# Expediente 21935: Archivado: el plan para rescatar empresas con deuda bancaria - Página: https://elcenso.com/leyes/21935 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN - Publicada: 2020-05-11 - La Gaceta: 107 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 21.935, que proponía fideicomisos y condonaciones para rescatar empresas endeudadas, se archivó y venció su plazo en abril de 2024 sin convertirse en ley. ## A quién le toca - Empresas privadas no financieras con deudas bancarias que buscaban rescate - Micros, pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales - Cooperativas agroindustriales y de autogestión en riesgo - Bancos del Estado, Banco Popular, Infocoop y Judesur, que habrían tenido que participar - Personas que buscaban vivienda por leasing habitacional ## A quién beneficia - Los bancos del Estado, Banco Popular, Infocoop y Judesur podían condonar intereses corrientes y moratorios una sola vez - El Inder, Hacienda, municipalidades y CCSS podían condonar intereses de empresas en recuperación - Los micros y pequeños productores con créditos de hasta sesenta salarios base no tendrían que dar el inmueble como garantía - El fideicomiso agropecuario podía comprar cartera morosa y devolver fincas adjudicadas - El Fonade podría emitir bonos de desarrollo ## Qué cambia - El proyecto no se convirtió en ley y no cambió nada - El plazo cuatrienal venció el 17 de abril de 2024 - El expediente quedó en archivo desde julio de 2020 - Las empresas endeudadas siguen sin el mecanismo de rescate que proponía el texto ## Cláusulas a revisar - **Condonación de deudas públicas** (18): El artículo 18 autorizaba a estas instituciones a perdonar por una única vez los intereses corrientes y moratorios de empresas en recuperación. El texto no dice cómo se compensaría ese dinero. Texto: "Se autoriza al Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social, a condonar por una única vez, el saldo total de intereses corrientes y moratorios de empresas en proceso de recuperación" - **Fideicomiso agropecuario de cien mil millones** (20): El artículo 20 autorizaba abrir un fideicomiso en el Banco Nacional por un monto inicial de cien mil millones de colones con recursos de Fonade. El texto permitía aumentarlo si era necesario. Texto: "Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo, para que, con recursos de Fonade, por medio de su director ejecutivo, abra un fideicomiso especial en el Banco Nacional de Costa Rica, por un monto inicial de cien mil millones de colones." - **Descuento del 75% en compra de cartera** (27): El artículo 27 autorizaba al fideicomiso comprar cartera agropecuaria en cobro con un descuento de hasta el 75% del monto en cobro. Eso beneficia a los bancos que venden la deuda y traslada el costo al fideicomiso. Texto: "El monto para pagar por dichas deudas será con un descuento hasta de un 75% del valor del monto en cobro de la operación." - **Poderes amplios al fiduciario** (11): El artículo 11 le daba al fiduciario poder para ampliar la financiación y la exposición de crédito de la empresa sin límite claro en el texto. Texto: "El fiduciario llevará a cabo todas las acciones necesarias para la recuperación de la empresa, pudiendo generar arreglos de pago con otros acreedores, así como tomando decisiones sobre los créditos bancarios de los bancos obligados por la presente ley" ## Explicación El proyecto de ley 21.935 está archivado. La Asamblea Legislativa lo recibió el 17 de abril de 2020 y su plazo de cuatro años venció el 17 de abril de 2024 sin que se convirtiera en ley [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía crear un sistema para rescatar empresas privadas no financieras que estuvieran en problemas para pagar sus deudas bancarias ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La idea era evitar que cerraran y que arrastraran a otras empresas y a sus empleados. Creaba una Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial con bancos del Estado, el Banco Popular, el Infocoop, el MAG, el Inder, la CCSS, Hacienda, el MEIC, el MTSS, el Micit, el IMAS, el INA, Salud y la Comisión Nacional de Emergencias ([art. 8](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Para los bancos del Estado, el Banco Popular, Judesur y el Infocoop la participación era obligatoria; para los bancos privados y cooperativas era voluntaria ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El corazón del plan eran los fideicomisos especiales de recuperación. El banco metía los créditos de la empresa en un fideicomiso y la empresa metía su patrimonio. Así el banco sacaba esas operaciones de su balance y un fiduciario administraba todo para tratar de recuperar la empresa ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El fideicomiso podía durar hasta 10 años ([art. 16](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Mientras durara el proceso, se suspendían los cobros judiciales y administrativos, y ningún bien podía ser embargado ni rematado ([art. 15](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto autorizaba a los bancos del Estado, al Banco Popular, al Infocoop y a Judesur a condonar por una única vez los intereses corrientes y moratorios de las empresas en recuperación ([art. 18](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Lo mismo podían hacer el Inder, Hacienda, las municipalidades y la CCSS. Para el sector agropecuario y forestal creaba un fideicomiso especial en el Banco Nacional, con un monto inicial de cien mil millones de colones ([art. 20](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese fideicomiso podía comprar cartera morosa del sector y comprar y devolver fincas que habían sido adjudicadas por los bancos ([art. 21](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Además, los micros y pequeños productores agropecuarios y forestales con créditos que no pasaran de sesenta salarios base (Corte Suprema de Justicia) no tendrían que entregar el inmueble como garantía ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto también proponía que el Fonade emitiera bonos de desarrollo ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) y programas de leasing habitacional y vivienda productiva ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente está archivado. El último movimiento registrado es del 23 de julio de 2020, cuando la Comisión de Asuntos Económicos trasladó el proyecto y el expediente se remitió al archivo [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto se presentó el 17 de abril de 2020 y se publicó en La Gaceta el 11 de mayo de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Pasó a la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discutió en el orden del día el 2 de junio de 2020. No hay registro en el dossier de que haya llegado al Plenario para primer debate. El plazo cuatrienal venció el 17 de abril de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el debate en Plenario en dos rondas y la firma del Poder Ejecutivo. Nada de eso ocurrió según el dossier. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre lo que proponía el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 50 de la Constitución dice que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 2 del proyecto fijaba como objetivo "Procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La redacción es casi idéntica, así que calza. El artículo 64 ordena que "El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores" ([Constitución, art. 64](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto daba un trato especial al Infocoop y a las cooperativas en riesgo ([art. 10](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)), lo cual va en esa línea. Hay una duda sobre el artículo 121, que da a la Asamblea Legislativa la atribución de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto autorizaba condonaciones de deudas a instituciones como la CCSS y el Inder ([art. 18](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 27](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esas condonaciones afectan recursos públicos y el texto no detalla cómo se compensarían. El Censo no puede decir si eso choca con la Constitución; solo señala que la decisión de perdonar deudas públicas es materia que la Asamblea debe regular con cuidado. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Lo que sí puede hacer es pedir información sobre lo que pasó. Puede consultar el estado de cualquier expediente en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, que brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede revisar las actas del Plenario y de la Comisión de Asuntos Económicos para saber por qué no avanzó ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Si quiere proponer una idea parecida, puede llenar el formulario web de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas propuestas y las remite a los diputados, aunque no hay garantía de que las discutan ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto se archivó ni si hubo un dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos. El dossier no incluye el texto completo del proyecto: falta la parte final del artículo 27 y los artículos siguientes. El dossier no registra si alguna institución presentó observaciones al proyecto. El dossier no dice cuánto habría costado el plan ni de dónde saldría el dinero para el fideicomiso agropecuario más allá de lo que menciona el articulado. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. Hay una duda sobre las condonaciones de deudas públicas y el manejo de recursos del Estado. ## Qué puede hacer usted - Consultar el estado del expediente en la Oficina de Iniciativa Popular: Pedir información sobre el expediente 21.935 en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Revisar actas del Plenario y de la Comisión de Asuntos Económicos: Solicitar las actas de la Comisión de Asuntos Económicos y del Plenario donde se discutió el expediente (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Llenar el formulario web de la Asamblea Legislativa; la Oficina de Iniciativa Popular recopila las propuestas y las remite a los diputados (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21935: LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-05-11. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN WÁLTER MUÑOZ CÉSPEDES DIPUTADO EXPEDIENTE N.° 21.935 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Expediente N.° 21.935 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Costa Rica, al igual que el resto de las naciones, viene enfrentando múltiples desafíos económicos derivados no solo del contexto interno, sino principalmente del contexto externo que ha propiciado una desaceleración de la actividad económica. De igual forma, el cambio climático ha provocado grandes impactos negativos en las actividades agropecuarias y forestales, impactando con ello, los diversos encadenamientos que naturalmente generan esas actividades. Dichas situaciones, han sido constatadas en los datos que revelan periódicamente no solo el Banco Central de Costa Rica, sino los mismos organismos internacionales, ya sean estos de orden financiero, o de orden científico. Esta realidad tiene repercusiones directas sobre los diferentes segmentos productivos y comerciales, generándose entre otras cosas, cierres de empresas; lo que a la vez, tiene injerencia sobre: el desempleo, la ruptura de encadenamientos productivos con contagio en otras operaciones crediticias, aumento de riesgos sobre recursos de los ahorrantes, aumento en los costos para los bancos por procesos de cobro y ejecución de garantías, contagio hacia operaciones de crédito de los empleados cesados, entre otros aspectos inadecuados para la economía. En este orden de ideas, datos en torno al deterioro de la cartera crediticia, son reveladores y permiten dimensionar el efecto, así dicho indicador viene incrementándose de un 1,6% en enero del 2017 a un 2,4% en el 2019, siendo en los bancos públicos del 3,0% y en los privados de 2,1%, aunado a informaciones que indican un endeudamiento familiar correspondiente al 66%. Por otra parte, en relación con el producto interno bruto, la estimación para el 2019 es de 2,2%, por debajo del promedio de las últimas 4 décadas (en el orden del 4,4%) y de los últimos 10 años. En términos de desempleo, en el 2018 se presentó el porcentaje histórico más alto correspondiente al 12%, y el 46,3% de las personas empleadas están en condiciones de informalidad. Ante estas circunstancias, en el marco de la estrategia de empleo, crecimiento y bienestar, resulta de gran interés, generar soluciones que permitan contrarrestar estas tendencias y dirigir los esfuerzos para evitar el cierre de empresas y consecuentemente, el impacto sectorial y sistémico. Este argumento parte de la lógica en la que se ubica al flujo de caja de las empresas como un elemento relevante, pues este determina la capacidad para cubrir los costos operativos, las cuentas por pagar, las contribuciones sociales y fiscales, etc. En tal sentido, este proyecto de ley busca sumar a la reactivación de la economía costarricense y establece mecanismos de rescate, recuperación y fortalecimiento de las empresas deudoras de créditos bancarios con la banca pública y, extensible a los bancos privados y otros organismos financieros como las cooperativas y casas comerciales, que decidan voluntariamente, acoger el régimen que se crea con la presente ley. Es relevante señalar que los impactos de la situación descrita tienen un efecto negativo muy importante sobre uno de los sectores más afectados como lo es, el sector agropecuario y forestal. Advertimos que dicho sector, es especialmente vulnerable, pero que su rol como generador de empleo en las zonas rurales del país, es estratégico; además, las recomendaciones de la ONU, en distintas convenciones del cambio climático, advierten que los países deben instalar las capacidades necesarias para asegurar la canasta alimentaria básica para los habitantes de la nación. Según informes del Banco Central de Costa Rica, en la actualidad el crédito es mayoritariamente de consumo, con un porcentaje del 33%, seguido por vivienda con un 28%, servicios 12%, comercio 10,7%, industria 3,7, turismo 2.1% y finalmente agricultura con un 2%. Lo anterior a pesar de que en términos de generación de empleo la agricultura representa el 11.7%, en relación con el 16,1% correspondiente a comercio, el 10, 3% del sector industrial y el 6,6% de turismo. Lo anterior denota un tratamiento desproporcional para el sector agropecuario y forestal que se pretende equilibrar con el tratamiento prioritario que se establece para dichas actividades. Considerando todo lo expuesto, se plantea la presente propuesta de ley, cuyos fundamentos orientadores son los siguientes: a) El estímulo a la producción, la productividad, la eficiencia y eficacia en los procesos productivos, la transformación productiva y la creación de valor como elementos vitales para el crecimiento económico, la generación y distribución de riqueza. b) En el desarrollo de estrategias para el financiamiento de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, que promuevan la recuperación de empresas en estado de vulnerabilidad o promuevan su transformación productiva y crecimiento. c) Una regulación prudencial, emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), que tome en cuenta las características particulares que conlleva el rescate o reactivación de una empresa. d) La creación de vehículos de propósito especial, como catalizadores para la gestión oportuna y especializada para el rescate o reactivación de empresas. e) En el pragmatismo de las acciones tendientes a la restructuración de deudas en prestatarios en condición de vulnerabilidad y la eventual condonación de intereses corrientes o moratorios para hacer viable el flujo de caja de empresas en proceso de rescate o reactivación. f) En la acción continuada para el salvamento de las empresas bajo la lógica del impacto sectorial y sistémico respecto a la producción, servicios y mercado de trabajo. g) Garantizarle a la sociedad costarricense, que la plataforma productiva agroalimentaria, se mantendrá en condiciones de productividad adecuada, que le garantice a la población nacional, la seguridad alimentaria básica en caso de contingencias climáticas internas o externas. Las reformas planteadas se pueden resumir en los siguientes temas: 1. Creación de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial y la Red de Acompañamiento Empresarial Las cuales están integradas por una serie de instituciones financieras y no financieras que unen sus esfuerzos para lograr tanto el rescate de las empresas que se encuentren en vulnerabilidad financiera y cuya viabilidad de recuperación haya sido determinada mediante un estudio técnico. En el caso de los bancos del Estado y del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y el Instituto de Fomento Cooperativo, se establece la obligatoriedad de aplicar la figura de fideicomiso especial de recuperación para lo cual deberán contar con una oficina especializada. En el caso de los bancos privados también se autoriza su participación, aunque no es obligatoria. El resto de las instituciones que participan en la red lo hacen mediante aportación de fondos, condonación de intereses, avalando operaciones. Instituciones como el MTSS, CCSS, Ministerio de Salud y Hacienda deberán plantear programas concretos para el rescate de empresas de forma que se cubran diferentes fases antes del cierre de un negocio, facilitando de una, u otra manera, el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Se permite a los bancos, a la CCSS y al Ministerio de Hacienda la condonación de deudas o intereses. Al amparo de lo que define el artículo 22 de la Ley N.° 8262 le corresponderá al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, liderar por medio de un decreto la integración de las instituciones y los recursos de desarrollo empresarial con los cuales se brindará acompañamiento a las empresas que serán beneficiarias de estos programas de rescate. 2. Fideicomiso especial de recuperación Se crean los fideicomisos especiales de recuperación, con la finalidad de que se pueda detectar preventivamente y en etapas tempranas, la vulnerabilidad financiera de empresas y empresarios que por diferentes motivos, no están pudiendo honrar sus deudas ante los bancos que participan en la Red; de manera que se proceda, a través de esta figura a un proceso de saneamiento que permita la recuperación de la empresa antes de que entre en una situación de quiebra o que amerite algún otro proceso concursal en vía judicial. Esta figura permite al banco actuar como fiduciario, con el poder tanto de flexibilizar las condiciones de los créditos otorgados originalmente a la empresa (ya sea por el banco o por otros bancos que formen parte de la Red y con su aprobación), como llevar a cabo todo tipo de acciones para administrar el patrimonio y procurar su recuperación. Esto al mismo tiempo permite, que el banco saque del balance esas operaciones y que disminuya su riesgo de crédito y logre, en el mejor de los casos, recuperar en buena parte el dinero adeudado, en lugar de tener que incurrir en otros gastos por adjudicaciones de garantías y procesos de cobro; asimismo se plantea la redirección por un plazo de 20 años, de un 50% de las obligaciones parafiscales, recursos que el Infocoop, deberá dedicar para que, acogiéndose a lo que dispondrá esta ley, forme un fideicomiso especial para que le dé el tratamiento adecuado a las empresas agroindustriales cooperativas, y a las cooperativas de autogestión, que estén en riesgo, implementarles un salvamiento y propiciarles la recuperación y el crecimiento adecuados para que sean empresas solventes. Asimismo, los recursos dedicados para estos propósitos estarán exentos el encaje mínimo legal y durante un plazo máximo 20 años tributarán un 50% de la tasa que le corresponda. Todos estos beneficios deberán permitir el equilibrio financiero del banco y condiciones crediticias óptimas para los beneficiarios a fin de facilitar las condiciones para lograr su rescate o reactivación. 3. Apoyo prioritario a los micros, pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales Como se advirtió, el sector agropecuario y forestal costarricense, debe tratarse en forma diferenciada, no solo por ser actividades vulnerables, sino por ser indispensable para la seguridad alimentaria nacional y propiciar mejor el equilibrio climático y la generación de empleo en las zonas rurales; por lo tanto, se creará un fideicomiso especial en el Banco Nacional de Cosa Rica, cuyo fin, es recuperar las micros, pequeñas y medianas empresas agropecuarias y forestales que estén en riesgo; asimismo, recuperar el patrimonio de las empresas que ya fueron adjudicadas y/o rematadas por el sector financiero. Reconstruirles el plan de negocios adecuado para que, al devolverlas a sus dueños anteriores, tengan la seguridad de salir adelante con sus obligaciones. Además, se establece que los micros y pequeños productores agropecuarios y forestales, cuyos créditos no excedan a sesenta salarios base, (Corte Suprema de Justicia), y con un proyecto productivo bien concebido, no deberá entregar el inmueble como garantía. Esto permite evitar que, en caso de que las deudas no puedan ser honradas, los productores puedan entrar en una situación de pobreza y no cuenten con algún recurso que les permita recuperarse y poder nuevamente, utilizar la tierra como recurso generador de riqueza. Esto es factible en el tanto, las operaciones exijan necesariamente garantías mobiliarias que suponen un modelo de financiamiento con visión prospectiva; asimismo, dada la participación del Fondo de Contragarantías que se establece en esta ley y a los avales que brinde el Sistema de Banca para el Desarrollo a través del Fonade. Adicionalmente, en el caso de que se utilice el Fondo de Contragarantías, el productor o productora, recibe de manera simultánea, la ayuda del IMAS. 4. Emisión de bonos de desarrollo Se modifica el artículo 15 inciso 2) de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N.° 8634, para permitir que el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade) pueda emitir bonos de desarrollo que serán negociados a través de los mecanismos que establece la Ley Reguladora del Mercado de Valores N.° 7732. Debe aclararse que la intermediación que se genera con la colocación de estos bonos, constituye intermediación cerrada, en razón de que los bonos pueden ser adquiridos únicamente por los intermediarios financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley N.° 8634 y sus reformas y el artículo 59 de la Ley N.° 1644 y sus reformas, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales, no así por el público en general y los préstamos que realiza el Fonade están limitados a los beneficiarios definidos en la Ley N.° 8634 supra citada. En ese sentido, la Procuraduría General de la República señaló, refiriéndose a la intermediación financiera realizada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante dictamen C-186-2005, de 16 de mayo de 2005 en lo conducente lo siguiente: “La condición de intermediario financiero por parte del Sistema de Ahorro y Préstamo ha sido analizada por esta Procuraduría en el dictamen N° C-209-2000 de 4 de septiembre de 2000, reafirmado en el C-040-2001 de 20 de febrero de 2001. En dicho dictamen la Procuraduría concluyó que el Sistema de Ahorro y Préstamo no califica como intermediario financiero para los efectos de la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras. La ausencia de competencia de la SUGEF se debe a que el INVU realiza una intermediación financiera que no se ajusta a la definición legal de intermediación financiera utilizada para definir esa competencia. Lo anterior no significa en modo alguno que la Procuraduría haya reconocido que el INVU no realiza intermediación financiera. Antes bien, indicó que la intermediación que realiza es de carácter limitado: una intermediación cerrada. Los fondos que el INVU capta no pueden ser utilizados respecto del público en general o para cualquier tipo de fin. Por el contrario, los préstamos sólo pueden ser concedidos a quien ostenta la calidad de ahorrante y para los fines establecidos en el artículo 5, inciso k) de la Ley Orgánica del INVU, por lo que no se presenta la característica de destino universal propia de la intermediación abierta”. El resaltado es nuestro. La emisión de los bonos de desarrollo permitirá al Fonade, tener acceso a crédito y optimizar la utilización de los recursos para el cumplimiento de los fines de esa ley. 5. Crédito empresarial y productivo El proyecto, también aspira a brindar un decidido impulso a la producción por medio del establecimiento de un mandato que dirija la oferta financiera al crédito empresarial para refinanciar y/o reestructurar operaciones, preferiblemente a tasas fijas, para con una orientación hacia la producción de bienes y la generación de servicios. 6. Crédito para vivienda productiva Por último, y tomando en cuenta que uno de los sectores que impulsan el bienestar general de la población y activa sectores empresariales es la adquisición de vivienda, se establece el requerimiento para desarrollar programas de leasing habitacional y vivienda productiva. Esta figura poco utilizada en el mercado nacional ha demostrado en otros países, ser un excelente mecanismo para que la clase media, logre consolidar su derecho a la vivienda y eventualmente, pueda ser acompaña de crédito productivo denominado a los efectos como vivienda productiva. En el leasing habitacional, un banco o una empresa de su conglomerado, le entrega a una persona una vivienda (nueva o usada) a cambio de un pago mensual, equivalente a un arrendamiento, por un período establecido (que puede ser entre 10 a 20 años). Una vez cumplido ese plazo, puede decidir sí compra la vivienda o la devuelve. Ahora bien, hoy los bancos mantienen un stock de viviendas sean adjudicadas o entregas en dación de pago, que están improductivas; además sujetas a deterioro, vandalismo, pérdida de valor, etc. Con esta medida se da un primer paso para lograr impulsar un mecanismo alternativo al tradicional crédito hipotecario, con una serie de ventajas que permiten cambiar el paradigma que ha venido atentando contra el derecho a la vivienda de un sector importante de la población. Por las razones y fundamentos anteriores, sometemos a la consideración de las señoras y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN ## TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ## CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS ### ARTÍCULO 1- Objeto. Esta ley tiene por objeto regular los procesos especiales de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas privadas no financieras, en vía administrativa, cuando se encuentren en una situación económica vulnerable. Además, devolverle las fincas, parcelas, casas y lotes, que fueron ofrecidas como garantía o dación de pago, por deudas provenientes de actividades agropecuarias o a fines y que han sido adjudicados por los bancos, el Inder, asociaciones, corporaciones, fundaciones y cooperativas. Dicha devolución se hará mediante mecanismos que esta ley dispone. Asimismo, la creación de instrumentos de cobertura crediticia alternativos a las garantías sobre bienes inmuebles, dirigidos prioritariamente a los micros y pequeños productores agropecuarios y forestales. ### ARTÍCULO 2- Objetivos de la ley Los objetivos específicos son: 1. Impulsar la economía nacional mediante el estímulo, el desarrollo y continuidades en actividades agropecuarias, forestales, industriales, comerciales y de servicios, concebidas como determinantes del progreso del país. 2. Respaldar con acciones afirmativas, al sector privado de la micro, pequeña y mediana empresa, a través de estrategias para el financiamiento de sus actividades, así como para el desarrollo de las capacidades empresariales, cuya finalidad sea el rescate, recuperación y fortalecimiento de las empresas en estado de vulnerabilidad. 3. Incentivar la creación y uso de modelos de financiamiento y refinanciamiento condicionado, técnicamente viable, bajo modelos prospectivos que, entre otros, permitan evitar en lo posible, el cierre de empresas que, por causas coyunturales o situaciones económicas, financieras o de mercado, estén en riesgo de quiebra o insolvencia de los empresarios, pero con objetivas posibilidades de recuperación. 4. Crear las condiciones normativas necesarias para que, los bancos y las otras instituciones sujetas a esta ley, puedan participar activamente en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. 5. Asegurar, que los sistemas productivos agroalimentarios y forestales de la ruralidad costarricense, se mantengan y se fortalezcan, para garantizar una mayor seguridad alimentaria nutricional a los habitantes del país. 6. Procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza por medio de la acción continuada para el salvamento de las empresas bajo la lógica del impacto sectorial y sistémico respecto a la producción, servicios y mercado laboral. ### ARTÍCULO 3- Ámbito de aplicación Los procesos y mecanismos establecidos en la presente ley serán de aplicación obligatoria para los integrantes de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial que se crea. Para los bancos del Estado, el Banco Popular, Judesur y el Infocoop, las disposiciones de esta ley son de aplicación obligatoria. Para los bancos privados, asociaciones, fundaciones, corporaciones y cooperativas, se aplicarán las disposiciones, únicamente para aquellos que decidan voluntariamente formar parte de la Red, en cuyo caso, deberán contar con un área especializada en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. ### ARTÍCULO 4- Definición de empresa Para los efectos de la presente ley, el concepto de empresa se define como aquellas actividades económicas, que pueden ser, agropecuarias, forestales, industriales o de servicios, que realicen personas físicas, individuales o en grupo y personas jurídicas, cuya constitución, les permita hacer negocios. ### ARTÍCULO 5- De la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa Para efectos de esa ley, se aplicará la definición que tiene el MEIC, con la salvedad que, para las actividades agropecuarias y forestales, el valor de los activos se tomará como el costo anual del uso del suelo más el costo del valor del alquiler anual de las capacidades productivas instaladas. ### ARTÍCULO 6- De los beneficiarios de esa ley Podrán ser beneficiarios de esta ley, cualquier empresa definida en el artículo supracitado, que hayan requerido créditos del sistema financiero nacional y que presenten problemas financieros y/o tengan riesgos de vulnerabilidad por cualquier circunstancia adversa al plan de negocios sobre el cuál se planeó la operación de crédito en riesgo y que cumpla con los requisitos que se describen en el siguiente artículo. Asimismo, cualquier persona que califique, mediante reglamento específico, para ser beneficiarios de leasing habitacional, de fincas o terrenos descritos en esta ley. ### ARTÍCULO 7- De los requisitos para ser beneficiario de esa ley La empresa beneficiaria deberá cumplir con lo siguiente: a) Estar definida bajo lo estipulado en los artículos 5 y 6 de esta ley. b) Estar en riesgo de vulnerabilidad o insuficiencia de pago. c) Hacer una solicitud por escrito al respectivo fideicomiso, para que sea tomada en cuenta como posible beneficiaria. d) Ofrecer toda la información que se le solicite, para que la o el comisionado de hacerle el estudio preliminar de ingreso, tenga los elementos suficientes para hacer las recomendaciones pertinentes. e) Aceptar las condiciones que se preestablezcan según la criticidad del caso. ## CAPÍTULO II CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO EMPRESARIAL ### ARTÍCULO 8- De la creación de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial Créase la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial, cuyo objetivo es el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. Esta Red está integrada por las siguientes entidades de naturaleza financiera y no financiera: Cada uno de los bancos del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Ciencia y Tecnología, (Micit), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Salud ( Minsa) y la Comisión Nacional de Emergencias. La Red se rige por la presente ley, el reglamento que la desarrollará y la normativa prudencial que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). ### ARTÍCULO 9- De los participantes del sector privado Los bancos privados que deseen participar deben instalar un área especializada en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. ### ARTÍCULO 10- Funciones de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial Corresponderá a los integrantes de esta red cumplir con las siguientes funciones: 1. Bancos del Estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y demás entidades de naturaleza bancaria o financiera que llegasen a participar de la Red: a) Encargados del diseño y ejecución de los procesos de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas privadas. b) Responsables del diseño y puesta en marcha de los programas de financiamiento y refinanciamiento conforme los términos de esta ley. 2. Banco Nacional de Costa Rica: Además de su función como banco del Estado en los términos de lo dispuesto en el punto anterior, tendrá las funciones de fiduciario del Fondo de Sostenibilidad para la recuperación de empresas en riesgo. Además, será fiduciario, del Fondo Sostenibilidad, para la recuperación, fortalecimiento y crecimiento de las empresas del sector agropecuario. 3. Infocoop, crear un fideicomiso especial para el adecuado tratamiento de las empresas agroindustriales cooperativas y las cooperativas de autogestión que estén en riesgo o insolvencia de pago, utilizando los mecanismos que ofrece esta ley, replantear sus planes de negocio y convertirlas en empresas solventes. Para tal efecto podrá utilizar hasta el 50% de los recursos recibidos de los bancos públicos, de los montos parafiscales. 4. INS: Diseño y comercialización de seguros orientados al sector agropecuario y la protección de bienes mobiliarios afectados en garantía en operaciones de naturaleza financiera. 5. MAG: Coordinación con todas las instituciones que conforman el sector, para que las mismas ejecuten en forma correcta y oportuna, las acciones específicas que sean de su obligación y que vinculen el adecuado funcionamiento de la empresa en riesgo. Asimismo, suministrar la información oficial y oportuna, de la composición y distribución del sector productor agropecuario y de cualesquiera otros aspectos de su competencia que tengan que ver con sus obligaciones como Ministerio Rector de las actividades agropecuarias y conexas. 6. Inder: Aporta presupuesto para la creación del Fondo de Contragarantías y del Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación. 7. Micit: Facilitar procesos de avance tecnológico, capacitando, orientando y promoviendo la aplicación de la tecnología en los procesos productivos que lo ameriten. 8. INA: Capacitando y mejorando las destrezas humanas en el desempeño de tareas específicas. 9. Comisión Nacional de Emergencias: Aportar recursos en caso de desastres naturales declarados oficialmente como emergencia y previo avalúo de las pérdidas ocasionadas. 10. CCSS, MTSS, Minsa y Ministerio de Hacienda: Suministro de la información y condición de los sujetos físicos y jurídicos objeto de estudio para admisibilidad en procesos de recuperación. Asimismo, responsables de diseñar y ejecutar programas específicos de rescate como condonaciones parciales o totales, inspecciones laborales diferenciadas, arreglos de pago y suspensión de intereses de las obligaciones de las empresas y sujetos en proceso de recuperación cuando se cumplan los supuestos de la presente ley. 11. MEIC: En el marco de las competencias que le confiere a la Ley N.º 6054 y la Ley N.º 8262 coordinará en conjunto con las instituciones de apoyo al ecosistema empresarial, los mecanismos y servicios de apoyo no financiero que, desde la institucionalidad del Poder Ejecutivo, permitan cumplir con los fines de la presente ley. Se determinará vía decreto los medios para hacer efectiva esta coordinación y los perfiles de las organizaciones públicas, privadas o académicas especializadas que podrán realizar los estudios técnicos. 12. IMAS: Brindar ayuda a los pequeños empresarios y productores agropecuarios y forestales que estén en proceso de rescate, recuperación y fortalecimiento. ## TÍTULO II MECANISMOS DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS ## CAPÍTULO I FIDEICOMISO ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ### ARTÍCULO 11- Fideicomiso Especial de Recuperación Los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Instituto de Fomento Cooperativo y Judesur, así como los bancos privados que decidan someterse a lo dispuesto en esta ley, constituirán fideicomisos especiales de recuperación, que son patrimonios autónomos conformados por los activos y pasivos de las empresas declaradas en proceso de recuperación, separando las operaciones de crédito del balance del banco o institución comprometida. El banco, Infocoop o Judesur, según el caso, actuará como fideicomitente sometiendo los créditos al fideicomiso, junto con la empresa que somete al fideicomiso su patrimonio que también tendría dicha condición; como fiduciario administrando el patrimonio fideicomitido bajo las normas especiales que rigen esta figura y como fideicomisario junto con el resto de los acreedores del fideicomiso y junto con la empresa o empresario sometido al proceso, que recibirá el patrimonio de vuelta una vez finalice el contrato de fideicomiso. El fiduciario recibirá de la empresa los poderes legales necesarios para la administración y representación del patrimonio fideicomitido durante la vigencia del contrato, y no tendrá la limitación establecida por el Código de Comercio en relación con la diversificación de inversiones, pudiendo invertir libremente en una sola clase de valores, aún en el caso de que se trate de los suyos propios. El fiduciario llevará a cabo todas las acciones necesarias para la recuperación de la empresa, pudiendo generar arreglos de pago con otros acreedores, así como tomando decisiones sobre los créditos bancarios de los bancos obligados por la presente ley, que se ajusten a lo acordado en el plan de rescate, incluyendo sin que se limite a liberación parcial o total de garantías para utilización de los bienes en otros negocios que coadyuven al proceso de recuperación. El fiduciario adoptará las decisiones considerando como prioridad la recuperación de la empresa y velando por los intereses de todos los acreedores que se presenten en el proceso de manera equitativa. Cuando la empresa en condición de vulnerabilidad tenga créditos en varios bancos, el banco que promueve el proceso de recuperación ya sea de oficio y con el consentimiento de la empresa o a solicitud de esta, coordinará con el resto de bancos del Estado, BPDC, Infocoop y Judesur cuando sean acreedores, así como con los bancos privados que hayan decidido someterse a la presente ley, los cuales deberán someter los créditos de la empresa también al patrimonio fideicomitido aplicando las mismas reglas que el banco promovente y mediante aceptación previa del plan de rescate. Los gastos que se generen por el fideicomiso serán cargados a este en los términos que se defina reglamentariamente. Asimismo, los actos producto del traslado de activos al fideicomiso estarán exentos del tributo que pesa sobre la inscripción de documentos o garantías en el Registro Público, así como del pago de honorarios. Los bancos obligados deberán presentar ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) un informe sobre los casos en proceso de recuperación y estado de avance, en los términos y periodicidad que defina la Superintendencia. Para efectos de estos fideicomisos de naturaleza especial aplica de manera supletoria, mientras no contradiga lo dispuesto en esta ley, el Código de Comercio. ### ARTÍCULO 12- Declaratoria de la empresa en proceso de recuperación Cuando exista un estudio técnico que determine la vulnerabilidad de la empresa, así como la viabilidad de su recuperación, el banco con la aceptación de la empresa deudora realizará la declaratoria de empresa en proceso de recuperación, procediendo a publicarla en un diario de circulación nacional y comunicando, una vez vencido el plazo de 15 días hábiles para que se presenten los acreedores, el contrato de fideicomiso correspondiente. ### ARTÍCULO 13- Estudio técnico Los estudios técnicos deberán ser realizados por personal técnico especializado que trabaje para los fideicomisos creados, por escuelas universitarias, o por firmas especializadas inscritas ante el MEIC contratadas según los procedimientos de contratación aplicables. El estudio deberá contemplar como mínimo un análisis de la vulnerabilidad financiera de la empresa, análisis de la viabilidad económica, financiera, empresarial y comercial para su recuperación, así como un plan de acción detallado. ### ARTÍCULO 14- Condiciones que deben cumplir las empresas en proceso de recuperación Como parte del proceso de recuperación, para recibir los beneficios que establece esta ley, las empresas deben cumplir con las siguientes condiciones: i- Aceptar las condiciones técnicas determinadas en el estudio técnico efectuado, el cual formará parte del contrato de fideicomiso, así como cualquier otra condición que el fiduciario considere necesaria para el éxito del proceso. ii- Trasladar los activos y pasivos de la empresa deudora al fideicomiso como patrimonio fideicomitido. iii- Otorgar los poderes al fiduciario para que pueda llevar a cabo todas las acciones para la administración del patrimonio, aceptando que este podrá ampliar la financiación y por ende la exposición de crédito que técnicamente se estime necesaria para la reactivación de la empresa. iv- Rendir una declaración jurada sobre los juicios y procesos administrativos de cobro pendientes, antes de que se lleve a cabo el estudio técnico. ### ARTÍCULO 15- Publicación de la declaratoria Una vez que se cuente con la declaratoria de empresa en proceso de recuperación, el banco publicará en un diario de circulación nacional, un aviso indicando que la empresa ha iniciado el proceso de rescate o reactivación empresarial, a fin de que las Partes interesadas se apersonen para hacer valer sus derechos y sean considerados como fideicomisarios del fideicomiso. A partir de la aprobación otorgada por el banco o el fideicomiso agroalimentario para que una empresa sea sujeta a un proceso de rescate o reactivación empresarial, se suspenderá toda interposición de proceso de cobro judicial y administrativo, indistintamente del acreedor que lo gestione, debiendo todas las Partes interesadas acudir al Fideicomiso para formar parte del proceso de reestructuración de la empresa. Mientras dure el proceso de recuperación, ningún bien del patrimonio fideicomitido podrá ser embargado ni rematado, ni podrá someterse a la empresa o al fideicomiso a ningún proceso concursal. ### ARTÍCULO 16- Plazo del fideicomiso El contrato de fideicomiso tendrá el plazo que se defina en el informe del estudio técnico y será por hasta un máximo de 10 años. Cumplido el plazo establecido los créditos vigentes quedarán como cuentas por pagar al fideicomiso o al balance de los bancos según el caso, debiéndose establecer nuevas condiciones que sean mejores a las originales, que garanticen que los riesgos se han superado y que la actividad tendrá éxito según el plan que se haya diseñado, todos los activos volverán a propiedad de la empresa. En caso de que no se logre la recuperación de la empresa, se convoca al o a los dueños, se les da una explicación detallada de los problemas no resueltos, y se les concede un plazo de hasta seis meses para que propongan alternativas. Si no las hubiere, se hará el traslado del patrimonio nuevamente a la empresa y el banco o fideicomiso según el caso, procederá a solicitar al juzgado concursal, la liquidación de los activos y pasivos remanentes, conforme a lo establecido en la legislación concursal. ### ARTÍCULO 17- Periodos de gracia Los bancos podrán otorgar periodos de gracia completa de capital e intereses por el plazo que determine el estudio técnico realizado. ### ARTÍCULO 18- Condonación parcial o total Se autoriza a los bancos del Estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Judesur, a condonar por una única vez, los saldos totales de intereses corrientes y moratorios de empresas en proceso de recuperación, así determinadas por los estudios técnicos pertinentes, de manera que se fortalezca el flujo de caja de la empresa en procura de su viabilidad. Se autoriza al Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social, a condonar por una única vez, el saldo total de intereses corrientes y moratorios de empresas en proceso de recuperación, así determinadas por los estudios técnicos pertinentes, de manera que se fortalezca el flujo de caja de la empresa en procura de su viabilidad. ### ARTÍCULO 19- Regulación prudencial El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debe emitir la regulación atinente a los aspectos jurídicos, contable-financieros y de orden operativo que permitan la entrada en operación de la figura del Fideicomiso Especial de Recuperación. Dicha regulación debe tomar en cuenta las características particulares que con lleva el rescate o reactivación de una empresa. ## CAPÍTULO II DEL TRATAMIENTO ESPECIAL A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL ### ARTÍCULO 20- De la creación del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario y Forestal Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo, para que, con recursos de Fonade, por medio de su director ejecutivo, abra un fideicomiso especial en el Banco Nacional de Costa Rica, por un monto inicial de cien mil millones de colones. Para el debido cumplimiento de esa ley, ese monto podrá aumentarse en caso necesario, utilizando recursos del mismo Fondo, o con recursos provenientes de la emisión de bonos para el desarrollo, creados en esta ley. ### ARTÍCULO 21- De los fines del Fideicomiso Los fines básicos de este Fideicomiso son los siguientes: a) El rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas agropecuarias y agroalimentarias, forestales y conexas tipificadas en esta ley y que estén en riesgo o sometidas en aspectos de vulnerabilidad, aunque al momento de la entrada de esta ley, presente sus operaciones de crédito al día. b) Compra de la cartera morosa del sector agropecuario. c) Compra y devolución de todas las fincas, parcelas, lotes, casas y demás activos que fueron puestos como garantía o en dación de pago, por deudas provenientes del sector agropecuario, agroalimentario, forestal y a fines y que fueron embargadas y adjudicados por el sector financiero. d) Comprar fincas que estén en manos de los bancos públicos y el Banco Popular que fueran de personas o empresas que no califiquen como beneficiarios de esta ley. Cuyo precio será negociado hasta de un 50% el monto por la que fue adjudicada. En el caso del sistema financiero privado, el monto será por el valor declarado en el Ministerio de Hacienda. Esas fincas se compran solo por solicitud de un grupo de personas organizadas como empresa de economía social y que tengan una idea clara de negocios agropecuarios, forestales o a fines y para tal efecto, el Fideicomiso puede dar la finca en leasing y financiar el proyecto productivo. e) Refinanciar, financiar y darle, el seguimiento adecuado a los proyectos productivos, técnicamente viables, que garanticen que las empresas agropecuarias sometidas a este proceso tendrán éxito. ### ARTÍCULO 22- De las Partes del Fideicomiso En calidad de fideicomitente actuará el Sistema de Banca para el Desarrollo, en calidad de fiduciario, el Banco Nacional de Costa Rica y como fideicomisarios o beneficiarios, las empresas del sector agropecuario, agroalimentario y forestal tipificadas en los artículos 4 y 5 de esta ley. ### ARTÍCULO 23- De la administración y control Para la adecuada administración, dirección y control del Fideicomiso aquí creado, se nombrará una Junta Administradora integrada por un representante del sector agropecuario, nombrado por el señor ministro o ministra de Agricultura. Un representante del Ministerio de Industria y Comercio, nombrado por el señor ministro o ministra, y tres representantes propietarios y tres suplentes de los beneficiarios, nombrados por el Poder Ejecutivo en el Consejo de Gobierno por medio de ternas propuestas por las organizaciones de carácter nacional, vinculadas al sector. El nombramiento de esta Junta Administradora tendrá una duración de cuatro años y sus representantes, serán nombrados en el mes de julio de cada año de cambio de gobierno, según lo establece nuestra Constitución Política. ### ARTÍCULO 24- De los acuerdos de la Junta Administradora Todos los acuerdos que tome esa Junta Administradora serán por mayoría simple. ### ARTÍCULO 25- De las funciones de la Junta Administradora a) Elegir de sus integrantes un presidente y un vicepresidente. b) Nombrar, por mayoría calificada, un director o directora ejecutiva, cuyo perfil, se dictará por reglamento. La persona nombrada, es quien debe, preparar todo lo necesario para que se instale una secretaría técnica con idoneidad para que cumpla con el cometido de esta ley. c) Aprobar las normas y reglamentos. d) Aprobar todas las transacciones que se hagan. e) Sugerir correcciones y aprobar o improbar, los proyectos a financiar. f) Todas las demás obligaciones que tiene una junta directiva que maneja recursos bancarios. ### ARTÍCULO 26- Del patrimonio del Fideicomiso El patrimonio del Fideicomiso se conformará por: a) Los recursos no reembolsables girados por una única vez por el Sistema de Banca para el Desarrollo por la suma de ocho mil millones de colones, más el monto equivalente a los fondos que se le otorgaron provenientes del Fideicomiso Agropecuario (Fidagro). b) El 10% de las utilidades del Instituto Nacional de Seguros durante 5 años. c) El 50% de los recursos del encaje legal del sistema bancario nacional que liberó o libere en el futuro el Banco Central de Costa Rica. Estos recursos serán utilizados única y exclusivamente para el otorgamiento de créditos para financiar o refinanciar los proyectos productivos. d) Las donaciones, las transferencias y los aportes económicos especiales que por esta ley se autorizan y que podrán realizar todas las instituciones públicas o privadas, las entidades autónomas o semiautónomas, las empresas del Estado, los entes públicos no estatales, los organismos internacionales que destinen fondos a investigación agropecuaria, así como cualquier otra entidad pública o privada, nacional o extranjera. e) El 50% de las incautaciones de dinero al crimen organizado por actividades ilícitas. ### ARTÍCULO 27- Autorizaciones especiales a) Se autoriza a todos los bancos públicos y al Banco Popular, sector financiero privado para que vendan, al Fideicomiso creado en el artículo 19 de esta ley, su cartera agropecuaria, agroalimentaria y forestal que esté en cobro administrativo o judicial o que esté con problemas de impago. El monto para pagar por dichas deudas será con un descuento hasta de un 75% del valor del monto en cobro de la operación. b) Las cooperativas, bancos privados y/o casas comerciales, que tengan a sus clientes en cobro judicial, por deudas contraías para actividades agropecuarias o a fines, a solicitud de la persona interesada, pueden vender su deuda al Fideicomiso supra citado, cuyo valor, hasta con un descuento del 75% de valora adeudado. c) Si una empresa agropecuaria, tiene deudas pendientes con el sector privado, y el dueño o dueños de la empresa, tienen insolvencia de pago, o están sometidos a factores de vulnerabilidad, a solicitud del interesado, compre la deuda. En este caso, el Fideicomiso, solo pagará el monto original de la deuda, más los intereses ordinarios. No pagará intereses moratorios ni costas legales. Y el acreedor, debe aceptar la oferta. d) Se autoriza al Inder, para que, previa certificación del Ministerio de Agricultura, donde se declare la imposibilidad de pago por parte de productores o productoras del sector agropecuario, a cuentas contraídas con esta institución, condone los montos totales o parciales, según sea el caso. Dichas deudas pueden provenir de Caja Agraria, por pago de parcelas cuya fecha de origen de la operación fuese antes del dos mil quince; asimismo, por deudas contraídas como préstamos ordinarios para producción o instalación de capacidades. Todas las deudas contraídas con fideicomisos específicos en especial, el fideicomiso piñero y cualquier otro fideicomiso creado para atender la crisis financiera de productores o productoras del sector agropecuario. Esta norma aplica también para personas jurídicas. Para el cumplimiento de esta ley, el Inder puede utilizar los recursos del superávit de dicha institución correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y los que tuviere a disposición a la fecha de la promulgación de esta ley. Si los recursos fueren insuficientes, el Inder, puede utilizar en forma gradual recursos ordinarios de su presupuesto hasta un 25% de los fondos de tierras y desarrollo rural respectivamente. A efecto de que las certificaciones estén sustentadas técnica y jurídicamente, El MAG instalará las capacidades pertinentes. e) Se autoriza al Banco de Costa Rica, para que condone todas las deudas provenientes del Fideicomiso Agropecuario (Fidagro) independientemente del estado en que se encuentren. f) Se autoriza para que el Fideicomiso creado en esta ley, le compre a los bancos públicos y al Banco Popular, todas las fincas, parcelas o casas de micros, pequeños y medianos productoras o productores que hayan sido adjudicadas a la fecha de 30 días después de la entrada en vigencia de esta ley y el origen de la deuda fueron por actividades agropecuarias o a fines. Las condiciones y el precio serán igual a lo que está estipulado en el artículo 44 de la Ley N.° 9036. Dichas propiedades serán devueltas a sus dueños o dueñas originales, en condiciones diferenciadas, pudiendo formalizarse los contratos de arriendo o leasing, por períodos que van desde 5 hasta 25 años, según sea la condición socioeconómica de la persona afectada. Dependiendo de las condiciones de necesidad de las personas afectadas, el costo de los arriendos, pueden ser de costo cero. Asimismo, este Fideicomiso puede comprar todas las propiedades embargadas por el sector financiero privado, siempre y cuando se demuestre que pertenecía a micros, pequeños y medianos productores o productoras y que la deuda que provocó la adjudicación fue una deuda agropecuaria o a fines y que el acreedor desee vender el bien a un precio razonable. Dicho bien, será entregado a su dueño o dueña original en condiciones semejantes a los casos de bancos públicos. ### ARTÍCULO 28- De los procedimientos de las empresas agropecuarias Para que una empresa agropecuaria, agroalimentaria y forestal, obtenga los beneficios de esta ley, debe estar tipificada en los artículos 4 y 5 y seguir los procedimientos similares a los establecidos en los artículos 14 y 15 de esta misma ley, y los que la Junta Administradora disponga en su reglamento. ### ARTÍCULO 29- Garantías no hipotecarias Los micro y pequeños productores agropecuarios, agroalimentarios y forestales, cuyo requerimiento de financiamiento global, con el sistema financiero nacional y el sistema de banca para el desarrollo, no exceda de sesenta salarios base, establecidos en la Ley N.º 7337, y su respectiva actualización, no deberán otorgar la finca como garantía real para la obtención de un crédito con los bancos del Estado ni el BPDC. Como mitigador de riesgo, los bancos del Estado y el Banco Popular, recibirán de los micro y pequeños productores agropecuarios, agroalimentarios y forestales, garantías mobiliarias, las cuales deberán inscribirse en el Registro de Garantías Mobiliarias; Así mismo se podrá dar en garantía los árboles maderables de plantaciones, sistemas silvo pastoriles o agroforestales y deberán estar respaldadas, según corresponda, por un seguro agrícola o de otra índole. ### ARTÍCULO 30- Creación del Fondo de Contragarantías Al amparo de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N.° 8634 y sus reformas, el Instituto de Desarrollo Agrario (Inder) constituirá un Fondo de Contragarantías en el Fonade para cubrir las primeras pérdidas, para ello transferirá anualmente el 10% de los montos que recibe por impuestos sobre bebidas alcohólicas nacionales y extranjeras. El Fondo de Avales del Fonade complementará la garantía que sea necesaria para avalar las carteras, en las modalidades que técnicamente disponga el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. El Fondo se utilizará para cubrir las obligaciones del productor que no haya podido honrar sus operaciones durante el período y en las condiciones que se establecerán vía reglamento, y que con la aplicación de la garantía puede ponerse al día. Al aplicar este Fondo, el banco notificará al IMAS para que otorgue al productor o productora, una ayuda correspondiente a un salario base por mes, por el tiempo que técnicamente se preestablezca, según el flujo de caja esperado del respectivo proyecto productivo. ## CAPÍTULO III DE LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ### ARTÍCULO 31- Parafiscales y capitalización bancaria Los recursos dedicados para estos propósitos estarán exentos del encaje mínimo legal y durante un plazo máximo 20 años tributarán un 50% de la tasa que le corresponda. ### ARTÍCULO 32- Del encaje mínimo legal Las carteras de crédito que se constituyan en el sistema financiero nacional, a partir de la entrada en vigor de esta ley, destinadas a financiar todas las actividades empresariales de los sectores: agropecuario, agroalimentaria, forestal, industrial, comercial y de servicios, están exentas en 50% de la obligación de encaje mínimo legal. Los créditos dirigidos a los sujetos beneficiarios de la Ley N.° 8634 y sus reformas tendrán los siguientes incentivos, sin perjuicio de otros establecidos en otras leyes: a) Estarán exentos en un 100% de la obligación del encaje mínimo legal. Las carteras con recursos de la intermediación, diferentes a los establecidos en el artículo 9 de la Ley N.° 8634 y sus reformas, tributarán un 50% de la obligación legal que les corresponda. ### ARTÍCULO 33- Crédito empresarial y productivo Los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo deberán constituir una oferta financiera dirigida al crédito empresarial con orientación a la producción de bienes y generación de servicios preferentemente a tasas fijas que permitan el refinanciamiento o restructuración de operaciones. Asimismo, deberán desarrollar programas de leasing habitacional y vivienda productiva en alianza con terceros o bien a través de las empresas de su conglomerado financiero. ## TÍTULO III DISPOSICIONES FINALES ## CAPÍTULO I REFORMA A OTRAS LEYES ### ARTÍCULO 34- Refórmase el inciso 2) “Política sobre instrumentos financieros”, del artículo 15 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 8634 y sus reformas, para que adelante se lea de la siguiente manera: Artículo15- Creación del Fondo Nacional para el Desarrollo Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), con el propósito de cumplir con los objetivos de esta ley. Los recursos del Fonade se distribuirán bajo los lineamientos y las directrices que emite el Consejo Rector para los beneficiarios de esta ley. El Fonade será un patrimonio autónomo, administrado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Contará con la garantía solidaria del Estado para establecer o contratar créditos, además de su más completa cooperación y de todas sus dependencias e instituciones. Los gastos administrativos y operativos del Fonade serán presupuestados y cubiertos con cargo a su patrimonio e independientes de los recursos asignados a la Secretaría Técnica del Consejo Rector. A nivel presupuestario, los superávits, si los hubiera, serán clasificados como específicos para los fines de la presente ley. Para efectos financieros y de endeudamiento del Fonade, además de las buenas prácticas utilizadas en la materia, se aplicarán las siguientes políticas: 1. Política de endeudamiento: Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta ley, el Consejo Rector, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para negociar, contratar y ejecutar, de manera autónoma, endeudamientos internos y externos de mediano y largo plazo, hasta un nivel de endeudamiento máximo equivalente a cinco coma cinco (5,5) veces el patrimonio del Fonade. El endeudamiento se calculará con base en el patrimonio del Fonade al 31 de diciembre de cada año, excluyéndose para el cálculo los pasivos de corto plazo; además, el endeudamiento no ejecutado en cualquier año deberá ser utilizado en los períodos siguientes, en adición al endeudamiento del año correspondiente. Para lo anterior, el Consejo Rector aprobará previamente las siguientes condiciones: 1.1 Una evaluación previa a la toma de la deuda sobre la capacidad de devolución del Fonade, a partir de su propio desempeño histórico de recuperaciones. Cuando la mora consolidada del Fondo de Crédito del Fonade supere el cinco por ciento (5%), no sé podrán negociar o contratar nuevos endeudamientos. 1.2 Una evaluación de la gestión integral de riesgos asociados al Fondo y definición de las medidas apropiadas para su mitigación. 1.3 Una justificación técnica sobre la demanda proyectada de recursos, tomando en consideración el porcentaje y ritmo de colocación del Fondo de crédito del Fonade. 2. Política sobre instrumentos financieros: El Fonade podrá emitir bonos de desarrollo, los que podrán ser adquiridos por los intermediarios financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley N.° 8634 y sus reformas y el artículo 59 de la Ley N.° 1644 y sus reformas, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales; asimismo el Fonade podrá titularizar sus flujos de ingresos futuros, sus bienes o un conjunto prefijado de activos y sus correspondientes flujos de ingresos. Los valores provenientes de los bonos de desarrollo y la titularización serán negociables conforme a los mecanismos y las reglas vigentes para el mercado de valores. El Fonade podrá mantener inversiones en valores u otro tipo de instrumentos financieros, de conformidad con las políticas que emita el Consejo Rector. En materia de contratación administrativa, al Fonade le serán aplicados únicamente los principios constitucionales que rigen la materia. En lo concerniente a capital humano y régimen de empleo, se le aplicará lo establecido en esta ley para la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo. El Fonade contará con una moderna plataforma tecnológica y digital, cuyos componentes incorporarán los elementos necesarios para el control, la transparencia y la gestión del Sistema de Banca para el Desarrollo y la Secretaría Técnica del SBD. La Secretaría Técnica del SBD promoverá la conectividad necesaria para la interconexión con los sistemas informáticos de las entidades integrantes del Sistema, de acuerdo con las necesidades y estrategias que en esta materia defina el Consejo Rector del SBD. Se faculta a las entidades públicas integrantes del Sistema a facilitar la conectividad mencionada. Con el propósito de facilitar el pago de operaciones de crédito y demás productos al amparo de los alcances de esta ley, el Fonade podrá tener acceso al Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) del Banco Central de Costa Rica. Conjuntamente, la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo y el Banco Central de Costa Rica podrán establecer diversas estrategias de profundización de canales digitales, que contribuyan con los objetivos de inclusión financiera y profundización del mercado. Los recursos del Fonade se destinarán a los siguientes fines: a) Como capital para el financiamiento de operaciones crediticias, de factoraje financiero, arrendamiento financiero y operativo, microcréditos y proyectos del sector agropecuario, así como otras operaciones activas que los usos, las prácticas y las técnicas nacionales o internacionales admitan como propias de la actividad financiera y bancaria, según las disposiciones que para estos efectos emita el Consejo Rector. b) Como capital para el otorgamiento de avales que respalden el financiamiento que otorguen los participantes e integrantes del SBD. c) Para servicios no financieros y de desarrollo empresarial, tales como: 1. Capacitación. 2. Asistencia técnica. 3. Elaboración de estudios sectoriales a nivel nacional y regional. 4. Investigación y desarrollo para innovación y transferencia tecnológica, así como para el conocimiento y desarrollo del potencial humano. 5. Medición integral de impactos del SBD. 6. Manejo de microcréditos. 7. Otras acciones que el Consejo Rector defina como pertinentes para el cumplimiento de los fines y propósitos de esta ley. d) Para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas, mediante modelos de deuda subordinada al éxito, capital semilla y capital de riesgo. Para este propósito, el Consejo Rector destinará, anualmente, al menos el veinticinco por ciento (25%) de los recursos provenientes del inciso h) del artículo 59 de la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. El Fonade deberá aplicar las buenas prácticas internacionales, con el fin de desarrollar estos programas. e) Para el financiamiento de las primas del seguro agropecuario, o bien, financiar las primas de otros sectores productivos que así lo requieran. Los recursos destinados en el inciso a) se canalizarán por medio de banca de segundo piso. En caso estrictamente necesario, el Consejo Rector del SBD podrá establecer mecanismos alternos para canalizar los recursos. En el caso de los fondos destinados en los incisos c), d) y e), al Consejo Rector le corresponderá determinar, bajo sus políticas y lineamientos, cuáles proyectos específicos o cuáles programas acreditados por parte de los integrantes del SBD podrán tener un porcentaje, total o parcial, de los recursos que sean de carácter no reembolsables, así como las condiciones para el otorgamiento de estos, las regulaciones y los mecanismos de control para su otorgamiento. Los bancos administradores del Fondo de Crédito para el Desarrollo facilitarán crédito al Fonade con recursos del FCD al costo, para que este los canalice bajo condiciones que establezca el Consejo Rector. Los recursos que forman parte del Sistema de Banca para el Desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, estarán exentos de todo tipo de tributo y no serán considerados como parte del encaje mínimo legal. Esta disposición se aplicará también a los operadores financieros que hagan uso de estos recursos. ### ARTÍCULO 35- Refórmase el párrafo segundo del artículo 18 “Otorgamiento de Avales y Garantías” de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N.° 8634 y sus reformas, para que adelante se lea de la siguiente manera: ### Artículo 18- Otorgamiento de avales y garantías Para el otorgamiento de avales y garantías se podrán garantizar operaciones financieras en todos los integrantes financieros del SBD, en condiciones y proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus actividades y estas operaciones financieras respondan a los objetivos de la presente ley. El monto máximo por garantizar, cuando se trate de avales individuales, en cada operación será hasta por el setenta y cinco por ciento (75%) de esta. En caso de que se presenten desastres naturales, siempre y cuando se acompañen con la declaratoria de emergencia del gobierno, o por disposición del Consejo Rector, por una única vez, el monto máximo a garantizar por operación será hasta el noventa por ciento (90%) para las nuevas operaciones de crédito productivo que tramiten los afectados. La modalidad, los términos y demás aspectos técnicos de los diferentes tipos de avales, a los que se refiere esta ley, serán establecidos por el Consejo Rector del SBD. ### ARTÍCULO 36- Refórmase el artículo 36 “Creación del Fondo de Crédito para el Desarrollo” de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N.° 8634 y sus reformas, para que adelante se lea de la siguiente manera: ### Artículo 36- Creación del Fondo de Crédito para el Desarrollo Se crea el Fondo de Crédito para el Desarrollo, en adelante FCD, que estará constituido por los recursos provenientes del inciso i) del artículo 59 de la Ley N.° 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. El Consejo Rector queda facultado para asignar este Fondo a su conveniencia, bajo las siguientes opciones: a) Bancos estatales. Podrá conceder el FCD a uno o a los dos bancos del Estado. En caso de que se elija más de un banco estatal, el Consejo Rector le indicará a la banca privada cuál es el porcentaje que le corresponde transferir a cada banco administrador; además, los períodos de revisión y ajuste de dichos porcentajes serán definidos por el Consejo Rector. El o los bancos estatales administradores reconocerán, por la captación de dichos fondos, las tasas de interés estipuladas en el inciso i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. Además, estos recursos se deberán manejar como parte de las cuentas normales, con una contabilidad separada. El o los bancos estatales administradores podrán canalizar los recursos del Fondo de Crédito para el Desarrollo como banca de segundo piso, por medio de los integrantes establecidos en el artículo de la Ley N.° 8634 y sus reformas, siempre y cuando realicen operaciones de crédito en programa que cumplan los objetivos y beneficiarios establecidos en esta ley y autorizados por el Consejo Rector. La tasa de interés que podrán cobrar el o los bancos estatales administradores del Fondo de Crédito para el Desarrollo a los beneficiarios de esta ley, de forma directa, será igual a la establecida en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.° 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. En caso de que el o los bancos administradores canalicen los recursos por medio de banca de segundo piso, el Consejo Rector definirá una tasa preferencial. El o los bancos administradores presentarán, ante el Consejo Rector, un modelo de administración de riesgos que deberá aplicar para la administración de su fondo respectivo. Los recursos de este Fondo que no se logren colocar, según los fines establecidos para el SBD, una vez deducidas las necesidades de liquidez de acuerdo con los índices de volatilidad para la sana administración de los recursos, se colocarán en instrumentos financieros del sector público costarricense. Para cubrir los costos de operación, servicios y cualquier otro rubro por la administración de las inversiones, según el párrafo anterior, el o los bancos administradores recibirán una única comisión fijada por el Consejo Rector, que como máximo será de un diez por ciento (10%) de los rendimientos obtenidos, una vez excluido el costo de los recursos. En este caso, los rendimientos adicionales que generen estos recursos serán trasladados mensualmente al patrimonio del Fonade. b) Fonade mediante la emisión de bonos de desarrollo, los cuales se registrarán como préstamo al Fondo Nacional para el Desarrollo, y podrán ser adquiridos por los intermediarios financieros, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales. Estos bonos son intermediación cerrada y por lo tanto no se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras. El Fonade reconocerá, por el depósito de dichos fondos en los bonos de desarrollo, las tasas de interés estipuladas en el inciso i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. Además, estos recursos se deberán manejar como parte de las cuentas normales, con una contabilidad separada. El Consejo Rector definirá la tasa de interés, márgenes, comisiones y condiciones generales con que se canalizarán estos fondos por medio de los operadores financieros. Al Fonade no le aplicará las condiciones establecidas en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.° 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. ### ARTÍCULO 37- Declaratoria de interés público Esta ley se declara de interés público, y por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquiera que se le oponga. ### TRANSITORIO I- Para la conformación de la primera Junta Administradora del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario, creado en el artículo 19 de esta ley, los representantes de los beneficiados serán nombrados por el encuentro social multisectorial por los representantes de las organizaciones que conforman las mesas del sector agropecuario y sector rural. ### TRANSITORIO II- Los bancos, Judesur y el Infocoop, tendrán un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para implementar el área especializada en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. ### TRANSITORIO III- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispondrá de tres meses plazo, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para emitir la regulación requerida que debe aplicar esta ley. ### TRANSITORIO IV- El Poder Ejecutivo, emitirá en un plazo no mayor de un mes, a partir de la publicación de esta ley, un decreto ejecutivo que permita la coordinación de la red de apoyo al ecosistema empresarial con servicios de acompañamiento en atención de los fines de la presente ley y determine los requisitos de las organizaciones conforme al inciso “10” del artículo 10 de la presente. Rige a partir de su publicación. Wálter Muñoz Céspedes Diputado 7 de mayo de 2020. NOTAS: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21935). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.