# Expediente 21892: Archivado: el plan para sacar hasta tres salarios del fondo de pensiones - Página: https://elcenso.com/leyes/21892 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA EL APOYO ECONÓMICO SOLIDARIO, FINANCIADO POR EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS - Publicada: 2020-04-29 - La Gaceta: 95 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 21.892 murió en comisión: proponía dejar que desempleados y trabajadores con jornada reducida sacaran hasta tres salarios de su fondo de pensión complementaria, con un banco como intermediario. ## A quién le toca - Trabajadores desempleados durante la pandemia del COVID-19 - Trabajadores con contrato suspendido - Trabajadores con jornada reducida en 50% o más de su salario - Trabajadores independientes con caída de ingresos de al menos 50% ## A quién beneficia - Acceso a hasta tres salarios mediante un crédito garantizado con la cuenta del Fondo Obligatorio de Pensión Complementaria - Giros mensuales por el equivalente al último salario reportado en la Caja - Plazo de tres meses para recibir los giros ## Qué cambia - La cuenta de pensión complementaria quedaba comprometida como garantía del crédito - Los bancos podían usar recursos del encaje legal para pagar y debían reponerlos en dos meses - Los trabajadores en activo seguían cotizando a su operadora ## Cláusulas a revisar - **El retiro era un crédito, no un retiro directo** (1): El trabajador no sacaba el dinero de su cuenta: pedía un crédito al banco y ponía su fondo de pensión como garantía. La operadora emitía un certificado contra la cuenta del trabajador. Texto: "mediante giros mensuales de los bancos del sistema bancario nacional, utilizando como garantía su cuenta de Fondo Obligatorio de Pensión Complementaria" - **Uso del encaje legal para pagar los giros** (1): Se autorizaba a los bancos a pagar con los recursos destinados al encaje legal, con la obligación de reponer el monto en dos meses. Eso toca una reserva de seguridad del sistema financiero. Texto: "Se les autoriza, en caso de carecer de efectivo, a realizar el pago de los recursos que destina al encaje legal, con la obligación de convertir el certificado de la operadora a la fecha de su pago en efectivo y reponer ese monto en los siguientes dos meses." - **La operadora decide si tiene liquidez** (1): Si la operadora decía no tener liquidez, debía demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones y emitir un certificado con compromiso de pago en seis meses. El texto no detalla cómo se verifica esa falta de liquidez. Texto: "En el caso que la operadora de pensiones carezca de liquidez, deberá demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones y procederá a emitir, dentro de los tres días siguientes a la solicitud del trabajador, un certificado indicando el titular de los recursos, el monto disponible a la fecha de promulgación de la norma y la tasa de rendimiento histórica de la respectiva cuenta y el compromiso de hacerlo efectivo en el plazo de seis meses" ## Explicación El proyecto de ley 21.892 ya no existe como iniciativa viva. La Comisión de Asuntos Económicos lo archivó el 31 de mayo de 2023 con un dictamen unánime negativo, y su plazo de cuatro años venció el 30 de marzo de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía agregar un transitorio XIX a la Ley de Protección al Trabajador, la Ley 7983 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese transitorio autorizaba, por una única vez, un retiro de hasta tres salarios para cuatro grupos de personas: trabajadores desempleados, con contrato suspendido, con jornada reducida en un 50% o más de su salario, y trabajadores independientes cuyos ingresos hubieran caído al menos ese mismo 50%. El dinero no salía directo del fondo. El trabajador pedía un crédito a un banco del sistema bancario nacional, al Banco Popular o a cualquier institución obligada a mantener el encaje mínimo legal, y ponía como garantía su cuenta del Fondo Obligatorio de Pensión Complementaria ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La operadora de pensiones emitía un certificado por el monto de los últimos tres salarios reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social, con los rendimientos incluidos. El giro era mensual, por el equivalente al último salario reportado en la Caja, durante un plazo máximo de tres meses ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La solicitud se podía presentar desde la publicación de la norma y durante los seis meses siguientes. Si la operadora no tenía liquidez, debía demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones y emitir un certificado en tres días, con el compromiso de hacerlo efectivo en seis meses ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). A los bancos se les autorizaba usar los recursos del encaje legal para pagar, con la obligación de reponer ese monto en los dos meses siguientes. El texto también aclaraba que los trabajadores en activo seguirían afiliados a su operadora y seguirían cotizando ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La comisión dictaminó de forma unánime en negativo el 7 de mayo de 2023 y archivó el expediente el 31 de mayo de 2023 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El recorrido anterior fue largo. El proyecto se presentó el 30 de marzo de 2020, se envió a la Imprenta Nacional el 24 de abril de 2020 y se publicó en La Gaceta el 29 de abril de 2020, en el alcance 101 de la gaceta 95 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La comisión lo recibió el 27 de mayo de 2020, lo discutió el 2 de junio de 2020 y lo votó hasta el 7 de marzo de 2023. El plazo cuatrienal venció el 30 de marzo de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Para que fuera ley faltaba el dictamen positivo de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La duda principal está en el artículo 73. El artículo 73 ordena que "No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales" ([Constitución, art. 73](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto usaba el fondo de pensión complementaria para un fin distinto: pagar salarios durante la emergencia del COVID-19 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto se defiende diciendo que esos recursos son propiedad de los trabajadores y no fondos públicos. Queda la duda de si el retiro cabe dentro de la protección contra "vejez" que menciona el mismo artículo 73. El artículo 45 dice que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto no quitaba la propiedad: la usaba como garantía de un crédito. El trabajador recibía el dinero y su cuenta quedaba comprometida ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 56 dice que "El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada" ([Constitución, art. 56](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto apuntaba a sostener ingresos durante el desempleo, así que calza con ese mandato ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué puede hacer usted El proyecto está archivado, así que no hay comisión ni plenario donde incidir sobre este texto. Las herramientas de la guía sirven para otros momentos. Puede revisar el estado de cualquier expediente en el sistema de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una propuesta de ley nueva por el formulario web de la Asamblea. La guía aclara que esas propuestas "no tienen garantía de ser acogidos, discutidos ni votados en algún momento" ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Si su preocupación es el manejo de su fondo de pensión, la Superintendencia de Pensiones atiende denuncias y consultas por formulario en línea ([guía, p. 114](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=114)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué la comisión votó en negativo ni quiénes votaron. El dossier no dice cuántos trabajadores habrían calificado para el retiro. El dossier no incluye el texto del dictamen negativo del 7 de mayo de 2023. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque claro, pero el uso del fondo de pensión para pagar salarios deja dudas frente al artículo 73, que prohíbe emplear los fondos de los seguros sociales en finalidades distintas a las que motivaron su creación. ## Qué puede hacer usted - Consultar el estado de un expediente en el sistema de la Asamblea: La Oficina de Iniciativa Popular brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley, las órdenes del día y las actas de Plenario y comisión. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea: Se rellena un formulario web en la página de la Asamblea. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La guía advierte que estas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denuncia o consulta ante la Superintendencia de Pensiones: Se presenta por el formulario de denuncias o el de consultas en los enlaces que indica la guía. La SUPEN supervisa los regímenes complementarios y el fondo de capitalización laboral. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=114) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21892: LEY PARA EL APOYO ECONÓMICO SOLIDARIO, FINANCIADO POR EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-04-29. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA EL APOYO ECONÓMICO SOLIDARIO, FINANCIADO POR EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA EXPEDIENTE N.º 21.892 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY PARA EL APOYO ECONÓMICO SOLIDARIO, FINANCIADO POR EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Expediente N.º 21.892 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Desde su previsión legal, acaecida con la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983 del 2000, las entidades autorizadas por la Superintendencia de Pensiones para administrar los fondos de pensiones, que son propiedad de las personas trabajadoras, tienen por finalidad establecer un régimen que permita el bienestar efectivo de la población trabajadora en el futuro, mediante el Régimen Obligatorio de Pensiones. A la vez, se encargan también de la administración del Fondo de Capitalización Laboral. Las operadoras no recaudan recursos propios, sino que se trata de aportes cuya titularidad corresponde a los trabajadores, producto de su contribución, la de sus patronos y los respectivos rendimientos que las inversiones realizadas con ellos generen. Por lo tanto, lo primero que debe quedar claramente asentado es que no se trata de fondos públicos, sino de dinero de cada uno de los trabajadores que, por mandato de ley, ha venido a formar parte de este sistema, para su administración. Como ha señalado la División Jurídica de la Superintendencia de Pensiones: “[…] La Ley de Protección al Trabajador, No. 7983, se creó entre otros, con el objetivo de establecer un régimen obligatorio complementario a los sistemas tradicionales de pensión, contando en síntesis con dos componentes básicos, a saber: a) la creación de un “Fondo de Capitalización Laboral”, otorgando al trabajador un ahorro laboral como un derecho irrefutable, ahorro que está conformado por una redistribución de la cesantía del trabajador, equivalente a un 3% del salario”. La emergencia en el sector salud que sobrevino durante las últimas semanas, es de carácter global y repercutirá negativamente sobre la economía nacional y el bolsillo de los trabajadores. Múltiples voces se han alzado desde los sectores más inesperados para indicar el grave riesgo en el que nos encontramos. Por ejemplo, Martin Mühleisen, quien es director de la SPR (Departamento de Estrategia, Política y Revisión) sentencia en un artículo oficial, denominado "Planificación económica para el coronavirus: Esperar lo mejor pero prepararse para lo peor", del FMI, 13 de marzo del 2020, que: “[...] Los gobiernos tendrán que gastar más para contrarrestar el impacto del virus. Al mismo tiempo, es posible que experimenten una caída de los ingresos debido a la desaceleración de la actividad económica. Los países además podrían sufrir una reducción de sus ingresos por exportaciones debido a la disminución del turismo o de los precios de las materias primas. Todo esto podría verse exacerbado por una frenada brusca de las entradas de capital. La suma de estos factores puede dar lugar una urgente necesidad de balanza de pagos para contrarrestar los descalces entre las entradas y salidas en monedas extranjeras. Incluso si un país tiene la suerte esquivar el contagio viral generalizado, los efectos secundarios de los acontecimientos mundiales o la interrupción de las cadenas de abastecimiento podrían perturbar la actividad económica”. Asimismo, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, señala en "La pandemia del coronavirus y América Latina: Es el momento de tomar medidas decisivas", del FMI, 19 de marzo del 2020, que: “En América Central y México, la desaceleración de la actividad económica estadounidense recortará el comercio internacional, la inversión extranjera directa, los flujos turísticos y las remesas. Las principales exportaciones agrícolas (café, azúcar, plátano), así como las corrientes comerciales a través del canal de Panamá, también podrían verse negativamente afectadas por la caída de la demanda mundial. [...] La prioridad número uno es garantizar que se puedan afrontar los gastos sanitarios inmediatos a fin de proteger la salud de la población, cuidar a los enfermos y frenar la propagación del virus. [...] Asimismo, será crucial que se adopten medidas focalizadas en el plano fiscal, monetario y los mercados financieros a fin de mitigar el impacto económico del virus. Los gobiernos deben recurrir a transferencias monetarias, subsidios salariales y medidas de alivio tributario para ayudar a los hogares y empresas afectados a hacer frente a esta interrupción repentina y temporaria de la producción”. De la misma forma lo indicó Humberto López, Vicepresidente en funciones y director de Estrategia y Operaciones del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en el texto: "Adaptación, coronavirus y otros cisnes negros", (Banco Mundial, 17 de marzo del 2020), al señalar: “[...] Lo que América Latina debe ejercitar es el músculo de la adaptación. Esta no es una receta de prevención médica, está claro, sino un diagnóstico de los tiempos que corren y en el que coinciden muchos expertos [...]”. Como corolario de todo lo mencionado, tenemos que es necesario tomar medidas preventivas para mitigar los daños económicos que el COVID-19 le acarreará a Costa Rica; siendo esta la justificación que da fundamento a la decisión de optar por medidas innovadoras, poco ortodoxas, pero indispensables en un contexto donde, justamente por las razones indicadas, es necesario reanimar la economía nacional mediante la inyección anticipada de capital, al tiempo que reducimos la vulnerabilidad de la población cuyos ingresos mermaron o se simplemente han desaparecido. Por lo tanto, el presente proyecto de ley pretende, moverse en dicha dirección y adaptar el ordenamiento costarricense a las vicisitudes que se nos plantean en la actualidad, atendiendo a la urgencia de la situación. En sí misma, la iniciativa consiste en un transitorio que autoriza un retiro excepcional para todos los trabajadores en desempleo, con contratos suspendidos, con jornadas reducidas en un cincuenta por ciento o más de su salario o los trabajadores independientes, a quienes haya disminuido, al menos en ese margen, cincuenta por ciento, el giro de sus ingresos, los que podrán retirar el monto de hasta tres salarios, a su elección, mediante un crédito concedido por los Bancos del Sistema Bancario Nacional, el Banco Popular y cualquier institución obligada a mantener el encaje mínimo legal, siempre que el monto de su fondo alcance para cubrir el giro, utilizando como garantía su cuenta de Fondo Obligatorio de Pensión Complementaria. La operadora de pensiones emitirá un certificado contra la cuenta del trabajador, por el monto de los últimos tres salarios reportados a la Caja Costarricense del Seguro Social, que deberá incorporar los rendimientos del dinero hasta su giro efectivo, según la tasa histórica de esa operadora, y que será canjeable ante el banco seleccionado por el trabajador, por el monto correspondiente, el cual procederá a hacerlo efectivo a su vencimiento, con la incorporación patrimonial de los rendimientos generados entre el momento del canje y el del cobro. De esta manera, los bancos no tendrán pérdidas y brindarán un gran servicio a las familias de los trabajadores. Previendo el problema de liquidez que, eventualmente pudiera tener alguno de esos bancos, se les autoriza a realizar el pago de los recursos que destina al encaje legal, con la obligación de convertirlo en efectivo y reponer ese monto en el momento en que la operadora proceda al pago. Evidentemente se trata de una medida excepcional, limitada y que busca inyectar liquidez en las familias y en el conjunto de la economía utilizando un ahorro, de manera que no genere mayor endeudamiento. La posibilidad que abrimos con este proyecto para el acceso al salario apalancado por medio del Fondo Obligatorio de Pensión Complementaria no generará una solución para todos los casos, pero, sin lugar a dudas, provocará un alivio en los hogares, en momentos en que la reducción de ingresos será evidente. Podemos hacer un esfuerzo por devolver a los trabajadores afectados una parte de su propio patrimonio, que estaba previsto para una situación particular, la pensión, pero que debemos tener la flexibilidad de entender el malestar y la descomposición social que podemos vivir en caso de no atender las necesidades básicas de los hogares de las personas desempleadas, o con contratos suspendidos o con jornadas reducidas en un cincuenta por ciento o más de su salario o trabajadores independientes, con lo cual traeremos mucha tranquilidad a las familias costarricenses, permitiendo que se intensifiquen las redes de apoyo entre quienes se encuentren más afectados y quienes puedan tender una mano. Por lo demás, los fondos de pensiones que administran el ROP seguirán recibiendo en las cuentas de todos los trabajadores sus aportes, y todos los trabajadores que no están afectados por el desempleo o situaciones equivalentes continuarán con sus cuentas intactas, nadie espera tasas de afectación del cuarenta por ciento de la fuerza laboral, por lo que no debe representar una quiebra del sistema; y todos sin excepción volverán a cotizar normalmente en cuanto la situación se normalice. Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de sus señorías el siguiente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA EL APOYO ECONÓMICO SOLIDARIO, FINANCIADO POR EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS ### ARTÍCULO 1- Se Adiciona un transitorio XIX a la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, cuyo texto dirá: ### Transitorio XIX- Por una única vez, se autoriza a todos los trabajadores desempleados; con contratos suspendidos; con jornadas reducidas en un cincuenta por ciento o más de su salario o trabajadores independientes, a retirar el monto de sus últimos tres salarios cotizados a la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante giros mensuales de los bancos del sistema bancario nacional, utilizando como garantía su cuenta de Fondo Obligatorio de Pensión Complementaria, con base en las siguientes reglas. I- El trabajador dispondrá de este derecho siempre que cuente con una cuenta de su régimen obligatorio de pensiones, sin importar el monto disponible. En caso de ser menor a lo solicitado el adelanto se ajustará al monto acreditado en la cuenta. Este régimen se establece a favor de personas desempleadas, con contratos suspendidos, con jornadas reducidas en un cincuenta por ciento o más de su salario o los trabajadores independientes. El banco procederá a constatar directamente con la operadora la existencia de la cuenta y el monto de la misma a fin de determinar el límite del apalancamiento del giro en cada caso, que corresponderá siempre al saldo de la respectiva cuenta individual. II- El monto deberá girarse mensualmente, por el equivalente al último salario reportado en la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando un trabajador tenga un reporte menor en virtud de una incapacidad, se le dará un giro equivalente al salario anterior a la incapacidad. El depósito se girará la primera semana de cada mes, hasta por un plazo máximo de tres meses, a petición del trabajador, siempre que el dinero disponible en su cuenta cubra el total solicitado. Dicha solicitud podrá presentarse desde la promulgación de esta norma y durante los siguientes seis meses. III- La operadora de pensiones trasladará al banco el monto correspondiente a cada giro mensual solicitado. En el caso que la operadora de pensiones carezca de liquidez, deberá demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones y procederá a emitir, dentro de los tres días siguientes a la solicitud del trabajador, un certificado indicando el titular de los recursos, el monto disponible a la fecha de promulgación de la norma y la tasa de rendimiento histórica de la respectiva cuenta y el compromiso de hacerlo efectivo en el plazo de seis meses, el cual entregará al Banco como garantía de la operación. IV- Los bancos del Estado o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en el caso de los trabajadores adscritos a su Operadora de Pensiones, procederán a girar los salarios con la garantía de la cuenta del trabajador de pensión obligatoria complementaria, hasta un máximo de tres salarios. Se les autoriza, en caso de carecer de efectivo, a realizar el pago de los recursos que destina al encaje legal, con la obligación de convertir el certificado de la operadora a la fecha de su pago en efectivo y reponer ese monto en los siguientes dos meses. Los certificados de las operadoras de pensiones incorporarán los rendimientos del monto pagado como salario hasta su pago al banco en el plazo de seis meses según la tasa de rendimiento promedio de las operadoras de pensiones. V- Cualquier otra institución financiera podrá pagar los salarios en las condiciones antes señaladas y hacer efectivo su cobro a la respectiva operadora de la forma indicada en el párrafo anterior. VI- Con independencia del uso de esta autorización, los trabajadores en activo continuarán afiliados a su actual operadora de pensiones complementarias y continuarán cotizando en sus cuentas. Rige a partir de su publicación. Franggi Nicolás Solano Diputada 24 de abril de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21892). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.