# Expediente 21940: Archivado el plan que congelaba cuotas de crédito por el Covid - Página: https://elcenso.com/leyes/21940 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY ESPECIAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CREDITICIA A PARTIR DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 - Publicada: 2020-04-29 - La Gaceta: 95 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 21940 proponía suspender el cobro de cuotas de créditos por 60 días a deudores afectados por la pandemia, pero venció su plazo cuatrienal en abril de 2024 sin ser ley. ## A quién le toca - Personas con créditos de vivienda, vehículos, consumo, tarjetas de crédito, personales o de educación superior y técnica - Personas despedidas, con suspensión de contrato o con reducción de jornada por la pandemia - Trabajadores independientes e informales con caída de más del 20% de ingresos - Entidades financieras reguladas por la SUGEF y prestamistas no regulados ## A quién beneficia - Congelaba cuotas de crédito por al menos 60 días sin sumar intereses moratorios - Trasladaba las cuotas al final del crédito sin capitalizar intereses - Ampliaba el plazo de las garantías por el mismo plazo de la suspensión - Eximía de timbres y derechos de registro la ampliación de garantías inscritas ## Qué cambia - Las cuotas congeladas se pagarían después, al final del crédito - Los seguros no se suspendían y debían seguir pagándose - El deudor no podía tener mora mayor a 90 días para calificar - El Banco Central quedaba autorizado a crear un programa de apoyo a la liquidez ## Explicación El expediente 21940 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 22 de abril de 2024 y quedó archivado [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Proponía congelar el cobro de cuotas de créditos a personas afectadas por la pandemia del Covid-19. ### Qué propone El proyecto proponía suspender el cobro de la deuda principal, los intereses y cualquier otro cargo de créditos de vivienda, vehículos, consumo, tarjetas de crédito, personales y de educación superior y técnica ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La suspensión duraría un mínimo de 60 días naturales desde que entrara en vigencia la ley ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Las cuotas congeladas se pagarían al final del crédito, mes a mes, por el mismo plazo de la suspensión. No se les podían sumar intereses moratorios ni otros cargos ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Tampoco se podían capitalizar intereses sobre esas cuotas ([art. 8](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Para calificar, el deudor debía demostrar afectación por la pandemia con alguno de estos documentos: declaración jurada de caída de más del 20% de ingresos (si es no asalariado), carta de despido, carta de suspensión temporal de la relación laboral o carta de reducción de jornada según la Ley 9832 ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). No podía tener una mora mayor a 90 días. La suspensión aplicaba a entidades reguladas por la SUGEF y también a personas físicas o jurídicas no reguladas que otorgaran esos créditos ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Se exceptuaban los seguros, que seguían pagándose, y las operaciones con póliza de seguro de desempleo ya aceptada por la aseguradora ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto también autorizaba al Banco Central a crear un programa especial de apoyo a la liquidez de las entidades financieras ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Y facultaba al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para permitir readecuaciones de deudas hasta dos años después del fin de la emergencia ([art. 9](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El proyecto quedó archivado. Su plazo cuatrienal venció el 22 de abril de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El último paso registrado fue el ingreso en el orden del día del Plenario el 28 de mayo de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Antes, el 26 de mayo de 2020, el Plenario le dispensó trámite y lo recibió en la Secretaría del Directorio. El 25 de mayo de 2020 había llegado a la Comisión de Asuntos Económicos. Para que fuera ley faltaba el dictamen de comisión, el primer debate, el segundo debate y la firma del Poder Ejecutivo. Nada de eso ocurrió antes del vencimiento. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 121, inciso 1, dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto siguió el trámite legislativo ordinario descrito en la ficha [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El artículo 50 ordena que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La suspensión de cobro buscaba aliviar a hogares afectados por la pandemia ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 73 establece los seguros sociales y protege sus fondos ([Constitución, art. 73](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto excluía de la suspensión el monto de los seguros, que debían seguir pagándose ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Una duda posible: el artículo 11 autorizaba al Banco Central a establecer un programa de apoyo a la liquidez ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El dossier no incluye el artículo constitucional que regula las competencias del Banco Central, así que no se puede comparar. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya no se puede impulsar porque está archivado. Pero si quiere que un tema parecido vuelva a discutirse, la guía de participación ciudadana tiene herramientas. Paso 1: usar el formulario web de la Asamblea para presentar una propuesta de ley. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas iniciativas y las remite a los diputados ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Paso 2: si quiere una iniciativa popular con garantía de que se vote, necesita reunir firmas. El TSE verifica el porcentaje requerido y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Paso 3: durante la discusión en comisión, puede entrevistarse con los diputados para proponer y argumentar de fondo sobre la importancia de aprobar o modificar un proyecto ([guía, p. 29](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=29)). Paso 4: en el Plenario, durante las primeras seis sesiones del primer debate, los diputados pueden presentar mociones de orden. La sociedad civil puede incidir brindando información, propuestas y visitas a los diputados ([guía, p. 29](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=29)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después de mayo de 2020. El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos. El dossier no incluye el artículo constitucional sobre las competencias del Banco Central. El dossier no registra grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el proyecto y los artículos constitucionales del dossier. Hay una duda sobre las competencias del Banco Central que el dossier no permite resolver. ## Qué puede hacer usted - Formulario web de propuestas de ley: Rellene el formulario en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular con firmas: Reúna las firmas requeridas. El TSE verifica el porcentaje y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Entrevistas con diputados en comisión: Entrevístese con los diputados para proponer y argumentar de fondo sobre la importancia de aprobar o modificar un proyecto. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=29) - Incidencia en el Plenario: Brinde información, propuestas y visitas a los diputados para que transmitan el mensaje de la ciudadanía por medio de mociones. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=29) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21940: LEY ESPECIAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CREDITICIA A PARTIR DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-04-29. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY ESPECIAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CREDITICIA A PARTIR DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS EXPEDIENTE N.° 21.940 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY LEY ESPECIAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CREDITICIA A PARTIR DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 Expediente N.° 21.940 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El endeudamiento es un fenómeno con amplio alcance en nuestro país, así lo demostró la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, realizada en 2018, se desprende que aproximadamente el 60% de los hogares, unos 921 mil hogares, tienen al menos una deuda. Este comportamiento crediticio en las familias costarricenses se ha intensificado en los últimos años, siendo que, según ha comunicado de Casa Presidencial con sustento en datos de SUGEF, “de junio de 2011 a junio de 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se ha duplicado, pasando de unos ¢4 millones 400 mil a ¢8 millones 500 mil.” Al 2019, la deuda promedio de los hogares era 8,4 veces mayor que los ingresos de las familias y el pago de los créditos estaba consumiendo aproximadamente el 64% de los ingresos netos de los hogares del país. A esta situación se suma el grave impacto económico que vivimos por la pandemia a raíz del Covid-19, y que al día de hoy es incalculable el potencial daño a causa de esta enfermedad. Tal y como señaló recientemente el BCCR: “la propagación internacional del Covid-19 ha impactado y podría impactar, por diversos canales, la actividad económica mundial. Así, la disrupción de cadenas de valor por las medidas de contención ha afectado la producción de bienes y servicios en muchos países. Además, la pérdida de ingresos asociada a esas disrupciones, y la incertidumbre sobre el impacto del virus, podrían afectar la demanda privada; es decir, el consumo y la inversión. La demanda agregada global también se podría ver afectada por la alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, particularmente en la última semana. Así, los organismos financieros internacionales están revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía global en el 2020.” (CP-BCCR-007-2020) La crisis internacional provocada por la propagación del virus, ha tenido repercusiones que eran muy difícil de prever, los Gobiernos y los Estados no se encontraban preparados para hacer frente a las consecuencias que trajo consigo esta enfermedad, las cuales, no sólo afectan el campo de la salud, provocando cifras lamentables de fallecimientos y contagios, sino, una crisis económica producto del cierre de operaciones de muchas empresas, pérdida de empleos y de otras medidas de contención que afectan directamente la capacidad adquisitiva de muchas familias. Nos encontramos a las puertas de tener las mayores cifras de desempleo en nuestro país, los despidos masivos que ha generado la pandemia son realmente preocupantes y a esta situación se le debe sumar las numerosas suspensiones de contrato de trabajo, así como reducciones de jornada, medidas que han provocado que miles de costarricenses perdieran o vieran reducida su única fuente de ingresos. Por otro lado, trabajadores independientes y personas trabajadoras que figuran en la informalidad, o no asalariados (dueños de sus propios establecimientos comerciales), se encuentran dentro de los mayores afectados, viendo una disminución de ingresos considerable, que les impide cumplir con sus obligaciones cotidianas. Ante esta situación, se hace imperante e impostergable, la necesidad de promulgar una legislación que oxigene y permita a las familias contar con la posibilidad de hacer uso de los pocos recursos a los que tienen acceso para satisfacer las necesidades básicas de sus hogares, y salir adelante ante una inminente crisis económica. En medio de esta situación, el cumplimiento de las obligaciones crediticias representa una obligación difícil de cumplir, y es por eso que nace el presente proyecto de ley, que viene a oxigenar las finanzas de los hogares costarricenses de manera temporal, mediante una suspensión de cobro a operaciones crediticias, y así poder afrontar la recesión económica. De esta manera, estaremos brindando un respiro a miles de familias, con la tranquilidad suficiente de no verse afectado por un posible impago y eventual proceso de cobro, producto de la falta de recursos proveniente de las medidas antes señaladas. En este sentido se hace necesario recalcar las medidas que han venido aplicando algunos actores del Sistema Financiero Nacional, en donde, conscientes de la situación que atraviesa el país, han promulgado una serie de moratorias, periodos de gracia, suspensiones de pago, arreglos de pago, readecuaciones de deuda entre otros, para sus clientes y deudores. No obstante, la presente iniciativa viene a complementar esos esfuerzos aislados de algunas entidades, siendo una posibilidad adicional, sin que esto elimine o debilite las medidas previas a la presente iniciativa, por el contrario, se refuerzan para un mayor alcance y una aplicación más efectiva. Para que las medidas realmente complementen los esfuerzos supera citados, el proyecto de ley pretende tener una visión más amplia e integral, procurando la incorporación de la mayor cantidad de entidades para la aplicación de la suspensión de cobro, y así otorgar un alivio a una mayor cantidad de familias. En este sentido, con la propuesta de ley, se plantea una suspensión en el cobro de las operaciones crediticias, por un plazo determinado, toda vez que surge como respuesta a una necesidad que persiste y requiere ser atendida, por lo tanto, con este plazo, se pretende no causar un daño estructural al Sistema Financiero Nacional, ni descuidar la liquidez y la protección del ahorro al público. Es importante aclarar, que la dinámica propuesta no plantea una condonación o un perdón de la deuda, sino, una suspensión del cobro por un plazo, trasladándose el monto las cuotas sujetas a la suspensión de cobro, para que sea cancelado de forma posterior, en los mismos términos que al momento de la suspensión. Al monto total de las cuotas sujetas a la suspensión, no se le sumaran intereses ni otros cargos, significando un congelamiento de esas cuotas y un traslado en las mismas condiciones. Los acreedores no perderán su solvencia económica, y reconocemos el esfuerzo solidario y responsable por sus deudores y el país, sin disminuir su capital ni poner en riesgo su patrimonio, ese es un esfuerzo digno de un país solidario, y de Entidades comprometidas con el bienestar de las familias. Dentro de las medidas planteadas, se valoran aspectos propios de las operaciones crediticias, que representan estabilidad en términos de garantía y seguridad, tanto para el deudor, como para las entidades sujetas a la suspensión de cobro. Si bien los afectados por la pandemia pueden encasillarse en múltiples sectores de la sociedad, y en mayor o menor medida, pueden la mayoría de la población sufrir una afectación, la suspensión de cobro es enfocada en aquellos especialmente afectados por sus condiciones laborales o por una disminución de sus ingresos, para ello, se contemplan una serie de requisitos necesarios para calificar como beneficiario de la suspensión, en el entendido de que, no podría aplicarse de forma general y en automático, direccionados los esfuerzos a las familias que realmente sufren afectación a causa del Covid-19. Dentro de la línea de poder brindar herramientas de flexibilización de crédito, existe normativa, que debe ser ajustada, a fin de generar mejores condiciones tanto para acreedores como deudores, por ello, se mantiene a vista la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de esta normativa, y así generar un beneficio sostenible en el tiempo para quienes han visto afectada su calidad de vida ante esta enfermedad. Como medida adicional para apoyar a los costarricenses, con el claro espíritu de promulgar medidas que ayuden a contrarrestar los efectos producidos por la pandemia y como herramienta de flexibilización crediticia, para propiciar el rescate y la estabilidad económica de los diferentes actores de la economía nacional, protegiendo especialmente a los hogares y las familias, sometemos a consideración de los señores y señoras diputados el siguiente proyecto de ley: **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY ESPECIAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CREDITICIA A PARTIR DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 ### ARTÍCULO 1- Objeto. Establecer medidas adicionales de flexibilización crediticia, que permitan minimizar el impacto económico a partir de la afectación generada por la Pandemia del Covid-19, propiciar el rescate y la estabilidad económica de los diferentes actores de la economía nacional, protegiendo especialmente a los hogares y las familias, resguardando en todo momento la liquidez del Sistema Financiero Nacional, así como la protección del ahorro del público. ### ARTÍCULO 2- Fines. Se establecen como fines de la presente ley los siguientes: a) Salvaguardar los intereses de las personas deudoras con responsabilidades financieras y operaciones activas frente a la situación de crisis sanitaria y de desempleo en el país, originado en la pandemia del Covid-19. b) Flexibilizar la normativa que tiene efectos en las directrices y contratos de crédito para otorgar una suspensión temporal de los cobros de las cuotas de los créditos de vivienda, vehículos, consumo (incluyendo tarjetas de crédito), créditos personales y créditos para educación superior y técnica. c) Fomentar que los acreedores de los créditos de vivienda, vehículos, consumo (incluyendo tarjetas de crédito), créditos personales y créditos para educación superior y técnica realicen readecuaciones crediticias, para salvaguardar los intereses de las personas deudoras, especialmente de los hogares y las familias. ### ARTÍCULO 3- Operaciones sujetas a suspensión de cobro. Se establece una suspensión en el cobro de la deuda principal, intereses (incluyendo moratorios), y cualquier otro cargo asociado, de los créditos de vivienda, vehículos, consumo (incluyendo tarjetas de crédito), créditos personales y créditos para educación superior y técnica, otorgados a personas físicas o jurídicas, bajo cualquier tipo de garantía, y que cumplan las condiciones descritas en el artículo 5 de esta Ley. Como consecuencia de lo anterior, se suspenden las gestiones de cobro administrativo a las operaciones que les sea aplicada la suspensión de cobro, en cumplimiento con las condiciones establecidas en la presente ley y durante el plazo de vigencia de dicha suspensión. La suspensión prevista en el presente artículo aplicará, sin perjuicio de las medidas de flexibilización crediticia dispuestas por las Entidades Financieras a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Se exceptúa de esta suspensión, el monto correspondiente a todo tipo de seguros, los cuales deberán ser cancelados en la forma y términos convenidos por el deudor. De igual forma se excluye de esta suspensión de cobro, aquellas operaciones que cuenten con una póliza de seguro de desempleo, siempre que la entidad aseguradora haya aceptado cubrir el pago de las cuotas de la operación crediticia. ### ARTÍCULO 4- Entidades sujetas a la aplicación de la suspensión de cobro. Estarán sujetas a la aplicación de esta Ley: a) Las entidades financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que otorguen alguna de las operaciones crediticias definidas en el artículo anterior. b) Las demás personas físicas o jurídicas que no se encuentren reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y que otorguen las operaciones crediticias incluidas en el artículo anterior. ### ARTÍCULO 5- Personas beneficiarias de la suspensión de cobro. Serán beneficiarias de la suspensión de cobro establecida en la presente ley, las personas físicas o jurídicas que mantengan operaciones crediticias incluidas en el artículo 3 de esta Ley, para lo cual deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: a) El deudor no asalariado, debe demostrar, mediante declaración jurada suscrita por la persona física o jurídica, titular de la operación crediticia, que se dio una afectación en la fuente de ingresos, producto del cierre de operaciones o reducción de más de un 20% de sus ingresos de la actividad comercial. b) Carta de despido del trabajo. c) Carta de la persona empleadora donde informe de la suspensión temporal de la relación laboral en los términos señalados por el artículo 74 del Código de Trabajo, Ley N.° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. d) Carta de la persona empleadora donde informe de la reducción de la jornada ordinaria de la persona trabajadora, que implique una disminución de su salario, de conformidad con la Ley de Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la Declaratoria de Emergencia, Ley N.° 9832 del 23 de marzo de 2020. Los deudores que opten por acogerse a la suspensión de cobro, a la entrada en vigencia de la presente ley, no podrán tener una mora mayor a noventa días (90 días) sobre las operaciones a las que se solicite aplicar la suspensión. Los documentos anteriormente indicados podrán aportarse en formato de digital o impreso y serán prueba suficiente, en cada caso, para demostrar la afectación generada por la Pandemia del Covid-19. Se prohíbe la exigencia de nuevos requisitos o documentos probatorios adicionales. En caso de que se demuestre que la información suministrada por el deudor, fuese falsa, la entidad financiera dejará sin efecto la suspensión de cobro, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que corresponda. Posterior a la aprobación de la suspensión de cobro, las entidades podrán solicitar información adicional al deudor, directamente relacionada con el objeto de la presente ley con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo. ### ARTÍCULO 6- Plazo de la suspensión de cobro. La presente suspensión de cobro se otorgará por un plazo mínimo de sesenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Sin embargo, en el caso de las entidades sujetas a la suspensión de cobro, que hayan otorgado anticipadamente suspensiones de pago a sus deudores previo a la entrada en vigencia de esta ley, se aplicarán las siguientes reglas: a) Si la suspensión otorgada fue por un plazo menor al establecido en el párrafo primero de este artículo, se ajustará automáticamente y como mínimo, a los días que sean necesarios para alcanzar el plazo establecido en la presente ley. b) Si la suspensión otorgada fue por un plazo superior al establecido en el párrafo primero de esta ley, se mantendrá el plazo de suspensión otorgado originalmente por la entidad. ### ARTÍCULO 7- Dinámica de pago. Las cuotas incluidas en la suspensión de cobro, serán canceladas al vencimiento de la operación crediticia, de forma mensual, por el mismo plazo de la suspensión de cobro, sin perjuicio de eventuales readecuaciones conforme lo previsto en la presente ley. Dichas cuotas no podrán ser aumentadas por efecto de la suspensión de cobro, y sobre éstas no se podrán aplicar intereses moratorios o adicionales o cualquier otro cargo asociado. Tampoco se podrán capitalizar intereses sobre las cuotas sujetas a la suspensión de cobro en los parámetros establecidos en el artículo 8 de la presente ley. Amplíese el plazo de todas las garantías que respalden las operaciones crediticias sujetas a la suspensión de cobro prevista en la presente ley, por el mismo plazo de esta suspensión. En el caso de aquellas garantías objeto de inscripción en el Registro Nacional, se autoriza a las entidades sujetas a la aplicación de la presente ley, para que, por medio de la protocolización de las actuaciones de interés, proceda a llevar a la publicidad registral la consecuente ampliación en las garantías que respaldan la operación crediticia conforme los términos establecidos en la presente ley. Dicho trámite queda exento del pago de timbres y derechos de registro. ### ARTÍCULO 8- Intereses de cuotas no canceladas. Queda prohibido a las entidades sujetas a la aplicación de la suspensión de cobro, cobrar intereses moratorios u otros cargos por mora correspondientes a las cuotas cubiertas por la presente suspensión o capitalizarlos de cualquier manera. Toda cuota sujeta a suspensión de cobro será cancelada una vez que finalice el plazo de la operación crediticia, en los mismos términos y condiciones dispuestos al aplicarse la misma. ### ARTÍCULO 9- Reglas generales para la aplicación de la suspensión de cobro. Para la aplicación de la presente suspensión de cobro, se deberán considerar las siguientes reglas generales: a) Las partes podrán definir, por mutuo acuerdo, cualquier otro tipo de arreglo de pago a los efectos de cancelar el monto total de la suspensión de cobro, siempre y cuando las condiciones del arreglo de pago no resulten más gravosas para la persona beneficiaria, que las disposiciones contenidas en la presente ley. b) Las operaciones suspendidas de cobro, en razón de las disposiciones previstas en la presente ley, no serán consideradas una operación especial para efectos de calificación del deudor, ni afectarán la calificación de riesgo de los deudores en el Centro de Información Crediticia. c) El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero queda facultado para permitir readecuaciones de deudas y ajustes en las carteras de créditos que sean necesarias para la normalización de las operaciones, hasta por dos años posteriores al fin de la emergencia decretada como consecuencia de la Pandemia del Covid-19, sin que estas afecten la calificación de riesgo de los deudores. d) Se excluye de la aplicación de esta suspensión de cobro, aquellas operaciones crediticias inscribibles que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no estuvieran al menos presentadas al Registro Nacional con fundamento al artículo 455 del Código Civil. ### ARTÍCULO 10- Readecuación crediticia. Se autoriza a las entidades sujetas a la aplicación de la suspensión de cobro, para realizar readecuaciones crediticias a sus deudores, siempre y cuando, la nueva tasa de interés y demás costos asociados, no excedan las condiciones fijadas para la operación crediticia inicial y exista un acuerdo de las partes para su aplicación. Las garantías que respalden las operaciones crediticias aplicables al presente artículo, de pleno derecho se ampliarán por el mismo plazo de la readecuación de la operación. En el caso de aquellas garantías objeto de inscripción en el Registro Nacional, se autoriza a las entidades sujetas a la aplicación de la presente ley, para que, por medio de la protocolización de las actuaciones de interés, proceda a llevar a la publicidad registral la consecuente ampliación en las garantías que respaldan la operación crediticia conforme los términos establecidos en la presente ley. Dicho trámite queda exento del pago de timbres y derechos de registro. ### ARTÍCULO 11- Autorización. El Banco Central de Costa Rica queda autorizado a establecer un programa especial de apoyo a la liquidez de las entidades financieras para que puedan ejecutar los objetivos establecidos en la presente ley, en uso de las competencias e instrumentos que le son propios y aplicables en la atención del estado de emergencia declarado. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero queda facultado para permitir readecuaciones de deudas y ajustes en las carteras de créditos que sean necesarias para la normalización de las operaciones, hasta por dos años posteriores al fin de la emergencia decretada consecuencia de la Pandemia del Covid-19. Cada una de las acciones que efectuare el Banco Central de Costa Rica al amparo de esta ley deberá contemplar un estudio de costos y beneficios económicos y sociales con perspectiva de mediano y largo plazo. Rige a partir de su publicación. Pablo Heriberto Abarca Mora Zoila Rosa Volio Pacheco José María Villalta Flórez-Estrada Welmer Ramos González Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Nielsen Pérez Pérez Roberto Hernán Thompson Chacón Wálter Muñoz Céspedes Dragos Dolanescu Valenciano Jonathan Prendas Rodríguez Eduardo Newton Cruickshank Smith Diputados y diputadas 23 de abril de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21940). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.