Proyecto de condonación agropecuaria ya es la Ley 9966
La Asamblea convirtió en Ley 9966 un proyecto que condonaba deudas de productores agropecuarios con el FONADE y creaba bonos de desarrollo; la Sala anuló el artículo de condonación.
Título oficial LEY DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO ANTE EMERGENCIA POR COVID-19
Alerta: La Sala Constitucional anuló el artículo 2 de la Ley 9966, que era el que condonaba las deudas de los productores agropecuarios.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: FONADE y los adquirentes de bonos de desarrollo
El artículo 5 declara los bonos de desarrollo como intermediación cerrada y los saca de la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
Estos bonos son intermediación cerrada y por lo tanto no se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
5, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas rurales con deudas ante el FONADE
- El sector pesquero y acuícola de las zonas costeras, que la Ley 9966 agregó al artículo 1
- Asociaciones cooperativas con problemas de acceso al crédito
- El FONADE, que podría emitir bonos de desarrollo
A quién beneficia
- Los productores agropecuarios con deudas ante el FONADE quedaban cubiertos por la condonación del artículo 2, hoy anulada
- Las cooperativas con debilidades financieras tendrían un programa especial del INFOCOOP
- El FONADE tendría una herramienta adicional para captar recursos
Qué cambia
- La condonación del artículo 2 ya no está vigente por la anulación de la Sala Constitucional
- Los bonos de desarrollo no quedan sujetos a la fiscalización de la SUGEF
- El INFOCOOP debe destinar al menos el quince por ciento de los recursos que le transfiere la banca del Estado
La explicación completa
Qué propone
El proyecto del expediente 21.965 ya no está en trámite. Se convirtió en la Ley 9966, que está vigente 1.
El artículo 1 fijaba el objetivo: apoyar a los sectores productivos golpeados por el COVID-19. Lo haría condonando deudas de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas rurales (art. 1). También creaba bonos de desarrollo para darle recursos al Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE).
El artículo 2 autorizaba a la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo a condonar el 100% de las obligaciones de esos productores con el FONADE (art. 2). La condonación cubría principal, intereses corrientes, intereses moratorios y costas. Incluía deudas de varios fideicomisos y programas, entre ellos Fidagro y el Programa Especial de Reactivación Productiva de la Actividad Cañera.
El artículo 3 ordenaba al Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) destinar al menos el quince por ciento de los recursos que le transfiere la banca del Estado (art. 3). Con eso crearía un programa de rescate para cooperativas con problemas de acceso al crédito.
El artículo 4 reformaba el artículo 15 de la Ley 8634 para que el FONADE pudiera emitir bonos de desarrollo (art. 4). El artículo 5 reformaba el artículo 36 de esa misma ley y agregaba un inciso b) (art. 5). Los bonos serían intermediación cerrada y no quedarían sujetos a la fiscalización de la SUGEF.
La Ley 9966 que resultó cambió el texto. Su artículo 1 amplió la condonación al sector pesquero y acuícola de las zonas costeras 1. Su artículo 2, el de la condonación, fue anulado por la Sala Constitucional mediante la resolución N° 14870 del 29 de junio de 2022.
En qué va el trámite
El proyecto ya es ley. La ficha registra el trámite hasta la recepción en la Secretaría del Directorio del Plenario, el 31 de julio de 2020 2. La Ley 9966 está vigente desde el 26 de marzo de 2021 1.
El plazo cuatrienal vencía el 11 de mayo de 2024 2. Ya no aplica porque el proyecto se convirtió en ley.
Lo que se dijo en la Asamblea
La única grabación del dossier no trata sobre este proyecto. Es de la Comisión de la Mujer y se refiere a un fideicomiso del IMAS para mujeres empresarias 00:00:09.
En esa grabación, una diputada cuya identificación el subtítulo transcribe de forma confusa dijo: "me alegra mucho que en el seno de esta comisión podamos seguir brindándole a través de este tipo de proyectos de ley herramientas a las mujeres en condición de pobreza" 00:00:39.
El Censo no encontró en el dossier grabaciones del debate del expediente 21.965.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.
El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto siguió ese camino y se convirtió en la Ley 9966 1.
El artículo 45 protege la propiedad y permite privar de ella solo por interés público comprobado y con indemnización previa Constitución, art. 45. La condonación del artículo 2 afectaba deudas a favor del FONADE, no bienes de los productores. El Censo no ve en el texto una privación de propiedad a un tercero.
El artículo 64 ordena al Estado fomentar la creación de cooperativas Constitución, art. 64. El artículo 3 del proyecto destinaba recursos del INFOCOOP a cooperativas con problemas de crédito (art. 3), lo cual va en esa dirección.
El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos para usar recursos del Estado Constitución, art. 180. El proyecto ordenaba gastos con cargo al patrimonio del FONADE, como honorarios de abogados externos (art. 2). El Censo no tiene en el dossier el criterio de la Contraloría sobre ese punto.
La Sala Constitucional anuló el artículo 2 de la Ley 9966 1. El dossier no incluye el texto de la resolución N° 14870, así que no se puede explicar aquí por qué lo anuló.
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que las herramientas para cambiar el texto en comisión o plenario ya no sirven para este caso.
Puede pedir información sobre el estado de un proyecto o de la legislación aprobada en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de recursos públicos guía, p. 68. Las vías son el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025, el portal institucional o el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.
Puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra una ley que infrinja la Constitución guía, p. 24. Para eso necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando defienda intereses difusos.
Lo que no sabemos
El dossier no incluye el texto completo de la resolución N° 14870 de la Sala Constitucional, que anuló el artículo 2 de la Ley 9966.
El dossier no dice cuántos productores recibieron la condonación antes de la anulación.
El dossier no incluye grabaciones del debate del expediente 21.965 en la Asamblea.
El dossier no incluye el criterio de la Contraloría General sobre los gastos con cargo al FONADE.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque directo con los artículos del dossier, pero la Sala Constitucional anuló el artículo 2 de la Ley 9966 y el dossier no explica por qué.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"La presente Ley tiene como objetivo el apoyo y el fortalecimiento de los sectores productivos ante la situación de emergencia presentada por el COVID-19"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de dictar leyes, y este proyecto siguió ese trámite hasta convertirse en la Ley 9966.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 2"Se autoriza a la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo a condonar la totalidad (100%) de las obligaciones financieras que mantienen los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país con el Fondo Nacional para el Desarrollo FONADE"
Sin choque aparente La condonación afectaba deudas a favor del FONADE, no bienes de los productores. El Censo no ve en el texto una privación de propiedad a un tercero.
Constitución, art. 180"El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado"
Esta ley, art. 2"Se autoriza, con cargo al patrimonio del FONADE la cancelación de los honorarios de los abogados externos a cargo de los procesos judiciales"
Hay dudas El proyecto ordenaba gastos con cargo al patrimonio del FONADE. El dossier no incluye el criterio de la Contraloría sobre ese punto.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:39
"me alegra mucho que en el seno de esta comisión podamos seguir brindándole a través de este tipo de proyectos de ley herramientas a las mujeres en condición de pobreza"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 9966: Apoyo a beneficiarios del Sistema Banca para el Desarrollo para la reactivación de unidades productivas en la coyuntura de la situación económica del país (Vigente)
- Expediente 21965: LEY DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO ANTE EMERGENCIA POR COVID-19
- AUTORIZAN AL IMAS CREAR FIDEICOMISO PARA APOYO DE MUJERES EMPRESARIAS
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO ANTE EMERGENCIA POR COVID-19
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.965
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO ANTE EMERGENCIA POR COVID-19
Expediente N.° 21.965
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, mediante ACUERDO AG-030-06-2020 de sesión ordinaria 06-2020, aprobó un conjunto de medidas orientadas hacia favorecer los sectores productivos, con condiciones que les permita enfrentar el primer impacto económico de las Mipymes y coadyuvar en la recuperación económica y empresarial por los efectos económicos producto de la Emergencia Sanitaria Nacional a causa del COVID 19. Entre las medidas que favorecen, especialmente a pequeños productores agropecuarios de las zonas agrícolas del País, está la condonación de obligaciones de crédito de primer piso con el FONADE, la devolución fincas ya rematadas a esos productores, entre otros alcances que, permitirá fortalecer la capacidad de canalizar fondos al SBD especialmente en etapa de recuperación económica. El impacto económico de la condonación para el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) se estima en el orden de los 5.000 millones de colones, suma que no afecta la sostenibilidad del FONADE, pero permite la reactivación económica y productiva de cientos de familias, dado que se estima en 2700 productores beneficiados producto de la condonación solicitada.
El país está enfrentado una situación económica compleja, al finalizar el 2019 se evidenciaba un crecimiento de la producción del 2,1%, un promedio en la tasa media de crecimiento (de los últimos doce meses) del índice mensual de la actividad económica (IMAE) de 1,7%, porcentaje que si bien refleja una mejoría en todos los sectores como agricultura, comercio, etc, excepto el de la construcción, no ha alcanzado el porcentaje esperable del 3,5%; adicionalmente, el 2019 presentó una tasa de desempleo 12,4% y un índice de pobreza que se mantuvo en un 21%. Lo anterior, aunado a los desafíos que viene enfrentando el país en temas como el fiscal, hacen que la situación que se está generando, a partir de la emergencia nacional por la pandemia mundial del nuevo tipo de coronavirus COVID-19, sea crítica y requiera de acciones urgentes que contengan en lo posible la afectación de esta emergencia sobre la economía nacional y permitan posteriormente su reactivación.
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta el 30 de enero de 2020, después de que se detectara en la ciudad de Wuhan, de la Provincia de Hubei en China, el nuevo tipo de coronavirus, el Gobierno de la República de Costa Rica ha venido adoptando una serie de medidas para enfrentar las diferentes etapas de evolución del virus en el territorio nacional, emitiendo, el 16 de marzo del 2020, el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, mediante el cual dispuso: “Se declara estado de emergencia nacional en toda la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.”
Mediante Comunicado de Prensa Oficial del Gobierno, del 14 de marzo del 2020, se indicó que se usarían todas las herramientas disponibles para proteger la economía, los empleos y asegurar la óptima atención sanitaria de las personas afectadas.
En este contexto, se ha considerado importante adoptar medidas específicas para proteger las actividades que se generan a partir de recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Este Sistema, como se desprende de la Ley N° 8634, es un mecanismo que financia e impulsa proyectos productivos, viables y acordes con el modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social. Está orientado a la inclusión financiera de sectores de la población que por lo general no tienen acceso al crédito en las condiciones normales. Se trata, en muchos casos, de una población vulnerable de la que dependen muchas familias a través de los empleos que se generan tanto directamente como indirectamente por los encadenamientos de las actividades que se desarrollan.
Los beneficiarios del Sistema son: emprendedores, microempresas, pymes, micro, pequeño y mediano productor agropecuario, modelos asociativos, beneficiarios de microcrédito. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley, se da prioridad a mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los consorcios pyme, proyectos de zonas de menor desarrollo relativo, y aquellos proyectos que incorporen o promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose como una estrategia preventiva e integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y la reducción de los riesgos para los seres humanos y el ambiente.
Este tipo de proyectos financiados por el Sistema de Banca para el Desarrollo (dirigidos al sector agrícola, turístico, industrial, de transporte, etc), que por su tamaño y dependencia del consumo, son probablemente los más vulnerables a sufrir consecuencias irreversibles en el corto tiempo, están viendo ya afectada su actividad, como consecuencia de decisiones adoptadas por el Gobierno para contener el problema de salubridad que se genera con la pandemia, como lo es el aislamiento de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, se plantean dos medidas, que buscan la protección de las empresas, sus encadenamientos relacionados y por ende los empleos directos e indirectos involucrados, que están siendo afectados a partir de crisis generada por el COVID-19, protegiendo la movilidad social que se ha venido generando a partir de esas iniciativas, y al mismo tiempo se busca generar las herramientas para la reactivación de las actividades involucradas una vez que se supere la emergencia. Estas medidas son: a) la condonación de operaciones de crédito de primer piso directamente relacionados con deudas de programas y fideicomisos trasladados con la creación del SBD que ya se encontraban con problemas de morosidad y b) la creación de la figura de bonos de desarrollo que permita al Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) mayor disponibilidad de recursos para financiar proyectos que cumplan con lo dispuesto en la Ley.
Condonación de deudas
Con esta medida se busca apoyar a 2.705 micros, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas rurales del país, cuya cartera de crédito adeudada ante el FONADE es de aproximadamente ¢4.267.000 (cuatro mil doscientos sesenta y siete millones de colones). Al mismo tiempo se logra proteger el inmueble sobre el cual estos agricultores desarrolla la actividad económica, debido a que en muchos casos las fincas están otorgadas como garantía hipotecaria de los créditos.
Además se autoriza a los integrantes del SBD para que por un plazo de 12 meses contados desde la promulgación de esta ley, puedan adoptar cualquier medida razonable, incluida la condonación de intereses corrientes y moratorios que permita mitigar los efectos económicos a las Mipymes producto de esta emergencia sanitaria.
Emisión de bonos de desarrollo
Como una medida que busca la reactivación con posterioridad a la situación de crisis, del sector económico vulnerable protegido por el Sistema de Banca para el Desarrollo, cuya reactivación económica conlleva un gran desafío para el País y que, necesitará acceso a crédito en las mejores condiciones posibles, por medio de los operadores financieros, se crean los bonos de desarrollo.
Para esto se modifican el artículo 36 y el segundo párrafo y el inciso 2) del artículo 15 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N°. 8634, de 23 de abril de 2008, para permitir que el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) pueda emitir bonos de desarrollo, con la finalidad de captar recursos que puedan ser utilizados para generar mayor disponibilidad de dinero para el FONADE, bonos que serán negociados a través de los mecanismos que establece la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°7732.
La modificación del párrafo segundo del artículo obedece a un tema de congruencia con el mecanismo que se está implementando, deuda por la emisión de bonos de desarrollo, debido a que actualmente se hace referencia a “líneas de crédito” del Sistema, concepto que dejaría por fuera los bonos, por lo que se elimina dicha frase.
Debe aclararse que la intermediación que se genera con la colocación de estos bonos constituye intermediación cerrada, en razón de que los bonos pueden ser adquiridos únicamente por los intermediarios financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N°. 8634, de 23 de abril de 2008 y el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N°. 1644, de 26 de setiembre de 1953, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales, no así por el público en general; y los préstamos que realiza el FONADE están limitados a los beneficiarios definidos en los artículos 6 y 7 de la ley N°8634 supracitada.
En ese sentido la Procuraduría General de la República señaló, refiriéndose a la intermediación financiera realizada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante dictamen C-186-2005 del 16 de mayo del 2005 en lo conducente lo siguiente: “La condición de intermediario financiero por parte del Sistema de Ahorro y Préstamo ha sido analizada por esta Procuraduría en el dictamen N° C-209-2000 de 4 de septiembre de 2000, reafirmado en el C-040-2001 de 20 de febrero de 2001. En dicho dictamen la Procuraduría concluyó que el Sistema de Ahorro y Préstamo no califica como intermediario financiero para los efectos de la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras. La ausencia de competencia de la SUGEF se debe a que el INVU realiza una intermediación financiera que no se ajusta a la definición legal de intermediación financiera utilizada para definir esa competencia. Lo anterior no significa en modo alguno que la Procuraduría haya reconocido que el INVU no realiza intermediación financiera. Antes bien, indicó que la intermediación que realiza es de carácter limitado: una intermediación cerrada. Los fondos que el INVU capta no pueden ser utilizados respecto del público en general o para cualquier tipo de fin. Por el contrario, los préstamos sólo pueden ser concedidos a quien ostenta la calidad de ahorrante y para los fines establecidos en el artículo 5, inciso k) de la Ley Orgánica del INVU, por lo que no se presenta la característica de destino universal propia de la intermediación abierta”. El resaltado es nuestro.
La emisión de los bonos de desarrollo permitirá al FONADE contar con una herramienta adicional para tener acceso a crédito y optimizar la utilización de los recursos para el cumplimiento del fin público de inclusión financiera, lo que resulta de gran relevancia especialmente considerando las necesidades que surgen para los sectores beneficiarios de la Ley a partir de la situación de emergencia que se presenta por el COVID-19.
Por las razones expuestas, someto a sus señorías el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO ANTE EMERGENCIA POR COVID-19
ARTÍCULO 1- Objetivo
La presente Ley tiene como objetivo el apoyo y el fortalecimiento de los sectores productivos ante la situación de emergencia presentada por el COVID-19, por medio de la condonación del saldo de las deudas de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas rurales del país. Así como el fortalecimiento del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) mediante la creación de los bonos de desarrollo, con el fin de que cuente con la disponibilidad de recursos necesarios para propiciar la reactivación de los sectores beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N°. 8634, de 23 de abril de 2008 durante y con posterioridad a la situación de emergencia.
ARTÍCULO 2- Condonación de deudas
Se autoriza a la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo a condonar la totalidad (100%) de las obligaciones financieras que mantienen los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país con el Fondo Nacional para el Desarrollo FONADE (anteriormente Fideicomiso Nacional para el Desarrollo FINADE).
La condonación incluye el monto del principal adeudado, intereses corrientes e intereses moratorios, así como del pago de costas personales y procesales (en caso de procesos en cobro judicial) así como las operaciones registradas contablemente como insolutos, de todos aquellos productores que hayan obtenido créditos a través del Fideicomiso de Reconversión Productiva 520-001 CNP/BNCR, Fideicomiso 5001-001 Incopesca/Banco Popular, Fideicomiso 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito, Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro), Fideicomiso N.º 248 MAG/BNCR para el Financiamiento del Proyecto de Crédito y Desarrollo Agrícola para Pequeños Productores de la Zona Norte (PPZN), Programa Especial Mejoramiento de la Productividad y Competitividad de los Pequeños Productores de Arroz, Programa de fortalecimiento de la pequeña empresa BANCRÉDITO -PROAGROIN, Programa de Atención de Zonas Afectadas por Sismos (PRAZAS).
Para el caso del Programa Especial de Reactivación Productiva de la Actividad Cañera, serán sujeto de la condonación todas aquellas operaciones de crédito por cuenta riesgo del FONADE que se encuentren con una morosidad igual o mayor a 90 días y en Cobro Judicial y que hayan entrado en dicho estado de forma previa a la declaración de emergencia nacional, decretado por el Gobierno de la República de Costa el 16 de marzo del 2020, Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S.
Quedan excluidos de esta medida, todos aquellos casos de deudores, en los cuales la garantía que respaldaba el crédito ya haya sido rematada y adjudicada.
En el caso del Programa de fortalecimiento de la pequeña empresa BANCRÉDITO -PROAGROIN se autoriza la devolución de las fincas rematadas a los propietarios originales, siempre que las fincas no hayan sido todavía adquiridas por terceros de buena fe.
Se ordena suspender los procesos de cobro judicial de las deudas que se están condonando, y tener dichas obligaciones por extintas. Se autoriza, con cargo al patrimonio del FONADE la cancelación de los honorarios de los abogados externos a cargo de los procesos judiciales, según corresponda de acuerdo con el avance del proceso y lo dispuesto en los contratos; así como el pago de las costas procesales y personales del productor, según los montos que fije el juez considerando la etapa procesal.
Las condonaciones que se realicen al amparo de esta norma no se tendrán como operaciones no canceladas o no honradas, por lo que no podrán ser consideradas como incumplimientos en el análisis para el otorgamiento de nuevos créditos o avales con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, ni para que se les tenga como sujetos de crédito en el Sistema Bancario Nacional.
ARTÍCULO 3- Reactivación de Cooperativas en actividades productivas
El Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) deberá destinar al menos el quince por ciento de los recursos que le transfiere la banca del Estado, según el inciso b) del ordinal 41 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N°. 8634, de 23 de abril de 2008, y otros recursos propios que se encuentren disponibles y sean necesarios, para crear un programa especial de rescate, recuperación, reactivación empresarial y productiva, dirigido a aquellas asociaciones cooperativas que debido a su calificación crediticia, debilidades financieras y estructurales tengan limitado el acceso al crédito a través de intermediarios financieros.
ARTÍCULO 4- Refórmese el párrafo segundo y el inciso 2 del artículo 15 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N°. 8634, de 23 de abril de 2008 y sus reformas, las cuales se leerán:
Artículo15- Creación del Fondo Nacional para el Desarrollo
(...)
El Fonade será un patrimonio autónomo, administrado por la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Contará con la garantía solidaria del Estado, además de su más completa cooperación y de todas sus dependencias e instituciones.
(...)
- Política sobre instrumentos financieros:
El Fonade podrá emitir bonos de desarrollo, los que podrán ser adquiridos por los intermediarios financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N°. 8634, de 23 de abril de 2008 y el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N°. 1644, de 26 de setiembre de 1953, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales; asimismo el Fonade podrá titularizar sus flujos de ingresos futuros, sus bienes o un conjunto prefijado de activos y sus correspondientes flujos de ingresos.
Los valores provenientes de los bonos de desarrollo y la titularización serán negociables conforme a los mecanismos y las reglas vigentes para el mercado de valores.
(...)
ARTÍCULO 5- Refórmase el segundo segundo párrafo en el artículo 36, además, adicionase un inciso b) al final del mismo artículo de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N°. 8634 y sus reformas, cuyos textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 36- Creación del Fondo de Crédito para el Desarrollo.
(...)
El Consejo Rector queda facultado para asignar este fondo a su conveniencia, bajo las siguientes opciones:
Bancos Estatales. Podrá conceder el FCD a uno o a los dos bancos del estado. En caso de que se elija más de un banco estatal, el Consejo Rector le indicará a la banca privada cuál es el porcentaje que le corresponde transferir a cada banco administrador; además, los períodos de revisión y ajuste de dichos porcentajes serán definidos por el Consejo Rector.
(...)
FONADE mediante la emisión de bonos de desarrollo, los cuales se registrarán como préstamo al Fondo Nacional para el Desarrollo, y podrán ser adquiridos por los intermediarios financieros, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas institucionales y profesionales. Estos bonos son intermediación cerrada y por lo tanto no se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras.
El Fonade reconocerá, por el depósito de dichos fondos en los bonos de desarrollo, las tasas de interés estipuladas en el inciso i) del artículo 59 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953. Además, estos recursos se deberán manejar como parte de las cuentas normales, con una contabilidad separada.
El Consejo Rector definirá la tasa de interés, márgenes, comisiones y condiciones generales con que se canalizarán estos fondos por medio de los Operadores Financieros. Al FONADE no le aplicará las condiciones establecidas en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.°1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953.
Dado en la Asamblea Legislativa, San José a los once días del mes de mayo del año dos mil veinte.
Rige a partir de su publicación.
Mario Castillo Méndez Wagner Alberto Jiménez Zúñiga
Paola Alexandra Valladares Rosado Mélvin Ángel Núñez Piña
Víctor Manuel Morales Mora Welmer Ramos González
Luis Ramón Carranza Cascante Enrique Sánchez Carballo
Luis Fernando Chacón Monge
Diputados y diputada
14 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.