Archivado: el plan para que municipios dieran moratoria en pandemia
El proyecto 21.896 murió en comisión en julio de 2020: proponía autorizar a las 82 municipalidades a dar moratorias y condonar multas por la COVID-19.
Título oficial LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Establecimientos con patente de licor cerrados por disposiciones sanitarias
El artículo 3 condonaba toda la deuda de patentes y licencia de licor solo a los establecimientos que estuvieran cerrados por orden sanitaria durante la pandemia.
Se autoriza a las municipalidades del país para que condonen la totalidad de las deudas por concepto de impuestos de patentes por actividades lucrativas y de licencia por venta de bebidas con contenido alcohólico a los establecimientos que se encuentren cerrados por disposiciones sanitarias relacionadas a la pandemia Covid-19, durante la vigencia de ese cierre.
3, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Contribuyentes municipales con deudas de impuestos, tasas o servicios durante la pandemia
- Comercios cerrados por orden sanitaria que debían patentes y licencias de licor
- Las 82 municipalidades del país y sus concejos municipales
- Los Concejos Municipales de Distrito creados por la Ley 8173
A quién beneficia
- Los contribuyentes habrían podido pagar hasta abril de 2021, en tractos y sin intereses ni multas
- Los comercios cerrados por orden sanitaria no habrían pagado patentes ni licencia de licor durante el cierre
- Las municipalidades habrían podido usar más del 10% del impuesto de bienes inmuebles en gastos administrativos durante una emergencia
Qué cambia
- El proyecto no se convirtió en ley: no hubo moratoria ni condonación automática
- Cada municipalidad decidía si aplicaba la moratoria, no era obligatorio
- El plazo cuatrienal venció el 31 de marzo de 2024 y el expediente quedó archivado
La explicación completa
El proyecto de ley 21.896 está archivado. La Comisión de Asuntos Municipales lo enterró con un dictamen negativo el 24 de julio de 2020, cuatro meses después de que se presentó 1.
Qué propone
El texto proponía autorizar a las municipalidades del país a dar una moratoria en el pago de impuestos, licencias, tasas, precios públicos y servicios municipales. La moratoria cubriría el segundo trimestre del 2020 o hasta que terminara el estado de emergencia por COVID-19 (art. 1).
También proponía condonar los intereses y multas que se acumularan sobre esas obligaciones desde la declaratoria de emergencia y hasta cuatro meses después de que terminara (art. 2).
Para los establecimientos cerrados por orden sanitaria, el texto proponía condonar toda la deuda de patentes por actividades lucrativas y de licencia por venta de bebidas alcohólicas. La condonación duraría todo el tiempo que durara el cierre (art. 3).
Cada concejo municipal decidiría si se acogía a la ley. Tendría ocho días naturales después de la entrada en vigencia para aprobar su plan (art. 4). La moratoria no podría empezar antes del 16 de marzo de 2020, y los contribuyentes podrían pagar hasta abril del 2021, en tractos o como acordara la administración tributaria municipal.
Para optar por la moratoria, el contribuyente debía estar al día hasta el último trimestre del 2019. La solicitud la presentaría el contribuyente, el patentado o su representante legal ante la autoridad tributaria municipal (art. 5).
El texto también autorizaba a los Concejos Municipales de Distrito, creados por la Ley 8173, a aplicar la ley en lo que les correspondiera (art. 6).
Por último, proponía reformar el artículo 3 de la Ley 7509, de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Las municipalidades podrían usar más del 10% de lo que recaudan por ese impuesto para gastos administrativos. Eso solo aplicaría en declaratorias de emergencia nacional y con criterios técnicos que justificaran la necesidad (art. 7).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo votó un dictamen unánime negativo el 1 de julio de 2020 y archivó el expediente el 24 de julio de 2020 1.
El proyecto se presentó el 31 de marzo de 2020 y se publicó en La Gaceta el 28 de abril de 2020 1. El plazo cuatrienal venció el 31 de marzo de 2024.
Para que fuera ley hacían falta dos debates en la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, según el artículo 124 de la Constitución Constitución, art. 124. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El texto se apoyaba en la autonomía municipal que reconoce el artículo 169 de la Constitución. Ese artículo pone la administración de los intereses y servicios locales a cargo del Gobierno Municipal Constitución, art. 169.
El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas Constitución, art. 170. El proyecto respetaba esa autonomía porque no obligaba a ninguna municipalidad a aplicar la moratoria. Cada concejo decidía (art. 4).
El Censo no encontró un choque claro con la Constitución en el texto. La reforma al artículo 3 de la Ley 7509 tocaba el uso de fondos del impuesto de bienes inmuebles. El artículo 175 de la Constitución somete los presupuestos municipales a la aprobación de la Contraloría General Constitución, art. 175. Esa reforma no cambiaba ese control.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya está archivado, así que no hay trámite abierto para incidir. Estas herramientas sirven si un proyecto parecido vuelve a aparecer.
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Revise el estado de cualquier proyecto en el Sistema de Información Legislativa de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular da información sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
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Si el proyecto vuelve a comisión, hable con los diputados de esa comisión. La guía recomienda entrevistas con los diputados para argumentar a favor o en contra de un proyecto antes de que lo voten guía, p. 29.
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Si el proyecto llega al plenario, busque a los diputados durante el primer debate. Ahí se presentan las mociones de orden, y la guía lo llama un segundo momento para incidir guía, p. 29.
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Si quiere proponer su propio texto, llene el formulario web de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular recoge esas propuestas y las manda a los diputados guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión votó en contra del proyecto.
El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni las razones que dio la comisión.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El texto se apoyaba en la autonomía municipal del artículo 169 y no obligaba a ninguna municipalidad. El Censo no encontró un choque claro con la Constitución.
Constitución, art. 169"La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley."
Esta ley, art. 4"Cada concejo municipal, de conformidad con sus condiciones específicas, decidirá si se acoge a lo establecido en esta ley y en caso de así decidirlo definirá la fecha de inicio de la condonación y de la moratoria, la cual no deberá ser anterior al 16 de marzo del 2020."
Sin choque aparente El proyecto dejaba la decisión en manos de cada concejo municipal, así que respetaba la autonomía que reconoce la Constitución.
Constitución, art. 170"Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente."
Esta ley, art. 1"Se autoriza a las municipalidades del país para que otorguen a los contribuyentes pasivos una moratoria en el pago por concepto de impuestos, licencias, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de carácter municipal por el segundo trimestre del 2020 o hasta que finalice el estado de emergencia nacional, declarado por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N.° 42227-MP-S."
Sin choque aparente El texto usaba la palabra autoriza, no obliga. Eso calza con la autonomía municipal del artículo 170.
Constitución, art. 175"Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución."
Esta ley, art. 7"Cuando la estabilidad financiera de la municipalidad respectiva se vea perjudicada como consecuencia de una declaratoria de estado de emergencia nacional, podrá disponer para gastos administrativos más de un diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por este tributo, siempre y cuando se sustente en criterios técnicos que indiquen la afectación causada por el estado de emergencia y aseguren la estabilidad financiera municipal."
Sin choque aparente La reforma cambiaba cuánto del impuesto de bienes inmuebles podía ir a gastos administrativos. No tocaba la aprobación de presupuestos por la Contraloría.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21896: LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
CARMEN IRENE CHAN MORA Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS
EXPEDIENTE N.° 21.896
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
Expediente N.° 21.896
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La emergencia nacional causada por el COVID-19 afecta a la economía global y Costa Rica no es la excepción. Todos los sectores han alertado que la paralización parcial de la economía costarricense traerá como consecuencia el cierre de empresas y el despido de miles de personas.
Con la finalidad de mitigar estos efectos de la pandemia, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se han dado a la tarea de emitir decretos y aprobar proyectos de ley que fortalezcan a las pymes, favorezcan su flujo de caja y les permitan continuar operando y produciendo para evitar la paralización de Costa Rica y el aumento desmedido en el desempleo.
Este proyecto pretende ampliar estas medidas para las 82 municipales del país, con el propósito de que puedan autorizar una moratoria en el pago de los impuestos municipales, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, correspondientes al segundo trimestre del 2020 o hasta que finalice el estado de emergencia nacional.
Se contempla la condonación de los intereses y multas sobre impuestos, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de los contribuyentes en el régimen municipal que se deriven de la moratoria planteada. En otras palabras, el no pago de las contribuciones durante los meses de moratoria, no le acarreará al contribuyente un recargo por intereses o multas.
De igual manera, se establece una condonación a la totalidad de las deudas por concepto de impuestos de patentes por actividades lucrativas y de licencia por venta de bebidas con contenido alcohólico a los establecimientos que se encuentren cerrados por disposiciones sanitarias relacionadas a la pandemia Covid-19, durante la vigencia de ese cierre.
La moratoria es una prórroga en el plazo establecido para algo, especialmente el pago de una deuda o en responder en tiempo a una obligación. En ese sentido, no significa una condonación de deudas municipales sino trasladar su cumplimiento para una fecha posterior. En este caso, se propone como fecha límite para pagar el mes de abril del 2021.
La condonación, en cambio, es una forma de extinción de las obligaciones que parte de la existencia de una deuda cierta y determinada, sobre la cual el acreedor dispone mediante un acto unilateral de voluntad, renunciar a su derecho de cobro, perdonando así la deuda sin recibir contraprestación alguna por ello (dictamen C-388-2008 de 28 de octubre de 2008). Este es el caso de los intereses y multas por el impago de las obligaciones municipales que se proponen en la presente iniciativa.
Cabe reconocer que la Procuraduría General de la República en el dictamen C-482-2006 06 de diciembre de 2006, resolvió una consulta relacionada con la Ley N.° 8515, Ley de Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, en la cual indicó:
“(…) La condonación que autoriza el legislador tiene carácter general y requiere de un acuerdo municipal que así lo disponga, y está limitada en el tiempo, y únicamente pueden condonarse los intereses multas y recargos por una única vez, siempre y cuando se cancele el adeudo principal”.
Esta iniciativa propone que los impuestos, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de carácter municipal se puedan pagar hasta abril del 2021, en tractos, sin intereses ni multas y que las municipalidades pueden hacer arreglos con los contribuyentes para cumplir con este cometido.
Convencidos de la vital labor que desarrollan las Municipalidades en términos de servicios públicos relacionados con recolección de basura, seguridad, vías cantonales, recurso hídrico, entre muchas otras acciones y responsabilidades, es que estimamos que desde ya se están desarrollando importantes esfuerzos para atender la emergencia de COVID-19, sin embargo, existe incertidumbre respecto al impacto negativo no solo de la economía local sino también de la estabilidad financiera del régimen municipal.
Consideramos que las autorizaciones dispuestas en esta norma, podrían mitigar el impacto económico de la pandemia que nos aqueja a nivel nacional y especialmente a muchos comerciantes, sin embargo, no podemos perder de vista que las Municipalidades también deberán procurar su estabilidad financiera para así asegurar los servicios básicos mencionados.
Para asegurar la estabilidad financiera del régimen municipal, se propone que únicamente en el caso de declaratorias de emergencia nacional como la actual, de lo que perciban las municipalidades proveniente del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, puedan destinar más del 10% para gastos administrativos, siempre y cuando se presente el sustento técnico que demuestre la necesidad de utilizarlo de esta manera, como consecuencia del estado de emergencia nacional y que permita la estabilidad financiera de la respectiva municipalidad.
El propósito del presente proyecto no consiste en obligar a alguna municipalidad a realizar una moratoria o condonación, sino más bien autorizarlas para que puedan atender o no esta recomendación, pues, aunque es bien sabido que el país enfrenta una situación sumamente grave debido a la pandemia, puede que sus efectos varíen de un cantón a otro y haya necesidad de un análisis particular en cada caso.
Entendiendo los alcances de la autonomía municipal, se remite como antecedente de este proyecto las leyes: N.° 8515, Ley de Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, de 1 de junio de 2006 y N.° 9587, Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, del 4 de julio del 2018, en el tanto son normativas que autorizan a los ayuntamientos una para actuar de acuerdo con las circunstancias particulares y su propia valoración de una situación que afecta a todo el país.
En ese sentido, esta iniciativa autoriza a las municipalidades y a los concejos municipales para que analicen los casos particulares que se presenten en sus oficinas a fin de aprobar la moratoria a partir de la declaratoria de emergencia nacional. Ello, bajo el respeto absoluto a la autonomía municipal, establecida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 169 de la Constitución Política y el artículo 42 del Código Municipal; que en el caso de este último establece que la municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera; y que dentro de sus atribuciones según lo indicado en el inciso e), está el percibir y administrar en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. Importante valorar además el pronunciamiento de la misma Procuraduría General de la República, sobre la condonación de deudas con instituciones públicas, la cual señala que:
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Debe indicarse que la creación y funcionamiento de un régimen de subsidios deben estar sometidos a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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Señalar que la condonación de obligaciones públicas procede, solamente en casos excepcionales, cuando exista un fin público legítimo, un motivo objetivo real y razonable, y siempre a condición de que la remisión tenga un alcance general.
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Se debe fijar previamente parámetros suficientes relativos a la clase de obligaciones condonables, plazo de vigencia y extensión del beneficio; de modo que se constituye en una norma macro.
En virtud de lo anterior se somete a consideración de los señores diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley “LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL”.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO 1-
Se autoriza a las municipalidades del país para que otorguen a los contribuyentes pasivos una moratoria en el pago por concepto de impuestos, licencias, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de carácter municipal por el segundo trimestre del 2020 o hasta que finalice el estado de emergencia nacional, declarado por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N.° 42227-MP-S.
ARTÍCULO 2-
Se autoriza a las municipalidades del país a condonar la deuda correspondiente a los recargos de intereses y multas que pesan sobre los impuestos, licencias, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de carácter municipal acumulados desde la declaratoria del estado de emergencia nacional decretado por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N.° 42227-MP-S y hasta cuatro meses posteriores a su finalización.
ARTÍCULO 3-
Se autoriza a las municipalidades del país para que condonen la totalidad de las deudas por concepto de impuestos de patentes por actividades lucrativas y de licencia por venta de bebidas con contenido alcohólico a los establecimientos que se encuentren cerrados por disposiciones sanitarias relacionadas a la pandemia Covid-19, durante la vigencia de ese cierre.
ARTÍCULO 4-
Las Municipalidades del país podrán disponer de un plan de moratoria y condonación que será aprobado por el concejo municipal de acuerdo a las disposiciones generales de esta ley, únicamente dentro de los ocho días naturales posteriores a la entrada en vigencia de esta ley.
Cada concejo municipal, de conformidad con sus condiciones específicas, decidirá si se acoge a lo establecido en esta ley y en caso de así decidirlo definirá la fecha de inicio de la condonación y de la moratoria, la cual no deberá ser anterior al 16 de marzo del 2020.
La moratoria implica que los contribuyentes podrán cancelar sus obligaciones correspondientes a los meses acordados, hasta abril del 2021. Para ello, será posible hacer pagos en tractos o mediante los mecanismos que acuerde la Administración Tributaria Municipal o de acuerdo a su propio plan de moratoria y condonación municipal.
ARTÍCULO 5-
Para poder optar por la moratoria establecida en la presente ley, el contribuyente debe estar al día en sus pagos municipales hasta el último trimestre del 2019. Será el contribuyente, patentado o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.
ARTÍCULO 6-
Se autoriza a los Concejos Municipales de Distrito, debidamente establecidos al amparo de la Ley N.° 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas, para que apliquen en lo procedente, todos los alcances de la presente ley.
ARTÍCULO 7-
Se reforma el artículo 3 de la Ley N.° 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 9 de mayo de 1995 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:
Para efectos de este impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de administración tributaria. Se encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus respectivos territorios, los tributos que genera la presente Ley. Podrán disponer para gastos administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por este tributo. Cuando la estabilidad financiera de la municipalidad respectiva se vea perjudicada como consecuencia de una declaratoria de estado de emergencia nacional, podrá disponer para gastos administrativos más de un diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por este tributo, siempre y cuando se sustente en criterios técnicos que indiquen la afectación causada por el estado de emergencia y aseguren la estabilidad financiera municipal.
(…)
Rige a partir de su publicación.
Carmen Irene Chan Mora
Ivonne Acuña Cabrera Nidia Lorena Céspedes Cisneros
Ignacio Alberto Alpízar Castro Marulin Raquel Azofeifa Trejos
Harllan Hoepelman Páez Jonathan Prendas Rodríguez
Diputadas y diputados
23 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.