Proyecto para que partidos dieran 75% de sus reservas al IMAS quedó archivado
El expediente 21.942 proponía que, en emergencia nacional, los partidos trasladaran tres cuartas partes de sus reservas de organización y capacitación al IMAS; la Comisión de Asuntos Jurídicos lo archivó en 2022 y el plazo cuatrienal venció en 2024.
Título oficial LEY PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE LAS RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL
Atención: El proyecto movía más de 7.298 millones de colones de reservas partidarias al IMAS y dejaba el acuerdo en manos del Comité Ejecutivo Superior de cada partido, con visto bueno del TSE.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Comité Ejecutivo Superior de cada partido político
El proyecto dejaba en manos del Comité Ejecutivo Superior de cada partido el acuerdo de trasladar el 75% de las reservas. El texto no fijaba un plazo ni un procedimiento interno para tomar ese acuerdo.
De conformidad con el principio de autorregulación partidaria, el Comité Ejecutivo Superior de cada partido político, mediante acuerdo firme y excepcional, trasladará un 75% de sus Reservas de Organización y Capacitación
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Los once partidos políticos inscritos a escala nacional que tenían reservas de organización y capacitación en la Tesorería Nacional
- Las personas atendidas por el Programa de Promoción y Protección Social del IMAS durante una emergencia nacional
- El Tribunal Supremo de Elecciones, que habría tenido que dar el visto bueno a cada traslado
A quién beneficia
- El IMAS habría recibido el 75% de las reservas de organización y capacitación de los partidos durante una emergencia nacional
- Las personas beneficiarias del Programa de Promoción y Protección Social del IMAS
Qué cambia
- El proyecto no se convirtió en ley: la Comisión de Asuntos Jurídicos lo archivó en 2022
- El plazo cuatrienal venció el 22 de abril de 2024, así que el expediente no puede revivir sin una presentación nueva
- Los más de 7.298 millones de colones en reservas siguen bajo la regla actual, que no permite a los partidos darles otro fin
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 21.942 ya no está en trámite: la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos lo archivó con un dictamen negativo y su plazo de cuatro años venció el 22 de abril de 2024 1.
Lo que proponía era agregar un artículo 107 bis al Código Electoral (art. único). Ese artículo habría permitido a los partidos trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) un 75% de sus reservas de organización y capacitación.
El traslado solo aplicaba cuando el Poder Ejecutivo declarara Emergencia Nacional, con base en los artículos 21 y 50 de la Constitución y el artículo 29 de la Ley 8488 (art. único).
El Comité Ejecutivo Superior de cada partido habría tomado el acuerdo de trasladar ese 75% (art. único). Luego el acuerdo se entregaba al Tribunal Supremo de Elecciones para su visto bueno y para que ordenara el pago a la Tesorería Nacional.
El dinero llegaba al IMAS y se canalizaba por su Programa de Promoción y Protección Social (art. único). Los efectos de la ley quedaban atados al tiempo que durara cada decreto de emergencia.
La exposición de motivos decía que once partidos inscritos a escala nacional tenían en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda más de 7.298 millones de colones en reservas de organización y capacitación (art. único).
El texto también decía que la ley actual no permitía a los partidos donar esos dineros ni darles otro fin (art. único).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión de Asuntos Jurídicos votó un dictamen unánime negativo el 1 de marzo de 2022 y archivó el expediente el 26 de abril de 2022 1.
El proyecto se presentó el 22 de abril de 2020 y se publicó en La Gaceta el 5 de mayo de 2020 1. Pasó a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 17 de junio de 2020.
El plazo cuatrienal venció el 22 de abril de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el dictamen positivo de comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El artículo 96 de la Constitución ordena que el Estado contribuya a sufragar los gastos de los partidos y que ese porcentaje se destine a cubrir gastos electorales y a "satisfacer las necesidades de capacitación y organización política" Constitución, art. 96. El proyecto usaba justamente esas reservas para otro fin, la atención de una emergencia (art. único).
El artículo 96 también dice que "Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros" Constitución, art. 96. El proyecto dejaba el acuerdo en manos del Comité Ejecutivo Superior de cada partido, lo que calza con esa idea de autorregulación (art. único).
El artículo 121 da a la Asamblea Legislativa la potestad de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Agregar un artículo al Código Electoral entra en esa potestad (art. único).
El artículo 50 dice que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país" Constitución, art. 50. El proyecto invocaba ese artículo para justificar el traslado de fondos al IMAS durante una emergencia (art. único).
El Censo no encontró un choque claro con los artículos revisados. Queda una duda sobre si usar las reservas de capacitación y organización para fines distintos a los del artículo 96 cambia el destino que fijó la Constitución Constitución, art. 96.
Qué puede hacer usted
Este expediente está archivado y su plazo venció. Las herramientas de la guía sirven para mirar el trámite o para empujar una iniciativa nueva.
Paso 1. Consulte el estado de cualquier proyecto en la página de la Asamblea Legislativa. La guía dice que la Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
Paso 2. Si quiere proponer una ley parecida, use el formulario web de la Asamblea. La guía explica que no hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla guía, p. 27.
Paso 3. Si quiere que una iniciativa tenga garantía de ser discutida, necesita la iniciativa popular. Requiere firmas de al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30.
Paso 4. Si el tema le preocupa por el manejo de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La guía indica que la CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos votó el dictamen negativo.
El dossier no incluye el texto del dictamen ni las razones que dio la comisión.
El dossier no dice si algún partido trasladó reservas al IMAS por otra vía durante la emergencia por COVID-19.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El proyecto calza con la potestad de la Asamblea para reformar el Código Electoral y con la autorregulación partidaria, pero deja una duda sobre el destino que el artículo 96 fija para las reservas de capacitación y organización.
Constitución, art. 96"Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros."
Esta ley, art. único"los partidos políticos quedarán facultados de manera excepcional a trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS un 75% de sus reservas previstas para financiar sus gastos ordinarios y permanentes correspondientes a los rubros de organización y capacitación"
Hay dudas La Constitución dice para qué sirven esas reservas: capacitación y organización política. El proyecto las mandaba al IMAS durante una emergencia. Queda la duda de si eso cambia el destino que fijó la Constitución.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. único"Se adiciona un nuevo artículo 107 bis a la Ley Nº 8765 Código Electoral"
Sin choque aparente Agregar un artículo al Código Electoral es reformar una ley, y eso le corresponde a la Asamblea. Aquí no hay choque.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. único"Cuando el Poder Ejecutivo declare Emergencia Nacional invocando los Artículos 21 y 50 de la Constitución Política"
Sin choque aparente El proyecto se apoyaba en este artículo para justificar el traslado de fondos al IMAS en una emergencia. Es un fin de bienestar social y no se ve choque.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21942: LEY PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE LAS RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE LAS RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL
MAROLIN RAQUEL AZOFEIFA TREJOS DIPUTADA
EXPEDIENTE N° 21.942
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE LAS RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL
Expediente N° 21.942
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Los partidos políticos son agrupaciones sociales de interés público, en el que los ciudadanos voluntariamente se integran para promover sus apetencias electorales, o al menos para ver reflejadas sus aspiraciones de una mejor sociedad. Para concretarse tales ideales, nuestra Constitución Política prescribe la obligación que tiene el Estado costarricense de aportar dinero a los partidos políticos, obligación que a juicio de quien redactó este proyecto de ley, queda absolutamente incólume e invariable en lo que concierne, según se desprende de la sola lectura de la Carta Magna cuando dice:
“Constitución Política de Costa Rica:
ARTÍCULO 96- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1- La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año tras anterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje.
Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.
2- Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado.”
Para garantizar a los partidos políticos un financiamiento permanente, el Código electoral es vasto en señalar la existencia obligatoria de Reservas de Organización y Capacitación las cuales, debiendo quedar asentadas formalmente en los estatutos de éstos, permite a las agrupaciones políticas contar con un importante rubro económico que mediante la aplicación de mecanismos financieros idóneos, viabilizan la circulación constante de dinero para financiar todos esos gastos de organización y capacitación en periodos incluso no electorales.
Al momento de la presentación de este proyecto de ley ante el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, redactado por el Lic. Máster Oscar López, fundador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión PASE, de conformidad con la información actualizada y suministrada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal supremo de elecciones DFPP, once partidos políticos inscritos a escala nacional mantienen conjuntamente a vista en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda globalmente por concepto de Organización y Capacitación, una suma en números redondos que supera los 7.298 millones de colones, disgregada de la siguiente manera:
Partido Accesibilidad Sin Exclusión PASE: 556.840.937,47
Partido Acción Ciudadana PAC: 1.666.303.368,92
Partido Alianza Demócrata Cristiana ADC: 22.096.602,88
Partido Frente Amplio FA: 141.827.716,42
Partido Movimiento Libertario ML: 116.903.232,35
Partido Integración Nacional PIN: 77.773.546,74
Partido Liberación Nacional PLN: 695.191.975,99
Partido Renovación Costarricense PRN: 191.719.944,76
Partido Restauración Nacional RN: 3.208.574.052,67
Partido Republicano Socialcristiano PRS: 100.161.979,55
Partido Unidad Social Cristiana PUSC: 521.406.847,64
Así las cosas, sabidos que los partidos políticos debidamente inscritos ante el TSE mantienen a vista en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda robustas Reservas de Organización y Capacitación, se vuelve imperativo que esas agrupaciones no se sustraigan ante la apremiante realidad que afecta a todo el país cuando de manera excepcional, el Poder Ejecutivo emite una declaratoria de Emergencia Nacional con la finalidad de acometer la protección de los diferentes bienes jurídicos tutelables, para los cuales los recursos económicos nunca son suficientes y es desde esta perspectiva, que los partidos políticos deben salir del ostracismo social en el que caen posterior a los procesos electorales, debiendo quedar legalmente autorizados ya que en la actualidad la Ley no les permite donar esos dineros ni darles otro fin distinto como sería el de cooperar como lo hacen todos los órganos del estado, las empresas públicas, las diversas entidades, los Supremos Poderes de la República, y el sector privado, sus empresas, sus organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, pudiendo por medio de esta reforma de Ley involucrarse con el traslado de al menos una parte de sus Reservas de Organización y Capacitación, para palear o mitigar las necesidades de esos quienes probablemente en algún momento han sido sus propios votantes.
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, Ley 8488 del 22 de noviembre de 2005 en su Artículo 29, establece que en caso de calamidad pública ocasionada por hechos de la naturaleza o del ser humano que son imprevisibles o previsibles pero inevitables y no pueden ser controlados, manejados ni dominados por las potestades ordinarias de que dispone la administración pública, FACULTA al Poder Ejecutivo para declarar Emergencia Nacional, a fin de integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos, entidades públicas y privadas a efectos de poder brindar una solución acorde a la magnitud del desastre. Además, su numeral 31 consigna que la Declaratoria permite un tratamiento excepcional del estado de necesidad y urgencia en razón de su naturaleza, por lo que se concede al Gobierno la posibilidad de obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden, para atender a las personas, los bienes y los servicios en peligro con el deber ulterior de rendir cuentas sobre las acciones adoptadas.
A la sazón, esta misma Ley 8488 en sus Artículos 46 y 47, prescribe que la Administración pública centralizada, descentralizada, las empresas del Estado, las municipalidades y cualquier otro ente u órgano público están autorizados para dar aportes, donaciones, transferencias al Fondo Nacional de Emergencias, así como prestar la ayuda y colaboración necesarias a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de emergencias, al Ministerio de Salud y a la Caja costarricense de Seguro Social, pero lamentablemente los partidos políticos están vedados al impedírseles trasladar sus recursos derivados de sus propias Reservas de Organización y Capacitación para tan loable fin, lo cual justifica la urgente necesidad de aprobar esta iniciativa, toda vez que esas Reservas supra señaladas se sustentan con dinero de carácter público.
La Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia delineó los sólidos fundamentos para sustentar una Declaratoria de Emergencia Nacional, a efectos de resguardar los bienes jurídicos tutelables de manera primordial, en su sentencia número 1992-3410 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992, en donde esa alta magistratura definió la figura de “Estado de Emergencia”, explicando que “…se trata de,… conmoción interna, disturbios, agresión exterior, epidemias, hambre, y otras calamidades públicas, como manifestaciones de lo que se conoce en la doctrina del derecho público como “estado de necesidad y urgencia”, en virtud del principio de “Salus pópuli suprema lex est”, entendiendo que el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación del orden jurídico y social que en ocasiones no permite esperar a que se tramite y apruebe una ley)” En esa misma línea jurisprudencial, el propio Tribunal Constitucional en su sentencia número 2001-1369 de las 14:30 horas del 14 de febrero de 2001, sobre los hechos que motivan un “Estado de necesidad y urgencia”, manifestó que “…mediante la declaratoria de estado de necesidad y urgencia, la Administración queda facultada para proceder mediante la utilización de procedimientos administrativos excepcionales como lo es por ejemplo, la modificación del destino de una partida presupuestaria para solventar un evento originado a consecuencia de las fuerzas naturales o bien, por actos del hombre. Así, la situación que justifique la declaratoria de Emergencia Nacional, debe interpretarse bajo un criterio restrictivo, por lo que solo puede proceder ante hechos que califiquen como fuerza mayor o a lo sumo caso fortuito.”
Todo lo anteriormente expuesto, invocándose principios de racionalidad, proporcionalidad, necesidad, excepción, buena fe y sentido común, justifica como imperante el tener que agregar un nuevo Artículo 107 bis al Código Electoral, que sirva de mandato y autorización legal para que los partidos políticos susceptibles de recibir contribución económica estatal la cual, deviniendo de los mismos impuestos que pagan los ciudadanos, puedan ser parte del tinglado de fuerzas públicas y privadas que se unen para sacar adelante al país, cuando de manera excepcional el Poder Ejecutivo se vea obligado a decretar el estado de Emergencia Nacional por fuerza mayor o caso fortuito.
Por lo anterior presento a los honorables Diputados y Diputadas el presente proyecto de ley, iniciativa del Lic. Máster Oscar López Arias, ex Diputado de la República.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA
LEY PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE LAS RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un nuevo artículo 107 bis a la Ley Nº 8765 Código Electoral, que rece de la siguiente manera:
ARTÍCULO 107 bis- Traslado de Reservas partidarias en periodos de Emergencia Nacional.
Cuando el Poder Ejecutivo declare Emergencia Nacional invocando los Artículos 21 y 50 de la Constitución Política y el Artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, Ley 8488 del 22 de noviembre de 2005, los partidos políticos quedarán facultados de manera excepcional a trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS un 75% de sus reservas previstas para financiar sus gastos ordinarios y permanentes correspondientes a los rubros de organización y capacitación, de esta manera:
a) De conformidad con el principio de autorregulación partidaria, el Comité Ejecutivo Superior de cada partido político, mediante acuerdo firme y excepcional, trasladará un 75% de sus Reservas de Organización y Capacitación, como aporte para cooperar con la mitigación de la Emergencia Nacional.
b) Dicho Acuerdo deberá ser entregado ante los Señores Magistrados del Tribunal Supremo de elecciones para que estos brinden su visto bueno y den la orden a la Tesorería Nacional, por tratarse de fondos públicos resguardados por el Ministerio de Hacienda que se encuentran bajo la tutela del propio Tribunal Supremo de Elecciones.
c) Las transferencias autorizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones que deriven de las Reservas de Organización y Capacitación de los partidos políticos, serán direccionadas hacia el Instituto Mixto de Ayuda Social para ser canalizadas con los criterios legales o reglamentarios que, al efecto de la correspondiente Emergencia Nacional, tenga que aplicar el IMAS mediante su Programa de Promoción y Protección Social.
d) Los efectos, alcances y contenidos de esta ley, están íntimamente ligados al periodo de duración de cada Decreto de Emergencia Nacional para el cual la misma sea aplicable.
Rige a partir de su publicación.
Marolin Raquel Azofeifa Trejos Diputada
29 de abril de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.