# Expediente 21922: El proyecto municipal ya es la Ley 9848 y así le toca a usted

- Página: https://elcenso.com/leyes/21922
- Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo)
- Título oficial: LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19
- Publicada: 2020-04-15
- La Gaceta: 81
- Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx

## En resumen

La Asamblea convirtió el expediente 21922 en la Ley 9848, que dio moratorias y plazos de pago a contribuyentes y alivió las finanzas de las municipalidades durante la pandemia.

## A quién le toca

- A las municipalidades y concejos municipales de distrito, que ganaron flexibilidad para usar sus recursos en 2020 y 2021.
- A los licenciatarios con patentes municipales que demostraran una caída de al menos 20% en sus ingresos.
- A los contribuyentes que debían tasas, servicios municipales o cánones y podían pedir moratoria o arreglo de pago.
- A los arrendatarios de locales en mercados municipales.

## A quién beneficia

- Moratoria de hasta tres trimestres en el impuesto de patentes para licenciatarios afectados.
- Moratoria de hasta tres trimestres o nueve meses en tasas, precios públicos, servicios e impuestos municipales.
- Moratoria de hasta nueve meses en el arrendamiento de locales de mercados municipales.
- Arreglos de pago de hasta 24 meses durante 2020.
- Suspensión de la licencia municipal hasta por doce meses sin cobro del impuesto.

## Qué cambia

- Las municipalidades podían usar superávit y transferencias para gastos corrientes y atención de la emergencia.
- Las municipalidades podían hacer compras de emergencia sin la plataforma SICOP.
- Las municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes quedaron fuera de las reglas de responsabilidad fiscal de la Ley 9635.
- La ley bajó el giro al Órgano de Normalización Técnica a 0,5% y al Registro Nacional a 1,5%.
- La ley prohibió usar la plata adicional para crear nuevas plazas.

## Cláusulas a revisar

- **Más plata para gastos de administración** (4 y 5): El proyecto permitía subir el techo de gastos administrativos con plata del impuesto a bienes inmuebles del 10% al 40% y el de ingresos ordinarios del 40% al 50%. Texto: "podrán sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102 de la Ley N° 7794, “Código Municipal” y sus reformas, de 30 de abril de 1998, y destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios municipales para atender los gastos generales de administración"
- **Menos plata para catastro y normalización técnica** (2 y 3): El proyecto proponía que las municipalidades no giraran el 1% ni el 3% de lo recaudado. La ley final fijó esos giros en 0,5% y 1,5%. Texto: "las municipalidades y concejos municipales de distrito no girarán el uno por ciento (1%) de lo recaudado a favor del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda"
- **Compras de emergencia sin SICOP** (10): El proyecto autorizaba contrataciones sin la plataforma SICOP si estaban relacionadas con la emergencia. El control quedaba en los requisitos mínimos y los principios de contratación. Texto: "se autoriza a las municipalidades e intendencias para que realicen procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), siempre y cuando estas contrataciones estén estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19"

## Explicación

El expediente 21922 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9848, publicada el 20 de mayo de 2020 y vigente [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91396&param2=120680&param3=1). Lo que sigue es lo que ese proyecto propuso y cómo quedó en la ley que resultó.

### Qué propone

El proyecto proponía que la Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes giraran a tiempo la plata del impuesto a los combustibles a las municipalidades ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Para eso, cada municipalidad solo debía aportar copia de su presupuesto y el oficio de aprobación de la Contraloría.

En 2020 y 2021, el texto proponía que las municipalidades no giraran el 1% de lo recaudado al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Tampoco el 3% a la Junta Administrativa del Registro Nacional ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

El proyecto proponía subir el techo de gastos administrativos con plata del impuesto a bienes inmuebles. Pasaba del 10% al 40% ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También proponía que las municipalidades pudieran usar hasta el 50% de sus ingresos ordinarios en gastos generales de administración ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

El texto autorizaba a los bancos estatales y al Banco Popular a readecuar deudas de municipalidades afectadas por la pandemia ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Las medidas incluían extender plazos, bajar tasas o prorrogar el pago del principal y los intereses.

El proyecto proponía que las municipalidades usaran el superávit de 2019 y 2020 para atender la emergencia y sostener servicios de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También podían invertir la utilidad de un servicio municipal en otro que estuviera en déficit ([art. 8](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

El texto autorizaba a las municipalidades a hacer compras relacionadas con la emergencia sin usar la plataforma SICOP ([art. 10](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Durante la emergencia, quedaban exentas de pagar a Radiográfica Costarricense como administradora del SICOP.

El proyecto proponía sacar a las municipalidades y a los Comités Cantonales de Deportes de las reglas de responsabilidad fiscal de la Ley 9635 ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

En el capítulo de alivio al contribuyente, el texto autorizaba moratorias de hasta tres trimestres en el impuesto de patentes ([art. 12](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Para pedirla, el licenciatario debía demostrar una caída de al menos 20% en sus ingresos brutos.

También proponía moratorias de hasta tres trimestres o nueve meses en tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones ([art. 13](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El contribuyente debía presentar un documento del patrono sobre reducción de jornada, suspensión de contrato o despido.

Para los arrendatarios de mercados municipales, el proyecto proponía una moratoria de hasta nueve meses ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El arrendatario debía demostrar una caída de al menos 20% en sus ingresos brutos.

Cada municipalidad debía aprobar un plan de moratoria en los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la ley ([art. 15](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese plan debía apoyarse en un análisis técnico financiero del presupuesto.

El texto autorizaba arreglos de pago de hasta 24 meses durante 2020 ([art. 16](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También permitía ampliar hasta por tres meses los beneficios de los artículos 12, 13 y 14 ([art. 17](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

El proyecto reformaba el artículo 88 del Código Municipal ([art. 19](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Permitía suspender la licencia hasta por doce meses en casos de calamidad pública o emergencia. Durante ese plazo no se cobraba el impuesto.

### En qué va el trámite

El expediente 21922 ya terminó su trámite y se convirtió en la Ley 9848, vigente desde su publicación [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91396&param2=120680&param3=1). El registro del expediente muestra que el Plenario le dispensó el trámite el 28 de abril de 2020 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El primer debate se votó el 30 de abril de 2020.

El texto que se aprobó no es idéntico al proyecto original. La Ley 9848 fijó el giro al Órgano de Normalización Técnica en 0,5% y no en 1% [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91396&param2=120680&param3=1). Fijó el giro al Registro Nacional en 1,5% y no en 3%.

La ley también cambió el destino de la plata adicional. Prohíbe usarla para crear nuevas plazas [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91396&param2=120680&param3=1). El proyecto original sí permitía crear plazas urgentes y temporales ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

### Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier no discuten el expediente 21922. La sesión del 13 de abril de 2021 trata otro proyecto sobre empleo público ([video, 00:12:47](https://www.youtube.com/watch?v=BmBioSjwL3Q&t=767s)). La sesión del 3 de abril de 2020 menciona un proyecto de ayuda a las municipalidades, sin dar su número ([video, 00:13:42](https://www.youtube.com/watch?v=dKfN8TYOUY0&t=822s)).

En esa sesión, un diputado dijo que las municipalidades iban a pasar una crisis porque viven de los impuestos y las tasas que pagan las empresas de cada cantón ([video, 00:13:54](https://www.youtube.com/watch?v=dKfN8TYOUY0&t=834s)). También dijo que la crisis iba a afectar a las empresas y que no podrían honrar esos pagos a tiempo ([video, 00:14:06](https://www.youtube.com/watch?v=dKfN8TYOUY0&t=846s)).

La sesión del 4 de agosto de 2020 trata una reforma al reglamento para presupuestos extraordinarios ([video, 01:31:14](https://www.youtube.com/watch?v=u8KuRrioDSA&t=5474s)). No hay en el dossier una grabación que discuta artículo por artículo el expediente 21922.

### Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay dudas sobre un punto: el proyecto permitía a las municipalidades usar hasta el 50% de sus ingresos ordinarios en gastos de administración ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

El Código Municipal fija ese techo en 40% [\[6\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=40197&param2=152716&param3=1). La Constitución dice que las municipalidades dictan sus presupuestos y que la Contraloría los aprueba y fiscaliza su ejecución ([Constitución, art. 175](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). Subir el techo por ley no elimina esa aprobación, pero deja menos margen de control sobre el gasto corriente.

La Constitución también dice que las corporaciones municipales son autónomas ([Constitución, art. 170](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). El proyecto y la ley tratan de darles más flexibilidad, no de quitarles esa autonomía. Eso calza con el artículo 170.

El artículo 176 pide que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable ([Constitución, art. 176](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). La ley permite usar superávit y transferencias para gastos corrientes ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 9](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Eso podría tensar esa regla si el gasto corriente crece sin control, pero el dossier no permite afirmarlo.

### Qué puede hacer usted

Si su municipalidad aprobó un plan de moratoria, pida en la ventanilla de la administración tributaria municipal el formulario de declaración jurada ([art. 12](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Lleve la certificación de contador o la orden sanitaria de cierre si las tiene.

Si es arrendatario de un mercado municipal, presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal con la prueba de la caída de ingresos ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)).

Si quiere revisar cómo se aprobó el presupuesto de su municipalidad, puede pedir información a la Contraloría General de la República ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). La Contraloría revisa y aprueba los presupuestos de las municipalidades.

Si cree que hay un manejo irregular de plata pública, puede presentar una denuncia ante la Contraloría ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Se puede hacer en la plataforma de servicios en Sabana Sur o por el portal institucional.

### Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas municipalidades aprobaron su plan de moratoria ni cuántos contribuyentes se acogieron.

El dossier no dice cuánto dinero dejaron de girar las municipalidades al Órgano de Normalización Técnica ni al Registro Nacional.

El dossier no incluye una grabación del primer debate del expediente 21922.

El dossier no dice si la Ley 9848 tuvo alguna consulta a la Sala Constitucional.

## Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro. Hay dudas sobre el aumento del techo de gastos de administración municipal y sobre el uso de superávit y transferencias para gasto corriente.

## Qué puede hacer usted

- Pedir información y revisar el presupuesto municipal ante la Contraloría General de la República: La Contraloría revisa y aprueba los presupuestos de las municipalidades. Puede consultar en el portal institucional o en la plataforma de servicios en Sabana Sur. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)
- Presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República: Puede hacerlo personalmente en Sabana Sur, por el portal de denuncia electrónica, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)

## Lo que no sabemos

- El video "Sesión extraordinaria, jueves 30 de abril de 2020" no tiene subtítulos; no se citó.

## Fuentes

1. Ley 9848: Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-19 (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 20/05/2020. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91396&param2=120680&param3=1
2. Expediente 21922: LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-04-15. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx
3. Plenario Legislativo, sesión extraordinaria #95, martes 13 de abril 2021. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2021-04-14. https://www.youtube.com/watch?v=BmBioSjwL3Q
4. Sesión extraordinaria, viernes 3 de abril de 2020. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020-04-03. https://www.youtube.com/watch?v=dKfN8TYOUY0
5. Sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, martes 4 de agosto del 2020. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020-08-04. https://www.youtube.com/watch?v=u8KuRrioDSA
6. Ley 7794: Código Municipal (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 30/04/1998. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=40197&param2=152716&param3=1
7. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1
8. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf

## Texto oficial completo

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
Y SEÑORAS DIPUTADAS

EXPEDIENTE N.° 21.922

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY

LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Expediente N.° 21.922

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Tras el estado de emergencia nacional, declarado por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de marzo del año producto de la pandemia de COVID-19 y la incertidumbre que genera en la población costarricense los efectos que se están presentando en diversos sectores económicos y los que podrían surgir a futuro, se requiere urgentemente tomar medidas desde los Gobiernos Locales, al ser estos las instituciones gubernamentales de mayor cercanía con la población, y por la cual, se pueden generar acciones que contribuyan desde varios ámbitos para contrarrestar este efecto que pueda generar la pandemia en la economía costarricense.

Las respuestas estatales para los ciudadanos y para las empresas han empezado a surgir a través de nueva legislación y disposiciones administrativas, entre ellas moratoria de impuestos, reducción de la jornada laboral para el sector privado, facilidades en seguros y aportes obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, estas acciones deben complementarse desde lo local, ya que las municipalidades en tiempos de emergencia juegan roles de contingencia y primera respuesta tales como la coordinación de los Comités Locales de Emergencia (parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo según la Ley N° 8488), y la prestación de servicios indispensables como seguridad ciudadana por medio de los cuerpos de policía municipal, recolección de residuos y acueductos en algunos casos.

Por lo anterior, tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI) realizaron un análisis a partir de los informes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) sobre presupuestos municipales 2020 y los datos disponibles por los Gobiernos Locales en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP), para brindar un panorama amplio de las proyecciones de ingresos y egresos de las principales cuentas que sostienen las finanzas municipales y plantear las medidas respectivas.

Cabe recalcar que los Gobiernos Locales manejan un presupuesto total de 590 millones de colones aproximadamente, monto que representa un 2% del presupuesto nacional, pero que para el periodo 2020 sufrió una disminución del 1% en comparación con el año 2019. Según el histórico de los últimos 7 años los presupuestos han tenido crecimientos paulatinos, de los cuales ha ingresado en promedio a las arcas municipales un 96,7% de lo presupuestado y se ha ejecutado en promedio el 73,1% de los fondos.

Del total de ingresos recibidos el 21,4% (¢126.087 millones) corresponde al impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, siendo esta su mayor fuente de ingreso; 20% (¢118.074 millones) por concepto de licencias profesionales, comerciales y otros permisos; el 17,8% (¢105.110 millones) son transferencias de capital del Gobierno Central que son utilizadas casi en su totalidad para la atención de la Red Vial Cantonal; y el 15,4% (¢90.879 millones) por concepto de servicios de saneamiento ambiental.

Por su parte, el comportamiento de los egresos se distribuye un 40% (¢235.949 millones) para la partida de remuneraciones, 20,2% (¢119.324 millones) para servicios municipales, 18,3% (¢108.090 millones) en la compra de bienes duraderos y 8,9% (¢52.747 millones) en transferencias corrientes. En comparación con el año 2019 todos tuvieron una tasa de crecimiento del 5%, excepto la partida de bienes duraderos.

Con base en la información anterior, y al realizar un análisis consensuado entre los aportes que brindaron la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI), el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal (IFAM), Alcaldes, Alcaldesas e intendentes, así como la consideración de otras iniciativas ya presentadas, entre los que se encuentran los siguientes proyectos de ley N° 21.842, “AUTORIZACIÓN DE UNA MORATORIA Y CONDONACIÓN TRIBUTARIA AL RÉGIMEN MUNICIPAL Y A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO”, el Proyecto de Ley N° 21. 889, “LEY GENERAL DE AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA CONDONACION Y AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-19”, el Proyecto de Ley N° 21.898 “LEY DE MUNICIPAL DE ALIVIO A LOS SUJETOS PASIVOS DE CADA MUNICIPIO Y QUE HAN SIDO AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19”, y el Proyecto de Ley N° 21.896 “LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL”. La mesa de trabajo conformada sobre asuntos municipales analizó y desarrolló la presente iniciativa de ley que sometemos a consideración de los señores (as) Diputados de la República, el cual coadyuvará a flexibilizar la gestión de los recursos municipales para enfrentar las consecuencias de la emergencia, sostener los servicios básicos prestados por la municipalidad y evitar la parálisis de un régimen institucional y constitucional que será de primera importancia para la reactivación de la economía.

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**
**DECRETA:**

LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19

## CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PARA REFORZAR LA GESTIÓN
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES

### ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberán realizar de forma oportuna la transferencia de la totalidad de los recursos a las municipalidades, según lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, de 4 de julio de 2015 a las municipalidades. Para realizar dicha transferencia, solamente se le podrán requerir a cada municipalidad que aporte copia del presupuesto municipal, acompañado del oficio de aprobación de la Contraloría General de la República, que demuestre que la transferencia a recibir está debidamente incorporada en su presupuesto o, en caso de improbación por parte del ente contralor, copia del presupuesto definitivo ajustado tal y como haya sido ingresado en los sistemas informáticos que para este fin dispone la contraloría.

### ARTÍCULO 2- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y concejos municipales de distrito no girarán el uno por ciento (1%) de lo recaudado a favor del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y sus reformas, de 9 de mayo de 1995.

### ARTÍCULO 3- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y concejos municipales de distrito no girarán el tres por ciento (3%) de lo recaudado a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y sus reformas, de 9 de mayo de 1995.

### ARTÍCULO 4- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y sus reformas, de 9 de mayo de 1995, y destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) para gastos administrativos del monto que les corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos recursos adicionales podrán ser utilizados, inclusive para la creación de nuevas plazas, siempre y cuando estas sean de carácter urgente y temporal y estén relacionadas con la emergencia o la prestación de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios.

### ARTÍCULO 5- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102 de la Ley N° 7794, “Código Municipal” y sus reformas, de 30 de abril de 1998, y destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios municipales para atender los gastos generales de administración. Estos recursos adicionales podrán ser utilizados incluso para la creación de nuevas plazas, siempre y cuando estas sean de carácter urgente y temporal y estén relacionadas con la emergencia o la prestación de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios.

### ARTÍCULO 6- Se autoriza a los bancos estatales, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a ofrecer alternativas para la readecuación de deudas a las municipalidades y concejos municipales de distrito, que demuestren afectación financiera a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Estas alternativas deberán contemplar al menos una de las siguientes medidas:

a) Extensión del plazo de los créditos.
b) Disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito.
c) Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario.

### ARTÍCULO 7- De forma excepcional, las municipalidades y concejos municipales de distrito estarán autorizadas, en el ejercicio presupuestario 2020 para utilizar los recursos de superávit libre y específico producto del ejercicio presupuestario del año 2019 y en el ejercicio presupuestario 2021 para utilizar los recursos de superávit libre y específico producto del ejercicio presupuestario del año 2020, para sufragar los gastos relacionados con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios, así como para gastos corrientes de administración general que requiera el municipio en atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, no podrán utilizar estos recursos para la creación de nuevas plazas, salvo que estas sean urgentes, temporales y estén relacionadas con la emergencia.

### ARTÍCULO 8- Si una vez cubiertos los costos de la prestación de un servicio municipal existe un saldo favorable o utilidad, sea por tasa, precio o tarifa por arrendamiento de bienes del municipio, las municipalidades y concejos municipales de distrito quedan autorizadas, de forma excepcional en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, para invertir este saldo en otros servicios municipales que experimenten déficits, así como gastos administrativos.

### ARTÍCULO 9- De forma excepcional, en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021 las municipalidades y concejos municipales de distrito estarán autorizadas para utilizar los recursos que reciban por transferencias del Gobierno Central, para sufragar cualquier tipo de gasto relacionado a la emergencia nacional por COVID-19, así como para garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerio y gastos administrativos, en atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia. Quedarán exceptuados de esta disposición los recursos establecidos por la Ley N° 7755, “Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional” y sus reformas, de 23 de febrero de 1998, y aquellos que dispone en su artículo 5 la Ley N° 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” y sus reformas, de 4 de julio de 2015.

### ARTÍCULO 10- Con la finalidad de lograr una respuesta oportuna e inmediata de las necesidades de las comunidades ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, se autoriza a las municipalidades e intendencias para que realicen procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), siempre y cuando estas contrataciones estén estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19, y se asegure el cumplimiento de los requisitos mínimos y los principios de contratación administrativa que señalan la Ley N° 7494, “Ley de Contratación Administrativa” de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, y su reglamento, el Decreto 33411- H de 27 de setiembre del año 2006 y sus reformas. Durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de emergencia nacional, dictada por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha de 16 de marzo del año 2020, todas las municipalidades e intendencias estarán exentas del pago de cualquier rubro a Radiográfica Costarricense como administradora del SICOP.

### ARTÍCULO 11- Adiciónense los incisos d) y e) al artículo 6 del Título IV “Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” de 4 de diciembre de 2018, cuyo texto dirá:

### Artículo 6- Excepciones

Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones:

[…]

d) Las municipalidades y concejos municipales de distrito del país.
e) Los Comités Cantonales de Deportes.

## CAPÍTULO II
ACCIONES MUNICIPALES PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE
EN EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES

### ARTÍCULO 12- Moratoria por concepto de impuestos municipales

Se autoriza a las municipalidades y concejos municipales de distrito del país para que otorguen a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por actividades lucrativas, la cual tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 vía Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del año 2020. Dicha moratoria será por un máximo de tres trimestres.

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.

Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación con el mismo período tributario del año anterior.

Al momento de la solicitud el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos:

a) Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria municipal.
b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos.
c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerios de Salud producto de la emergencia.

Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.

### ARTÍCULO 13- Moratoria municipal por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales

Se autoriza a las municipalidades y concejos municipales de distrito del país para que otorguen a los contribuyentes una moratoria en el pago por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, la cual tendrá efecto a partir del período en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 vía Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del año 2020. Dicha moratoria será por un máximo de tres trimestres o nueve meses, según la periodicidad del cobro de cada obligación municipal.
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.

Para optar por este beneficio el contribuyente deberá presentar documento formal emitido por su patrono en donde se haga constar la reducción de su jornada laboral, la suspensión de su contrato o el despido, según corresponda.

Será el contribuyente quien presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.

### ARTÍCULO 14- Moratoria municipal por concepto de tarifas arrendamientos

Se autoriza a todas las municipalidades y los concejos municipales de distritos del país que posean o administren mercados municipales, amparados en la Ley N° 2428, “Ley Sobre el Arrendamiento de Locales Municipales” y sus reformas, a establecer una moratoria en el pago de las tarifas de los arrendamientos de locales, tramos o puestos de los mercados municipales, la cual tendrá efecto a partir del período en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 vía Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del año 2020. Dicha moratoria será por un máximo de nueve meses.

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones por arrendamiento correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.

Para optar por este beneficio, el arrendatario deberá demostrar la disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación con el mismo periodo tributario del año anterior. Al momento de la solicitud el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos:

a) Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria municipal.
b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos.
c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerios de Salud producto de la emergencia.

Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.

### ARTÍCULO 15- Plan de Moratoria

Para poder aplicar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de esta Ley, las municipalidades y concejos municipales de distrito deberán disponer de un plan de moratoria, el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo órgano colegiado dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de esta ley.

En los acuerdos de cada concejo municipal o concejo municipal de distrito, se deberán establecer los términos y el plazo de aplicación de cada tipo de moratoria, así como los plazos y medios para la presentación de la solicitud por parte del interesado. En el caso de la moratoria dispuesta en el artículo 13, deberá además determinar sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, se habilitará este beneficio. Estos acuerdos necesariamente tendrán que sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto, aportado por la administración municipal, para asegurar que no se pone en riesgo la operación del municipio y la prestación de servicios.

Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario, deberá cancelar sus obligaciones en la fecha que determine el plan de moratoria. Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al período en que se le otorgó la moratoria.

### ARTÍCULO 16- Arreglos de pagos

Se autoriza a las municipalidades y a los concejos municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes durante el 2020, arreglos de pago por un plazo de hasta 24 meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se deberán dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago.

### ARTÍCULO 17- Ampliación de los plazos

El concejo municipal o concejo municipal de distrito, ante la solicitud por parte de la administración municipal, podrá aprobar la ampliación hasta por tres meses de los beneficios dispuestos en los artículos 12, 13 y 14 en esta ley. Dicha ampliación necesariamente tendrá que sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto y de la realidad económica de cada cantón, esto para asegurar que no se pone en riesgo la operación de la municipalidad y la prestación de servicios.

### ARTÍCULO 18- Divulgación

Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades que se acojan a la presente ley procurarán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios.

### ARTÍCULO 19- Para que se reforme el artículo 88, de la Ley N° 7794, “Código Municipal” y sus reformas, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá:

### Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.

En casos de calamidad pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno Central, las municipalidades e intendencias podrán, a petición de los licenciatarios, suspender temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo de hasta doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente a que hace referencia el párrafo anterior.

Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia el interesado deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.

Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por las administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia otorgada.

### TRANSITORIO ÚNICO- En caso de aprobarse una solicitud de suspensión de licencia, según lo dispuesto por el artículo 19 de la presente Ley, la cual se realice con fundamento en la emergencia nacional decretada por la pandemia del COVID-19 en Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, esta tendrá efecto retroactivo al momento de la declaratoria de emergencia nacional, sea al 16 de marzo del año 2020. Para tener el beneficio excepcional de retroactividad, la solicitud de suspensión temporal tendrá que presentarse a más tardar en los siguientes 15 días hábiles a partir de la publicación de esta ley. La municipalidad o concejo municipal de distrito tendrá 15 días hábiles para responder al solicitante.

Rige a partir de su publicación.

María José Corrales Chacón Daniel Isaac Ulate Valenciano

Floria María Segreda Sagot Carmen Irene Chan Mora

José María Villalta Flórez-Estrada Erwen Yanan Masís Castro

Sylvia Patricia Villegas Álvarez Ana Lucía Delgado Orozco

Roberto Hernán Thompson Chacón Gustavo Alonso Viales Villegas

Paola Alexandra Valladares Rosado Luis Antonio Aiza Campos

David Hubert Gourzong Cerdas Ana Karine Niño Gutiérrez

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Mileidy Alvarado Arias

Luis Fernando Chacón Monge Rodolfo Rodrigo Peña Flores

Carlos Ricardo Benavides Jiménez María Vita Monge Granados

Silvia Vanessa Hernández Sánchez Pablo Heriberto Abarca Mora

Nidia Lorena Céspedes Cisneros María Inés Solís Quirós

Ignacio Alberto Alpízar Castro Franggi Nicolás Solano

Jonathan Prendas Rodríguez Marulin Azofeifa Trejos

Harllan Hoepelman Páez Ivonne Acuña Cabrera

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Melvin Ángel Núñez Piña

Eduardo Newton Cruickshank Smith Zoila Rosa Volio Pacheco

Dragos Dolanescu Valenciano Wálter Muñoz Céspedes

Otto Roberto Vargas Víquez Carlos Luis Avendaño Calvo

Óscar Mauricio Cascante Cascante Jorge Luis Fonseca Fonseca

Diputados y diputadas

15 de abril de 2020

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.

Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21922). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.