# Expediente 21938: Archivado el proyecto que dejaba al Conapdis usar sus ahorros en la pandemia - Página: https://elcenso.com/leyes/21938 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENFRENTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 - Publicada: 2020-04-23 - La Gaceta: 89 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 21938 murió sin ser ley: proponía que el Conapdis gastara su superávit específico en la emergencia por COVID-19 y que no le aplicara la regla fiscal. ## A quién le toca - Personas con discapacidad que dependen de los programas del Conapdis - Personas con discapacidad en los quintiles I y II, que según el texto son 352.997 - Funcionarios del Conapdis que manejan los recursos de destinación específica ## A quién beneficia - El Conapdis habría podido usar su superávit específico durante la emergencia por COVID-19 - El Conapdis habría quedado fuera de la regla de Responsabilidad Fiscal de la Ley 9635 durante la emergencia - La excepción se habría repetido en cada emergencia nacional que decretara el Gobierno ## Qué cambia - El proyecto no es ley: venció el 20 de abril de 2024 - El Conapdis sigue sujeto a los destinos específicos de la Ley 9379 y la Ley 9303 - El Conapdis sigue sujeto al título 4 de la Ley 9635 sobre Responsabilidad Fiscal ## Cláusulas a revisar - **La excepción se repetía en cada emergencia** (4): El artículo 4 no limitaba la excepción a la emergencia por COVID-19. La extendía a cualquier emergencia nacional que decretara el Gobierno. Texto: "Las excepciones y regulaciones autorizadas mediante la presente ley, tendrán vigencia cada vez que el Gobierno de la República decrete una Emergencia Nacional." - **El Conapdis quedaba fuera de la regla fiscal** (3): El artículo 3 sacaba al Conapdis del título 4 de la Ley 9635 sobre Responsabilidad Fiscal durante la emergencia. Esa regla controla el gasto público. Texto: "el título 4 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referido a la Responsabilidad Fiscal de la República, no será de aplicación para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad." ## Explicación El expediente 21938 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 20 de abril de 2024 y la Asamblea lo archivó. El proyecto proponía dejar al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) usar sus ahorros de destinación específica durante la emergencia por COVID-19 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto autorizaba al Conapdis a usar el superávit específico de dos leyes para aumentar otras partidas presupuestarias. Esa plata debía ir a la atención integral de personas con discapacidad durante la emergencia nacional por COVID-19 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esa plata venía de dos leyes. Una es el artículo 19 incisos a) y b) de la Ley 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, del 18 de agosto de 2016. La otra es el artículo 10 de la Ley 9303, Ley de creación del Conapdis, del 26 de mayo de 2015 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto pedía una liquidación al final del ejercicio económico 2020. El Conapdis debía enviarla a la Contraloría General de la República para evaluación. El proyecto advertía que usar los fondos para fines distintos sería penalizado según el ordenamiento jurídico ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 3 era el más amplio. Durante la emergencia por COVID-19, declarada con el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, el título 4 de la Ley 9635 no se le aplicaría al Conapdis ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese título 4 es el de la Responsabilidad Fiscal de la República. El artículo 4 extendía el efecto. Las excepciones y regulaciones autorizadas tendrían vigencia cada vez que el Gobierno decretara una Emergencia Nacional ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto citaba la Encuesta Nacional de Discapacidad de 2018 (ENADIS). Según esa encuesta, un 18.2% de la población mayor de 18 años tiene una o varias discapacidades, unas 670.640 personas sin contar a las menores de edad ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El proyecto está archivado. La ficha registra el vencimiento cuatrienal el 20 de abril de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El recorrido fue corto. Se presentó en el plenario el 20 de abril de 2020 y se envió a la Imprenta Nacional el 21 de abril [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor lo recibió el 26 de mayo de 2020 y lo votó el 19 de agosto de 2020, cuando emitió dictamen. El 27 de agosto de 2020 la comisión lo remitió a la Secretaría del Directorio. Después de eso no hay más pasos en la ficha. El proyecto no llegó a primer debate. Para ser ley le faltaba el debate en el plenario y la aprobación en dos votaciones ([guía, p. 28](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=28)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. El artículo 51 manda al Estado dar protección especial a las personas con discapacidad ([Constitución, art. 51](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto iba en esa dirección al dirigir plata a su atención durante la emergencia ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Hay una duda sobre el artículo 3. El proyecto sacaba al Conapdis de la regla de Responsabilidad Fiscal de la Ley 9635 durante la emergencia ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La Constitución no menciona esa regla en los artículos del dossier. La duda es de política fiscal, no de texto constitucional. Otra duda toca el control del gasto. El artículo 2 dejaba la liquidación en manos de la Contraloría General de la República ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La Constitución define a la Contraloría como institución auxiliar de la Asamblea en la vigilancia de la Hacienda Pública ([Constitución, art. 183](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto respeta ese papel al enviarle la liquidación. ### Qué puede hacer usted El proyecto está archivado, así que no hay comisión ni plenario donde incidir. Puede pedir información sobre el expediente a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina da información sobre el estado de tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede revisar el expediente en el Sistema de Información Legislativa. La ficha del 21938 está publicada ahí [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Si quiere que el tema vuelva, puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. Ese mecanismo no garantiza que la acojan, la discutan ni la voten ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). También puede denunciar ante la Contraloría General de la República un manejo irregular de recursos públicos. Las denuncias se reciben en la plataforma de servicios en Sabana Sur, al teléfono 2501-8025 o por el portal institucional ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de agosto de 2020. El dossier no dice cuánto superávit específico tenía el Conapdis en 2020. El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque claro. El artículo 51 respalda la protección especial a personas con discapacidad y el artículo 183 respalda el control de la Contraloría que el texto mantiene. ## Qué puede hacer usted - Pedir información a la Oficina de Iniciativa Popular: Solicite el estado de tramitación del expediente 21938 y las actas de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea: Llene el formulario en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo. La Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados, que deciden si la acogen (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denunciar ante la Contraloría General de la República: Preséntela en la plataforma de servicios en Sabana Sur, al teléfono 2501-8025 o por el portal institucional (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21938: LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENFRENTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-04-23. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DICAPACIDAD ENFRENTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 VARIAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS EXPEDIENTE N.º 21.938 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DICAPACIDAD ENFRENTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 Expediente N.° 21.938 ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS, 2018) nos muestra que en Costa Rica un 18.2% de la población mayor de 18 años presenta una o varias discapacidades, lo cual corresponde aproximadamente a 670.640 personas sin contar a las personas menores de edad. Este grupo de población es especialmente vulnerable a situaciones de riesgo y emergencia debido a la presencia de afecciones crónicas subyacentes graves, como enfermedades pulmonares crónicas, afecciones cardiacas graves o un sistema inmunológico debilitado. Asimismo, se considera especialmente vulnerable este grupo de población debido a que: - Las personas con discapacidad física o movilidad reducida muchas veces no pueden evitar entrar en contacto con otras personas que podrían estar infectadas, como familiares y asistentes personales. - Los servicios de atención médica y la infraestructura hospitalaria en muchas ocasiones no resultan accesibles a las necesidades de las personas con discapacidad. - Durante la emergencia hay personas que enfrentan problemas para recibir la información relacionada con las medidas preventivas, como el lavado de manos y el distanciamiento social. - Ciertas personas con discapacidad se ven imposibilitadas para comunicar los síntomas de la enfermedad. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) creado mediante ley N.° 9303 del 26 de mayo de 2015, es una institución que funciona con limitados recursos económicos, está obligada a la promoción y la rectoría, así como a supervisar la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. Según lo indica el artículo 3, inciso d) de su ley constitutiva, el Conapdis debe: “Coordinar, orientar y articular la provisión de recursos de los programas sociales selectivos y de los servicios de atención directa a personas con discapacidad, minimizando la duplicidad y dando énfasis a los sectores de la población que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza”. Esto, traducido a un dígito nominal, según la Encuesta Nacional de Discapacidad 2018, representa a 352.997 personas con discapacidad que se ubican en los quintiles I y II, lo que evidencia la enorme cantidad de personas con discapacidad en pobreza extrema y pobreza correspondiente. Asimismo, es prioritario tener en cuenta que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad no es un “microestado de la discapacidad”, por el contrario, con la parvedad económica con que funciona y con el escaso personal que opera, tiene el deber ser de evidenciar a otras instituciones las necesidades de este grupo de población, a fin de que las mismas sean consideradas en cada política pública, plan programa o proyecto de ley en curso o que esté por realizarse. Así, tomando en consideración que la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas, declaró el martes 17 de marzo de 2020, que considera que los Estados han tomado escasas medidas para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad, para protegerlas del contagio de la actual pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y a nuestro país, y siendo que en Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, se declaró Emergencia Nacional el día 16 de marzo, apenas un día antes de la declaración de la relatora especial de Naciones Unidas, donde expresara que las personas con discapacidad son particularmente vulnerables y deberían ser consideradas de alto riesgo de contagio; por lo que Devandas, solicitó́ que los Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) “tomen medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis” (ONU, 17 de marzo 2020); el Conapdis actuó en consecuencia. De forma tal, como guía para atender a las personas con discapacidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el día 20 de marzo, apenas 3 días después de publicada la solicitud realizada por la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, para implementar medidas adicionales de protección social, el Conapdis envió a la Sra. Geanina Dinarte Romero Ministra de Trabajo y Seguridad Social, al Sr. Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y al Sr. Alexander Solís Delgado Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, un documento denominado: “26 Medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad en atención a la declaratoria de Emergencia Nacional en Costa Rica por el COVID-19”. En estas 26 medidas adicionales de protección, están contenidas las acciones que el Conapdis precisa ejecutar para proteger a las personas con discapacidad mientras dure la emergencia en curso. Algunas de ellas ya se han llevado a cabo gracias al empeño de la colaboración interinstitucional y a arreglos presupuestarios internos, por ejemplo: 1- Se realizó la solicitud de inclusión de las personas con discapacidad a la declaratoria como grupo vulnerable mediante el oficio DE-323-2020 CONAPDIS dirigido al Ministro de Salud, Ministra de Comunicación, Ministra de Educación, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. 2- Se formularon y enviaron mediante el oficio DE-338-2020 dirigido al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y a la Ministra de Trabajo, las 26 Medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad en atención a la declaratoria de Emergencia Nacional en Costa Rica por el COVID-19. 3- Elaboración y divulgación de material infográfico sobre un conjunto de medidas que deben tomar las personas según tipo de discapacidad para evitar el contagio. Además, se elaboró una infografía explicando qué es el coronavirus para personas con discapacidad intelectual. 4- Se ha enviado un oficio a todos los medios de comunicación para que divulguen la información, con lenguaje accesible para los distintos tipos de discapacidad. 5- Participación activa con el Ministerio de Salud, CONAPDIS y FECRUNAPA para emitir los “Lineamientos generales para la atención diaria en Centros Diurnos, Hogares de Larga Estancia para Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad, Albergues, Centros de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPAD) y Grupos comunales en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19)” 6- Atención y orientación a las personas con discapacidad para instar a que se les ofrezca como alternativa el teletrabajo a las personas con discapacidad. 7- Solicitud a universidades para que tengan las consideraciones necesarias con las personas con discapacidad en caso de proseguir con las clases de manera virtual. 8- Se proveyó interpretación de LESCO a los videos oficiales del Ministerio de Salud sobre las medidas coronavirus. 9- Se realizó una propuesta de decreto para que ninguna institución del Estado que otorgue beneficios de asistencia social, los suspenda o derogue, ni sostenga los condicionantes del cumplimiento de la contraprestación para mantener las transferencias económicas. 10- Se elaboró una matriz que contiene la descripción de las 50 alternativas residenciales, según área de salud para someter a consideración que se le pueda brindar por parte del MS y de la CCSS apoyo en la prevención de la epidemia en dichas alternativas. 11- Mediante el oficio DCA-0959 recibió la autorización por parte de la Contraloría General de la República para contratar en forma directa-con oferentes idóneos-servicios residenciales y servicios profesionales de enfermería y /o medicina; para personas usuarias del Programa de Servicios de Convivencia Familiar identificadas como caso sospechoso o positivo de la enfermedad Covid-19, pandemia así declarada por la Organización Mundial de la Salud. 12- Se definió una estructura organizativa de comunicación con las personas encargadas de los servicios residenciales de personas con discapacidad en situación de abandono, para atender las necesidades que se identifiquen a raíz de la emergencia. 13- Luego de la directriz de Gobierno Central para disminuir la cantidad de personal, Conapdis sigue siendo una institución virtualmente abierta y sigue realizando todas sus labores de manera remota. 14- Inclusión de traductoras del LESCO mediante videollamada en el 911 y 1322 y solicitud para que profesionales en psicología se integren al equipo. 15- Solicitud al Ministerio de Salud para considerar las particularidades de la población con trastornos del espectro autista (TEA), y discapacidad psicosocial en razón de permitirle circular por espacios públicos en compañía con un asistente personal, con el distintivo del pañuelo azul (TEA) y anaranjado (discapacidad psicosocial). 16- Se han creado identificaciones (carnets) para entregar a las personas del programa de asistentes personales de Conapdis para que puedan justificar su libre tránsito en razón de atender a personas con discapacidad que así lo requieran. 17- Se ha llamado la atención sobre la necesidad de incluir a quienes realizan cuidados y apoyos para personas con discapacidad o dependientes dentro de las excepciones del Decreto Ejecutivo 42253-MOPT-S. Y se ha logrado. 18- Propuesta de mediadores y mediadoras tecnológicos que colaboren para que las personas con discapacidad tengan acceso a la plataforma Proteger.co.cr. Sin embargo, muchas de las acciones contenidas en las 26 medidas adicionales de protección, se encuentran aún hoy, por cumplir. El motivo es la limitación en el uso de los recursos disponibles, al ser estos destinos específicos de ley. Para ello es necesario poder utilizar, mientras dure la emergencia en curso, los recursos del superávit específico. El artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada e integrada en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley N.° 8661, establece que ante las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias: “Los Estados Parte adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”. Para cumplir con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental conocer el detalle de la proporción de personas con discapacidad. Para ello, la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS, 2018) nos muestra que en Costa Rica un 18.2% de la población mayor de 18 años presenta una o varias discapacidades, lo cual corresponde aproximadamente a 670.640 personas sin contar a los y las personas menores de edad. Dentro de este porcentaje tan significativo, la discapacidad tiene rostro de persona adulta mayor, pobre y comúnmente con enfermedades crónicas, al mismo tiempo en que, es pertinente señalar el perverso binomio entre pobreza y discapacidad, en esta coyuntura, hace más vulnerables a las más de 350.000 personas con discapacidad que no logran llegar a fin de mes. Asimismo, consideramos importante señalar que existen actualmente en nuestro país, un foco de personas con discapacidad que enfrentan una discriminación múltiple e intersectorial, las cuáles deben ser atendidas con celeridad y eficacia: - 203. 642 personas con discapacidad tienen sesenta y cinco o más años. - 428.725 personas con discapacidad tienen una autopercepción muy mala, mala o regular de su estado de salud. - 11.926 personas en situación de discapacidad no disponen de servicios básicos y 41.908 dispone apenas de servicios básicos deficientes. Para dar respuestas coherentes con la situación que vive el país, en este momento el Conapdis podría disponer de un presupuesto aproximado de dos mil seiscientos millones de colones, que actualmente se encuentran como superávit específico de diversas fuentes de financiamiento, y que actualmente son necesarios para la atención de las personas con discapacidad durante esta emergencia. Sin embargo, las propias leyes que originan los destinos específicos que la Institución recibe para transferir y destinarlos a los programas de atención a las personas con discapacidad, presentan obstáculos que impiden su disposición ante esta emergencia nacional. De ahí que, la presente iniciativa tenga por objeto facilitar la gestión del Conapdis, a efectos de establecer una estructura que reúna y coordine servicios de asistencia social, psicológica, así como otros servicios interinstitucionales que garanticen los mecanismos adecuados de operativización de los derechos de las personas con discapacidad en esta situación de emergencia. Así la presente iniciativa de ley pretende que, en concordancia con las normas y criterios operativos para la utilización de los clasificadores presupuestarios del sector público, que establecen que “en caso de que el aporte concedido con finalidad específica esté amparado en una ley o disposición especial, de generarse un sobrante, éste deberá ser devuelto y podrá ser reasignado presupuestariamente, para un fin distinto al original si otra ley o disposición especial así lo dispone”, se proceda a habilitar al Conapdis para utilizar estos recursos en las partidas presupuestarias dirigidas a la atención de personas con discapacidad durante la emergencia nacional por COVID-19. En razón de lo anterior, resulta absolutamente necesario emitir la presente normativa y eliminar restricciones a las que se encuentran sujetados recursos con destinos específicos que el Conapdis recibe y necesitar transferir para la atención de las personas con discapacidad, en aras de poder utilizar estos recursos, en la actual situación de emergencia. La urgencia nacional nos llama a tomar decisiones prontas, y al mismo tiempo, decisiones fundamentadas en los más sólidos pilares de las ideas constructoras del Estado Social de Derecho Costarricense. De conformidad con lo anterior, sometemos a consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados el presente proyecto de Ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DICAPACIDAD ENFRENTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 ### ARTÍCULO 1- Se autoriza al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), para que utilice el superávit específico de los recursos provenientes del artículo 19 incisos a) y b) de la N.° 9379 Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad del 18 de agosto de 2016; y del artículo 10 de la N.° 9303 Ley de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, del 26 de mayo del 2015, a fin de incrementar otras partidas presupuestarias, destinadas a la atención integral de las personas con discapacidad durante la situación de emergencia Nacional por el COVID-19. ### ARTÍCULO 2- A efecto de que los recursos redireccionados con base en la presente ley se utilicen para la atención de personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad, abandono o riesgo social, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad deberá realizar, al finalizar el ejercicio económico 2020, una liquidación de estos recursos, la cual será enviada a la Contraloría General de la República para su evaluación. El uso de estos fondos para fines ajenos a los establecidos en la presente ley será penalizado conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. ### ARTÍCULO 3- Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, establecida mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, el título 4 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referido a la Responsabilidad Fiscal de la República, no será de aplicación para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. ### ARTÍCULO 4- Las excepciones y regulaciones autorizadas mediante la presente ley, tendrán vigencia cada vez que el Gobierno de la República decrete una Emergencia Nacional. Rige a partir de su publicación. Catalina Montero Gómez Óscar Mauricio Cascante Cascante Rodolfo Rodrigo Peña Flores Gustavo Alonso Viales Villegas Carlos Luis Avendaño Calvo Zoila Rosa Volio Pacheco José María Villalta Flórez-Estrada Walter Muñoz Céspedes Sylvia Patricia Villegas Álvarez Mario Castillo Méndez Welmer Ramos González Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Carmen Irene Chan Mora Jonathan Prendas Rodríguez Mileidy Alvarado Arias Floria María Segreda Sagot Luis Fernando Chacón Monge Paola Alexandra Valladares Rosado Daniel Isaac Ulate Valenciano Aida María Montiel Héctor María Vita Monge Granados Dragos Dolanescu Valenciano Nidia Lorena Céspedes Cisneros Ignacio Alberto Alpízar Castro Marulin Raquel Azofeifa Trejos Diputadas y diputados 21 de abril de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21938). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.