Archivado el proyecto que postergaba alquileres del Estado por COVID-19
El expediente 21886 murió por vencimiento del plazo cuatrienal en 2024; proponía que el Estado, entes descentralizados y municipalidades dejaran de pagar alquileres tres meses en 2020.
Título oficial MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19
A quién le toca
- Personas físicas o jurídicas que alquilan locales o propiedades al Estado, a entes descentralizados o a municipalidades
- Inquilinos particulares que alquilan al Estado, si el proyecto se hubiera aprobado
- Contribuyentes que financian el presupuesto público
A quién beneficia
- El Estado, los entes descentralizados y las municipalidades habrían postergado tres meses el pago de alquileres en 2020
- Los arrendadores privados no habrían cobrado intereses sobre esos tres meses, salvo mora posterior
Qué cambia
- El expediente venció el plazo cuatrienal y se archivó el 31 de mayo de 2024
- La deuda se habría pagado con cuotas extraordinarias del 10% a partir de julio de 2020
- El proyecto nunca llegó a dictamen de comisión ni a debate en el Plenario
La explicación completa
Qué propone
El expediente 21886 ya no está en trámite: venció su plazo cuatrienal y la Asamblea archivó el expediente el 31 de mayo de 2024 1. Lo que proponía era una moratoria para que el Estado pagara más tarde los alquileres de mayo, junio y julio de 2020 (art. único).
El texto añadía un transitorio VIII a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato) N.° 7527 (art. único). Ese transitorio permitía a todos los contratos vigentes donde el Estado, los entes descentralizados y las municipalidades son arrendatarios postergar el pago de esos tres meses.
La deuda se pagaría con pagos mensuales extraordinarios del 10% de lo adeudado, a partir de julio de 2020 (art. único). Los plazos de los contratos se respetarían. Si un contrato vencía dentro del plazo de cancelación, la deuda se podía exigir hasta que terminaran los tres meses.
El texto decía que esos contratos con particulares, personas físicas o jurídicas, no generarían intereses sobre el monto adeudado, salvo mora posterior (art. único). La diputada Franggi Nicolás Solano presentó la iniciativa el 14 de abril de 2020.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el vencimiento del plazo cuatrienal del artículo 119 y el archivo del expediente el 31 de mayo de 2024 1.
El recorrido fue corto. El proyecto se presentó el 26 de marzo de 2020 y se envió a la Imprenta Nacional el 14 de abril de 2020 1. El 11 de junio de 2020 el Plenario lo asignó a comisión y el 17 de junio llegó a la Comisión de Asuntos Económicos (Área V). El 23 de junio de 2020 ingresó al orden del día de esa comisión. No hay registro de dictamen ni de debate en el Plenario.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La propuesta movía pagos entre el Estado y particulares, y la Constitución no tiene una norma específica sobre moratorias de alquiler.
El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. El transitorio proponía que el Estado pagara después, no que dejara de pagar (art. único).
El artículo 50 ordena al Estado procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país" Constitución, art. 50. La exposición de motivos justificaba la moratoria en la emergencia del COVID-19 (art. único).
El artículo 46 prohíbe los actos que restrinjan la libertad de comercio Constitución, art. 46. La duda posible es si postergar pagos a arrendadores privados afecta su libertad económica. El texto no obligaba a los arrendadores a aceptar, sino que fijaba un plazo legal de pago (art. único).
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir. Si quiere empujar un tema parecido, la guía describe la iniciativa popular guía, p. 26.
La iniciativa popular exige reunir firmas y el TSE verifica el porcentaje requerido antes de trasladar el proyecto a la Asamblea guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años.
También puede usar el formulario web de la Asamblea para plantear una propuesta de ley guía, p. 27. La guía advierte que esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas.
Si lo que quiere es vigilar el uso de fondos públicos en alquileres del Estado, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La Contraloría revisa contratos de instituciones públicas y tiene competencia sobre el sector público.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión no dictaminó el proyecto.
El dossier no incluye el texto de la "Ley especial de moratoria de pago de arrendamientos y subarrendamientos de vivienda y locales comerciales" que la exposición de motivos menciona.
El dossier no dice cuánto dinero habría representado la moratoria para el Estado.
No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro entre el transitorio propuesto y los artículos constitucionales del dossier. La duda posible es el efecto sobre arrendadores privados, pero el texto no prohibía cobrar, solo fijaba un plazo legal de pago.
Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
Esta ley, art. único"Todos los contratos vigentes constituidos por parte del Estado, entes descentralizados y municipalidades, de conformidad con el artículo 6 de esta ley, en calidad de arrendatarios, podrán postergar el pago de sus mensualidades por concepto de alquiler de los meses de mayo, junio y julio de 2020."
Sin choque aparente El transitorio movía pagos del Estado hacia adelante. No eliminaba la deuda ni eximía al Estado de pagar, así que no choca de frente con el deber de contribuir a los gastos públicos.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. único"Los tres meses establecidos en el párrafo anterior se cancelarán mediante pagos mensuales extraordinarios del 10% de lo adeudado, a partir del mes de julio del 2020."
Sin choque aparente La exposición de motivos justificaba la moratoria en la emergencia del COVID-19 y en la necesidad de liquidez del Estado. El artículo 50 le pide al Estado procurar bienestar, y el texto se presentaba como una medida para atender la pandemia.
Constitución, art. 46"Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria."
Esta ley, art. único"Los contratos de arrendamiento que el Estado tenga con particulares ya sean personas físicas o jurídicas, según lo dispuesto en este transitorio, no generarán ningún tipo de interés sobre el monto adeudado por los tres meses de plazo diferido, salvo mora posterior."
Hay dudas La duda posible es si postergar por ley el pago a arrendadores privados restringe su libertad de comercio. El texto no les prohibía cobrar ni negociar, solo fijaba un plazo legal y quitaba intereses durante esos tres meses.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21886: MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19
FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.886
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19
Expediente N.° 21.886
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El país enfrenta momentos difíciles, la pandemia generada con la aparición de un virus denominado COVID-19 ha puesto el mundo en una encrucijada, gran cantidad de personas se han enfermado o perdido la vida y la mayor parte de la población se encuentra en estado de cuarentena, ya sea por decisión propia o porque sus mandatarios decretaron estado de queda y de esta forma frenar la cantidad de infectados y darles un respiro a sus sistemas de salud.
Costa Rica no ha quedado exento de todo esto, se viven momentos de mucha incertidumbre, mientras tanto el Estado está realizando enormes esfuerzos a través de su sistema de salud, comprar el equipo necesario para hacerle frente a la cantidad de personas infectadas que puedan aparecer. Lo anterior previendo que, a pesar de que la mayoría de la población ha tendido que acatar las directrices emitidas por el Ministro de Salud, venga una fuerte oleada, en la que aparezcan más personas contagiadas de COVID-19, debido a su alto nivel de transmisión.
Permanecer en casa, salir prácticamente solo a comprar alimentos y medicamentos han dado sus frutos, frenando en cierto punto la cantidad de infectados, el teletrabajo se ha convertido en una herramienta fundamental, aunque es claro que esta se vuelve prácticamente un privilegio para unos cuantos, cuando gran parte de los costarricenses tienen que salir a la calle en busca del sustento para su familia. Todo esto ha generado una importante parálisis en la economía nacional, a pesar de los esfuerzos del Estado, el aislamiento social, ha provocado distintas consecuencias dentro del desarrollo normal del país, al punto de tener que aprobar moratorias fiscales por 3 meses en el pago del IVA y la renta, así como exenciones de impuestos en los alquileres, con el único objetivo de no generar desempleo, ni la quiebra de empresas que aportan tributos al Estado y dan de comer a la población costarricense con el pago de salarios, para así reducir el duro golpe que está generando la pandemia con la caída del comercio.
Siguiendo la misma línea, también se han reubicado distintos recursos de entidades del Estado proveniente de sus superávits, para de esta forma invertirlos en equipo que refuerce los servicios médicos y le den estabilidad económica, a las poblaciones más vulnerables, a los desempleados y a las personas con suspensión o reducción de jornadas laborales, mientras dure la crisis económica del COVID-19.
Con todo lo expuesto, queda en evidencia que existe un claro sacrificio financiero por parte del Gobierno de la Republica con el ánimo de hacerle frente al COVID-19. Un Estado que ya de por sí, antes del COVID-19, se encontraba en serios aprietos financieros y con enormes retos en materia fiscal, a lo que se le suma que dichas moratorias de pagos de tributos, imprevistos ante el COVID-19, vienen a golpear profundamente el presupuesto de Estado, utilizado para hacerle frente a sus obligaciones contractuales, con el único objetivo de la eficiencia y el bienestar de los administrados.
Es por esto que dado el estado de emergencia que enfrenta el país, es necesario, tomar medidas solidarias para, que el Estado también pueda sobrellevar el recargo económico imprevisto, propiciando alternativas que le permitan momentáneamente, disponer en la medida de lo posible de la mayor cantidad de recursos para sobre llevar el periodo de la emergencia nacional. Casualmente por eso, en la búsqueda de este fin, el mismo Fondo Monetario y el Banco Mundial recomendaron a los países en vía de desarrollo como el nuestro, la suspensión de los pagos de deuda para que puedan liberar dinero para combatir la pandemia del COVID-19.
Por lo anterior, es que así como se plantea entre particulares, una “Ley especial de moratoria de pago de arrendamientos y subarrendamientos de vivienda y locales comerciales por la emergencia nacional del COVID-19”, mediante este nuevo proyecto de ley, se propone ampliar esta moratoria, en favor del Estado, postergando el pago por tres meses en los contratos vigentes de arrendamiento de establecimientos por parte del Estado, entes descentralizados y municipalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, específicamente en su artículo 6.
Los tres meses propuestos son mayo, junio y julio del 2020, meses que se espera sean los más críticos de la pandemia y generen más necesidad de recursos para que el Estado pueda hacerle frente a la crisis. El fin de esta iniciativa es que transcurrido dicho plazo se cancele mediante pagos mensuales extraordinarios del 10%, el monto adeudado por concepto de alquiler, respetando en todo momento, los plazos establecidos en cláusulas contractuales, pero en caso de vencer algún contrato el monto adeudado podrá ser exigido hasta vencido dicho plazo de tres meses, de igual forma no se podrán cobrar intereses sobre los montos postergados a menos de que exista mora posterior.
Por las razones indicadas, someto a sus señorías el presente proyecto de ley para su conocimiento y aprobación.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónase un nuevo transitorio VIII a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato) N.° 7527, de 10 de julio de 1995, el cual dispondrá:
Transitorio VIII- Todos los contratos vigentes constituidos por parte del Estado, entes descentralizados y municipalidades, de conformidad con el artículo 6 de esta ley, en calidad de arrendatarios, podrán postergar el pago de sus mensualidades por concepto de alquiler de los meses de mayo, junio y julio de 2020.
Los tres meses establecidos en el párrafo anterior se cancelarán mediante pagos mensuales extraordinarios del 10% de lo adeudado, a partir del mes de julio del 2020. Los plazos establecidos en los contratos vigentes se respetarán. En caso de vencimiento de los mismos dentro del plazo de cancelación de la obligación diferida, esta será exigible vencido el plazo dispuesto en el párrafo primero de este transitorio.
Los contratos de arrendamiento que el Estado tenga con particulares ya sean personas físicas o jurídicas, según lo dispuesto en este transitorio, no generarán ningún tipo de interés sobre el monto adeudado por los tres meses de plazo diferido, salvo mora posterior.
Rige a partir de su publicación.
Franggi Nicolás Solano Diputada
14 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.