Archivado el plan de soberanía alimentaria que creaba reserva de tierras

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

WÁLTER MUÑOZ CÉSPEDES Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS

EXPEDIENTE N.° 21.960

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Expediente N.° 21.960

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La agricultura es una actividad económica que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Costa Rica cuenta aproximadamente con 480.000 hectáreas sembradas de cultivos agrícolas y más de un millón de hectáreas en pastos para la producción pecuaria. Además, se tienen 93.000 fincas dedicadas a la producción agropecuaria, generando fuente de trabajo e ingreso para más de 500.000 habitantes de las zonas costeras y rurales.

El 37% de las exportaciones nacionales corresponden a productos del sector agropecuario y agroindustrial los cuales llegan a más de 150 exigentes mercados internacionales tales como Estados Unidos y la Unión Europea, según datos de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria ((CNAA).

La agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura son actividades fundamentales de nuestra economía. Su contribución al empleo, a la generación de divisas a la soberanía alimentaria y al progreso social es incuestionable. Dicha actividad genera un 12% del empleo nacional y son particularmente estratégicas para la creación de encadenamientos con otras industrias, para brindar oportunidades laborales en zonas rurales” (La Nación pagina 15, artículo: Una oportunidad para ver al agro con otros Ojos, Víctor Umaña ,12 de abril 2020).

1. No obstante, a lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en virtud de la pandemia del COVID -19 prevé una caída de 3.3% para la producción de Costa Rica en el 2020 con una recuperación de 3% para el 2021.La recuperación va a requerir una fuerte cooperación multilateral para complementar los esfuerzos nacionales.

Hoy en día existe una afectación económica directa derivada del COVID-19 en la producción primaria cercana a los ₡14.300 millones que impacta a unas 6.885 personas productoras y 266 empresas y aunado a esto se tiene previsto en el mediano plazo otros efectos negativos en la producción agropecuaria nacional debido a los fenómenos relacionados con el cambio climático ,donde eventualmente se incrementaran las plagas y enfermedades de animales y plantas y la disminución del recurso hídrico aumentando los costos futuros de producción. Al mismo tiempo que nos prende luces de lo que podríamos tener que afrontar, a corto o mediano plazo, con eventuales guerras de cualquier índole y los efectos devastadores del cambio climático en países que nos que nos suplen en la importación de granos básicos y otros alimentos.

Las pérdidas actuales de carácter económico en la producción nacional se deben fundamentalmente al cierre de fronteras que causó en la actividad turística una cancelación total de todas las reservaciones, lo que disminuyó sustancialmente la demanda de productos agropecuarios por parte de ese sector específico, generando pérdidas importantes a los productores nacionales. La producción agropecuaria y pesquera de Costa Rica va dirigida a tres mercados: la exportación, el mercado local y el mercado institucional que es atendido por el Consejo Nacional de Producción, por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

En un primer momento, las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia, provocaron un incremento en la demanda, por las “compras de pánico” y posteriormente se generó una tendencia decreciente en la demanda, tanto en términos de capacidad física como de capacidad económica, para acceder a alimentos por la pérdida de empleos y la “congelación” de los sectores económicos.

Las políticas de distanciamiento social y prevención del contagio causan una caída en la demanda general y en la demanda de servicios relacionados con los alimentos -por ejemplo, restaurantes, y hoteles- con repercusiones en la pérdida de empleos e ingresos.

Costa Rica, entonces no es la excepción tal y como lo indican diversas proyecciones de organismos internacionales referentes a los impactos negativos causados por la emergencia del CORONAVIRUS en nuestra economía, por lo tanto se requieren la implementación inmediata de políticas y planes nacionales para fomentar ,ampliar y proteger la producción agrícola nacional y consolidar la soberanía alimentaria del país, con un sistema de producción agrícola más desarrollado, más productivo y más solidario. Es importante señalar que si Costa Rica renuncia a su soberanía alimentaria, renuncia a sus más importantes raíces económicas y culturales. Si algo ha demostrado esta pandemia por el Covid-19, es la importancia que debe tener para las naciones, la protección y desarrollo de su agricultura local para garantizar la soberanía alimentaria como un derecho humano.

Los países que han apostado por la importación de sus distintos alimentos básicos, descartando así su propia producción, pierden su base productiva y material. Asimismo, gradualmente esos productos agrícolas importados a medida que la producción agropecuaria nacional decrece, provocan a mediano plazo precios más elevados de estos alimentos. La política estatal de privilegiar la importación de productos que considera es más barata importarlos que producirlos no expresa el derecho inalienable de nuestro pueblo, de no ser, por ningún motivo, un rehén de los alimentos producidos fuera de nuestras fronteras. Por lo demás, para quienes argumentan que es más barato importar que producir, cosa que no es cierta, porque al consumidor los precios de productos importados los terminan consumiendo igual o más caros que los nuestros. Por su parte, los enemigos de los agricultores nunca han tomado en consideraciones, el costo social del trabajo, el encadenamiento en el proceso de producción, que beneficia de manera contundente, el empleo, el comercio, entre otras actividades.

Depender de los alimentos que producen otros países, aun cuando en teoría resulten más baratos en situaciones coyunturales, sólo expresa una inaceptable dependencia, claramente utilizada por los países industrializados, con agriculturas altamente subvencionadas, como una sofisticada herramienta política. Además, es inaceptable calificar los alimentos como mercancías. La tarea de nutrir a nuestras poblaciones, con alimentos abundantes y de excelente calidad, le compete por entero a nuestros campesinos, agricultores y empresarios agroindustriales, por lo que debe ser reconstruido un sistema de apoyo gubernamental, encabezado por el CNP, de producción, acopio, distribución eficiente y precios accesibles para todas las familias. La agricultura en nuestro país debe convertirse en un servicio esencial y por lo tanto debe tener un tratamiento especial y estratégico por parte del Estado. Los mercados internacionales son cada vez más competitivos y ante esta realidad los agricultores nacionales requieren de herramientas tecnológicas y de un apoyo integral que les permitan igualdad de condiciones.

Por lo anterior y en virtud de la crisis actual generada por el CONVID -19 y del total abandono de la reactivación económica, nuestro país debe urgentemente impulsar una agenda gubernamental de desarrollo a favor del crecimiento económico que apoye la sostenibilidad agrícola, con el fin de potenciar la soberanía alimentaria, asignando de manera adicional recursos económicos para el financiamiento de proyectos agropecuarios y para la expansión de infraestructura vial rural y áreas dedicadas al cultivo, con el propósito de aumentar la producción agropecuaria nacional ,el acceso a los mercados y reducir los costos de transacción e invertir en tecnología de riego, en especial para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, el sector agropecuario se encuentra se encuentra desde hace tiempo en desaceleración económica, ya que hay un faltante de opciones de financiamiento para proyectos agropecuarios y el crédito asignado al sector representa el 3% del total otorgado por el sistema financiero nacional. De igual forma se hace necesario consolidar una buena interpretación, para la aplicación de instrumentos de defensa comercial y de los reglamentos tutelares del patrimonio fito y zoosanitario. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios en el mercado internacional.

La problemática social y económica y de soberanía alimentaria de Costa Rica se agrava al analizar el tema de la producción de granos básicos como el arroz.

El arroz se cultiva en cinco zonas arroceras del país que involucra 26 cantones, sin embargo, las hectáreas de producción han venido gradualmente disminuyendo en el año 2015: 49 573 ha, 2016: 46426 ha, 2017: 37560 ha y se tienen datos en el año 2019 de un total de 37 mil hectáreas cultivadas con este grano básico. Actualmente en frijol el consumo nacional es de 50,916 toneladas métricas por año y la producción nacional es de 10,000 toneladas métricas lo que representa un 20% del consumo de frijol costarricense. En arroz el consumo es de 406,000 toneladas métricas y la producción nacional es de 140.000 toneladas métricas o sea aproximadamente un 34%.

En maíz blanco la producción es de 5,500 toneladas métricas y en maíz amarillo el consumo es de 660.000 toneladas métricas y se importa la totalidad de ese maíz. Hace 10 años se dedicaban al cultivo del arroz 1.490 productores.

Al día de hoy como ejemplo, existen 537 productores y este sector genera 24 mil empleos directos e indirectos, lo que contrasta desde el punto de vista social y económico con cifras cuando había 81 mil hectáreas cultivadas y el sector generaba 53 mil empleos directos e indirectos.

No existen políticas gubernamentales que orienten y faciliten un verdadero desarrollo tecnológico, que permita tener rendimientos altos en la producción de arroz, ni mecanismos eficientes a través de alguna institución que pueda dar financiamiento para invertir en tecnología a un costo en condiciones favorables para el productor nacional. Por lo tanto, se requiere una asistencia técnica eficiente para producir más y mejor, ya que la importación del grano ha venido provocando una disminución en las áreas de cultivo de arroz.

Se requiere revisar ampliamente el mecanismo del seguro de cosechas del Instituto Nacional de Seguros (INS) para su aplicación, sobre todo en épocas de adversidad climática, donde el Estado a través de sus Instituciones debe tomar acciones preventivas para garantizar la óptima producción agrícola y generar en este sentido políticas para fortalecer el sector. De igual forma hay que analizar el tema de aranceles necesarios para favorecer la producción nacional y ver el tema de las regulaciones estatales como un instrumento para favorecer e incrementar la producción agrícola en aras de favorecer el desarrollo de políticas estatales que permitan consolidar y garantizar para Costa Rica una verdadera soberanía alimentaria. Por lo anterior, se hace imperativo la presentación de alternativas de ley para garantizar la soberanía alimentaria de los costarricenses. Entendiendo que la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y soberanía alimentaria.

Por las razones y fundamentos anteriores, sometemos a la consideración de las señoras y los señores Diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1- DEL OBJETO

El objeto de la presente ley es crear los mecanismos necesarios que garanticen la autosuficiencia y soberanía alimentaria de la población costarricense, mediante la promoción de la producción agropecuaria; así como, el mejoramiento de las condiciones de la vida de los habitantes rurales del país y el fortalecimiento de la cultura tradicional, campesina e indígena en todas sus manifestaciones.

ARTÍCULO 2- DEL PLAN NACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Para realizar el objetivo propuesto en el artículo 1, se establece el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, según lo dispuesto en el título II de esta ley, el cual se declara de interés público.

ARTÍCULO 3- DEL MARCO DE SOSTENIBILIDAD

Todas las acciones, políticas y programas derivados de la ejecución del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, serán ejecutados dentro de un marco de sostenibilidad; en plena armonía con la biodiversidad de los ecosistemas, respecto por los derechos humanos involucrados, así como a los principios de diversidad cultural, de equidad intra e intergeneracional y de igualdad de género.

ARTÍCULO 4- LEY MARCO

Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia relacionada con la soberanía alimentaria, desde cualquiera de sus áreas de especialidad.

ARTÍCULO 5- CRITERIOS DE APLICACIÓN

Para efecto de la aplicación de esta ley, deben tenerse en cuenta los principios sobre la soberanía alimentaria, establecidos por la FAO; la visión macro regional o regional del desarrollo rural; y la definición de la economía campesina como sistema socioeconómico y cultural de la producción-consumo, fundamentado en la unidad agropecuaria de producción familiar.

ARTÍCULO 6- METAS DE DESARROLLO HUMANO

El Plan Nacional de Soberanía Alimentaria deberá fijar metas de desarrollo humano sostenible, para la población costarricense y particularmente, determinará estrategias para incentivar el desarrollo humano sostenible de la población rural y de los litorales; procurando una justa distribución de los recursos y servicios públicos entre los habitantes del campo y la ciudad.

CAPITULO II

PLAN NACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

ARTÍCULO 7- PLAN NACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

El Plan Nacional de Soberanía Alimentaria es el instrumento planificador nacional, por medio del cual se fijan las pautas de soberanía alimentaria para toda la población costarricense. Este plan tiene carácter vinculante para los planes, políticas y acciones dirigidas por las instituciones públicas vinculadas al sector agropecuario y pesquero, sean nacionales o regionales y, para todas las entidades públicas que prestan servicios en el área rural del territorio nacional.

Tendrá dos componentes básicos: el aseguramiento del aprovisionamiento alimentaria nacional y; el apoyo a los productores que la hacen posible, tanto en el sector agropecuario como el pesquero.

Su contenido, objetivos y estrategias serán acordados democrática y participativamente, entre las organizaciones de productores agropecuarios y de pescadores, las organizaciones de defensa de los consumidores y las autoridades públicas del sector agropecuario, cada cinco años, según el procedimiento que se determinará en el reglamento a esta ley.

La Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas, podrán coadyuvar en el proceso como facilitadores.

El Poder Ejecutivo dotará de vigencia y eficacia jurídica al Plan concertado, integrándolo al ordenamiento jurídico positivo bajo la forma de decreto ejecutivo.

ARTÍCULO 8- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el apoyo del resto de la institucionalidad del sector agropecuario y otras del sector público y privado, implementar el Plan, darle seguimiento a su ejecución, verificar y monitorear sus resultados en un proceso permanente.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INDER o cualquiera de las organizaciones sociales que participó en su elaboración, podrá proponer ajustes o modificaciones que resulten necesarios durante la vigencia del mismo Plan, las cuales se tramitarán y aprobarán siguiendo el mismo procedimiento de negociación y acuerdo utilizando para su promulgación, según lo regule el reglamento a esta ley. Como contraparte de este proceso, estarán las organizaciones sociales campesinas y sus agremiados que libremente se podrán adherir al Plan según se disponga en el reglamento.

ARTÍCULO 9- CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN

El Plan Nacional de Soberanía Alimentaria contendrá como mínimo dos planes de desarrollo específicos: Plan de Desarrollo Agropecuario y Plan Nacional de Pesca, Acuicultura, Agroindustria e Inocuidad Alimentaria que se construirán con el concurso de la institucionalidad y de los sectores agropecuarios, pesqueros adscritos al plan.

ARTÍCULO 10- EL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

El Plan de Desarrollo Agropecuario deberá comprender todas las estrategias de planificación, fomento, transformación y modernización de la producción agropecuaria dirigida al abastecimiento del mercado nacional; así como las mismas estrategias para incentivar y promover la transformación agroindustrial de los pequeños y medianos productores agrícolas, como un medio de mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales del país. Lo anterior dentro del marco de la sostenibilidad económica, social y ambiental, respetando la planificación del uso de los suelos según lo disponen los planes reguladores y las leyes especiales sobre la materia.

ARTÍCULO 11- EL PLAN NACIONAL DE PESCA, ACUICULTURA, AGROINDUSTRIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA

El Plan Nacional de Pesca, Acuicultura, Agroindustria e Inocuidad Alimentaria debe asegurar el manejo, la conservación, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros hidrobiológicos, con el fin de garantizar su aprovechamiento como alimento básico de la población costarricense, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de las familias dedicadas a la pesca y de los habitantes de los litorales del país. Dicho Plan debe estar adscrito al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria.

CAPITULO III

MEDIDAS ESTRETEGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y LA PESCA

ARTÍCULO 12- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Para responder a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Soberanía Alimentaría, el Poder Ejecutivo coordinará por medio de las siguientes instancias : Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías (CITA), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Centro de Investigación Transferencia de Tecnología y Educación (CITTED) ,así como con las universidades públicas, la transferencia tecnológica al sector agropecuario, pesquero y acuicultura.

La transferencia tecnológica deberá garantizar el mantenimiento de formas de producción y uso del conocimiento tradicional, de modo tal, que la cultura campesina e indígena permanezca y se fortalezca.

ARTÍCULO 13- COOPERACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Para lograr la transferencia de tecnología indicada en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo propiciará la firma de acuerdos y convenios de cooperación que sean necesarios a escala nacional e internacional; dichos acuerdos y convenios no pueden condicionar el uso de paquetes tecnológicos determinados, ni establecerán limitaciones a los agricultores en el uso de semillas mejoradas por ellos mismos, o en la aplicación de conocimientos y prácticas de cultivo y producción propias.

Los beneficios de estos acuerdos y convenios deben invertirse exclusivamente en el cumplimento de los objetivos del plan y deben llegar a todos los productores, en forma proporcional a su participación en el proceso.

Las universidades públicas que voluntariamente se incorporen al proceso, tendrán prioridad para gestionar estos convenios.

ARTÍCULO 14- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Todas las instituciones públicas podrán adecuar sus planes de desarrollo, prestación de servicios e infraestructura, a los requerimientos del Plan.

ARTÍCULO 15- MERCADEO

Al ser el Consejo Nacional de la Producción (CNP) parte de la institucionalidad del sector agropecuario, bajo la rectoría del MAG) será un órgano especializado y tendrá entre sus objetivos la comercialización de toda la producción que esté dirigía al autoabastecimiento alimentario nacional, además le corresponderá la búsqueda del mercado internacional para los productores y organizaciones adscritas al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, en caso de existir excedentes del consumo nacional le corresponderá al CNP, organizar el mercado agropecuario local de tal manera que los productores incorporados al Plan Nacional de Soberanía Alimentaría puedan vender directamente sus productos ; o comprando, procesando y almacenando adecuadamente los excedentes que no sean comercializados directamente entre productores y consumidores.

Tarea fundamental del CNP será organizar regionalmente centros agroindustriales, tomando en consideración las características de producción de cada región. Así mismo, en caso de excedentes del consumo nacional, el CNP se encargará de abrir mercados internacionales para exportar esos excedentes de los productores del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria.

De igual manera, se autoriza al CNP a producir alcohol a base de melaza.

A tal efecto, pondrá en funcionamiento la red de frío, las graneleras o silos necesarios para el almacenamiento de granos, ofreciéndolos como servicio público a los agricultores y a los sectores involucrados en la pesca y proyectos de la acuacultura.

ARTÍCULO 16- CONTROL DE PRECIOS

Se entiende que la producción agropecuaria y pesquera, dirigida al consumo nacional, tendrá precios controlados por el Ministerio de Economía y Comercio, para evitar el “domping” internacional y las variaciones de temporada, garantizando en cada caso, el porcentaje de utilidad del productor; que será establecido periódicamente por el MEIC.

ARTÍCULO 17- PROTECCIÓN ARANCELARIA

El Poder Ejecutivo dotará de la protección arancelaria necesaria, a los productos de autoabastecimiento alimentario; garantizando su prioridad en el mercado local. Para tal efecto se entrará de inmediato a renegociaciones con los tratados internacionales en materia agropecuaria.

Con tal finalidad, se utilizará los mecanismos de reserva a las partes contratantes, que prevé el Acta Final de La Ronda de Uruguay y los procedimientos actuales de la Organización Mundial del Comercio; en todo caso, el Poder Ejecutivo no podrá suscribir ningún convenio o tratado internacional, que lo obligue a renunciar a las protecciones arancelarias o no arancelarias, establecidas para los productores nacionales participantes en el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria. El Gobierno de la República debe renegociar el capítulo agropecuario en los diferentes tratados internacionales, especialmente en el tratado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

ARTÍCULO 18- CRÉDITO PARA LA PRODUCCIÓN

El Banco Central de Costa Rica, por medio del Sistema Bancario Nacional, garantizará anualmente a una línea de crédito para la Producción y la Agroindustria, línea de crédito para la producción y valor agregado de abastecimiento alimentario, cuyos intereses no superarán en dos puntos, el costo de administración de dicha cartera. Para los primeros cinco años del Plan Nacional de soberanía Alimentaria, pudiéndose prorrogar los lustros que sean necesarios.

Esta línea de crédito no será inferior al veinticinco por ciento (25%) del total de toda la cartera de crédito anual del Sistema Bancario Nacional (siempre y cuando exista demanda) y; por medios legales pertinentes, el Banco Central exigirá a los bancos privados destinar una cartera de crédito con el mismo propósito y en las mismas condiciones, equivalente cuando menos del diez por ciento (10%) del monto total que el Sistema Bancario Nacional destine a ese fin.

ARTÍCULO 19- BANCA PARA EL DESARROLLO

Con los recursos aportados por el Sistema Bancario Nacional y la banca privada crease la Banca Para el Desarrollo Exclusivo de los sectores adscritos Plan de Soberanía Alimentaria.

CAPITULO IV

PLANIFICACIÓN, USO SOTENIBLE Y FINANCIAMIENTOS ESPECIALES

ARTÍCULO 20- ZONIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO Y DEL MAR

Al acordarse el primer plan se fijarán las pautas, responsabilidades y plazos para realizar la planificación y zonificación del uso del suelo agrícola y de las áreas marinas sujetas a uso pesquero sostenible, que, además, se plasmarán en los Planes reguladores de cada cantón.

El instrumento de planificación y zonificación, puede realizarse por etapas, sin embargo, se integrarán en un solo instrumento jurídico, al que se subordinarán todos los demás planes reguladores, excepto el que emita la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Se prohíbe expresamente el cambio de uso, en los suelos zonificados como de uso agrícola; así como la pesca en áreas vedadas por el mismo instrumento, se prohíbe igualmente la utilización de equipos de pesca que no estén normados en la legislación nacional e internacional y que atenten contra la biodiversidad marina los pescadores y acuicultores que estén adscritos al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria contarán con los recursos y tecnologías necesarias para desarrollar la cría de peces, camarón y otras especies en agua dulce.

ARTÍCULO 21- Recurso Hídrico

Elevar a rango constitucional el agua como derecho humano.

ARTÍCULO 22- RESERVA NACIONAL DE TIERRAS AGRÍCOLAS

De conformidad con el instrumento de planificación y uso del suelo agrícola, indicado en el artículo anterior, el INDER creará una Reserva Nacional de Tierras Agrícolas, destinadas exclusivamente a los agricultores y pescadores adscritos al Plan, que incorporará al patrimonio nacional mediante compra o expropiación que se pagará con aportes de los presupuestos nacionales que se acuerden para los tres presupuestos anuales nacionales siguientes a la aprobación de esta ley.

Los inmuebles incorporados a esta Reserva Nacional de Tierras Agrícolas podrán ser arrendados a los productores agropecuarios, de pesca y acuicultura que califiquen como beneficiarios del INDER y que se incorporen al Plan de Nacional Soberanía Alimentaria ; después de cinco años de producción agrícola eficiente y eficaz demostrada, el núcleo familiar y el productor agropecuario arrendante podrá adquirir la propiedad de la parcela bajo el concepto de patrimonio familiar, manteniéndose únicamente los gravámenes determinados por el Plan de zonificación de suelos y los económicos que el mismo núcleo familiar le imponga. Si transcurrido el plazo el núcleo familiar beneficiado no ha demostrado su capacidad como productor agropecuario y pesquero, perderá el derecho al arrendamiento y deberá devolver al INDER la misma, recibiendo indemnización por las mejoras que tenga el inmueble.

La parcelación de las tierras de la reserva, se hará con base en un estudio agroecológico integral; en todos los casos deberán dedicarse a un uso intensivo de acuerdo con los planes de producción para esa zona; tendrán las dimensiones mínimas necesarias para la subsistencia de una economía familiar y se entregarán al beneficio con una casa rural construida y el crédito necesario para la producción de un año, garantizando que este pueda trasladarse de inmediato a residir en ella y que ejecute el plan de producción previsto para la zona. Así mismo, se garantizará a cada familia la manutención por un año.

ARTÍCULO 23- ASESORÌA Y CAPACITACIÒN TÈCNICA

Por cada cien parceleros beneficiarios del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, el Estado igualmente dotará de tierras a diez egresados de los Colegios Técnicos Agropecuarios, parcelas que serán canceladas con la asesoría y acompañamiento técnico a los cien parceleros, el compromiso y sistema de asesoría será regido por el respectivo reglamento.

ARTÍCULO 24- FONDO ECONÓMICO NACIONAL PARA EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PESCA Y ACUICULTURA A SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el inciso II del artículo 59, de la LEY No. 1644 del Sistema Bancario Nacional; se destina el diez por ciento (10%) de las captaciones totales a plazo de treinta días o menos en moneda local o extranjera que perciban los bancos privados, para financiar el Fondo Económico Nacional para el acceso de los campesinos agricultores y pescadores a sus medios de producción; este Fondo se manejará como Fideicomiso en un banco estatal y los créditos que financie pagarán una utilidad máxima de dos puntos al costo de administración, incluido el costo financiero original, que no podrá superar en tres puntos el costo del mismo dinero.

Los bancos del Sistema Bancario Nacional junto al Banco Popular aportarán al fondo en conjunto, una suma igual a la acumulada en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior. El Fondo podrá recibir donaciones, créditos nacionales o internacionales y realizará todo tipo de transacciones financieras que le permitan acrecentar su capital lícitamente.

El banco estatal designado y el INDER mediante un representante por cada institución, así como tres representantes de los usuarios (tres del sector agropecuario, uno del sector agroindustrial y dos del sector pesquero) dirigirán el fideicomiso y autorizarán los planes de crédito, de conformidad con los objetivos del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria. Se reformará la ley de la SUGEF, para que el agricultor o pescador que por diferentes razones incluidas enfermedad, plagas, fenómenos naturales, guerras, pandemias, caiga en morosidad, sea este deudor o fiador, en el momento en el que honre la deuda, de forma automática queda nuevamente siendo sujeto de crédito, aplicándose así el principio de economía de perdón y olvido.

CAPÍTULO V

ASIGNACIÒN DE FUNCIONES ADICIONALES AL INDER

ARTÍCULO 25- DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), creado mediante la ley Nº 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo rural, del 29 de marzo de 2012, es una institución autónoma del Derecho Público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa.

Además de las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley No. 6735, se otorga la misión de promover el desarrollo rural costarricense de conformidad con esta ley, los reglamentos y las directrices ejecutivas que de ella dimanen; deberá adicionalmente el INDER de acuerdo a la presente ley de Soberanía Alimentaria realizar las compras de las tierras necesarias para formar la Reserva Nacional de Tierras Agrícolas indicada en el artículo 22 de esta ley; incorporarlas a su patrimonio y administrarlas conforme lo dispone la presenta ley, sus reglamentos y cualquier otra norma aplicable; gozará de todos los beneficios, derechos y exenciones previstos para el INDER en la Ley No. 6735 y para el ITCO, en la Ley No. 2825 de Tierras y Colonización.

Bajo la Rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INDER coordinará todo el sector público agropecuario, rural y pesquero que comprende: al Consejo Nacional de la Producción; al Instituto Nacional de Pesca y Agricultura; al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y todos los departamentos técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Quedarán supeditadas al INDER las acciones estatales destinadas estrictamente al sector rural.

ARTÍCULO 26- ADMINISTRACIÓN DEL INDER

EL INDER una estructura organizada desde la jerarquía máxima representada por la junta directiva, que se integrará por un representante técnico del CNP, uno del SENARA, uno del INCOPESCA, uno del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien ocupará el cargo de Presidente Ejecutivo, y; los beneficiarios del INDER debidamente acreditados nombrarán en votación universal que se reglamentará oportunamente, a cinco representantes de dicha Junta.

Estos cargos durarán por cinco años, contados a partir de la fecha en que sean oficialmente nombrados; todos los miembros son inamovible salvo caso de responsabilidad o choque de interés con los representados; quienes si podrán removerlos utilizando el mismo método de nombramiento. En el caso del Presidente Ejecutivo, por tratarse de un cargo político, es de libre remoción por el Presidente de la República y el Ministro Agricultura.

ARTÍCULO 27- INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE DESARROLLO RURAL

Del mismo modo que se integra la administración superior, se integrarán los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, encargados de administrar localmente las oficinas regionales del INDER y de suministrar los servicios institucionales.

ARTÍCULO 28- COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA

El INDER propiciará una administración pública rural, integrada y coordinada, siendo su responsabilidad, alcanzar en un plazo de tres años, parámetros de alta eficiencia y de eficacia en el cumplimiento de los objetivos que le asigne el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria.

ARTÍCULO 29- TRANSFORMACIÓN DEL CNP, INCOPESCA Y SENARA

El INDER deberá realizar las gestiones necesarias para lograr la transformación del Consejo Nacional de la Producción, de SENARA y del INCOPESCA, para que sean entes técnico-administrativos sin injerencia política, dirigidos por la Asamblea de agricultores, pescadores y usuarios. Dicha transformación deberá completarse, a más tardar, tres años después de la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO 30- INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN CAMPESINA Y PESCADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los beneficiarios del INDER, productores agropecuarios o pescadores, por el solo hecho de incorporarse jurídicamente al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, quedan integrados a la Seguridad social y serán adscritos obligatoriamente al seguro de enfermedad y maternidad, al seguro de riesgos del trabajo y al seguro de invalidez, vejez y muerte. Mediante un convenio específico entre las instituciones de seguridad social e INDER, se establecerán las condiciones especiales de cotización que deberán pagar los beneficiarios.

Aquellas personas dedicadas las labores agroindustriales o a la pesca, que no posean recursos económicos y que por su edad avanzada no puedan ahorrar lo suficiente para tener un fondo de jubilación al momento de su retiro, recibirán una pensión estatal digna por el régimen no contributivo de la CCSS, como mínimo de un 50% del salario mínimo de ley.

ARTÍCULO 31- CREACIÓN DE OFICINA DEL AGRICULTOR EN LAS MUNICIPALIDADES

Se crearán una vez aprobada ley de Soberanía Alimentaria oficinas del agricultor en todas las Municipalidades cuya función será evaluar la situación del tema agrícola en cada cantón del país y participar activamente en el Plan de Soberanía Alimentaria.

ARTÍCULO 32- VIVIENDA RURAL

La construcción de vivienda y servicios básicos para la familia rural, se considerarán prioridad número uno, que deberán ser atendidas por el BHANVI y las instituciones de asistencia social del sector público, las cuales deberán coordinar con el INDER toda su actividad en la zona rural.

Los núcleos familiares de los pescadores y agricultores que participen en el Plan, podrán ser beneficiarios de una vivienda digna de interés social, por solo el hecho de estar en la actividad. El BHANVI tomará las previsiones necesarias para que en el presupuesto ordinario de los dos años siguientes a la publicación de esta ley se financie la ejecución de un programa de construcción de viviendas en los litorales, para resolver sus necesidades en forma específica.

ARTÍCULO 33- AGRICULTURA y AGROINDUSTRIA FAMILIAR

El MAG deberá girar una directriz a las agencias de extensión agropecuarias para que se impulsen las huertas urbanas, y la agricultura y la Agroindustria Familiar y la Agricultura familiar y de valor agregado como mecanismo de promoción a la autosuficiencia alimentaria.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

ARTÍCULO 34- PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Para tramitar los procedimientos relativos a las gestiones de los administradores o los que surjan por iniciativa de la administración, se resolverán siguiendo el procedimiento establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

ARTÍCULO 35- JURISDICCIÓN APLICABLE

Los actos de la administración del sector rural, serán impugnables según su naturaleza: en la jurisdicción contenciosa si se trata de meros actos de administración o medidas de naturaleza ambiental; en la jurisdicción agraria cuando se trate de acuerdos que afecten derechos agrarios de los administrados y en la jurisdicción laboral, cuando resuelvan materia del trabajo relativa a sus funcionarios.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS

ARTÍCULO 36- REFORMA A LA LEY DE ARESEP

Refórmese la Ley No. 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), para que se incluya un nuevo inciso en el artículo 5 que diga “Almacenamiento de granos y red de frío”.

ARTÍCULO 37- RESERVA A LA LEY DEL SEGURO INTEGRAL DE COSECHAS

Reformase la ley No. 4461, del Seguro Integral de Cosechas para que su artículo 9 pase a ser el 10 y se agregue un nuevo artículo 9 que dirá:

Artículo 9-

El fondo económico acumulado por el INS para financiar el seguro integral de cosechas, se constituye en un fondo solidario que se destinará a cubrir los seguros anuales de cosecha y a financiar, al mismo tiempo, en forma ordinaria, a los productores agrícolas y pescadores que se integren al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria. El INS mediante reglamento, adecuará dicho fondo a esta finalidad. Las fuentes de financiamiento de este fondo, no podrán ser eliminadas por motivo de reestructuración del Sistema Nacional de Seguros, las mismas se constituyen en reserva económica de la soberanía alimentaria y su constitución y depósito serán obligatorios para cualquier ente público o privado que en el futuro administre los seguros que las producen.

CAPITULO VIII

DISPOSIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- El proceso de concertación del primer Plan Nacional de Soberanía Alimentaria se realizará dentro de los tres meses siguientes de la aprobación de la presente ley y entrará a regir en forma inmediata.

TRANSITORIO II- El CNP recuperará las plantas graneleras que se encuentren en administración privada e invertirá para ponerlas en óptimas condiciones para el aprovechamiento de los agricultores y pescadores afiliados al Plan Nacional de Soberanía Alimentaria

De igual manera, el CNP de conformidad con el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, instalará los silos que sean necesarios para el almacenamiento de granos; para cubrir los costos que ello represente, se dará prioridad en los presupuestos ordinarios de los años siguientes inmediatos a la publicación de esta ley.

TRANSITORIO III- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en lo que sea necesario para su aplicación y no resulte materia del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, a más tardar, en un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de la presente ley.

Anexo 1. Institucionalidad del Sector agropecuario.

Anexo 2. Soberanía (alimentaria)

Estos conceptos los anexo porque el de Soberanía alimentaria se las trae, ante un posible apoyo de los diputados porque afectaría muchos y grandes intereses económicos que al fin también implican intereses políticos

CONCEPTOS DE SOBERANÍA (ALIMENTARIA. FAO.

La "soberanía nacional" es un concepto que le da todo el poder de la nación a los ciudadanos. Estos dejan constancia en constitución que le ceden el poder al Estado. ... Así la soberanía nacional se concebirá como una, indivisible e inalienable, que no puede confundirse con los individuos que la conforman.

La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países.

Según Vía Campesina, promotor de la idea, “la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico.

LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

Seguridad alimentaria. “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad [de los otros tres elementos a lo largo del tiempo]” (FAO, 2006). La FAO había reafirmado también que “un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio, constituye la base fundamental que permitirá a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos” (FAO, 1996).

Soberanía alimentaria. Otros actores, como ONG y organizaciones de la sociedad civil, ampliaron el concepto y acuñaron el término de soberanía alimentaria. De acuerdo con The Six Pillars of Food Sovereignty, developed at Nyéléni, 2007 (Food Secure Canada, 2012), la soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares:

1. Se centra en alimentos para los pueblos: a) Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas. b) Insiste en que la comida es algo más que una mercancía.

2. Pone en valor a los proveedores de alimentos: a) Apoya modos de vida sostenibles. b) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos.

3. Localiza los sistemas alimentarios: a) Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. c) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables.

4. Sitúa el control a nivel local: a) Lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos. b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios. c) Rechaza la privatización de los recursos naturales.

5. Promueve el conocimiento y las habilidades: a) Se basa en los conocimientos tradicionales. b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras. c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales. 6. Es compatible con la naturaleza: a) Maximiza las contribuciones de los ecosistemas. b) mejora la capacidad de recuperación. c) Rechaza el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos.

Rige a partir de su publicación.

Wálter Muñoz Céspedes

Dragos Dolanescu Valenciano Carmen Irene Chan Mora

Rodolfo Rodrigo Peña Flores Shirley Díaz Mejía

Sylvia Patricia Villegas Álvarez Welmer Ramos González

Diputados y diputadas

12 de mayo de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.