Archivado el plan para pasar Fonatel de la Sutel a la Fundación Omar Dengo

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE TRASLADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A LA FUNDACIÓN OMAR DENGO.REFORMA DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8642, DE 4 DE JUNIO DE 2008, Y LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8660, DE 8 DE AGOSTO DE 2008

Yorleny León Marchena DIPUTADA

EXPEDIENTE N.° 21.920

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY DE TRASLADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A LA FUNDACIÓN OMAR DENGO.REFORMA DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8642, DE 4 DE JUNIO DE 2008, Y LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8660, DE 8 DE AGOSTO DE 2008

Expediente N.° 21.920

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (Fonatel) fue creado en la Ley General de Telecomunicaciones, N.° 8642, de 30 de junio de 2008 y es el instrumento de administración de los recursos financieros destinados a financiar el régimen que garantice los principios de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N.° 8642, así como de las metas y prioridades que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) que publique el Poder Ejecutivo.

Este Fondo tiene por objeto el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Entre estos objetivos fundamentales de acceso, servicio universal y solidaridad están los siguientes: dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos.

También se establece como objetivos reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así con o el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.

Hasta la fecha, y luego de casi diez años de existencia de este Fondo, las pruebas remiten que Fonatel se ha dedicado a observar y respetar normas, procedimientos y procesos de gestión de corte administrativo y legal, dejando de lado la medición de lo que resulta estar en un lugar mayor de importancia como lo es la generación de valor público, esto pese a que existe un marco legal que habilita los sistemas de monitoreo y evaluación dispuestos en el artículo 11 de la Constitución Política, la Ley de Planificación Nacional y la Contraloría General de la República (CGR) en todo su ámbito. Al mes de agosto del 2019 la Contraloría General de la República (CGR) había realizado tres informes sobre el tema de Fonatel, haciendo serios señalamientos que dan cuenta sobre una lenta ejecución de proyectos y problemas de carácter administrativo de estos fondos.

La Contraloría General de la República (CGR) indicó en el 2015 que la gestión de Fonatel se ha visto afectada por aspectos de orden administrativo como la carencia de su organigrama, del manual de funciones, de una valoración de riesgos institucional que coadyuve a ubicar la gestión del Fondo y de sus programas y proyectos en un nivel de riesgo razonable; y por retrasos tanto en la contratación de personal clave como en la contratación del fideicomiso y en la conformación de la Unidad de Gestión; situaciones que se demoraron sin que se pudiera comprobar el debido análisis de las causas y consecuencias por parte del Consejo.

El ente contralor, también, señaló que si bien la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), realiza una serie de revisiones sobre la concordancia de las erogaciones adicionales – autorizadas a la Unidad de Gestión – con respecto al Plan de Programas y Proyectos, no se logró evidenciar que las revisiones que realizan tanto el Banco Nacional (en calidad de Fiduciario) como la Sutel permitan establecer, en forma previa y posterior, la razonabilidad de las erogaciones de recursos girados; aún y cuando la Unidad de Gestión ha utilizado recursos por el orden de $1.5 millones de dólares en rubros de gasto ordinarios y otro tanto similar ($1.5 millones) en recursos adicionales.

Adicionalmente la Contraloría General de la República (CGR) estableció que la gestión presupuestaria del Fideicomiso 1082 no satisfacía en todos los extremos algunos de los principios y técnicas presupuestarias. Lo anterior se refleja en presupuestos y liquidaciones con información incompleta, sumas sin asignación presupuestaria que supera el 95% del presupuesto y una subejecución recurrente de los recursos presupuestados. Tal condición implica que el presupuesto no satisfaga sus propios objetivos como instrumento para reflejar el uso real de los recursos, y que recursos que han sido presupuestados no han sido utilizados ni invertidos en mejores condiciones; lo cual significó para Fonatel, dejar de percibir un ingreso estimado en $1.2 millones de dólares por recursos dejados de invertir.

En el documento N.° DFOE-IFR-IF-13-2016, Informe de la auditoría de carácter especial sobre los proyectos financiados con recursos del Fondo nacional de telecomunicaciones (Fonatel) 2015, de 21 de setiembre de 2016, la principal crítica señalada por la Contraloría, fue que alrededor del 97% de los recursos presupuestados en el fideicomiso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones entre 2012 y 2015 no habían sido ejecutados.

Esto implicó que Fonatel, cuyo propósito es llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, dejara de percibir un ingreso estimado de $1,2 millones por los recursos no invertidos, un monto que equivale al costo de los proyectos de conectividad en Siquirres, Roxana y Guatuso que fueron los primeros proyectos con los que arrancó la ejecución de los recursos. A ese proceso de incapacidad de ejecución demostrada, se suma otra realidad no considerada por el legislador, al momento de promulgar la ley que se reforma, y que se deriva del evidente conflicto de interés que existe entre el ente que debe regular a los operadores y proveedores de servicios del sector, y la función que debe de desempeñar como ejecutor (no regulador) dentro de la gestión del Fondo, comprometiendo la independencia, objetividad e imparcialidad que debe ser garantizada, a todo nivel, a cualquier órgano regulador.

Se indicó en el informe que, durante el 2013, la ejecución de egresos de Fonatel fue apenas de un 0,82%; en 2014 fue de un 3,26% y en 2015 de un 3,38%.

La causa de esta subejecución presupuestaria señala la CGR, son serias debilidades de gestión en el Fideicomiso 1082 de Fonatel que nació en enero de 2012 producto de un contrato entre el Banco Nacional y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Por su parte, a través de sus Análisis del Informe Semestral de Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ha también dejado en evidencia, los reiterados vacíos en insumos e información, que suministra la Sutel, para hacer un correcto análisis y mejor lectura de su desempeño.

Al respecto, el más reciente de estos documentos, el Micitt-Demt-INF-010-2019, que cubre el periodo de enero a junio de 2019, hace un llamado de atención, respecto a la persistencia en los “vacíos de insumos e información sobre el desarrollo de los programas, con lo que las tareas de análisis y seguimiento presentan limitaciones técnicas para ser realizadas”.

También, señala una reiteración en las “inconsistencias en los datos” y que, a su vez, “no coinciden con los datos suministrados en informes previos, lo cual limita la posibilidad de realizar un análisis efectivo”.

Asimismo, apunta a que, “sobre el costo de la estructura administrativa de Fonatel, para el año 2018, no se ha podido verificar que no superara el 1% del patrimonio del Fondo, al excluir las transferencias de capital; dado que, a la fecha, el Regulador no ha presentado los estados financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre de 2018”.

El Micitt, en el informe, pide a la Sutel, que “ahonde en la descripción cualitativa y cuantitativa del impacto que tienen los programas en ejecución y cómo han venido a cambiar la situación de las personas que han sido beneficiadas”.

De la misma forma, advierte de que en la información suministrada por Sutel, “no se especifica cuáles contribuyentes de la Contribución Especial Parafiscal de Fonatel (CEPF), se encuentran en estado de morosidad con los pagos correspondientes en el primer semestre de 2019”.

Esta deficiencia demostrada por Fonatel y Sutel, para cumplir con las obligaciones conferidas por la Ley General de Telecomunicaciones, la sufren, de manera cotidiana, las personas más desfavorecidas y vulnerables del país, lo que resulta contradictorio, dado que es justamente esta población la que debería tener prioridad en el uso de los recursos del Fondo.

La gravedad de la situación que enfrentan estos costarricenses, se exacerba en el contexto actual debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional de 16 de marzo de 2020, así como las subsecuentes medidas de aislamiento social y otras restricciones, que impulsa el Ministerio de Salud para frenar el contagio, entre las que se incluye la suspensión, por tiempo indefinido, de las clases presenciales, desde el nivel preescolar hasta el universitario.

Esto significa, que una importante cantidad de niños y jóvenes, principalmente en el sistema de educación público, se han visto en la imposibilidad de continuar con el proceso de aprendizaje, al no tener acceso en su hogar, a una buena conexión a internet y el equipo tecnológico, que les permita aprovechar los recursos digitales gratuitos para continuar, de forma virtual, con su formación académica y así permanecer en contacto con docentes y compañeros de estudio.

De acuerdo con un artículo del Programa Estado de la Nación, sobre las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena, en Costa Rica “el 25% de las personas con menores recursos”, no tiene computadora en su hogar y “un 40% de las viviendas de Costa Rica no tienen acceso a Internet, ni por cable coaxial, fibra óptica o teléfono fijo”.

A esta importante brecha, se suma otro factor que empeora la situación, y es la escasa preparación de algunos padres de familia, para acompañar a sus hijos en esta nueva modalidad de estudios (analfabetismo digital).

Fundación Omar Dengo

La Fundación Omar Dengo (FOD) es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo principal, es el desarrollo de las capacidades de las personas, por medio de propuestas educativas innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías. Desde 1987, la Fundación gesta y ejecuta proyectos nacionales y regionales en el campo del desarrollo humano, la innovación educativa y las nuevas tecnologías

La FOD fue creada bajo las disposiciones de la Ley de Fundaciones, mediante escritura pública suscrita el 19 de junio de 1987, estableciendo en su acta constitutiva como su objetivo fundamental el contribuir al “desarrollo e incremento de la calidad de la educación, por medio de la informática y de la aplicación de nuevas tecnologías al proceso educativo que realiza la educación costarricense”. Cabe señalar que la FOD es declarada de interés público en el Decreto Ejecutivo N.° 17731-J-H, de 30 de agosto de 1987. En 1988 la Fundación Omar Dengo introdujo las nuevas tecnologías digitales en las escuelas públicas costarricenses, como una estrategia para potenciar el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales en los estudiantes. De acuerdo con esta visión, las tecnologías digitales se usan para estimular la producción creativa e intelectual de los niños y jóvenes, propiciar la generación de nuevas dinámicas en el aula, y contribuir al logro de una inserción plena y provechosa del país en la sociedad del conocimiento.

El Programa que se estableció con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para diseñar e implementar esta propuesta, conocido como Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie MEP-FOD), representa una de las pocas alianzas público-privadas que han sido capaces de sostenerse en el tiempo. Su continuidad por más de treinta años, y los altos y crecientes niveles de cobertura que tiene, lo han llevado a constituirse en un Programa- País. Al sumar las fortalezas de cada parte en esta alianza público - privada, se ha generado un valioso modelo de gestión que, por una parte, tiene una articulación continua con las autoridades para la oportuna sincronización con la política educativa, y por otra parte, tiene un marco de acción que propicia una cultura de eficiencia y rendición de cuentas, de excelencia y mejora continua, de innovación apoyada en investigación rigurosa, y de flexibilidad frente a un entorno tecnológico en constante cambio.

El Pronie MEP-FOD tiene como propósito favorecer que la población estudiantil costarricense se apropie de las tecnologías digitales de forma inteligente, de manera que pueda desarrollar habilidades estratégicas requeridas para aprender y participar de forma plena en el siglo XXI, a través de la programación, diseño, robótica, y computación física. Entre estas habilidades podemos mencionar colaboración, razonamiento crítico, resolución de problemas, abstracción, colaboración, creatividad, entre otras.

Al cierre del 2019, la Fundación beneficia a más de 723.000 estudiantes del sistema educativo público, en más de 3.900 centros educativos a todo lo largo del país. Todo esto bajo en un modelo de gestión integral en donde la Fundación ha establecido sólidos mecanismos de coordinación con el MEP, cuenta con una robusta organización interna y un recurso humano altamente capacitado, desarrolla los marcos pedagógicos a implementar en el aula, brinda la capacitación y acompañamiento a los docentes y estudiantes, gestiona rigurosos procesos de adquisición de bienes y servicios, brinda el soporte técnico a los más de 207.000 activos que representan la plataforma tecnológica desplegada por todo el país para la ejecución del Pronie MEP-FOD, y realiza procesos de evaluación y monitoreo para la toma oportuna de decisiones.

Es importante destacar que la FOD es referente internacional, reconocida como una institución de vanguardia en la mejora de procesos educativos a través de la incorporación de las tecnologías. Siendo así que en el 2016 recibió el prestigioso premio Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa, otorgado por la Unesco, por la innovación pedagógica en la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. De igual forma, la FOD ha recibido otros reconocimientos y ha sido parte de muchos casos de estudio de mejores prácticas en este tipo de proyectos.

Aunado a esto, como muestra adicional de su capacidad de gestión y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, la Fundación logró al cierre del 2019 una ejecución del 99% del presupuesto total que le fueron transferidos. Esta tendencia ha sido consistente en los últimos años.

Un aspecto a considerar es que la Fundación cuenta con cuenta con todo un marco legal que permite mayor flexibilidad y agilizada en la gestión de los proyectos ejecutados a través de los fondos públicos que le son transferidos. Lo anterior a la vez que se garantiza que se cumplan con todos los principios de contratación administrativa, amparados bajo la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Adicionalmente, según la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los fondos públicos que son transferidos al FOD están bajo su fiscalización. Por otra parte, la misma Contraloría ha emitido todo un cuerpo normativo que regula el uso de fondos públicos que son transferidos a entes privados. De tal forma, existe un sólido marco legal y esquema de rendición de cuentas que permite salvaguardar el uso de estos fondos públicos que son transferidos a entes privados.

Costo actual de administración de Fonatel

El siguiente análisis de los datos que se muestra en esta sección se basa en los siguientes documentos:

• Estados financieros remitidos por el Fideicomiso mediante oficio FID-093-2020 / NI-00389-2020.

• Estados financieros al 31 de octubre del 2018 de Fonatel.

• Estados financieros al 31 de diciembre del 2018 de Fonatel.

• Informe semestral de Fonatel II-2019.

Los ingresos totales de Fonatel para el año 2019 fueron de $56.455.036, a la vez que cuentan con un fondo de inversiones de ¢199.009.562.608 colones al 31 de diciembre del 2019, según información detallada en los estados financieros auditados a esa fecha. Se determina que el costo total de administración de Fonatel para el 2019 es de 6,67% del total de los ingresos anuales, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

1- Costo de administración de Sutel. El Informe semestral de Fonatel II-2019 indica que el costo de administración de Sutel fue de ¢920 millones de colones para el año 2019, lo cual representa un 2,67% del total de ingresos reportados para ese año. A continuación, se presenta el costo histórico de Sutel, con respecto a los ingresos anuales del Fondo:

Cobro anual de Administración de Sutel con respecto a los ingresos anuales de Fonatel

Año Costo de administración de Sutel en Fonatel (colones) Ingresos anuales Fonatel (dólares) % sobre ingresos anuales

2012 27.624.298 207.782.771 0,02%

2013 256.536.003 31.631.015 1,45%

2014 340.455.129 46.958.937 1,29%

2015 413.997.278 34.576.213 2,14%

2016 492.861.550 40.934.148 2,15%

2017 844.466.161 46.007.127 3,28%

2018 930.559.632 98.674.532 1,68%

2019 920.008.553 56.455.036 2,91%

2- Dietas al Comité de Vigilancia. El Fideicomiso cuenta con un Comité de Vigilancia, conformado actualmente por tres miembros, los cuales sesionan de forma ordinaria al menos una vez por mes y perciben una dieta por cada sesión. Asimismo, tienen la opción de realizar dos sesiones extraordinarias de considerarlo necesario. Por este rubro el costo reportado fue de ¢1,4 millones de colones.

3- El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, cláusula 12, los siguientes honorarios:

a) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y programas, devengará un honorario de 0,20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

b) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la cláusula 14, literal E del contrato de fidecomiso, devengará un honorario de 0,15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos Subgerencia General Banca Empresarial e Institucional Dirección de Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones página 11 que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa. Según los estados financieros a octubre 2018, se habían pagado por comisión de administración del fideicomiso al Banco Nacional, un total de ¢2,8 millones de colones únicamente por el mes de octubre, para los programas 1 y 2 (costo de administración de programas 3 y 4 no fue incluido).

4- Servicios profesionales por administración del Fondo. Con el fin de ejecutar los programas, se han establecido contrataciones para las siguientes unidades de gestión:

Unidades de Gestión contratadas Fonatel

Unidad de Gestión Contratista Términos contractuales de pago

Unidad de Gestión No.1 Ernst & Young El pago de la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG se realiza según cláusula décimo cuarta del contrato N.°001-2012

Unidad de Gestión N.°2 Price Waterhouse Coopers El pago de la Unidad de Gestión 2, según cláusula décimo tercera del contrato con PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A

Unidad de Gestión N.°3 CONSORCIO SPC -NAE No indica

A estos contratistas, encargados de ejecutar los programas, se les pagó en el año 2018 ¢1.150 millones de colones, según lo mencionado en los estados financieros auditados de Fonatel para ese año. Este monto representa un 3,64% del total de ingresos reportados en el 2019.

De acuerdo con lo anterior, se presenta un resumen del costo de administración de la estructura actual:

Costo anual total de Administración de Fonatel para el 2019

Concepto % sobre ingresos anuales del 2019 Monto anual

Costo de administración de Sutel 2,91% 920.008.553

Dietas al Comité de Vigilancia 0,0% 1.422.060

Comisión a Fiduciaria (Banco Nacional) 0,12% 38.131.415

Servicios profesionales por ejecución del fideicomiso 3,64% 1.150.425.015

Costo total de Fonatel 6,67% 2.109.987.043

El presente proyecto de ley propone que el costo de administración sea de un 3%, pudiendo de esta manera generarse ahorros, según el siguiente detalle:

Cálculo de ahorro anual por administración de Fonatel según proyecto de ley

Costos anuales Costo anual de administración Fonatel

Actuales 2.109.987.043

Costo estimado según proyecto de ley 1.016.190.648

Ahorro anual en colones 1.093.796.395

Descripción del proyecto de ley

Con esta iniciativa se persigue reformar parcialmente una ley existente, para garantizar que el ente regulador en esta materia tenga su debida independencia, eliminando los posibles conflictos de interés que tiene su gestión actual, al regular a los operadores y proveedores de servicios del sector, permitiéndole el adecuado ejercicio regulatorio sobre el desempeño de estas, una vez que se vinculen al Fondo, mediante ejecución de proyectos que se determinen a futuro.

Es contraproducente por las razones expuestas anteriormente, que recaiga todo el peso del fondo sobre una misma instancia que absorbe funciones regulatorias, decisorias, ejecutivas y administrativas.

En virtud de los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa de la República, el presente proyecto de ley de Traslado Administrativo y Financiero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones a la Fundación Omar Dengo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE TRASLADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A LA FUNDACIÓN OMAR DENGO.REFORMA DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8642, DE 4 DE JUNIO DE 2008, Y LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8660, DE 8 DE AGOSTO DE 2008

ARTÍCULO 1- Refórmanse los artículos 33, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 30 de junio de 2008, los cuales se leerán de la siguiente forma:

Artículo 33- Desarrollo de objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad

Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, definir las metas y las prioridades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en el artículo anterior. Con este fin, dicho Plan deberá contener una agenda digital, como un elemento estratégico para la generación de oportunidades, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital.

La Fundación Omar Dengo propondrá, diseñará y ejecutará, los proyectos referidos en el artículo 36 de esta ley, de acuerdo con las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Artículo 35- Administración de Fonatel

Corresponde a la Fundación Omar Dengo, la administración de los recursos de Fonatel. Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta ley, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y los reglamentos que al efecto se dicten por parte del Poder Ejecutivo. La Sutel estará en la obligación de suministrar a la Fundación, la información que esta requiera para el debido cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Se autoriza a la Fundación Omar Dengo, para que pueda administrar los recursos financieros del Fondo, si así lo decidiera, mediante la constitución de los fideicomisos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Los contratos de fideicomiso deberán suscribirse con bancos públicos del Sistema Bancario Nacional, seleccionados de acuerdo con la mejor oferta entre las recibidas, a partir de la invitación que se realice.

La Fundación deberá observar las obligaciones que le imponen las disposiciones legales vigentes y observar los objetivos de la presente ley, así como las que se derivan del contrato de fideicomiso, en caso que, se decida suscribir alguno. Los recursos que se administren en los fideicomisos, deberán invertirse en las mejores condiciones de bajo riesgo y alta liquidez. Los fideicomisos y su administración serán objeto de control por parte de la Contraloría General de la República.

Se declaran de interés público, las operaciones realizadas mediante los fideicomisos establecidos en la presente ley; por lo tanto, tendrán exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines.

Los fideicomisos se financiarán con los recursos establecidos en el artículo 38 de esta ley.

Artículo 36- Formas de asignación

Los recursos de Fonatel serán asignados por la Fundación Omar Dengo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, para financiar:

a) Las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habilitantes.

Serán financiadas por Fonatel, las obligaciones que impliquen un déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el operador o proveedor, según lo dispone el artículo 38 de esta ley. La metodología para determinar dicho déficit, así como para establecer los cálculos correspondientes y las demás condiciones se desarrollará reglamentariamente. En cada caso, se indicará al operador o proveedor las obligaciones que serán financiadas por Fonatel.

b) Los proyectos de acceso y servicio universal según la siguiente metodología: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley, la Fundación Omar Dengo publicará anualmente, un listado de los proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad por desarrollar con cargo a Fonatel. Podrá hacerse asesorar por otras entidades públicas y privadas, así como organismos internacionales con amplio conocimiento en la materia, para la escogencia y designación de los anteriores proyectos. El anuncio especificará para cada proyecto, las localidades beneficiadas, la calidad mínima del servicio requerido, el régimen aplicable de tarifas, el período asignado, la subvención máxima, la fecha estimada de iniciación del servicio, el plazo de ejecución del proyecto y cualquier otra condición necesaria que se requiera en el cartel. Estos proyectos serán implementados por la Fundación Omar Dengo, acorde a la normativa vigente para entes privados que administran fondos públicos.

Artículo 37- Ejecución de los fondos de Fonatel

Los operadores o proveedores que ejecuten recursos de Fonatel, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos separada, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, el cual deberá ser auditado, anualmente, por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditada ante la Fundación Omar Dengo. Los costos de esta auditoría deberán ser cancelados por el operador o proveedor auditado.

Artículo 38- Financiamiento del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)

Fonatel será financiado con recursos de las siguientes fuentes:

a) Los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones, cuando corresponda.

b) Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas realicen a favor de Fonatel.

c) Las multas y los intereses por mora que imponga la Sutel.

d) Los recursos financieros que generen los recursos propios de Fonatel.

e) Una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los ingresos brutos devengados por los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, la cual será fijada, anualmente, por la Sutel de conformidad con el siguiente artículo.

Los recursos de Fonatel no podrán ser utilizados para otro fin que no sea para lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, definidos en el artículo 32 de esta ley, y deberán asignarse íntegramente y en forma acumulativa, cada año. No obstante, los costos de administración de Fonatel serán cubiertos con los recursos del Fondo, para lo cual no se podrá destinar una suma mayor a un tres por ciento (3%) del total de los recursos.

Se declaran de interés público las operaciones de Fonatel; por lo tanto, tendrá exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines.

La administración de los recursos del Fondo estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los mecanismos de control interno que se dispongan legal y reglamentariamente.

Artículo 39- Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones a Fonatel

Los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, referidos en el artículo 32 de esta ley, recibirán el soporte financiero de la contribución de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Esta contribución parafiscal se justifica en el beneficio individualizable que para los operadores y proveedores citados representa la maximización del uso de las redes de telecomunicaciones y el incremento de los usuarios de servicios de comunicaciones impulsados por la ejecución de los proyectos de acceso, servicio universal y solidaridad. Estos proyectos representan actividades inherentes al Estado, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

La Administración Tributaria de esta contribución especial parafiscal será la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por lo que para esta contribución resulta aplicable el título III, Hechos ilícitos tributarios, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Los contribuyentes de esta contribución son los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, que realizan el hecho generador de esta contribución al desarrollar las actividades ya mencionadas y recibir el beneficio individualizable de la actividad estatal.

La contribución será determinada por el contribuyente por medio de una declaración jurada, que corresponde a un período fiscal año calendario. El plazo para presentar la declaración vence dos meses y quince días naturales posteriores al cierre del respectivo período fiscal. El pago de la contribución se distribuirá en cuatro tractos equivalentes, pagaderos al día quince de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre del año posterior al cierre del período fiscal que corresponda.

La base imponible de esta contribución corresponde a los ingresos brutos obtenidos, directamente, por la operación de redes públicas de telecomunicaciones o por proveer servicios de telecomunicaciones disponibles al público.

La tarifa será fijada por la Sutel a más tardar el 30 de noviembre del período fiscal respectivo. Dicha tarifa podrá ser fijada dentro de una banda con un mínimo de un uno coma cinco por ciento (1,5%) y un máximo de un tres por ciento (3%); dicha fijación se basará en las metas estimadas de los costos de los proyectos por ser ejecutados, con cargo a Fonatel, para el siguiente ejercicio presupuestario y en las metas de ingresos estimados para dicho siguiente ejercicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de esta ley. En el evento de que la Superintendencia no fije tarifa al vencimiento del plazo señalado, se aplicará la tarifa aplicada al período fiscal inmediato anterior.

La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los dineros recaudados en la cuenta separada, que la Fundación Omar Dengo, mantenga para el Fondo, y girarlos dentro de los quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a dicha cuenta. La recaudación de esta contribución parafiscal no tendrá un destino ajeno a la financiación de los proyectos de acceso, servicio universal y solidaridad que se ejecuten con cargo a Fonatel, que constituyen la razón de ser de esta contribución parafiscal y que deben responder al Plan Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 40- Rendición de cuentas de Fonatel

Anualmente, Fonatel será objeto de una auditoría externa, la cual será financiada con recursos del Fondo y contratada por la Fundación Omar Dengo. Toda la información sobre la operación y el funcionamiento de Fonatel deberá encontrarse disponible para la auditoría interna de la Fundación Omar Dengo y de la Contraloría General de la República.

La Fundación Omar Dengo deberá presentar a la Contraloría General de la República y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones informes semestrales y un informe anual a la Asamblea Legislativa. Estos informes deben incluir la siguiente información:

a) Las estadísticas relevantes sobre la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

b) Los estados financieros auditados de Fonatel. Estos estados financieros deberán especificar el monto pagado por concepto de la contribución especial parafiscal establecida en el artículo 39 de esta ley, por cada operador o proveedor y si alguna entidad se encuentra en estado de morosidad.

c) Un informe sobre el desempeño de las actividades de Fonatel y el estado de ejecución de los proyectos que este financia, así como la información financiera correspondiente desglosada por proyecto.

Adicionalmente, cada dos años, la Fundación Omar Dengo tendrá que presentar a la Contraloría General de la República y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, un informe de evaluación del impacto logrado en disminución de la brecha digital en todo el país, por medio de los programas ejecutados y financiados por Fonatel.

La Contraloría General de la República y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, podrán solicitar los informes adicionales que sean necesarios, para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos de Fonatel.

La Fundación Omar Dengo se someterá a la rendición de cuentas según la normativa aplicable emitida por la Contraloría General de la República para entes privados que manejan fondos públicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- La presente ley será aplicable a los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, por lo que la Sutel deberá de emitir un informe detallado de los contratos firmados y que se encuentren a su cargo en la etapa de ejecución.

El informe descrito en el párrafo anterior y los respectivos expedientes serán remitidos a la Fundación Omar Dengo dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la promulgación de esta ley. La Fundación asumirá las prerrogativas, obligaciones y derechos estipulados en cada uno de esos contratos, en favor de la Sutel.

TRANSITORIO II- La liquidación de los fideicomisos existentes con fondos de Fonatel, así como el traspaso de la totalidad de los recursos financieros de Fonatel en favor de la Fundación Omar Dengo, deberán realizarse dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la promulgación de esta ley.

TRANSITORIO III- La Fundación Omar Dengo procederá a contratar los servicios de una auditoría externa, que certifique el estado de la administración de los recursos y estado de ejecución de los proyectos y fideicomisos liquidados, con cargo a los fondos de Fonatel.

TRANSITORIO IV- Se autoriza la liquidación laboral de los funcionarios que han laborado para Fonatel hasta la fecha de promulgación de la presente ley, indemnización que conservarán, aun cuando pasaren a ser recontratados por entidades o instituciones públicas.

Rige a partir de su publicación.

Yorleny León Marchena Diputada

30 de abril de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.