Alquileres del Estado: proyecto para bajar 40% quedó archivado
El expediente 21928 proponía que los jerarcas del Estado renegociaran sus alquileres hasta un 40% menos por tres meses, pero venció el plazo cuatrienal y se archivó en 2024.
Título oficial LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER LEGISLATIVO, PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL Y ENTIDADES AUTÓNOMAS DEL ESTADO A RENEGOCIAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID - 19
Atención: El proyecto proponía bajar hasta un 40% los alquileres del Estado y mandar el ahorro a Hacienda, pero venció el plazo cuatrienal y se archivó sin comisión asignada.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Instituciones que alquilan inmuebles
El artículo 5 obliga a las instituciones a meter en el presupuesto del año siguiente el monto que dejaron de pagar. El ahorro de tres meses se convierte en un gasto futuro.
Pasados los tres meses del acuerdo de disminución del monto de los alquileres, las instituciones que las hayan acordado incorporarán en sus presupuestos institucionales que se deban ejecutar el año siguiente, el monto que por resultado de dichas negociaciones se hayan dejado de pagar.
5, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- A las instituciones del Estado que alquilan edificios para sus funciones
- Al Ministerio de Hacienda, que recibiría el dinero del ahorro
- A las personas que dependen de los fondos de la emergencia sanitaria del COVID-19
A quién beneficia
- El Ministerio de Hacienda habría recibido el dinero del ahorro en alquileres
- Los fondos de subsidio para personas que perdieron empleo o jornada laboral
- La compra de equipos médicos para la emergencia sanitaria
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el plazo cuatrienal y se archivó
- La rebaja era de hasta un 40% y solo por tres meses
- Las instituciones debían reponer el monto en el presupuesto del año siguiente
- El proyecto nunca tuvo comisión asignada
La explicación completa
El expediente 21928 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal y la Asamblea lo archivó en 2024. El proyecto proponía que los jerarcas del Estado renegociaran sus contratos de alquiler durante la emergencia del COVID-19.
Qué propone
El proyecto autorizaba a los jerarcas del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las instituciones autónomas a renegociar los contratos de arrendamiento de inmuebles usados para sus funciones (art. 1).
La renegociación podía ser de hasta un 40% menos del precio pactado en el contrato (art. 2).
Los dineros que se ahorraran iban al Ministerio de Hacienda. Ese dinero debía ir a un presupuesto extraordinario para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 (art. 3).
La rebaja se pactaba solo por tres meses. El texto decía que eso no se consideraría un "Ius Variandi" en el contrato original (art. 4).
Pasados los tres meses, las instituciones debían meter en sus presupuestos del año siguiente el monto que dejaron de pagar (art. 5).
El proyecto citaba tres leyes que regulan los contratos administrativos: la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa (hoy derogada) 2; la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública 3; y la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 4.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. Se presentó el 15 de abril de 2020 1. El 29 de abril de 2020 se envió a la Imprenta Nacional para su publicación.
El 16 de abril de 2024 venció el plazo cuatrienal del artículo 119 y se archivó el expediente 1. El 20 y el 21 de junio de 2024 se repitieron los registros de archivo.
El proyecto nunca tuvo comisión asignada, según la nota del expediente 1. Ya no hay nada que hacer para que avance: el plazo venció.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay dudas sobre dos puntos.
El artículo 182 de la Constitución dice que "las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo" Constitución, art. 182. El proyecto no habla de licitación. Habla de renegociar contratos ya firmados. Eso podría generar dudas sobre si la rebaja del 40% respeta el régimen de contratación que ordena ese artículo.
El artículo 121, inciso 1, dice que corresponde a la Asamblea "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto usa una ley para autorizar la renegociación. Eso calza con esa potestad.
El artículo 177 dice que el Poder Ejecutivo prepara los presupuestos extraordinarios Constitución, art. 177. El artículo 3 del proyecto manda el ahorro a un presupuesto extraordinario del Ministerio de Hacienda (art. 3). Eso calza con esa norma.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado y el plazo venció. Las herramientas de la guía sirven para mirar cómo se tramitó o para pedir información, no para revivir este proyecto.
Puede pedir información sobre el estado de tramitación de proyectos de ley a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley nueva con el formulario web de la Asamblea. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas guía, p. 27.
Puede usar la iniciativa popular, que exige firmas y tiene plazos propios guía, p. 26.
Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no tuvo comisión asignada.
El dossier no dice cuánto dinero se habría ahorrado con la rebaja del 40%.
El dossier no dice si algún jerarca llegó a renegociar un contrato al amparo de este proyecto.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque directo, pero hay dudas sobre el artículo 182 y la renegociación de arrendamientos sin licitación.
Constitución, art. 182"Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo."
Esta ley, art. 2"Dicha renegociación será hasta por un cuarenta por ciento (40%) menos en el precio que se haya estipulado en dicho contrato."
Hay dudas La Constitución pide licitación para los arrendamientos de bienes del Estado. El proyecto rebaja contratos ya firmados sin hablar de licitación. Eso genera dudas.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Autorízase a los jerarcas titulares del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial e instituciones autónomas del Estado, a renegociar los contratos de arrendamiento sobre aquellos inmuebles contratados para la ejecución de sus funciones y servicios."
Sin choque aparente La Asamblea puede dictar leyes. El proyecto usa una ley para autorizar la renegociación. Eso calza con la potestad legislativa.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21928: LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER LEGISLATIVO, PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL Y ENTIDADES AUTÓNOMAS DEL ESTADO A RENEGOCIAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID - 19
- Ley 7494: Ley de Contratación Administrativa (Derogado)
- Ley 6227: Ley General de la Administración Pública (Vigente)
- Ley 8131: Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER LEGISLATIVO, PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL Y ENTIDADES AUTÓNOMAS DEL ESTADO A RENEGOCIAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.928
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER LEGISLATIVO, PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL Y ENTIDADES AUTÓNOMAS DEL ESTADO A RENEGOCIAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
Expediente N.° 21.928
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La pandemia que azota al mundo y de la cual Costa Rica no escapa, ha incidido negativamente en materia de salud y ha afectado la economía y las finanzas de todos los sectores, incluido el Estado.
Los esfuerzos que ha realizado el Poder Ejecutivo en la implementación de medidas sanitarias y otras medidas de carácter administrativo, así como la presentación de iniciativas de ley complementadas con las presentadas por los diputados y diputadas de este Parlamento, han buscado fortalecer las tareas no solo de prevención, sino en el enfrentamiento a las consecuencias que se están derivando del desarrollo de la pandemia. Hasta el momento, los resultados han sido encomiables, y las cifras de infectados y fallecidos es baja en comparación al impacto que este fenómeno ha experimentado en otros países.
En esta disposición de implementar medidas que permitan aminorar las consecuencias del COVID-19, también ha participado otros actores activamente como el Poder Judicial, mediante el traslado a las cuentas del Ministerio de Hacienda de parte de sus recursos; lo mismo que el Instituto Nacional de Seguros, que ha trasladado también parte de sus reservas para combatir la emergencia sanitaria.
Esta circunstancia representa un gran esfuerzo del aparato estatal por detectar, definir y redireccionar enormes sumas de dinero en épocas en que las arcas estatales, se han visto disminuidas por el déficit en las finanzas públicas que viene soportando el país, entre otras situaciones.
Por ello se hace imperativo seguir proponiendo alternativas que sean innovadoras y que no afecten, el financiamiento y el funcionamiento en particular, de programas de carácter social establecidos por ley, sino por el contrario, buscar los mecanismos legales para fortalecerlos. Evitando la forma de que el país tenga que endeudarse aún más para conseguir recursos e implementar los programas de subsidios para las personas que han perdido sus empleos o han visto disminuida su jornada laboral, para reactivar la economía o como se ha estado señalando, para enfrentar la pandemia en materia de salud.
Tomando en cuenta este panorama, y siendo consecuente en que todos los sectores de la sociedad deben brindar su aporte a esta estrategia nacional, presento este proyecto de ley cuya finalidad es autorizar a los jerarcas de los diversos poderes del Estado a renegociar los contratos de alquiler que cada institución haya firmado, a fin de generar una liberación de recursos y que se permita su traslado a la Caja Única del Estado exclusivamente para la atención de la emergencia sanitaria, ya sea para compra de equipos médicos o para fortalecer los fondos de subsidio para aquellas personas que a causa de esta emergencia, han perdido sus trabajos o han visto reducida su jornada laboral.
Teniendo en cuenta que el alquiler de edificios es un contrato administrativo que se sujeta a las disposiciones de la Ley N.°7494, Ley de Contratación Administrativa, la Ley N.°6227, Ley General de la Administración Pública y la Ley N.°8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, las decisiones fundamentales en torno a un contrato administrativo corresponden al jerarca institucional, y que por otro lado, en el ejercicio de su potestad, el legislador puede modificar el ordenamiento jurídico pero debe sujetarse el procedimiento constitucionalmente exigido (a través de otra ley ordinaria).
Haciendo la salvedad que esta disminución en el contrato de arredramiento se pactará únicamente por un período de tres meses. Y el resultado de la misma no se considerará un “Ius Variandi” en el contrato original.
Tomando en consideración los argumentos anteriormente esgrimidos, someto a la consideración de las y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.
ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER LEGISLATIVO, PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL Y ENTIDADES AUTÓNOMAS DEL ESTADO A RENEGOCIAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID–19
ARTÍCULO 1- Autorízase a los jerarcas titulares del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial e instituciones autónomas del Estado, a renegociar los contratos de arrendamiento sobre aquellos inmuebles contratados para la ejecución de sus funciones y servicios.
ARTÍCULO 2- Dicha renegociación será hasta por un cuarenta por ciento (40%) menos en el precio que se haya estipulado en dicho contrato.
ARTÍCULO 3- Los dineros resultantes de dicha disminución, serán trasladados al Ministerio de Hacienda, quien mediante un Presupuesto Extraordinario deberá destinarlos a la atención de la emergencia sanitaria del COVID–19.
ARTÍCULO 4- Esta disminución se pactará únicamente por un período de tres meses. El resultado de la misma no se considerará un “Ius Variandi” en el contrato original.
ARTÍCULO 5- Pasados los tres meses del acuerdo de disminución del monto de los alquileres, las instituciones que las hayan acordado incorporarán en sus presupuestos institucionales que se deban ejecutar el año siguiente, el monto que por resultado de dichas negociaciones se hayan dejado de pagar.
Rige a partir de su publicación.
Oscar Mauricio Cascante Cascante Diputado
29 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto no tiene aún comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.