# Expediente 21893: Archivado el proyecto que suspendía reunión y libre tránsito por COVID - Página: https://elcenso.com/leyes/21893 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: AUTORIZACIÓN PARA SUSPENDER GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA CON EL FIN DE QUE EL PODER EJECUTIVO PUEDA APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN MASIVA DEL VIRUS COVID-19 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 21.893, que autorizaba al Ejecutivo a suspender por 15 días los derechos de reunión y libre tránsito, venció su plazo cuatrienal y se archivó en abril de 2024. ## A quién le toca - Toda persona que se encontrara en Costa Rica durante la emergencia, porque la suspensión cubría todo el territorio nacional - Quienes quisieran reunirse o circular libremente, derechos que el proyecto suspendía por 15 días ## A quién beneficia - El personal de salud, policías, bomberos, periodistas y funcionarios del Poder Judicial quedaban exceptuados de la suspensión - El Poder Ejecutivo quedaba autorizado a reglamentar la medida en tres días ## Qué cambia - El proyecto no se convirtió en ley: venció el plazo cuatrienal y se archivó en abril de 2024 - La suspensión habría requerido votación de dos tercios de la Asamblea, requisito que el texto no menciona ## Cláusulas a revisar - **El Ejecutivo podía ampliar la lista de exceptuados** (2): El artículo 2, inciso c, permitía al Poder Ejecutivo determinar durante la emergencia qué otras personas quedaban exceptuadas de la suspensión. Texto: "Las que el Poder Ejecutivo determine durante la emergencia que origina la suspensión." - **Responsabilidades penales por incumplir ordenanzas del Ejecutivo** (4): El artículo 4 dejaba a las autoridades imponer responsabilidades civiles y penales por incumplir las ordenanzas del Poder Ejecutivo, sin detallar cuáles serían. Texto: "Las responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento a las ordenanzas del Poder Ejecutivo y lo dispuesto en esta normativa, serán impuestas por las autoridades correspondientes, de acuerdo a sus competencias." ## Explicación El expediente 21.893 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal y la Asamblea lo archivó el 8 de abril de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía suspender en todo el territorio nacional, hasta por quince días, las garantías de los artículos 22 y 26 de la Constitución ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 22 protege la libertad de tránsito y el 26 el derecho de reunión ([Constitución, art. 26](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La suspensión se haría con base en el artículo 121, inciso 7, de la Constitución ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese inciso permite a la Asamblea suspender derechos con votación de al menos dos tercios de sus miembros ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 2 exceptuaba de la suspensión a varios grupos de personas ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Entre ellas: la Fuerza Pública y los cuerpos policiales, los miembros de los Supremos Poderes, el personal de salud, los bomberos, los periodistas y los funcionarios del Poder Judicial. El artículo 3 autorizaba al Poder Ejecutivo, por medio de los Ministerios de Salud y Seguridad Pública, a reglamentar la norma en tres días naturales ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 4 dejaba las responsabilidades civiles y penales por incumplimiento a las autoridades correspondientes ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 5 instruía a la población a acatar las medidas de orden público ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente se archivó. La ficha registra el vencimiento del plazo cuatrienal el 30 de marzo de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El archivo del expediente se anotó el 1 de abril de 2024 y se confirmó el 8 de abril de 2024. El proyecto se presentó el 30 de marzo de 2020 en el Plenario [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). No hay registro en el dossier de que haya pasado a comisión o a debate. Para que fuera ley faltaba el trámite completo en la Asamblea, que no ocurrió antes del vencimiento. ### Lo que se dijo en la Asamblea No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente en el dossier. La sección de limitaciones lo indica: no se encontraron grabaciones que mencionen este expediente. ### Frente a la Constitución El texto se apoyaba en el artículo 121, inciso 7, que da a la Asamblea la potestad de suspender derechos en caso de evidente necesidad pública ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Ese mismo inciso fija un límite de hasta treinta días para la suspensión. El proyecto pedía quince días, dentro de ese límite ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 121, inciso 7, exige una votación no menor de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto del proyecto no menciona esa votación calificada en ninguno de sus artículos ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 140, inciso 4, permite al Poder Ejecutivo decretar la suspensión en recesos de la Asamblea, con las mismas limitaciones ([Constitución, art. 140](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto no invocaba esa vía: pedía a la Asamblea autorizar la suspensión ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 21 dice que la vida humana es inviolable ([Constitución, art. 21](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto citaba la vida humana como el bien jurídico supremo que justificaba la medida, en sus considerandos. El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. La duda principal está en si el proyecto respetaba el requisito de votación calificada del artículo 121, inciso 7 ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). ### Qué puede hacer usted Este expediente está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Si quiere proponer una ley nueva, la guía describe el formulario web de la Asamblea para presentar propuestas ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). No tiene garantía de ser discutida ni votada. También puede usar la iniciativa popular, que exige firmas y verificación del TSE antes de llegar a la Asamblea ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto. Si una norma futura suspendiera derechos, la guía explica el recurso de amparo ante la Sala Constitucional ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). El recurso no requiere citar la norma constitucional infringida, solo el derecho lesionado. ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó antes del vencimiento cuatrienal. El dossier no registra si hubo votación en el Plenario sobre este expediente. El dossier no incluye el texto de los artículos 22 y 26 de la Constitución, solo el 26 aparece en la guía ([guía, p. 13](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=13)). ## Frente a la Constitución El texto se apoyaba en el artículo 121, inciso 7, pero no menciona la votación de dos tercios que ese inciso exige. ## Qué puede hacer usted - Formulario web de la Asamblea para presentar propuestas de ley: Rellene el formulario en la página de la Asamblea. No necesita el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. No tiene garantía de ser discutida ni votada. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reúna las firmas requeridas y el TSE las verifica. Luego el proyecto pasa a la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Recurso de amparo: Exprese el hecho que lo motiva, el derecho violado y el nombre del órgano autor. No necesita citar la norma constitucional infringida. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21893: AUTORIZACIÓN PARA SUSPENDER GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA CON EL FIN DE QUE EL PODER EJECUTIVO PUEDA APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN MASIVA DEL VIRUS COVID-19. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-03-30. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE ACUERDO AUTORIZACIÓN PARA SUSPENDER GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA CON EL FIN DE QUE EL PODER EJECUTIVO PUEDA APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN MASIVA DEL VIRUS COVID-19 CARMEN IRENE CHAN MORA Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS EXPEDIENTE N.° 21.893 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE ACUERDO AUTORIZACIÓN PARA SUSPENDER GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA CON EL FIN DE QUE EL PODER EJECUTIVO PUEDA APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN MASIVA DEL VIRUS COVID-19 Expediente N.° 21.893 ASAMBLEA LEGISLATIVA: **La Asamblea Legislativa de la República tiene como objetivo fundamental velar por el bienestar común del pueblo de Costa Rica. A partir de esta premisa central, que se deriva del hecho primario de que este parlamento expresa y condensa la voluntad popular que democráticamente se manifiesta en las urnas electorales; las funciones legislativas y de control político que le comisiona la Constitución Política deben atenerse a este principio supremo. Por este motivo, el legislador constitucional le confirió a la Asamblea Legislativa la potestad exclusiva de suspender las garantías constitucionales establecidas en varios numerales, entre estos los artículos 22 y 26 de la Carta Magna, como un reconocimiento del valor máximo de representación que el parlamento ostenta en nuestro ordenamiento jurídico y Estado social de Derecho.** En esta línea de argumentación, nuestro país y el mundo entero están pasando por una situación de emergencia planetaria, a partir de la propagación pandémica del virus COVID-19. Lo que estamos presenciando en todas las naciones del mundo, tanto en términos de la expansión agresiva del virus en los diferentes países, así como en cuanto a las medidas de política pública que se están tomando para contener y tratar de parar esa expansión de esta crisis sanitaria global, señala que los Estados deben tomar posiciones claras y contundentes para enfrentar un episodio de salud pública que amenaza la vida humana de sus habitantes. A partir de estos elementos, esta Asamblea Legislativa considera: 1- Que reconoce la agresiva propagación del virus COVID-19 como una realidad innegable, según lo ha establecido la declaratoria oficial del coronavirus como una pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo del año en curso. Esta declaratoria, además, debe ser vista como el reconocimiento explícito de una grave crisis sanitaria mundial que la misma OMS había venido denunciando desde que se desarrollaron los primeros casos en la zona de origen, la República Popular de China. 2- Que es menester que nuestra sociedad reconozca y sopese cuidadosamente los hechos que, en cuanto a la expansión del virus y las medidas públicas y privadas para contenerlo, se han aplicado en los países que más gravemente han sufrido los embates de la pandemia, desde China y toda Asia, hasta Europa, y ahora en nuestro continente americano. 3- Que los principios democráticos de nuestro país presentan una solidez histórica e institucional que es reconocida en el mundo entero, particularmente, en cuanto a garantizar los derechos fundamentales que tan importantes son para todos los costarricenses. 4- Que la suspensión de algunos de esos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política de la República, constituye una medida más que excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, según lo prescribe nuestra reconocida cultura democrática y nuestra historia institucional, por lo que una situación de esta naturaleza solo es de recibo en el contexto de una crisis que pone en riesgo lo que a todas luces nuestra Ley Fundamental y el sentir nacional considera como el bien jurídico supremo de todos los costarricenses: la vida humana. 5- Que la propagación del virus COVID-19 es una realidad innegable en Costa Rica, pues desde que apareció el primer caso oficialmente reconocido, el pasado 6 de marzo, hasta el día 30 del mismo mes, se alcanzó la cifra oficial de 330 casos, lo que habla de un crecimiento exponencial que, a todas luces, junto con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, representa un claro indicio de que el problema es muy serio y real. En estas circunstancias, si no se actúa con celeridad y claridad, esta crisis puede convertirse en una epidemia que puede hacer colapsar nuestro sistema sanitario y al personal médico y de salud pública que trabaja en el país, a la vez que pone en un peligro insospechado a nuestra economía y nuestra sociedad. 6- Que en el Estado social de Derecho de Costa Rica, la potestad constitucional para suspender los derechos fundamentales de los costarricenses es una función exclusiva del Poder Legislativo, amén de lo establecido en el artículo 121, inciso 7, de la Constitución Política, a la vez que le corresponde al Gobierno de la República implementar las medidas necesarias para utilizar este recurso constitucional de la mejor manera posible para enfrentar una crisis como la que hoy convoca el presente proyecto de acuerdo. 7- Que el Gobierno de la República debe tomar las medidas que sean necesarias para detener la propagación del virus COVID-19, con el fin de evitar que esta crisis sanitaria mute en una tragedia nacional sin precedentes, que lleve muerte y dolor a cientos de familias costarricenses. 8- Que la Asamblea Legislativa, el Gobierno de la República y el pueblo de Costa Rica por ellos representados deben tomar las medidas urgentes y necesarias, además, para proteger la vida y la salud de todo el personal sanitario que actualmente se encuentra prestando sus servicios al país, de una manera solidaria, comprometida, entregada, abnegada y responsable que amerita que como país les permitamos seguir realizando su trabajo y esto implica accionar para que la transmisión sostenida se retarde. Lo mismo ocurre para otros funcionarios públicos que laboran en seguridad, tránsito, la atención de servicios básicos, entre otros. A partir de los indicados considerandos, y sobre la base de la grave crisis sanitaria que el país y el mundo está enfrentando, las suscritas diputadas y los suscritos diputados sometemos a consideración el presente proyecto de acuerdo, para ser conocido por esta Asamblea Legislativa con la mayor celeridad y sentido de urgencia que exigen las actuales circunstancias. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** ACUERDA: AUTORIZACIÓN PARA SUSPENDER GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA CON EL FIN DE QUE EL PODER EJECUTIVO PUEDA APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN MASIVA DEL VIRUS COVID-19 ### ARTÍCULO 1- En aplicación del artículo 121, inciso 7) de la Constitución Política, se tienen por suspendidas en todo el territorio nacional, hasta por quince días, las garantías constitucionales comprendidas en los artículos 22 y 26 de la misma Constitución. ### ARTÍCULO 2- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 1 del presente proyecto de acuerdo, las siguientes personas: a) La Fuerza Pública y todos los cuerpos policiales del país. b) Los miembros de los Supremos Poderes, Jueces de la República y su personal de apoyo. c) Las que el Poder Ejecutivo determine durante la emergencia que origina la suspensión. d) El personal de los servicios públicos y privados de salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Benemérita Cruz Roja Costarricense, Benemérito Cuerpo de Bomberos, servicio de ambulancias, laboratorios médicos y veterinarios. e) El personal encargado de los servicios públicos esenciales y estratégicos. f) Proveedores de productos básicos para supermercados o establecimientos comerciales, industria agroalimentaria y ganadera. g) Personal bancario y transporte de valores. h) Servidores públicos de todos los gobiernos locales. i) Personal indispensable en aduanas, puertos o aeropuertos. j) Expendedores de combustibles o agua. k) Personal de hoteles para alojamiento y alimentación de sus huéspedes. l) Transporte humanitario. m) Personal de Supermercados, mercados, pulperías y abarroterías, restaurantes, empresas que se dediquen al servicio a domicilio, farmacias, y empresas dedicadas a la producción o distribución de productos de higiene. n) Funcionarios del Poder Judicial. ñ) Cuerpos Diplomáticos y su personal de apoyo. o) Personal y periodistas de medios de comunicación. p) Funcionarios de la Defensoría de los Habitantes. q) Personal y agentes de empresas de seguridad privada. ### ARTÍCULO 3- Autorizar al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y demás instituciones pertinentes, a emitir la reglamentación de la presente normativa en un plazo máximo de tres días naturales siguientes a su aprobación y tomar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento de las medidas relacionadas con la emergencia del COVID-19 y retardar al máximo su propagación generalizada. ### ARTÍCULO 4- Las responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento a las ordenanzas del Poder Ejecutivo y lo dispuesto en esta normativa, serán impuestas por las autoridades correspondientes, de acuerdo a sus competencias. ### ARTÍCULO 5- Instruir a la población a acatar las medidas de orden público necesarias para evitar la propagación masiva del COVID-19. Rige a partir de su aprobación. Carmen Irene Chan Mora Harllan Hoepelman Páez Ivonne Acuña Cabrera Marulin Raquel Azofeifa Trejos Nidia Lorena Céspedes Cisneros Ignacio Alberto Alpízar Castro Jonathan Prendas Rodríguez Diputadas y diputados 28 de abril de 2020 NOTA: El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21893). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.