, art. 55"La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado."
Esta ley, art. 7"2- Mujeres jefas de hogar que tengan a su cuidado personas dependientes."
Sin choque aparente El proyecto mencionaba que un apremio podía llevar a que niños y niñas terminaran al cuidado del Patronato Nacional de la Infancia. La Constitución asigna esa protección a esa institución. El texto buscaba evitar que se llegara a ese extremo.
Constitución, art. 121"Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 12"Para la aplicación de esta ley, se entiende por período de calamidad pública, lo que resta para finalizar el año en curso sin perjuicio de que, por disposición emitida por el Poder Ejecutivo, se considere que el período de calamidad pública es mayor."
Sin choque aparente La Constitución da a la Asamblea la potestad de dictar leyes. El proyecto siguió el trámite legislativo ordinario descrito en la ficha del expediente.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21877: LEY DE ATENCIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS DURANTE CALAMIDAD PÚBLICA OCASIONADA POR COVID-19
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE ATENCIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS DURANTE CALAMIDAD PÚBLICA OCASIONADA POR COVID-19
OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.877
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE ATENCIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS DURANTE CALAMIDAD PÚBLICA OCASIONADA POR COVID-19
Expediente N.° 21.877
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En mi condición de jueza de Familia, la suscrita, Mauren Solís Madrigal, estimo urgente legislar sobre Covid 19 y los procesos alimentarios. La normativa existente en nuestro país sobre el tema no está prevista para la atención de asuntos durante períodos de calamidad pública.
Todo proceso alimentario conlleva la amenaza de restricción a la libertad personal salvo situaciones de excepción previstas en la legislación actual y a la vez, conjuga el derecho de las personas dependientes a recibir una pensión que permita atender las necesidades básicas.
Para comprender la importancia de este proyecto de ley, es vital considerar que, en nuestro país, la jurisdicción de Familia está distribuida en: juzgados de Familia, pensiones alimentarias y violencia doméstica así como un Juzgado de Niñez y Adolescencia. Según estadísticas judiciales, el circulante de los tres primeros tipos de juzgados durante el período 2012-2018 es el siguiente: año 2012: 27411; 34184; 48152. Año 2013: 27966; 37832; 46959. Año 2014: 28110; 38202; 47957. Año 2015: 29884; 41038; 48485. Año 2016: 29922; 40001; 48607. Año 2017: 29714; 39116; 46675. Año 2018: 28.577; 37563; 49079.
El dato más exacto del que dispongo en este momento en cuanto al número de casos activos de pensiones alimentarias es el que brinda el Observatorio Judicial mediante la herramienta denominada: “El Rostro de las Pensiones Alimentarias”. Según esa fuente oficial, hay 194.244 asuntos activos. Es una premisa válida suponer que esa misma cantidad de personas está en riesgo de apremio salvo las que por disposición legal, están excluidas de esa forma de conminación para el pago de la obligación alimentaria, es decir, las menores de dieciocho años y las mayores de setenta y un años. Es posible afirmar también que empleados (as) públicos (as) obligados al pago de alimentos no entrarían en esta amenaza de apremio salvo si la pensión alimentaria no les es siendo retenida del salario. La situación se agrava si se trata de empleados (os) públicos (as) que están presentando servicio activo durante la emergencia.
Además, también es válido partir de que muchas personas beneficiarias de alimentos son precisamente, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes así como, mujeres que han estado dedicadas al cuidado del hogar y personas dependientes, lo que les ha impedido desarrollar experiencia profesional en el mercado laboral extradoméstico. Son en sentido estricto, mujeres afectadas seriamente en sus derechos por estar dedicadas a la economía de cuido. Además, algunas mujeres son obligadas al pago de alimentos y decretar su apremio, implica que niños y niñas que están bajo su cuido, tengan que ingresar con ellas a prisión o bien, permanecer fuera de la cárcel al cuidado de terceras personas e incluso, ante falta de familia extensa, que dichas personas menores de edad ingresen al cuidado del Patronato Nacional de la Infancia. El tema se agrava si se trata de mujeres que están dedicadas al cuidado de personas adultas mayores.
Como se dijo, la Ley de Pensiones Alimentarias permite el apremio corporal contra personas mayores de dieciocho años y menores de setenta y un años. No obstante, la normativa no establece excepciones y es importante en este momento de seria amenaza a la salud pública con profunda afectación a la economía, establecer límites para que el apremio no sea posible contra mujeres embarazadas, mujeres jefas de hogar que tengan bajo su cuido a personas dependientes, pacientes terminales, personas desempleadas por efecto directo de la calamidad pública, personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad que no puedan atender sus propios intereses así como, población indígena, personas con enfermedades mentales, etc. El riesgo al permanecer en apremio también lo sufren las personas que están ya en el sistema carcelario pues podrán verse expuestas como ahora, al contagio ante el ingreso de una persona contagiada de Covid 19 apremiada o por haber sido dispuesta la privación de libertad por un proceso penal.
Los permisos para buscar trabajo y pagar en tractos que ya existen en la Ley de Pensiones Alimentarias, resultan insuficientes pues en el fondo, en caso de ser acogidos por la autoridad judicial, obligan a las mujeres a mantener a sus hijos e hijas solas sin aporte alguno de la persona obligada o bien, generan que personas cuidadoras de adultos (as) mayores, de un momento a otro se vean sin posibilidad de recibir alimentos para esa población. Además, ambos beneficios contemplados a partir del artículo 31 de la Ley de Pensiones Alimentarias, son de carácter temporal y con una única posibilidad de prórroga como en el caso del permiso para buscar trabajo.
Eliminar el apremio corporal por completo en época de calamidad pública, es radical puesto que autorizaría a toda persona obligada al pago de alimentos -despedida o no- a no pagar nada puesto que no se verá expuesta a esa restricción de la libertad y, por resultado, nuevamente se perjudica seriamente a las personas beneficiarias de alimentos.
Exigir a una persona obligada al pago de alimentos despedida o con jornada laboral reducida e incluso, con contrato laboral suspendido por lo ahora ocurrido por Covid 19, a que enfrente un proceso de rebajo por cambio de circunstancias para que el monto a pagar sea rebajado, equivale a denegar la justicia pues deberá esperar que el proceso cumpla con todas sus etapas procesales para obtener un eventual rebajo y, permitirles del todo no pagar, genera que las personas beneficiarias de alimentos no puedan atender sus necesidades mínimas.
Así, una medida salomónica que permite tutelar la libertad de una persona obligada al pago de alimentos y el interés de las personas que reciben alimentos, consiste en establecer la posibilidad de rebajo provisional de la cuota alimentaria para aquellas personas cuya fuente regular de ingresos se extinguió o disminuyó por efecto Covid 19. Al igual que ocurre en la actualidad, para los permisos para buscar trabajo y pago en tratos, esta medida se adoptaría a gestión de parte y sin audiencia a la parte actora así como, con apelación limitada. Es decir, se trata de una medida cautelar conocida en derecho procesal como “inaudita parte”. La necesidad de la legislación radica en que, al no estar previsto el rebajo provisional de la cuota alimentaria en la normativa actual, queda a criterio de cada autoridad judicial si admite o no tal medida, lo que genera incerteza en la población afectada. El estrés es un enemigo de la salud.
Como complemento, es irracional obligar a las personas beneficiarias de alimentos, a acudir mensualmente a los juzgados para solicitar el apremio corporal en caso de incumplimiento de la cuota alimentaria pues eso supone en este momento, un riesgo de contagio de Covid 19 para la población usuaria y judicial así como, el gasto de recursos para traslados a los juzgados de pensiones alimentarias. Es decir, en época de calamidad pública, exigir a las personas actoras de los procesos alimentarios la “consecutividad” de la que habla el artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, no representa ningún beneficio por los razonamientos ya dichos.
De igual forma, girar apremios corporales de manera generalizada en época de calamidad púbica, distrae a la Fuerza Pública del servicio al orden al que están llamados para atender la emergencia nacional. Igualmente, este proyecto representa un alivio a las finanzas públicas pues disminuye el gasto público en la atención carcelaria de la población apremiada, los costos de la justicia en el caso de los juzgados de pensiones alimentarias, la defensa pública y los juzgados de Familia así como, los costos que ocasiona para las personas, acudir a los servicios de la administración de justicia tales como, transporte por ejemplo.
Es importante considerar que las pensiones alimentarias nuevas que sean fijadas de forma provisional o no durante la emergencia de Covid 19, no pueden responder al nivel de vida acostumbrado pues la economía del país está sufriendo una irreparable afectación. Es decir, tan importante es legislar con respecto a los procesos judiciales alimentarios que ya estén en trámite como los que se vislumbran, ingresarán a la vía judicial en esta época de calamidad pública. Así, respecto de los procesos alimentarios nuevos es importante limitar el objetivo de las pensiones alimentarias porque en este terrible momento de afectación de la economía, no es posible tutelar mediante una pensión alimentaria, el mantenimiento de un nivel de vida determinado pues ello implicaría prácticamente, que las personas obligadas deban ser apremiadas en caso de incumplimiento de la pensión alimentaria. Es necesario comprender que las personas obligadas alimentarias no pueden estar obligadas a lo imposible y, las personas beneficiarias de alimentos, solamente pueden aspirar a recibir pensiones que sirvan para atenden las necesidades realmente básicas. Por ello, tampoco las pensiones alimentarias pueden experimentar incrementos no contenciosos como los previstos en el artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias durante la época de calamidad pública. Además, tampoco es posible permitir que por medio de cobro de gastos extraordinarios se pretenda tutelar un determinado nivel de vida.
Según la legislación vigente, la retención de la pensión alimentaria opera a gestión de la parte actora. En consecuencia, esto podría distraer a personas obligadas alimentarias del sector público que en este momento están dedicadas a la atención de la emergencia así como, obligaría a las personas obligadas en general, a realizar trámites bancarios lo que fomenta el contacto persona a persona y ello, debilita la barrera de contención que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud y el Poder Ejecutivo.
También debe protegerse del apremio corporal a personas físicas que sean patronos y a la vez, estén obligadas al pago de alimentos. Por ello, si han obtenido autorización del Ministerio de Trabajo para suspender los contratos laborales de sus colaboradores, también deben ser eximidas del apremio corporal con el fin de facilitarles reactivar la actividad que desarrollaban antes de la suspensión de los contratos de trabajo. Lo mismo aplicaría para patronos físicos que han disminuido las jornadas laborales de sus colaboradores.
Por último, si se considera que las pensiones alimentarias vigentes responden a un determinado nivel de vida, podría resultar contrario a los fines del Instituto Mixto de Ayuda Social, que asuma el pago de las pensiones alimentarias que no sean canceladas. Este es un tema que debe ser analizado con mucho cuidado. Una pensión alimentaria que haya sido fijada a cargo de una persona empresaria cuya actividad económica mermó o está en cero y que ahora sea pagada por el IMAS, es un tema realmente delicado. Encomendarle al IMAS esa tarea y además, no frenar la tutela del nivel de vida para pensiones alimentarias futuras, es una bola de nieve para las finanzas públicas. Salvo mejor criterio, el IMAS no está para sostener el nivel de vida de ninguna persona.
Por las razones anteriormente expuestas, me permito someter a la consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE ATENCIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS DURANTE CALAMIDAD PÚBLICA OCASIONADA POR COVID-19
ARTÍCULO 1- Ninguna pensión alimentaria provisional o no que sea fijada durante la emergencia Covid 19 tutelará el nivel de vida acostumbrado por las personas beneficiarias. Serán fijadas únicamente para atender las necesidades más perentorias de las personas beneficiarias.
No procede el cobro de gastos extraordinarios con los que se pretenda mantener o ampliar el nivel de vida acostumbrado. Todo gasto extraordinario debe obedecer únicamente a la adquisición de bienes y servicios de carácter perentorio que no estén cubiertos por la cuota mensual.
Se exceptúa de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, a aquellos procesos alimentarios en que la fuente regular de ingresos de la parte demandada, no haya disminuido por la calamidad pública.
ARTÍCULO 2- Durante el período de calamidad pública, toda persona obligada al pago de alimentos que haya sido despedida, cuyo contrato laboral haya sido suspendido, su jornada laboral reducida o su fuente regular de ingresos se ha reducido significativamente por dicha calamidad, podrá solicitar al juzgado respectivo, el rebajo provisional de la cuota alimentaria con indicación del monto que pretende pagar.
La gestión podrá ser acompañada de la prueba que estime pertinente.
El rebajo operará por el período que la autoridad judicial determine y para ello se considerará la afectación de la fuente de ingresos de la persona obligada al pago de alimentos.
ARTÍCULO 3- La gestión será resuelta de manera fundada, de forma inmediata y sin necesidad de recepción de prueba sobre hechos que resulten notorios.
El rebajo será prorrogable a gestión de parte y la prórroga podrá ser por período igual o inferior al otorgado inicialmente. Una segunda prórroga será excepcional. El cumplimiento de pago de la cuota alimentaria rebajada, deberá ser considerado para efecto de otorgar prórrogas.
Toda prórroga debe ser fundada y resuelta de forma inmediata.
El rebajo provisional y toda prórroga, tiene efecto inmediato. El rechazo de la solicitud de rebajo es apelable lo mismo que el rechazo de la prórroga.
ARTÍCULO 4- Contra la resolución que ordene el rebajo provisional, no cabe apelación salvo que la parte perjudicada cuente con prueba que demuestre de forma indubitable que no existe la afectación al ingreso de la parte obligada.
ARTÍCULO 5- Si llegare a determinarse mediante resolución firme que la parte obligada obtuvo rebajo provisional de la pensión alimentaria o prórroga, basada en hechos falsos, se condenará a la parte obligada al pago de todos los montos que no pagó y los intereses legales.
ARTÍCULO 6- En época de calamidad pública, la solicitud de apremio corporal deberá ser realizada cada tres meses. La gestión cubre el mes que corre y los dos inmediatos anteriores.
ARTÍCULO 7- Se prohíbe el apremio corporal de las personas obligadas al pago de pensión alimentaria que se encuentren en las siguientes circunstancias:
1- Mujeres embarazadas o en período de lactancia. 2- Mujeres jefas de hogar que tengan a su cuidado personas dependientes. 3- Personas con enfermedades crónicas. 4- Personas con discapacidades físicas que impidan o limiten su proyecto de vida independiente. 5- Personas con enfermedades mentales. 6- Personas mayores de sesenta años de edad. 7- Personas indígenas. 8- Empleados públicos que estén en servicio activo para la atención de la emergencia. 9- Personas físicas que en su condición de patronos hayan obtenido autorización del Ministerio de Trabajo para suspender contratos laborales o hayan disminuido las jornadas laborales a personas colaboradoras.
ARTÍCULO 8- Cesa de pleno derecho todo apremio corporal que se encuentra en ejecución. En consecuencia, el Ministerio de Justicia pondrá en libertad inmediata a toda persona apremiada sin necesidad de orden judicial.
ARTÍCULO 9- Si el monto de la pensión alimentaria no está siendo objeto de retención, la parte obligada al pago de alimentos, durante le época de calamidad pública, podrá solicitar que se ordene la retención.
ARTÍCULO 10- Durante la época de calamidad pública, no será aplicable el aumento automático previsto en el artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias.
La resolución que deniegue la aplicación del aumento automático, carece de apelación.
ARTÍCULO 11- Quien haya obtenido un rebajo provisional de la pensión alimentaria o prorrogas y pierda su fuente de ingresos mientras rige el rebajo, podrá solicitar alguno de los permisos contemplados en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Pensiones Alimentarias o gestionar prórroga del rebajo. Las gestiones pueden ser subsiguientes o simultáneas.
ARTÍCULO 12- Para la aplicación de esta ley, se entiende por período de calamidad pública, lo que resta para finalizar el año en curso sin perjuicio de que, por disposición emitida por el Poder Ejecutivo, se considere que el período de calamidad pública es mayor.
Rige a partir de su publicación.
Otto Roberto Vargas Víquez Diputado
13 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.
Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.