Proyecto de subsidio de alquiler por COVID-19 quedó archivado en 2024
El expediente 21.919 proponía que el BANHVI pagara hasta seis meses de alquiler a personas afectadas por la pandemia, pero venció el plazo cuatrienal y se archivó sin dictamen.
Título oficial REFORMA DEL ARTICULO 46 DE LA LEY 7052 " LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACION DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA)" PARA OTORGAR UN SUBSIDIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A LAS PERSONAS AFECTADAS ECONOMICAMENTE POR EL COVID-19
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Personas despedidas, con contrato suspendido o con jornada reducida a la mitad durante la emergencia
El inciso d) no cubría a cualquier persona con dificultad para pagar alquiler. Exigía estar en una de esas tres situaciones y comprobarlo.
a todas aquellas personas que durante el periodo de calamidad pública, sufrieron despido o suspensión, los que perciben un 50% de su salario por la reducción de su jornada laboral
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas que perdieron el empleo durante la emergencia por COVID-19 y alquilaban vivienda
- Personas con contrato de trabajo suspendido durante la emergencia
- Personas cuyo salario se redujo a la mitad por recorte de jornada
- Personas que alquilan vivienda y no pueden pagar por falta de ingresos
A quién beneficia
- El BANHVI habría pagado hasta seis meses de alquiler con recursos del Fosuvi
- El monto habría sido el 25% del salario base mensual de un oficinista 1 del Poder Judicial
- El subsidio habría cubierto a personas despedidas, suspendidas o con jornada reducida
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el plazo cuatrienal y se archivó el 31 de mayo de 2024
- El Fosuvi se creó para que las familias fueran propietarias de vivienda, no para pagar alquileres
- La reglamentación habría quedado en manos del Poder Ejecutivo por decreto
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 21.919 proponía reformar el artículo 46 de la Ley 7052 para que el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) también pagara alquileres durante la emergencia por COVID-19 (art. único). El texto agregaba un inciso d) a ese artículo.
Ese inciso nuevo permitiría usar el Fosuvi para pagar hasta seis meses de alquiler (art. único). El monto sería el 25% del salario base mensual de un oficinista 1 del Poder Judicial.
El subsidio llegaría a tres grupos. Primero, quienes perdieron el empleo durante la calamidad pública. Segundo, quienes sufrieron suspensión de contrato. Tercero, quienes vieron su salario reducido a la mitad por recorte de jornada (art. único). Todo debía comprobarse y justificarse.
La emergencia que citaba el texto es la declarada en el Decreto Ejecutivo N.º 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 (art. único). El proyecto llevaba la firma del diputado Otto Roberto Vargas Víquez y la fecha del 29 de abril de 2020.
El texto también decía que la iniciativa se reglamentaría por decreto ejecutivo, con base en el artículo 140, incisos 3 y 18, de la Constitución Política (art. único).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. Venció el plazo cuatrienal del artículo 119 y la Asamblea lo cerró el 31 de mayo de 2024 1.
El recorrido fue corto. El proyecto se presentó el 13 de abril de 2020 y se envió a imprenta el 29 de abril de 2020 1. El 25 de junio de 2020 el Plenario lo asignó a comisión y al día siguiente el archivo recibió el proyecto.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos (Área V) lo recibió el 30 de junio de 2020 y lo incluyó en el orden del día el 1 de julio de 2020 1. Ahí se quedó. No hay dictamen ni paso a Plenario en el expediente.
El vencimiento cuatrienal estaba fijado para el 13 de abril de 2024 1. El archivo del expediente se registró el 30 y el 31 de mayo de 2024.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier no tratan sobre el expediente 21.919. La V1 es de 2023 y discute el proyecto 23.450, que creaba el Ministerio de Territorios, Hábitat y Vivienda 00:00:14. La V2 es de 2016 y trata una reforma a la ley del BANHVI pedida por grupos de vivienda 00:00:10. La V3 es de 2026 y cubre el expediente 24.380 sobre bonos de vivienda en islas 00:00:00.
En la V1, el gerente general del BANHVI, Dagoberto Hidalgo Cortés, advirtió que ese otro proyecto podría ser inconstitucional 00:00:10. Dijo que al derogarse el marco legal del sistema financiero nacional de la vivienda se estaría infringiendo el principio de seguridad jurídica 00:00:29.
En la V2, Manuel Salinas, del Foro Nacional de la Vivienda, pidió una reforma legal para que los grupos sociales sigan presentando las listas de beneficiarios 00:00:24.
En la V3, un diputado cuya fracción no se identifica en el transcript apoyó el proyecto de islas y expresó una preocupación por la situación financiera del BANHVI 00:01:24.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 21.919 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El proyecto se apoyaba en el artículo 50, que ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes Constitución, art. 50.
El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar las leyes Constitución, art. 121. La reforma del artículo 46 de la Ley 7052 entra en esa potestad.
El texto delegaba la reglamentación al Poder Ejecutivo con base en el artículo 140, incisos 3 y 18 (art. único). Esos incisos no están transcritos en el dossier, así que no se puede verificar su alcance.
El artículo 45 protege la propiedad y permite limitaciones de interés social solo con dos tercios de los votos de la Asamblea Constitución, art. 45. El proyecto no imponía límites a la propiedad. Pagaba un subsidio con dinero del Fosuvi.
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado. Las herramientas para incidir en un proyecto en comisión o en Plenario no aplican aquí guía, p. 29.
Si quiere proponer una idea parecida, la Asamblea tiene un formulario web para presentar propuestas de ley guía, p. 27. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular las recopila y las remite a los diputados.
Otra vía es la iniciativa popular. Requiere al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30. El TSE revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
Si lo que quiere es fiscalizar el uso de fondos públicos como el Fosuvi, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por el portal institucional.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión no dictaminó el proyecto.
El dossier no incluye el texto de los incisos 3 y 18 del artículo 140 de la Constitución.
El dossier no trae el monto en colones del salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial.
El dossier no registra cuántas personas habrían calificado para el subsidio.
El dossier no incluye grabaciones de la discusión de este expediente en la comisión de Asuntos Económicos.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 21.919 y los artículos constitucionales del dossier. La reforma cae dentro de la potestad legislativa del artículo 121.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. único"es necesario facultar al Banhvi a poder brindar subsidios de alquiler para vivienda, para evitar un mal mayor a las familias costarricenses"
Sin choque aparente El proyecto se apoya en el deber del Estado de procurar bienestar. Un subsidio de alquiler para personas afectadas por la pandemia va en esa dirección.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. único"Refórmase el artículo 46 de la Ley N.º 7052"
Sin choque aparente Reformar una ley existente es una atribución de la Asamblea Legislativa. El proyecto usó esa vía.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. único"con la finalidad de subsidiar el pago de alquileres de vivienda por un período de hasta por 6 meses"
Sin choque aparente El proyecto no quitaba propiedad a nadie. Pagaba un subsidio con recursos del Fosuvi, así que no se ve una privación de propiedad.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:10
"dagoberto Hidalgo Cortés gerente general del banco hipotecario de la vivienda advirtió que el proyecto 23.450 creación del Ministerio de territorios hábitat de vivienda podría ser inconstitucional"
- 00:00:29
"que al derogarse el marco legal del sistema financiero Nacional de la vivienda se estaría infringiendo en el principio de seguridad jurídica ya que existen ahorrantes que han confiado sus recursos"
- 00:00:24
"manuel salinas del foro nacional de la vivienda señaló que en los últimos años la norma ha sufrido modificaciones pero vía decreto y es urgente una reforma a la ley para actualizarla"
- 00:01:24
"si el Bambi tiene que encargarse de más asuntos y ya no da ni abasto hoy porque lo que ha vivido son restricciones muy graves en lo que va esta administración"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 21919: REFORMA DEL ARTICULO 46 DE LA LEY 7052 " LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACION DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA)" PARA OTORGAR UN SUBSIDIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A LAS PERSONAS AFECTADAS ECONOMICAMENTE POR EL COVID-19
- BANHVI advierte que proyecto para crear el ministerio de territorios podría ser inconstitucional
- GRUPOS DE VIVIENDA PIDEN REFORMAR LEY DEL BANHVI
- Brindarán bonos de vivienda en territorios insulares
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY N.° 7052 “ LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA)” PARA OTORGAR UN SUBSIDIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A LAS PERSONAS AFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR EL COVID-19
OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.919
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY N.°7052 “ LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA)” PARA OTORGAR UN SUBSIDIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A LAS PERSONAS AFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR EL COVID-19
Expediente N.° 21.919
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En la coyuntura que atraviesa el mundo entero, y en específico Costa Rica por la Emergencia Nacional del COVID-19, es necesario establecer nueva legislación que sirva para enfrentar esta crisis y las que se puedan producirse cuando se declare una emergencia nacional.
Entre la problemática que está enfrentando el país a raíz de la situación que se vive, es que muchas personas no tienen la solvencia necesaria para enfrentar el pago de alquileres de vivienda.
Esta emergencia está produciendo que miles de hogares costarricenses se vean perjudicados en sus ingresos: se están realizando cierre de negocios, despidos de trabajadores, reducción de jornadas laborales y por ende de sus salarios, suspensión temporal de contratos de trabajo, imposibilidad de pagar alquileres de vivienda, entre otras muchas repercusiones negativas en la calidad de vida de los costarricenses.
La legislación nacional establece una serie de principios solidarios a los que debemos acudir para evitar que sean las clases más vulnerables las que se vean perjudicadas.
La Ley N.° 7527, de 17 de agosto de 1995, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, indica en su artículo primero:
“El derecho a vivienda digna y adecuada es inherente a todo ser humano. El Estado tiene el deber de posibilitar la realización de este derecho. Inspirada en los principios de libertad, justicia y equidad y reconociendo la necesidad de armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con el desarrollo económico y el interés social, esta ley se propone dictar las normas para regular las relaciones jurídicas originadas en el arrendamiento de locales para vivienda y otros destinos”.
Si no se legisla al respecto, se podría estar condenando a miles de familias a no poder tener ese derecho de vivienda digna, por eventuales desahucios que se den por falta de pago. Asimismo, muchas personas tienen como único ingreso el alquiler de viviendas, por lo cual decretar una moratoria en el pago de los alquileres puede afectar a otra cantidad de costarricenses, sería como vestir un santo para desvestir a otro.
La Constitución Política de Costa Rica establece lo siguiente:
“Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.
El Estado como tal debe procurar la satisfacción de las necesidades de todas las poblaciones, con el objetivo de facilitar una buena calidad de vida de sus habitantes; para gran cantidad de personas este es un aspecto que no pueden solventar por su condición socioeconómica y por la coyuntura que se enfrenta.
El Banco Hipotecario de la Vivienda cuenta con un fondo económico suficientemente robusto para poder atender esta situación, en los casos donde se demuestre que el arrendante está viendo una imposibilidad de cancelar su pago de alquiler a raíz de la emergencia nacional cuando se realiza una declaratoria.
Actualmente existe un programa de bono comunal que beneficia la calidad de vida de muchas familias que viven en comunidades con alto riesgo social, donde el responsable de aprobar dicho financiamiento es el Banhvi.
Es momento de separar lo importante de lo urgente, y ante la situación que se vive es necesario determinar una solución ante esta y otras eventuales emergencias nacionales que afecten a gran cantidad de la población en un momento determinado.
De acuerdo con lo anterior, es necesario facultar al Banhvi a poder brindar subsidios de alquiler para vivienda, para evitar un mal mayor a las familias costarricenses.
Por las razones anteriormente expuestas, me permito someter a la consideración de los señores y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY N.° 7052 “ LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA)” PARA OTORGAR UN SUBSIDIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A LAS PERSONAS AFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR EL COVID-19
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmase el artículo 46 de la Ley N.º 7052 “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda)”, y agrégase un inciso d), cuyo texto dirá:
Artículo 46-
[ … ]
d) Así mismo, este fondo podrá ser utilizado durante la emergencia nacional declarada mediante Decreto Ejecutivo N.º 42227-MP-S, con fecha 16 de marzo de 2020 a raíz del COVID-19, con la finalidad de subsidiar el pago de alquileres de vivienda por un período de hasta por 6 meses y por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, a todas aquellas personas que durante el periodo de calamidad pública, sufrieron despido o suspensión, los que perciben un 50% de su salario por la reducción de su jornada laboral, y por tanto sus fuentes regulares de ingresos económicos se hayan reducido significativamente por dicha calamidad, todo debidamente comprobado y justificado.
La presente iniciativa de ley será reglamentada mediante Decreto Ejecutivo conforme a lo dispuesto en el numeral 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política.
Rige a partir de su publicación.
Otto Roberto Vargas Víquez Diputado
29 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.