El proyecto para atrasar el IVA al turismo ya es la Ley 9882
La Ley 9882 dio un año más de exoneración de IVA a los servicios turísticos inscritos ante el ICT y fijó fechas para empezar a pagar 4%, 8% y luego la tarifa general.
Título oficial LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR TURISMO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN AL TRANSITORIO IX DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N.º 9635 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019
Atención: La Ley 9882 agregó al artículo 26 de la Ley 9635 un crédito fiscal pleno para el transporte aéreo internacional, un cambio que el proyecto original no anunciaba.
A quién le toca
- Los servicios turísticos inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que cobran IVA.
- Los turistas que pagan esos servicios, si el negocio traslada el impuesto al precio.
- Las finanzas del Estado, que recibe menos IVA mientras dura la exención y las tarifas reducidas.
A quién beneficia
- Los servicios turísticos inscritos ante el ICT quedaron exentos de IVA durante dos años.
- Luego pagan 4% desde el 1 de julio de 2021 y 8% desde el 1 de julio de 2022.
- El transporte aéreo internacional obtuvo crédito fiscal pleno en la compra de bienes y servicios vinculados.
Qué cambia
- La tarifa general del IVA para el turismo empieza el 1 de julio de 2023.
- El proyecto original no incluía el cambio al artículo 26 sobre crédito fiscal; la Ley 9882 sí lo trae.
- El expediente 21934 quedó archivado y su contenido vive ahora en la Ley 9882.
La explicación completa
Qué propone
El proyecto del expediente 21934 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9882, que está vigente 1. Lo que propuso fue mover un año los plazos del IVA para el turismo (art. 1).
El texto original reformaba el transitorio IX de la Ley 9635 (art. 1). Ese transitorio exime del IVA a los servicios turísticos de quienes están inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El proyecto proponía que la exención durara los dos primeros años de vigencia de la ley (art. 1). Después venía una tarifa reducida del 4% en el tercer año y del 8% en el cuarto. A partir del quinto año se pagaría la tarifa general del IVA.
La Ley 9882 aprobada conservó esa estructura y le puso fechas fijas 1. El 4% corre desde el 1 de julio de 2021 y el 8% desde el 1 de julio de 2022. La tarifa general empieza el 1 de julio de 2023.
La ley que resultó también agregó algo que el proyecto original no traía. Adicionó un párrafo final al artículo 26 de la Ley 9635 sobre crédito fiscal en el transporte aéreo internacional 1.
En qué va el trámite
El expediente 21934 se archivó y su contenido pasó a la Ley 9882, publicada el 10 de agosto de 2020 1. El trámite del proyecto terminó: la ficha registra el envío a la Imprenta Nacional el 7 de mayo de 2020 y la remisión del expediente a comisión el 25 de mayo de 2020 2.
La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó el expediente el 9 de junio de 2020 2. Ese mismo día la comisión votó.
El plazo cuatrienal del expediente vencía el 17 de abril de 2024 2. Ya no aplica porque el proyecto se convirtió en ley.
Lo que se dijo en la Asamblea
La comisión de asuntos económicos dictaminó el expediente 21 1934 para trasladar hasta el 2021 el cobro del IVA al sector turístico 00:00:09.
La grabación explica que la Ley 9635 daba un año de gracia y que los diputados extendieron el plazo un año más 00:00:20. Ese plazo vencía a finales de junio 00:00:31.
En la grabación se describe el proyecto como uno que buscaba prorrogar por un año más la exoneración del IVA 00:00:44. Según esa explicación, en 2021 el sector empezaría a pagar 4%, en 2022 el 8% y a partir de 2023 el 13% 00:01:02.
La misma grabación menciona otro tema que la comisión autorizó: que la declaración jurada de los registros de accionistas se haga cada 5 años y no cada año 00:01:13. Ese punto no aparece en el texto del proyecto 21934.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La Constitución da a la Asamblea la atribución de dictar las leyes Constitución, art. 121.
El artículo 121 también le permite reformar y derogar leyes Constitución, art. 121. El proyecto reformaba el transitorio IX de la Ley 9635, que es una ley ordinaria (art. 1).
El artículo 176 pide que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuesto plurianual Constitución, art. 176. El proyecto movía plazos de un impuesto, y eso toca ingresos del Estado. El dossier no trae un estudio que mida ese efecto.
El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar y estimular la producción Constitución, art. 50. El proyecto buscaba aliviar a un sector golpeado por la emergencia (art. 1).
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que las herramientas para cambiar el texto durante el trámite ya no sirven. La guía describe el recorrido de un proyecto: presentación, discusión en comisión y debate en plenario guía, p. 28.
Si quiere proponer una ley nueva sobre este tema, la guía explica el formulario web de la Asamblea guía, p. 27. Ahí basta con plantear la propuesta de forma sencilla, sin el texto completo.
La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea da asesoramiento técnico gratuito para redactar proyectos guía, p. 26. La Defensoría de los Habitantes también ofrece ese servicio en sus oficinas del país.
Para revisar cómo se tramitó una ley, la guía indica que la Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre el estado de los proyectos y las actas guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto IVA dejó de recibir el Estado por la exención ni por las tarifas reducidas.
El dossier no trae el texto completo del artículo 26 de la Ley 9635 que reformó la Ley 9882.
El dossier no registra cuántos servicios turísticos estaban inscritos ante el ICT cuando entró a regir la ley.
El dossier no incluye el debate en plenario del expediente 21934.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el proyecto y los artículos constitucionales del dossier. La reforma tocaba una ley ordinaria y la Asamblea tiene la atribución de dictar y reformar leyes.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Para que se modifique el párrafo primero y el párrafo segundo del transitorio IX del título V, capítulo I, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635, de 3 de diciembre de 2019"
Sin choque aparente La Asamblea puede reformar leyes. El proyecto reformaba el transitorio IX de una ley ordinaria, así que calza con esa atribución.
Constitución, art. 176"La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta."
Esta ley, art. 1"estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley"
Hay dudas Mover plazos de un impuesto afecta ingresos del Estado. El dossier no trae un estudio del efecto fiscal, así que no se puede medir si choca con la sostenibilidad fiscal.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"A partir del quinto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado."
Sin choque aparente El proyecto buscaba aliviar a un sector golpeado por la emergencia y volver después a la tarifa general. Calza con el fin de estimular la producción.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:09
"la comisión de asuntos económicos dictaminó el expediente 21 1934 que propone trasladar hasta el 2021 la entrada en vigencia del pago del impuesto del valor agregado para el sector turístico"
- 00:00:44
"este proyecto es un proyecto sencillo que lo que persigue es prorrogar por un año más de la exoneración del impuesto al valor agregado"
- 00:01:02
"para el 2021 empezarán a pagar iva del 4% para el 2022 el 8% y a partir de 2023 el 13%"
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"la comisión de asuntos económicos también autorizó que la declaración jurada de los registros de accionistas se realice cada 5 años y no cada año"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 9882: Atención al sector turismo debido a la emergencia nacional por covid-19 mediante la modificación del artículo 26 y transitorio IX de la ley N° 9635Fortalecimiento de las finanzas públicas (Vigente)
- Expediente 21934: LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR TURISMO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN AL TRANSITORIO IX DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N.º 9635 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019
- AVALAN ATRASAR HASTA 2021 COBRO DEL IVA EN SECTOR TURISMO
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR TURISMO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 MEDIANTE LA MODIFICACIÓN AL TRANSITORIO IX DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N.º 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019
ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN DIPUTADO
EXPEDIENTE N° 21.934
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR TURISMO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 MEDIANTE LA MODIFICACIÓN AL TRANSITORIO IX DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N.º 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019
Expediente N.° 21.934
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020, declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Esta enfermedad ha sido declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud y ha contagiado a nivel mundial al 16 de abril de 2020 a 2.101.073 de personas y ha acabado con la vida de 140.835 seres humanos.
Según datos del Ministerio de Salud al 16 de abril de 2020, en Costa Rica se han confirmado 642 casos positivos de esta enfermedad en todo el territorio nacional y 4 lamentables fallecimientos, por lo cual se le ha solicitado a la población que permanezca en sus casas y las autoridades han tomado medidas transitorias para tratar que la población entienda los impactos negativos a los que se expone la ciudadanía en caso de un contagio masivo.
Entre las medidas establecidas por el Gobierno de la República está el cierre de fronteras, la prohibición de ingreso de extranjeros al territorio nacional, el cierre de los parques nacionales, playas, parques y todos los lugares públicos. El objetivo de cualquier esfuerzo que se hace es la preservación de la vida y así lo deben entender y atender los ciudadanos. No obstante, la economía de los países se ha visto afectada como nunca en la historia, por eso los diputados de la República de Costa Rica estamos trabajando con el Gobierno de la República con el fin de tramitar importantes leyes paliativas para todos los sectores y en el caso del diputado que suscribe el presente proyecto de ley, pienso desde ya en la forma de reactivar el turismo cuando la emergencia pase. El turismo es uno de los principales motores de la economía y del desarrollo de Costa Rica, emplea a más de 211 mil personas de forma directa y unas 600 mil de forma indirecta. El año 2019 el turismo generó más de 4.000 millones de dólares por concepto de divisas, lo que representa el 8% del Producto Interno Bruto.
El turismo en este momento está paralizado. En un informe de 14 de abril de 2020 la Organización Mundial del Turismo estima que, en 2020, las llegadas de turistas internacionales podrían disminuir entre un 20-30%, en comparación con el crecimiento de entre un 3% y un 4% previsto a principios de enero de 2020.
De acuerdo con la citada organización, esto podría traducirse en una pérdida de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares de los EE.UU. en el gasto de los visitantes internacionales (ingresos por turismo internacional) y las estimaciones para otras regiones del mundo son por el momento prematuras, habida cuenta de la rapidez con que evoluciona la situación.
La OMT subraya que cualquier estimación debe tratarse con cautela debido a la evolución inestable e incierta del brote, que podría dar lugar a nuevas revisiones.
De acuerdo con el Periódico La República, al 18 de marzo de 2020, en Costa Rica, la cancelación de reservaciones aumentó en un 600% y las líneas aéreas reportaron una caída de un 75% en las reservaciones.
De acuerdo con la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, en una declaración de 26 de marzo de 2020, el sector hoy se encuentra en situación de emergencia total, y estado de calamidad debido a la pandemia COVID-19. Este órgano aprobó una declaración que asegura que “nos encontramos ante una temporada cero por primera vez en la historia de nuestro país, que significa el cese total del ingreso de la materia prima (turistas), para el sector, por ende el cese total de ingresos financieros para afrontar sus obligaciones”.
Por otro lado, la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur), estima que las pérdidas del sector para este año ascenderán a los 2.000 millones de dólares, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, mientras los ingresos del sector durante 2019 rondaron los 4000 millones de dólares, por lo que para este año la expectativa es que se reduzcan en un 50 por ciento.
Por esa razón esta propuesta de ley que presento a la corriente legislativa tiene como objetivo modificar los dos primeros párrafos del transitorio IX de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635, de 3 de diciembre de 2019, con el fin de extender los plazos de pago del Impuesto al Valor Agregado que establecía esa ley para que el sector turismo empezara a pagar. Este plazo en la ley vigente es de un año y la presente iniciativa lo sube a dos años para que inicie su pago.
De igual forma es el propósito del diputado que suscribe que se modifiquen los otros plazos establecidos en el segundo párrafo del transitorio IX vigente, de manera que estén sujetos en adelante “a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el tercer año de vigencia de esta ley, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el cuarto año de vigencia de esta ley. A partir del quinto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado.” En todos los casos anteriormente citados se prorroga un año más a lo que está vigente en la ley. Estos cambios en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635 permitirán que el sector turismo trate de recuperarse, sin sacrificarse aún más con el pago del IVA a partir de diciembre de 2020 y así le dé oportunidad de empezar a generar ganancias para cuando tenga que iniciar con ese aporte.
Para este legislador que suscribe, el proyecto de ley tiene como propósito prorrogar el período de tiempo en que se aplicarán las exoneraciones en el sector turismo, el cual a raíz de la crisis COVID-19 está siendo muy afectado, lo cual amerita la presentación de un proyecto de ley que brinde facilidades y oxígeno al sector turismo, que probablemente durará varios meses en recuperarse.
Por lo tanto, presento esta iniciativa de ley a los señores diputados y diputadas y a los ciudadanos esperando que sea aprobado a la mayor brevedad posible y pronto sea Ley de la República y así el sector turismo en Costa Rica pueda enfrentar la crisis más grande de su historia y se reactive a la mayor brevedad:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR TURISMO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 MEDIANTE LA MODIFICACIÓN AL TRANSITORIO IX DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N.º 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019
ARTÍCULO 1- Para que se modifique el párrafo primero y el párrafo segundo del transitorio IX del título V, capítulo I, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635, de 3 de diciembre de 2019, cuyo texto es el siguiente:
TRANSITORIO IX- Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley.
Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el tercer año de vigencia de esta ley, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el cuarto año de vigencia de esta ley. A partir del quinto año de vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado.
[…].
Rige a partir de su publicación.
Roberto Hernán Thompson Chacón Diputado
7 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.