El proyecto para que Conapam use sus recursos durante la pandemia ya es la Ley 9886
La Ley 9886 deja que el Conapam mueva sus partidas presupuestarias y use dineros de licores y cigarrillos y de Fodesaf para atender a personas adultas mayores durante la emergencia del COVID-19.
Título oficial LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR HAGA FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19
Atención: La ley deja que el Conapam mueva partidas y use dineros de licores, cigarrillos y Fodesaf, y el dossier no dice cuánto se usó ni a cuántas personas se atendió.
A quién le toca
- Personas adultas mayores en abandono, situación de calle o indigencia atendidas por el Conapam
- El Conapam, que puede mover partidas y usar dineros de licores, cigarrillos y Fodesaf
- Instituciones públicas o privadas que ejecutan programas de atención a personas adultas mayores
A quién beneficia
- El Conapam puede usar sobrantes de sus partidas para atender la emergencia
- El Conapam puede usar recursos de la Ley 7972 para personas adultas mayores en necesidad o indigencia
- El Conapam puede cubrir gastos operativos con recursos de Fodesaf
Qué cambia
- El traslado de partidas requiere una solicitud del Conapam y una resolución del Ministerio de Hacienda
- La excepción se aplica en el marco del decreto N.º 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020
- La ley está vigente y ya no se discute en la Asamblea
La explicación completa
El proyecto que usted tenía en el expediente 21.888 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9886, que está vigente 1. Lo que sigue explica qué propuso ese texto y qué quedó en la ley que resultó.
Qué propone
El proyecto proponía exceptuar al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) de una regla del presupuesto del 2020. Esa regla, el artículo 7 inciso 1 de la Ley 9791, prohíbe a las instituciones mover los sobrantes de las partidas 0, 1, 2 y 6 para aumentar otras partidas (art. 1) 3. Con la excepción, el Conapam podría usar esos sobrantes para cumplir sus funciones y atender a personas adultas mayores en abandono y riesgo social.
El texto también proponía autorizar al Conapam para usar los recursos de la Ley 7972, que son cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, en la atención de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia (art. 2) 4. Esos programas los realizan instituciones públicas o privadas, y la autorización aplicaría cuando el Gobierno Central declare estado de emergencia nacional.
Un tercer artículo proponía dejar que el Conapam use los recursos del artículo 3 inciso o) de la Ley 5662, la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para cubrir gastos operativos durante la emergencia (art. 3) 5. El texto define gastos operativos como los que atienden directamente a la población objetivo y los que sirven de soporte, como salarios, materiales, equipo de oficina o mantenimiento.
El proyecto incluía un transitorio: la ley podría regir para el periodo presupuestario del 2021 si continuaba la emergencia del COVID-19 (art. TRANSITORIO I).
La ley que resultó, la 9886, mantiene la excepción del artículo 7 de la Ley 9791, pero la amarra al decreto N.º 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020 1. El Conapam debe pedirle al Ministerio de Hacienda que modifique las partidas que necesite, y Hacienda debe formalizar la solicitud por resolución administrativa.
En qué va el trámite
El expediente 21.888 ya terminó su trámite y se convirtió en la Ley 9886, vigente 1. El registro del expediente muestra que el proyecto se presentó el 27 de marzo de 2020 y que el 13 de abril de 2020 se dispensó de trámite y se envió a la Imprenta Nacional 2. El primer debate se votó el 20 de julio de 2020 y la redacción final se votó el 23 de julio de 2020.
El plazo cuatrienal del expediente vencía el 27 de marzo de 2024, pero ese plazo ya no importa porque la ley está vigente 2 1.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier son de sesiones de abril de 2020 y no tratan el expediente 21.888. En la sesión del 27 de abril se habló de una agenda de reactivación y de la protección de personas adultas mayores como uno de cuatro ejes de trabajo 00:15:25. En esa misma sesión se mencionó que la protección de los derechos de las personas adultas mayores forma parte de una agenda amplia 00:15:34.
En la sesión del 22 de abril se discutió un presupuesto extraordinario y la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, no este proyecto 00:57:13.
Frente a la Constitución
El artículo 51 de la Constitución ordena que las personas adultas mayores tienen derecho a la protección especial del Estado Constitución, art. 51. El proyecto apuntaba a esa protección al dirigir recursos a personas adultas mayores en abandono y riesgo social (art. 1). El Censo no encontró choque entre ese objetivo y el artículo 51.
El artículo 121 inciso 1 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa dictar las leyes Constitución, art. 121. La ley que resultó se tramitó en la Asamblea y se publicó como Ley 9886, así que el Censo no ve un choque en ese punto 1.
El artículo 177 de la Constitución regula la preparación del presupuesto y las rentas de la Caja Costarricense de Seguro Social Constitución, art. 177. El proyecto no toca esas rentas, así que el Censo no encontró relación directa con ese artículo.
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que las herramientas para cambiar su contenido en la Asamblea ya no aplican. Lo que queda es vigilar cómo se usa el dinero.
Usted puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos del Conapam. Puede hacerlo en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, llamando al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
También puede pedir información sobre el estado de la tramitación de proyectos y de la legislación aprobada a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto dinero usó el Conapam con la Ley 9886 ni a cuántas personas atendió.
El dossier no incluye el texto completo de la Ley 9886, solo los artículos 1, 2 y 3 citados por SINALEVI.
El dossier no dice si el transitorio sobre el periodo 2021 quedó igual en la ley final.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto buscaba proteger a personas adultas mayores, lo que calza con el artículo 51, y se tramitó como ley en la Asamblea, como pide el artículo 121. El Censo no encontró choque.
Constitución, art. 51"Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad."
Esta ley, art. 1"Lo anterior, a efectos de que esta Institución pueda cumplir sus funciones y resguardar los derechos humanos de la población adulta mayor"
Sin choque aparente La Constitución pide protección especial para las personas adultas mayores. El proyecto dirigía recursos a atenderlas en la emergencia.
Constitución, art. 121"1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Se exceptúa al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), de la aplicación del artículo 7 inciso 1 de las Normas de Ejecución Presupuestarias, de la Ley No. 9791"
Sin choque aparente La Asamblea es la que dicta las leyes. El proyecto se tramitó ahí y se convirtió en la Ley 9886.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:15:25
"un cuarto eje tiene que ser tiene que ver perdón con la protección de los derechos de todas las de todas las personas que tienen que ver con personas con discapacidad personas adultas mayores"
- 00:15:34
"personas adultas mayores derechos de las mujeres es decir una amplia agenda"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 9886: Ley para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor haga frente a la emergencia nacional por el covid-19 (Vigente)
- Expediente 21888: LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR HAGA FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19
- Ley 9791: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020 (Vigente)
- Ley 7972: Impuestos sobre Cigarrillos y Licores para Plan de Protección Social (Vigente)
- Ley 5662: Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Vigente)
- Sesión extraordinaria, lunes 27 de abril de 2020
- Sesión extraordinaria, miércoles 22 de abril de 2020
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- El video "Sesión extraordinaria, lunes 20 de abril de 2020" no tiene subtítulos; no se citó.
- El video "Sesión extraordinaria, jueves 30 de abril de 2020" no tiene subtítulos; no se citó.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR HAGA FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19
NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.888
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR HAGA FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19
Expediente N.° 21.888
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el día 11 de marzo de 2020 que, ante la inacción de los países por frenar el coronavirus, el evento sanitario debía ser recalificado como pandemia. La OMS señala que, el término “pandemia” no debe provocar miedo irracional, pero sí debe llevar a los países a tomar medidas urgentes para contrarrestar los alarmantes niveles de propagación. El COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa, que tuvo su epicentro inicial en China y se ha extendido por países de Europa, Asia y América, incluido Costa Rica.
Su propagación ha obligado a los países alrededor del mundo a tomar medidas extraordinarias para salvaguardar a la ciudadanía, la salubridad pública y evitar crisis financieras o ciclos recesivos, con herramientas que permitan fortalecer la estabilidad económica. La economía mundial enfrenta el reto de ver las cadenas de suministro interrumpidas, así como de lidiar con la volatilidad en los mercados financieros y la disminución en la demanda del consumidor. La economía costarricense empieza a resentir la tendencia global.
La emergencia nacional obliga a que el país implemente una seria de acciones con el fin de desacelerar su propagación y, sobre todo, proteger a los grupos más vulnerables, dentro de los que se encuentran las personas adultas mayores, quienes enfrentan con mayor severidad este virus. De ahí que, el CONAPAM en su papel de órgano rector en materia de envejecimiento y vejez, esté obligado a tomar las medidas necesarias en resguardo de la población adulta mayor del país, principalmente aquellas que por su alta vulnerabilidad y condición de riesgo social, deba ser atendida por este Órgano Rector en esta emergencia.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2019, actualmente existen alrededor de 131.000 (23% del total) de PAMs que viven en situación de pobreza por Línea de Pobreza y más de 53.000 de éstas no tienen pensión (41%). Además del total a nivel nacional, 82.000 PAMs viven solas (14%).
Por ello, con el fin de proteger a las personas adultas mayores ante el COVID-19, mediante un abordaje sociosanitario de precisión para la atención integral, se busca disponer de todos los recursos económicos para las personas adultas mayores en condición de abandono, situación de calle y hospitalizadas, entre otras.
A raíz de la emergencia por el COVID-19, el Estado y su institución rectora el CONAPAM, deben garantizar los derechos de las personas y así eliminar toda forma de discriminación, así como proteger a esta población, la que no cuenta con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas y privadas dirigidas a promover el mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos.
La situación de abandono, y consecuentemente las estrategias de acción, se han dirigido con especial énfasis hacia los y las adultas mayores. Se ha partido del supuesto de que constituye un grupo prioritariamente vulnerable. Es evidente que los factores de riesgo incrementan con la edad, donde la salud integral constituye un elemento determinante en su calidad de vida.
Por lo anterior, frente a la posibilidad de que se presenten casos de personas adulta mayores en condición de abandono, situación de calle y hospitalizadas, entre otros supuestos, que deban ser reubicadas por el CONAPAM en hogares de larga estancia o en establecimientos que faciliten el cuido de está población, se debe disponer de todos aquellos recursos económicos con que cuenta la institución para hacer frente a la emergencia del COVID-19. Asimismo, atender y proporcionar apoyo psicosocial y asesoría sobre las situaciones a las que se ven expuestas las personas adultas mayores o en donde se encuentren involucradas las personas adultas mayores.
Actualmente el CONAPAM podría disponer de un presupuesto aproximado de ¢500.000.000,00 (quinientos millones de colones exactos), para destinarlos a la atención de las personas adultas mayores descritas, durante esta emergencia. Sin embargo, las propias leyes que originan los destinos específicos que la Institución recibe para transferir y destinarlos a los programas de atención a las personas adultas mayores, presentan trabas que impiden su disposición ante esta emergencia nacional. Igualmente, la Ley de presupuesto Nacional del presente ejercicio económico, contiene limitaciones que no permiten el traslado entre partidas de tales recursos para este fin. Asimismo, debido a las limitaciones presupuestarias que el CONAPAM tiene para el año 2020 (lo que pone en peligro el cumplimiento del fin público que realizan), resulta estrictamente necesario que también se cubran sus gastos operativos, en concordancia con la emergencia sanitaria del COVID-19.
De ahí que, la presente iniciativa tenga por objeto facilitar la gestión del CONAPAM efectos de establecer una estructura que reúna y coordine servicios de asistencia social, psicológica, jurídica, así como otros servicios interinstitucionales que garanticen mecanismos adecuados de operativización de los derechos de las personas adultas mayores en esta situación de emergencia.
De ahí que sea necesario, emitir la presente normativa y eliminar restricciones a los que se sujetan destinos específicos que el CONAPAM recibe y transfiere para la atención de las personas adultas mayores, en aras de poder utilizar estos recursos, en la actual situación de emergencia.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR HAGA FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19
ARTÍCULO 1- Se exceptúa al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), de la aplicación del artículo 7 inciso 1 de las Normas de Ejecución Presupuestarias, de la Ley No. 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, a fin de que en su papel de órgano rector pueda, poder utilizar los sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes subpartidas que pertenecen a las partidas 0 (Remuneraciones), 1 (Servicios), 2 (Materiales y Suministros) y 6 (Transferencias), para incrementar otras partidas presupuestarias. Lo anterior, a efectos de que esta Institución pueda cumplir sus funciones y resguardar los derechos humanos de la población adulta mayor, en especial asegurar el cumplimiento del artículo 29 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016, y así pueda atender a las personas adultas mayores en condición de abandono y riesgo social, brindando, además, el necesario y adecuado apoyo psicosocial y contención ante la emergencia nacional que se vive por el COVID-19.
ARTÍCULO 2- Se autoriza a que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), utilice los recursos provenientes de la Ley No. 7972, Ley de Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un Plan Integral de Protección y Amparo a la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, apoyo a la Labores de la Cruz Roja, y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución, de 22 de diciembre 1999, artículo 15 inciso a), acápite 2 y 3, para destinarlos a la atención personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia, realizados por instituciones públicas o privadas, cuando el Gobierno Central declare estado de emergencia nacional.
ARTÍCULO 3- Se autoriza a que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), utilice los recursos provenientes del artículo 3 inciso o) de la Ley No. 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, reformada, entre otras, por la Ley No. 9188, Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), del 28 de noviembre de 2013, para para cubrir gastos operativos, necesarios para ejecutar las funciones y fines dictaminadas por la Ley No. 7935, durante esta emergencia nacional. Para tales efectos, los gastos operativos o sustantivos, son los que están orientados a la atención directa de la población objetivo, incluyendo por supuesto, todos los que sirven de soporte para la adecuada ejecución del programa, como podrían ser los salarios, materiales y equipo de oficina o mantenimiento de instalaciones o equipos, por ejemplo.
TRANSITORIO I- Esta ley podrá regir para el periodo presupuestario del año 2021, siempre y cuando continúe la emergencia del COVID-19.
Rige a partir de su publicación.
Nidia Céspedes Cisneros DIPUTADA
13 de abril de 2020.
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.