Archivado el plan que congelaba plazos de prisión preventiva por pandemia
El proyecto de María José Corrales Chacón para suspender plazos de prisión preventiva y prescripción durante emergencias nacionales quedó archivado en 2022 y ya venció su plazo de cuatro años.
Título oficial ADICIÓN DE INCISOS A LOS ARTÍCULOS 34 Y 259 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA SUSPENDER LOS PLAZOS DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL
A quién le toca
- Personas detenidas con prisión preventiva durante una emergencia nacional
- Víctimas y testigos citados a juicios penales durante una emergencia
- Personas adultas mayores, diabéticas, con hipertensión o cardiopatías citadas a tribunales
- Imputados en causas penales abiertas durante una emergencia
A quién beneficia
- Las personas detenidas no habrían visto correr el plazo máximo de prisión preventiva durante la emergencia
- Las causas penales no se habrían archivado por prescripción durante la emergencia
- Víctimas y testigos no habrían tenido que salir de sus casas a declarar durante la emergencia
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado desde el 20 de abril de 2022
- El plazo cuatrienal venció el 12 de mayo de 2024
- La comisión de Asuntos Jurídicos emitió dictamen unánime negativo
- Para revivir la idea habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
Qué propone
El proyecto está archivado y ya venció su plazo. Proponía agregar un inciso a dos artículos del Código Procesal Penal para congelar plazos durante una emergencia nacional (art. 34) (art. 259).
En el artículo 34, el texto agregaría un inciso que dice: "Durante el periodo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo hubiera decretado" (art. 34). Ese inciso suspendería el cómputo de la prescripción de la acción penal.
En el artículo 259, el mismo inciso suspendería los plazos de prisión preventiva (art. 259).
La exposición de motivos decía que la suspensión buscaba tres cosas. Primero, proteger la vida de quienes tendrían que ir a juicios o audiencias. Segundo, que el Estado no pidiera quedarse en casa y a la vez obligara a salir a los tribunales. Tercero, evitar que las causas se archivaran o prescribieran durante la pandemia (art. 34).
La diputada María José Corrales Chacón firmó el proyecto el 18 de mayo de 2020 (art. 34).
En qué va el trámite
El expediente 21969 está archivado. La ficha del Sistema de Información Legislativa registra el ingreso a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 29 de mayo de 2020 1.
La comisión votó el 5 de abril de 2022 y emitió dictamen ese mismo día 1. El 20 de abril de 2022 archivó el expediente con un dictamen unánime negativo, según el artículo 81 BIS del Reglamento.
El plazo cuatrienal venció el 12 de mayo de 2024 1. Para que fuera ley faltaban el primer debate, el segundo debate, la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La propuesta tocaba plazos procesales, no derechos sustantivos.
El artículo 37 de la Constitución dice que nadie puede ser detenido sin indicio comprobado de delito y sin mandato escrito de juez Constitución, art. 37. También ordena poner a la persona a disposición de un juez competente en veinticuatro horas. El proyecto no cambiaba esa regla. Solo congelaba el cómputo de los plazos máximos de prisión preventiva mientras durara una emergencia nacional (art. 259).
El artículo 39 garantiza que a nadie se le imponga pena sin sentencia firme y con oportunidad de defensa Constitución, art. 39. Suspender la prescripción no elimina ese derecho. Alarga el tiempo en que el Estado puede investigar y juzgar (art. 34).
El artículo 40 prohíbe tratos crueles o degradantes y penas perpetuas Constitución, art. 40. Una prisión preventiva que se prolonga sin límite durante una emergencia podría generar dudas sobre ese punto. El texto no fijaba un tope distinto al plazo ordinario. Solo lo pausaba (art. 259).
El artículo 124 describe cómo un proyecto se convierte en ley: dos debates en días distintos, aprobación de la Asamblea, sanción del Ejecutivo y publicación en La Gaceta Constitución, art. 124. Este proyecto no llegó a ninguno de esos pasos.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado y su plazo venció. No hay votación pendiente ni comisión abierta para este expediente 1.
Puede consultar el estado de cualquier proyecto en la página de la Asamblea Legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre la tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27.
Si quiere proponer un proyecto parecido, puede llenar el formulario web de la Asamblea. No necesita presentar el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas propuestas y las remite a los diputados para que decidan si las adoptan.
Si quiere impulsar una iniciativa popular con garantía de que se vote, necesita reunir al menos el cinco por ciento de las firmas del padrón electoral guía, p. 26. El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea.
Lo que no sabemos
El dossier no incluye el texto del dictamen unánime negativo de la comisión, solo la referencia en la ficha 1.
El dossier no dice cuántos diputados votaron a favor o en contra en la comisión 1.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El texto tocaba plazos procesales y no cambiaba las garantías del artículo 37 ni del artículo 39. El Censo no encontró un choque directo con los artículos del dossier.
Constitución, art. 37"Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas."
Esta ley, art. 259"Durante el periodo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo hubiera decretado."
Sin choque aparente El proyecto no cambiaba la regla de las veinticuatro horas ni la necesidad de un mandato judicial. Solo pausaba el cómputo de los plazos máximos de prisión preventiva mientras durara la emergencia.
Constitución, art. 39"A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad."
Esta ley, art. 34"Durante el periodo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo hubiera decretado."
Sin choque aparente Suspender la prescripción alarga el tiempo para investigar y juzgar, pero no elimina el derecho a la defensa ni la exigencia de sentencia firme.
Constitución, art. 40"Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación."
Esta ley, art. 259"Durante el periodo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo hubiera decretado."
Hay dudas Una prisión preventiva que se prolonga sin tope durante una emergencia podría generar dudas sobre este artículo. El texto no fijaba un límite distinto, solo pausaba el plazo ordinario.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21969: ADICIÓN DE INCISOS A LOS ARTÍCULOS 34 Y 259 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA SUSPENDER LOS PLAZOS DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
ADICIÓN DE INCISOS A LOS ARTÍCULOS 34 Y 259 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA SUSPENDER LOS PLAZOS DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL
MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.969
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
ADICIÓN DE INCISOS A LOS ARTÍCULOS 34 Y 259 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA SUSPENDER LOS PLAZOS DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL
Expediente N.° 21.969
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde hace unos meses el mundo entero vive una de sus épocas más trágicas, marcada por la crisis de una pandemia producida por el covid-19, entendida esta como “…una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus…”, último que puede producir “…infecciones contagiosas que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves…”.
El coronavirus fue inicialmente detectado en la ciudad de Wuhan, China, esto en dieciembre de 2019 por parte del doctor Li Wenliang, quien detectó siete casos de un virus que se asemejaba al SARS (síndrome respiratorio agudo severo), él intentó alertarlo a la autoridades, pero no fue escuchado. Prontamente, el número de casos aumentó trece veces y se extendió a la mayoría de países del mundo entero.
El 11 de marzo de 2020, menos de dos meses después de que el coronavirus fuera inicialmente detectado en China, fue declarado pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, dando así cuenta del vertiginoso paso de este mortal virus. La potencialidad de progapagación del coronavirus es de tal magnitud, que en un estudio publicado el 26 de marzo de 2020 por el Imperial College de Londres, se estimó que si en América Latina no se implementasen medidas restrictivas respecto del covid-19, se podrían presentar más de quinientos cincuenta millones de personas infectadas, con el deceso de más de tres millones de ellas.
En Costa Rica, cinco días antes de que el coronavirus fuera declarado pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el 06 de marzo de 2020, se detectó el primer caso de tal virus, nueve días después la cifra ascendía a 35 casos confirmados, para finales de mes eran más de 330 las personas infectadas por el letal virus.
Como es sabido, la situación ha sido tan apremiante que mediante Decreto Ejecutivo N.º 42227-MP-S, se declaró estado de emergencia nacional al amparo de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, que “…en su ordinal 29 establece que en caso de calamidad pública ocasionada por hechos de la naturaleza o del ser humano, que son imprevisibles o previsibles pero inevitables y no pueden ser controlados manejados ni dominados por las potestadas ordinarias de que dispone la Adminitración Pública, el Poder Ejecutivo está facultado para declarar emergencia nacional a fin de integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos, entidades públicas, privadas, a efectos de opder brindar una solución acorde a la magnitud del desastre…”.
Aunado a lo anterior, el Ministerio de Salud ha implementado una serie de políticas dirigidas tanto a las instituciones privadas como públicas, pero también a la población en general, destinataria última a la que se le ha instado al distanciamiento social y al confinamiento domiciliario, medidas que han sido implementadas mundialmente para paliar una mayor propagación del covid-19. De tales medidas, tal y como lo ha expuesto la Organización Mundial de la Salud, destaca mantenerse en casa como un importante lineamiento para evitar una mayor propagación del virus.
Cada institución ha tomado decisiones para implementar las diversas políticas que han emanado del Poder Ejecutivo para contener la pandemia, entre ellas el Poder Judicial, que mediante la Circular N.º 57-2020, dictada por Corte Plena, dispuso una serie de pautas de relevancia para causas penales con personas detenidas, debiéndose atender por parte de los juzgados y tribunales toda audiencia temprana, de medida cautelar, preliminar, juicios, etc. en aquellas sumarias donde figure alguna persona detenida.
La anterior disposición se realizó con base en el uso de la tecnología como la implementacion de la video conferencia, para que así no se deba disponer el traslado de las personas detenidas. No obstante, también se reconoce que existen despachos donde tal medio no existe, proponiendo que en esos casos “…deberán buscar solventar en la medida de lo posible con alguna otra oficina o despacho cercano…”. Tal posibilidad deberá ser empleada no solo en aquellos despachos en los que no se cuente con video conferencia, sino también en aquellos en los que no se cuente con suficientes equipos, por ejemplo, algún circuito judicial en que solo se tenga uno de tales equipos, pero se realicen dos o más diligencias de persona detenida al mismo tiempo.
La circular bajo exposición solo se centra en el traslado de la persona detenida y en sumarias penales con prisión preventiva por, al menos, dos grandes aspectos: i) el traslado de la persona detenida podría aumentar el riesgo de transmisión de covid-19 y ii) al ser causas con persona detenida, existen plazos de prisión que se deben respetar, pues el Código Procesal Penal dispone plazos de encarcelamiento preventivo máximos.
Pese a lo anterior, existe un aspecto central que escapa a la circular citada renglones arriba y que en el contexto de la pandemia resulta de importancia trascendental, específicamente que mecanismos como la video conferencia o la realización del juicio o audiencias en presencia del imputado preso en otra sala u oficina no solventa el hecho de que las personas usuarias de la administración de justicia deberán salir de sus casas e ir a espacios públicos (por ejemplo, salas de juicio), lo cual, por sí mismo, va en contra de las políticas de confinamiento que está pidiendo el gobierno. Incluso, si alguna persona no se presenta al llamado judicial, esta podrá ser llevada a estrados judiciales por medio de la fuerza, sea del Organismo de Investigación Judicial, o bien, de la Fuerza Pública, lo que implicará un contacto físico contrario a las políticas de distanciamiento social.
Lo anterior se agrava al tomar en cuenta que las usuarias o lo usuarios pueden ser personas en una actual condición de vulnerabilidad, verbigracia, personas adultas mayores, diabéticos(as), con hipertensión o cardiopatías crónicas, niños y niñas, etc., sin que puedan negarse a asistir a las diligencias judiciales por tratarse de causas penales con personas detenidas. El resultado de ello será exponer a la enfermedad a personas que no pudieron cumplir el llamado al confinamiento y distanciamiento social por un llamado realizado por un despacho que administra justicia, promoviendo así una inconsistencia, donde, por un lado, se insta a la población a permanecer en sus casas pero, por otro, tienen que salir de sus domicilios para acudir a una diligencia judicial, exponiéndose a contagiarse del covid-19.
La contradicción recién apuntada se solventaría mediante la suspensión de los plazos de la prisión preventiva, así como de la prescripción de las sumarias penales con persona detenida, de tal suerte que, durante el tiempo de suspensión, dichos plazos no se computen, logrando con ello no solo que dichas sumarias no sean archivadas promoviendo, de alguna manera, un margen de impunidad, sino -y más importante aún- no exponiendo a la enfermedad a miles de personas que acudirían al llamado judicial, ya sea como testigos o como víctimas. Se entiende que este tipo de cambios requieren, por imperativo, una reforma legal y que, además, se trata de medidas excepcionales por lo cual solamente se pueden basar en excepcionalísimas situaciones como la declaratoria de emergencia nacional.
El presente proyecto de ley se plantea de una situación de emergencia nacional y mundial y tiene tres objetivos:
i) Tutela de la vida: busca proteger la vida de miles de habitantes que por atender un llamado judicial se expondrían a la enfermedad y, eventualmente, a la muerte. Este extremo es especialmente importante cuando las personas presentan alguna condición de vulnerabildiad respecto del covid-19.
ii) Consistencia de las políticas de Estado: en el marco de tramitación de las sumarias penales, resulta contradictorio que el Gobierno le exija a la población que permanezca en sus casas y que mantenga distancia social, pero que deba ir a los tribunales de justicia a juicios o audiencias de causas con persona detenida, lo que implica no solo el egreso domiciliar de víctimas y testigos, sino que dicha salida pueda hacerse durante días -pues la diligencia puede tomar varias fechas-, e incluso por la fuerza -que se disponga judicialmente la presentación de algún testigo-, vulnerando las políticas nacionales de distanciamiento social.
iii) Evitar la impunidad: la realización de los jucios penales o de las audiencias con personas detenidas, se realiza por los plazos de prisión preventiva que más allá de la pandemia, continúan, por lo que existe la posibilidad de que personas que han sido admitidas como testigos se oculten de las autoridades, logrando no asistir al llamado judicial, lo cual dejaría causas sin pruebas y por tecnicismos legales podrían personas eventualmente culpables quedar libres. Asimismo, dado que los plazos de prescripción no se detienen, esto pese a la emergencia nacional, también se propone que la suspensión de la prescripción de la acción penal alcance a todas las sumarias penales, para que así no se promueva la impunidad por el paso del tiempo en contextos de pandemia.
Se estima que tales propósitos se podrán lograr si en estados de emergencia nacional como el presente los plazos de prisión preventiva y de prescripción de la acción penal se suspendieran, bastando para ello adicionar un inciso a los artículos 34 y 259 del Código Procesal Penal.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
ADICIÓN DE INCISOS A LOS ARTÍCULOS 34 Y 259 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA SUSPENDER LOS PLAZOS DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un nuevo inciso a los artículos 34 y 259 del Código Procesal Penal, para que en adelante diga:
Artículo 34- Suspensión del cómputo de la prescripción. El cómputo de la prescripción se suspenderá:
(…)
-) Durante el periodo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo hubiera decretado.
Artículo 259- Suspensión de los plazos de prisión preventiva. Los plazos previstos en el artículo anterior, se suspenderán en los siguientes casos:
(…)
-) Durante el periodo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional que el Poder Ejecutivo hubiera decretado.
Rige a partir de su publicación.
María José Corrales Chacón Diputada
18 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.