Archivado: proyecto que exoneraba IVA en alquileres, luz y agua tras emergencias
El expediente 21963, que proponía exonerar del IVA alquileres, electricidad y agua hasta por un año tras una emergencia o recesión, venció su plazo cuatrienal el 7 de mayo de 2024 y no es ley.
Título oficial LEY PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE EMERGENCIAS
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Microempresas y pequeñas empresas del MEIC y del MAG
La exención total del IVA en alquiler, luz y agua cubre solo a micro y pequeñas empresas inscritas en el MEIC o registradas en el MAG. Las empresas medianas y grandes quedan fuera.
se exonerará de la totalidad de este impuesto a las empresas mencionadas en el presente inciso independientemente de la renta mensual que pague por concepto de arrendamiento
1, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Microempresas y pequeñas empresas inscritas en el MEIC que alquilan local
- Micro y pequeñas empresas agrícolas registradas en el MAG
- Personas que reciben suministro eléctrico residencial
- Personas que reciben agua residencial
- Comercios, industrias y servicios con suministro eléctrico o de agua
A quién beneficia
- Exención total del IVA en alquiler sin límite de renta mensual durante hasta un año
- Exención total del IVA eléctrico sin límite de consumo mensual durante hasta un año
- Exención total del IVA del agua sin límite de consumo mensual durante hasta un año
Qué cambia
- El Estado dejaría de recaudar ese IVA durante hasta un año
- La exención solo se activaría con declaratoria de emergencia o de recesión
- El proyecto no es ley: venció el 7 de mayo de 2024
La explicación completa
Qué propone
El proyecto está archivado y no es ley. Proponía exonerar del IVA tres servicios cuando el Poder Ejecutivo declare emergencia o el país entre en recesión (art. 1).
La exoneración del IVA en alquileres aplicaría a microempresas y pequeñas empresas inscritas en el MEIC y a micro y pequeñas empresas agrícolas registradas en el MAG (art. 1). Hoy esas empresas ya tienen exención, pero solo si la renta mensual no supera 1,5 salarios base.
Con la emergencia o recesión declarada, la exención cubriría la totalidad del impuesto sin importar la renta mensual (art. 1).
En electricidad, la exención total cubriría el suministro residencial y a las micro y pequeñas empresas del MEIC y del MAG, sin importar el consumo mensual (art. 1).
En agua, la exención total cubriría la venta o entrega residencial y a esas mismas micro y pequeñas empresas, sin importar el consumo (art. 1). El agua envasada en recipientes de cualquier material quedaría fuera.
Las excepciones se podrían aplicar en todo el territorio nacional o solo en el afectado por la emergencia (art. 1). Durarían hasta un año contado desde la declaratoria.
El artículo 2 agregaba una cuarta fase a la atención de emergencias: la fase de recuperación económica (art. 2). En esa fase, personas físicas y jurídicas del territorio afectado podrían usar las exoneraciones de los incisos 10, 11 y 12 del artículo 8 de la Ley 6826.
En qué va el trámite
El expediente 21963 venció su plazo cuatrienal el 7 de mayo de 2024 1. El trámite arrancó el 7 de mayo de 2020 con la presentación del proyecto.
El 12 de mayo de 2020 se envió a la Imprenta Nacional para su publicación 1. El 14 de mayo se asignó a comisión y se informó al Plenario.
El 29 de mayo de 2020 el expediente se remitió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios (Área VI) 1. El 2 de junio de 2020 ingresó al orden del día y debate de esa comisión.
El 2 de julio de 2020 el Plenario le dispensó el trámite 1. El 13 de julio de 2020 ingresó al orden del día del Plenario.
No hay registro en el dossier de que se haya votado en primer debate ni en segundo debate. Para ser ley faltaba el dictamen de comisión, el debate en Plenario y la aprobación en dos debates. El plazo cuatrienal venció sin que eso ocurriera 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto es un proyecto de ley ordinario y siguió ese camino 1.
El artículo 180 fija el límite de acción de los Poderes Públicos para usar recursos del Estado Constitución, art. 180. El proyecto no crea gasto: reduce un impuesto por un plazo definido (art. 1).
El artículo 50 ordena al Estado procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país" Constitución, art. 50. La exención del agua residencial se relaciona con el derecho de acceso al agua potable que ese artículo reconoce.
El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. Una exención temporal reduce esa contribución para algunos sectores. El dossier no permite decir si eso genera un problema constitucional.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya no está en trámite, así que no hay comisión ni debate donde incidir. Estas herramientas sirven para mirar el expediente o para empujar una propuesta parecida.
Paso 1. Consultar el estado del expediente 21963 en el Sistema de Información Legislativa de la Asamblea. La guía dice que la Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
Paso 2. Si quiere proponer una idea parecida, use el formulario web de la Asamblea. La guía explica que no hace falta presentar el texto completo: "basta con plantear de forma sencilla la propuesta" guía, p. 27. Esa vía no garantiza que la discutan ni la voten.
Paso 3. Si quiere una iniciativa con garantía de votación, necesita reunir firmas. La iniciativa popular exige al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30. El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26.
Paso 4. La Oficina de Iniciativa Popular da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto guía, p. 26.
Paso 5. Tenga en cuenta que un referéndum no aplica aquí. La guía dice que no se pueden someter a referéndum proyectos sobre materias "presupuestaria, tributaria, fiscal" guía, p. 30.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente no avanzó después del 13 de julio de 2020.
El dossier no incluye el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El dossier no dice cuánto dinero habrían dejado de recaudar estas exoneraciones.
El dossier no registra grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución del dossier. El proyecto siguió el trámite de una ley ordinaria y no crea gasto.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Refórmense los incisos 10), 11) y 12) del artículo 8 de la Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado, Ley N.° 6826"
Sin choque aparente La Asamblea es la que puede cambiar una ley tributaria. El proyecto es un proyecto de ley ordinario y siguió ese camino.
Constitución, art. 180"El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado"
Esta ley, art. 1"se exonerará de la totalidad de este impuesto a las empresas mencionadas en el presente inciso independientemente de la renta mensual que pague por concepto de arrendamiento"
Sin choque aparente El proyecto reduce un impuesto por un plazo definido y no crea gasto nuevo. El dossier no permite medir el efecto en el presupuesto.
Constitución, art. 50"Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida."
Esta ley, art. 1"se exonerará de la totalidad de este impuesto la venta o entrega de agua residencial"
Sin choque aparente La exención del agua residencial va en la misma dirección que el derecho de acceso al agua potable que reconoce la Constitución.
Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
Esta ley, art. 1"Esta excepción se podrá aplicar en todo el territorio nacional o en aquel afectado por la emergencia y se mantendrá vigente hasta por un año"
Hay dudas Una exención temporal reduce la contribución de algunos sectores. El dossier no permite decir si eso genera un problema constitucional.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21963: LEY PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE EMERGENCIAS
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE EMERGENCIAS
CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO XIOMARA PRISCILLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIPUTADO Y DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.963
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE EMERGENCIAS
Expediente N.° 21.963
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Todos los países están sujetos a enfrentar, en cualquier momento, un estado de necesidad y urgencia ocasionado por desastres naturales o conflictos sociales, económicos y políticos, sean internos o externos, y nuestro país no es la excepción.
Por ello, desde 1969 Costa Rica cuenta con una legislación en la materia, cuando se promulgó la Ley N.° 4374, Ley Nacional de Emergencia, que luego fue reformada por la Ley N.° 8488, de 2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, que incluye todo un componente de prevención y mitigación de los riesgos justamente para anticiparse a posibles efectos de las catástrofes.
Sin embargo, esa legislación no contempla acciones concretas para permitir la recuperación de la población en la etapa posterior a la emergencia, que es cuando precisamente se requiere mayor dinamismo para volver a echar a andar la economía, reconstruir la zona afectada, mantener y generar nuevos empleos y recuperarse.
En los últimos años el país ha enfrentado catástrofes naturales y antrópicas que han causado enormes pérdidas económicas y han dejado en estado de vulnerabilidad todo o parte del territorio nacional: hablamos del huracán Otto en 2016, del huracán Nate en 2017 y recientemente la aparición, en el 2020, del covid-19 o coronavirus.
Precisamente, la rápida expansión y afectación provocada por este virus nos ha llevado a estar en una situación de verdadera crisis de salud pública que ha tenido enorme impacto en la economía mundial y, por supuesto, en la nuestra. Debido a esta pandemia –así declarada por la Organización Mundial de la Salud– el pánico ha invadido a la población, la cual se ha debido aislar para evitar mayores contagios y esto está reduciendo la interacción económica y la creación de cadenas de valor. De tal forma, la producción ha decaído y el consumo se ha contraído, llevándonos a las puertas de una crisis económica sin precedentes, que amenaza miles de empleos y la estabilidad de las familias y los negocios.
Por ello, este proyecto pretende autorizar al Poder Ejecutivo que, ante la declaratoria de emergencia en los términos dispuestos por la mencionada Ley N.° 8488, así como frente a la declaratoria de recesión, según lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pueda utilizar herramientas como la reducción temporal y excepcional del impuesto al valor agregado a los alquileres y a los servicios de suministro eléctrico y de agua para ayudar a las personas y al sector productivo a soportar de mejor forma los embates de la crisis económica generada por los acontecimientos y, sobre todo, conservar los empleos que ha generado y dar un alivio al bolsillo de los consumidores para que puedan adquirir estos servicios básicos y la economía pueda levantarse pronto.
Por supuesto, estas exoneraciones serán excepcionales, por cuanto solo se podrían aplicar luego de la declaratoria de emergencia o de recesión, y con una temporalidad definida, en el tanto los beneficios serían extendidos hasta por un año contado a partir de la correspondiente declaratoria, todo con el objetivo de que el territorio afectado pueda levantar su economía a la mayor brevedad posible y las familias costarricenses encuentren un alivio frente a la calamidad que han vivido.
En razón de lo anterior se plantea el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE EMERGENCIAS
ARTÍCULO 1- Refórmense los incisos 10), 11) y 12) del artículo 8 de la Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado, Ley N.° 6826, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:
Artículo 8- Exenciones
Están exentos del pago de este impuesto:
(…)
- Los arrendamientos utilizados por las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como las micro y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Cuando el monto de la renta mensual exceda del uno coma cinco (1,5) del salario base, el impuesto se aplicará al total de la renta.
En caso de que el Poder Ejecutivo declare estado de emergencia, en los términos señalados por los artículos 4 y 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488, de 22 de noviembre del 2005, o que el país atraviese por una recesión económica, según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8 de la de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre de 2018, se exonerará de la totalidad de este impuesto a las empresas mencionadas en el presente inciso independientemente de la renta mensual que pague por concepto de arrendamiento. Esta excepción se podrá aplicar en todo el territorio nacional o en aquel afectado por la emergencia y se mantendrá vigente hasta por un año, contado a partir de la fecha en que se declare la emergencia o la recesión.
- El suministro de energía eléctrica residencial siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 280 kW/h y el suministro de energía eléctrica comercial, industrial, agrícola o para servicios, siempre que el consumo sea igual o inferior a 560 kW/h. Cuando el consumo mensual exceda las cifras descritas, el impuesto se aplicará al total de kW/h consumido.
En caso de que el Poder Ejecutivo declare estado de emergencia, en los términos señalados por los artículos 4 y 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488, de 22 de noviembre del 2005, o que el país atraviese por una recesión económica, según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8 de la de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre de 2018, se exonerará de la totalidad de este impuesto el suministro eléctrico residencial y a las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como a las microempresas y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), independientemente del consumo mensual que registren. Esta excepción se podrá aplicar en todo el territorio nacional o en aquel afectado por la emergencia y se mantendrá vigente hasta por un año, contado a partir de la fecha en que se declare la emergencia o la recesión.
- La venta o la entrega de agua residencial siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 30 metros cúbicos y la venta o la entrega de agua comercial, industrial, agrícola o para servicios siempre que el consumo sea igual o inferior a 60 metros cúbicos. Cuando el consumo mensual exceda las cifras descritas el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el agua envasada en recipientes de cualquier material.
En caso de que el Poder Ejecutivo declare estado de emergencia, en los términos señalados por los artículos 4 y 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488, de 22 de noviembre del 2005, o que el país atraviese por una recesión económica, según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8 de la de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre de 2018, se exonerará de la totalidad de este impuesto la venta o entrega de agua residencial y a las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como a las microempresas y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), independientemente del consumo mensual que registren. Esta excepción se podrá aplicar en todo el territorio nacional o en aquel afectado por la emergencia y se mantendrá vigente hasta por un año, contado a partir de la fecha en que se declare la emergencia o la recesión.
(…).
ARTÍCULO 2- Modifíquese el artículo 30 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488, de 22 de noviembre del 2005, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 30.- Fases para la atención de una emergencia. La atención de la emergencia se ejecutará en cuatro fases:
(…)
d) Fase de recuperación económica: es un periodo de tiempo durante el cual las personas físicas y jurídicas ubicadas en el territorio afectado por la emergencia o la declaración de recesión, según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8 de la de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre de 2018, podrán beneficiarse de las exoneraciones descritas en los incisos 10), 11) y 12) del artículo 8 de la Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado, Ley N.° 6826, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, con el objetivo de que se recuperen económicamente.
(…).
Rige a partir de su publicación.
Carlos Luis Avendaño Calvo
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández
Diputado y diputada
11 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.