El proyecto de multas por COVID ya es la Ley 9837
La Asamblea convirtió en la Ley 9837 el proyecto que sube las multas por incumplir órdenes sanitarias, con montos de uno, tres y cinco salarios base según el caso.
Título oficial REFORMA AL ARTÍCULO 378 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 378 BIS A LA LEY N° 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 "LEY GENERAL DE SALUD"
Alerta: El texto sube el cobro a la gente con multas de uno, tres y cinco salarios base, y permite anotar la deuda en la licencia de conducir o revocar el permiso sanitario del establecimiento.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Personas con licencia que incumplan una orden de aislamiento
Si la multa no se paga, el Ministerio de Salud pide al Consejo de Seguridad Vial anotar la multa en la licencia, con intereses.
Si la persona infractora de una medida de aislamiento cuenta con licencia de conducir, el Ministerio de Salud solicitará al Consejo de Seguridad Vial, la anotación provisional de la multa en la licencia de conducir de ésta, que además deberá incluir los intereses que se hayan generado hasta su efectivo pago.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Quien reciba una orden de aislamiento por una enfermedad contagiosa
- Quien incumpla órdenes o medidas generales del Ministerio de Salud
- Dueños de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento
- Personas con licencia de conducir que incumplan una orden de aislamiento
A quién beneficia
- El Ministerio de Salud recibe el dinero de las multas en una cuenta especial para atender emergencias nacionales
- Quienes deban abandonar su aislamiento por estado de necesidad quedan exceptuados de la multa
- Las personas en situación de calle quedan exceptuadas de la multa
Qué cambia
- La multa puede llegar a cinco salarios base para una persona diagnosticada
- El impago puede llevar a la revocatoria del permiso sanitario del establecimiento
- El impago puede anotarse en la licencia de conducir
- El Ministerio de Salud puede pasar el caso a la Fiscalía General de la República
La explicación completa
El proyecto que reformó el artículo 378 de la Ley General de Salud ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9837, publicada el 3 de abril de 2020 1. Lo que sigue es lo que proponía ese texto y cómo quedó.
Qué propone
El proyecto proponía multar con un salario base a quien no cumpla las órdenes o medidas especiales o generales de las autoridades de salud, siempre que el hecho no sea delito (art. 1).
Si el incumplimiento era de una orden de aislamiento del artículo 365, proponía tres montos según la persona (art. 1):
a) un salario base para quien tiene factores de riesgo de un cuadro grave (art. 1);
b) tres salarios base para la persona sospechosa o que, sin síntomas, sea contacto cercano de un agente causal (art. 1);
c) cinco salarios base para quien haya sido diagnosticada médica o clínicamente de una enfermedad contagiosa (art. 1).
El salario base es el que define el artículo 2 de la Ley 7337 (art. 1). Esa ley lo fija como el salario base mensual del "Oficinista 1" de la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario, aprobada en noviembre anterior a la fecha de consumación del delito 3.
El texto exceptuaba de las multas del numeral 365 a quien deba abandonar su sitio de aislamiento por estado de necesidad, a las personas en situación de calle y a cualquier otra que deba valorar la autoridad competente (art. 1).
El artículo 2 añadía un 378 bis con el procedimiento (art. 2). La autoridad de salud notifica mediante un informe sanitario y da veinte días hábiles para pagar. Contra ese informe cabe apelación ante el Ministro de Salud en los tres días hábiles siguientes a la notificación.
Si la multa no se paga, el texto proponía tres caminos (art. 2): revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento si el infractor es dueño de un establecimiento con permiso sanitario; anotación provisional de la multa en la licencia de conducir si es una persona en aislamiento que tiene licencia; o cobro por la autoridad judicial competente en los demás casos.
El artículo 3 ordenaba al Poder Ejecutivo reglamentar la ley en ocho días naturales posteriores a su publicación (art. 3).
En qué va el trámite
El proyecto se presentó el 31 de marzo de 2020 y ese mismo día el Plenario le dispensó el trámite 2. El 1 de abril tuvo primer debate y votación, y el 3 de abril el segundo debate.
El expediente tenía vencimiento cuatrienal el 31 de marzo de 2024 2. Ya no aplica: el texto es la Ley 9837, vigente 1.
Lo que se dijo en la Asamblea
En una entrevista previa a la sesión del 1 de abril de 2020, el diputado Jonathan Prendas Rodríguez, de la bancada de Nueva República, dijo que legislar en crisis amerita aprobar legislación que proteja a la gente de sí misma 00:10:06.
Sobre las multas de tránsito, que son otro proyecto, dijo que la multa por restricción era de 22.000 colones y que se valoraban dos opciones: 107.000 quitando la placa o 217.000 sin quitarla 00:10:41.
Su hipótesis era que al ver la multa la gente evitaría salir 00:11:12.
En la misma entrevista, el periodista describió el proyecto de reforma a la Ley General de Salud como uno para aumentar las penas a quienes no cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud 00:09:43.
Más tarde, en la transmisión de la sesión, el periodista explicó que el Poder Ejecutivo pidió la modificación para aumentar las penas establecidas en esa ley 02:14:30.
Frente a la Constitución
El propio proyecto invocaba los artículos 21 y 50 de la Constitución para justificar las medidas (art. 1). El artículo 21 dice: "La vida humana es inviolable." Constitución, art. 21. El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país Constitución, art. 50.
El texto también citaba el artículo 140, incisos 6 y 8, sobre mantener el orden y vigilar el buen funcionamiento de los servicios Constitución, art. 140.
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y esos artículos. Las multas buscan proteger la salud, que la Constitución menciona como derecho. Queda una duda sobre el cobro en la licencia de conducir: el texto no explica cómo se ajusta al debido proceso, y la Constitución no lo detalla en los artículos del dossier.
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que las herramientas de trámite legislativo no sirven para este caso. Si le pusieron una multa, el artículo 378 bis fija el camino: tiene veinte días hábiles para pagar y puede apelar ante el Ministro de Salud en los tres días hábiles siguientes a la notificación (art. 2).
Si quiere denunciar una situación que amenace la salud, el Ministerio de Salud recibe denuncias de forma presencial, telefónica, por correo electrónico o por su página web guía, p. 124.
Si cree que una actuación pública viola un derecho constitucional, la guía explica el recurso de amparo: se expresa el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas guía, p. 23.
Lo que no sabemos
El dossier no dice el monto exacto en colones del salario base al momento de la ley.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 365 de la Ley General de Salud.
El dossier no dice cuántas multas se han aplicado desde la entrada en vigencia de la Ley 9837.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El texto invoca los artículos 21 y 50 para proteger la salud. El Censo no encontró un choque directo, pero queda duda sobre el cobro en la licencia de conducir y el debido proceso.
Constitución, art. 21"La vida humana es inviolable."
Esta ley, art. 1"El omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un (1) salario base, siempre que el hecho no constituya delito."
Sin choque aparente La Constitución protege la vida. El proyecto usa multas para que la gente cumpla las medidas sanitarias y no se contagie.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"En caso de que el incumplimiento se refiera a la medida de aislamiento señalada en el artículo 365 de la presente ley, se aplicará la siguiente gradualidad"
Sin choque aparente La Constitución ordena al Estado procurar bienestar. Las multas buscan evitar contagios, lo que va en esa dirección.
Constitución, art. 140"Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno"
Esta ley, art. 2"Las sanciones establecidas en el artículo 378 de la presente ley serán aplicadas por la autoridad de salud."
Sin choque aparente La Constitución da al Ejecutivo el deber de mantener el orden y vigilar los servicios. El proyecto pone al Ministerio de Salud a aplicar las multas.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:10:06
"legislar en este tiempo de crisis amerita aprobar legislación que proteja a la gente de sí misma"
- 00:11:12
"Cuando vean la multa van a evitar salir y van a evitar violentar la ley"
- 02:14:30
"el poder ejecutivo ha pedido esta modificación para poder aumentar las penas que están establecidas en esta ley"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 9837: Reforma Ley General de Salud (Vigente)
- Expediente 21894: REFORMA AL ARTÍCULO 378 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 378 BIS A LA LEY N° 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 "LEY GENERAL DE SALUD"
- Ley 7337: Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal (Vigente)
- Sesión extraordinaria, miércoles 1 de abril de 2020
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- El video "Plenario Legislativo, sesión extraordinaria #99, martes 20 abril 2021" no tiene subtítulos; no se citó.
- El video "Plenario Legislativo, sesión extraordinaria #101, miércoles 21 abril 2021" no tiene subtítulos; no se citó.
- El video "Sesión Plenaria Ordinaria #3" no tiene subtítulos; no se citó.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 378 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 378 BIS A LA LEY N.° 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 “LEY GENERAL DE SALUD”
PODER EJECUTIVO
EXPEDIENTE N.° 21.894
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 378 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 378 BIS A LA LEY N.° 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 “LEY GENERAL DE SALUD”
Expediente N.° 21.894
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los protocolos para enfrentar la alerta epidemiológica sanitaria internacional por brote de nuevo coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 30 de enero de 2020, se generó después de que se detectara en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei en China un nuevo tipo de coronavirus que ha provocado contagios y fallecimientos a nivel mundial.
El 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. Asimismo, el 08 de marzo de 2020, ante el aumento de casos confirmados, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias determinaron la necesidad de elevar la alerta sanitaria vigente por el COVID-19 a alerta amarilla.
La OMS elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional dada la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, lo cual exige la oportuna adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a estas circunstancias extraordinarias de crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para su vida y sus derechos.
A raíz de ello, el Poder Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por COVID-19, declarando estado de emergencia nacional por la propagación de la enfermedad.
La Constitución Política, en sus artículos 21 y 50, cataloga el derecho a la vida y a la salud de las personas como derechos fundamentales, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. Derivado de ese deber de protección, se encuentra la necesidad de adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos están en amenaza o peligro, siguiendo el mandato constitucional estipulado en el numeral 140 incisos 6) y 8) del Texto Fundamental.
Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Por las funciones encomendadas al Ministerio de Salud, se debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población cuando estén en riesgo.
Ante ello, el Ministerio de Salud como autoridad competente se encuentra facultado por la Ley General de Salud para ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, o que estos se difundan o agraven, así como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares.
Dichas normas legales que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia de salud, consagran la potestad de imperio en materia sanitaria, que le faculta para dictar todas las medidas técnicas que fueren necesarias para enfrentar y resolver los estados de emergencia sanitarios.
Para ello, las autoridades de salud tienen el deber de emitir disponer acciones especiales para minimizar la transmisión de la enfermedad, a efectos de evitar un avance en el brote de ésta y una eventual saturación en los servicios de salud. Es así como, se implementaron medidas para evitar la concentración de personas en eventos masivos, sitios de reunión pública y establecimientos comerciales que impliquen un riesgo en razón del contacto cercano.
Debido a las características de tal enfermedad, resulta de fácil transmisión mayormente con síntomas, pero también en personas sin síntomas manifiestos, lo cual representa un factor de aumento en el avance del brote.
Dichas medidas, toman mayor relevancia en las personas sospechosas, confirmadas o con factores de riesgo, deben cumplir con las órdenes sanitarias respectivas a efectos de evitar el contagio a otras personas.
La medida sanitaria de aislamiento, resulta una medida esencial para contener el contagio entre personas, como disposición preventiva para evitar la propagación. Dicha medida, se encuentra acorde con el principio precautorio de la salud humana reconocido, entre otros, mediante voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N.° 17747-2006, de las catorce horas con treinta y siete minutos del once de diciembre del dos mil seis, el cual indica:
“VI.- PROYECCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO A LA SALUD HUMANA. Como se señaló en el acápite precedente el principio precautorio operó, inicialmente, en el ámbito del medio ambiente, ulteriormente se extiende al ámbito de la salud humana. Así, en la Declaración de Wingspread (enero de 1998) sobre el principio precautorio se proclamó lo siguiente:
"(…) Al darnos cuenta de que las actividades humanas pueden involucrar riesgos, todos debemos proceder en una forma más cuidadosa que la que ha sido habitual en el pasado reciente. Las corporaciones, los organismos gubernamentales, las organizaciones privadas, las comunidades, los científicos y otras personas deben adoptar un enfoque precautorio frente a todas las empresas humanas. Por lo tanto es necesario implementar el Principio Precautorio: cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medioambiente, deben tomarse medidas precautorias aún cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad (…) En ese contexto, los proponentes de una actividad, y no el público, deben ser quienes asuman la responsabilidad de la prueba (…)" La operatividad del principio precautorio en este ámbito es muy simple y significa que cuando una actividad produce o provoca amenazas o probabilidades de daño serio e irreversible a la salud humana, deben adoptarse las medidas precautorias aunque los efectos causales no se encuentren científicamente establecidos. Desde esa perspectiva, los sujetos de Derecho privado y los poderes públicos que propongan y estimen que el uso de un medicamento o sustancia no es nociva para la salud deben demostrar o acreditar que no habrá daño a la salud antes de su uso, con lo cual se produce una inversión en la carga probatoria de la lesión. Finalmente, es preciso señalar que el principio precautorio tiene una incidencia más profunda y rigurosa en el ámbito de la salud humana, puesto que, la protección de ésta no puede estar subordinada a consideraciones de orden económico…”.
El COVID-19 se transmite generalmente por vía respiratoria, o contacto de fluidos que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan, pero también es posible que se transmita al estrechar las manos con alguien enfermo, o incluso al tocar manos, boca u ojos luego de contactar objetos recientemente contagiados, con un periodo de incubación variable según cada individuo, pero que usualmente puede ir de los 2 a los 14 días.
En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad, por lo que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Por ello, el Ministerio de Salud ha recomendado de manera reiterada la aplicación de medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.
Para el control y prevención del COVID-19, es necesario el aislamiento respiratorio, como una de las principales medidas de control, que debe ser aplicada en casos considerados como sospechosos y contactos directos o indirectos de personas diagnosticadas con este virus. En razón de esto, el Ministerio de Salud ha impuesto una serie de medidas especiales con las cuales se pretenden evitar la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso del COVID-19.
Sin embargo, algunas personas que han incumplido las medidas, sea generales respecto al cierre de establecimientos comerciales, o bien, específicas sobre órdenes de aislamiento, que hacen necesario disponer de nuevos mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de dichas medidas.
Para ello, la presente iniciativa pretende aumentar las multas en caso de incumplimiento de las medidas definidas por el Ministerio de Salud y el procedimiento a seguir en caso de no cancelación de las mismas, como un instrumento disuasorio frente a posibles infractores.
La situación epidemiológica actual del COVID-19 en el territorio nacional, así como su condición de pandemia, amerita inexorablemente a que todos los ciudadanos apliquen medidas estrictas, por lo que resulta trascendental, asegurar el efectivo cumplimiento de las medidas sanitarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la vida y a la salud.
Por las razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA AL ARTÍCULO 378 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 378 BIS A LA LEY N° 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 “LEY GENERAL DE SALUD”
ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 378 de la Ley General de Salud, Ley N.° 5395 del 30 de octubre de 1973, para que en adelante se lea:
Artículo 378- El omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un (1) salario base, siempre que el hecho no constituya delito.
En caso de que el incumplimiento se refiera a la medida de aislamiento señalada en el artículo 365 de la presente ley, se aplicará la siguiente gradualidad:
a) A la persona con factores de riesgo de un cuadro grave por una enfermedad contagiosa que sea objeto de orden de aislamiento, una multa fija de un (1) salario base.
b) A la persona sospechosa de una enfermedad contagiosa, o aquella que, aún sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, sea objeto de orden de aislamiento en razón de ser contacto cercano a un agente causal de la enfermedad, una multa fija de tres (3) salarios base.
c) A la persona que, médica o clínicamente haya sido diagnosticada de una enfermedad contagiosa, una multa fija de cinco (5) salarios base La denominación de salario base corresponde a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993 "Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal”.
Se exceptúan de la aplicación de las multas correspondientes al numeral 365 de la presente ley, aquellas personas que en virtud de un estado de necesidad, deban abandonar su sitio de aislamiento, aquellas personas en situación de calle y cualquier otra que deba ser valorada por la autoridad competente. Los términos de aplicación de estas excepciones, serán establecidas en el reglamento a esta ley.”
ARTÍCULO 2- Adiciónese un artículo 378 bis a la Ley General de Salud, Ley N.° 5395 del 30 de octubre de 1973, para que en adelante se lea:
Artículo 378 bis- Las sanciones establecidas en el artículo 378 de la presente ley serán aplicadas por la autoridad de salud. Para dichos efectos, deberá notificarse al infractor mediante un informe sanitario, otorgándole un plazo de veinte días hábiles para proceder al pago de la multa.
Contra el informe sanitario cabrá el recurso de apelación ante el Ministro de Salud, en el plazo tres días hábiles siguientes a la notificación del mismo. El recurso deberá ser tramitado dentro del plazo máximo de tres días hábiles y lo resuelto deberá notificarse a través de los medios electrónicos que se habiliten para dichos efectos.
La firma del infractor será prueba de la notificación del informe sanitario. Si el infractor no puede o se negaré a firmar el informe sanitario, la autoridad de salud dejará constancia escrita de dicha situación en el informe y se tendrá por notificado el acto.
Las multas deberán cancelarse en los bancos del Sistema Bancario Nacional mediante entero a favor del Gobierno de la República, según el procedimiento que defina el Ministerio de Hacienda para estos efectos. Las sumas recaudadas serán remitidas a una cuenta especial en la caja única del Estado que será administrada por el Ministerio de Salud, para cumplir las funciones señaladas en esta Ley y atender las situaciones de emergencia nacional que se presenten. Para ello el Ministerio de Salud deberá elaborar los presupuestos correspondientes a las obligaciones y las actividades que esta Ley les impone.
En caso de que la multa no sea cancelada en el plazo señalado, se aplicará el siguiente procedimiento:
a) Si el infractor corresponde al dueño un establecimiento con autorización sanitaria o permiso sanitario de funcionamiento, se aplicará la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 de la presente ley. Serán responsables penalmente, los administradores, gerentes o representantes legales cuyo establecimiento haya omitido el cumplimiento de las órdenes sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, en los términos dispuestos en el artículo 384 de la presente ley.
b) Si la persona infractora de una medida de aislamiento cuenta con licencia de conducir, el Ministerio de Salud solicitará al Consejo de Seguridad Vial, la anotación provisional de la multa en la licencia de conducir de ésta, que además deberá incluir los intereses que se hayan generado hasta su efectivo pago.
c) En caso de que no corresponda la aplicación de los incisos a) y b) anteriores, el impago de la multa habilitará el título ejecutivo correspondiente, por lo que procederá el cobro mediante la autoridad judicial competente.
El Ministerio de Salud deberá poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República el incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad competente, a efectos de determinar si el hecho constituye un delito.
ARTÍCULO 3- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 8 días naturales posteriores a su publicación.
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte.
CARLOS ALVARADO QUESADA
Daniel Salas Peraza Ministro de Salud
31de marzo de 2020
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.