Archivado el proyecto que devolvía abogado gratis en casos civiles
El expediente 21971, que proponía revivir el beneficio de pobreza para tener abogado y notario gratis en procesos civiles, se archivó y su plazo de cuatro años venció en mayo de 2024.
Título oficial ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, N°9342 DEL 03 DE FEBRERO DE 2016 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, N° 13 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1941
A quién le toca
- Personas con ingresos menores a dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo que necesiten abogado en un proceso civil
- Personas con procesos sucesorios, de alquileres, de linderos o de daños que no puedan pagar un abogado
- Sucesiones y personas jurídicas sin fines de lucro
- Abogados y abogadas que quieran representar gratis a personas en condición de pobreza
A quién beneficia
- Servicios gratuitos de abogacía y notariado en procesos civiles para quien gane menos de dos salarios base
- Exención de depósitos de dinero, salvo en embargo preventivo
- Nadie tendría que garantizar las costas del proceso
- Los abogados que trabajen gratis quedarían eximidos de acatar las tarifas de honorarios del Colegio
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado y su plazo venció el 12 de mayo de 2024
- Quien oculte sus recursos pagaría multa de tres o cinco días multa según la cuantía
- La resolución que niega el beneficio no tendría apelación, salvo la final
- El beneficio cesaría si la persona mejora de fortuna
La explicación completa
El proyecto de ley 21971 está archivado. Su plazo de cuatro años venció el 12 de mayo de 2024 y no se convirtió en ley. Proponía devolver a la jurisdicción civil el beneficio de pobreza, un mecanismo que permite litigar sin pagar abogado ni notario.
Qué propone
El proyecto crearía un nuevo Capítulo VI en el Código Procesal Civil, llamado "Beneficio de pobreza" (art. 1). Ese capítulo tendría derecho a servicios gratuitos de abogacía y notariado para quien gane menos de dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo (art. 76 bis.1).
El texto también abriría el beneficio a sucesiones y a personas jurídicas sin fines de lucro (art. 76 bis.1). Para medir la pobreza no se tomarían en cuenta la casa de habitación familiar, las acciones judiciales, los créditos de cobro difícil, las pensiones alimenticias, los beneficios sociales ni las herramientas de trabajo.
El beneficio solo se pediría para procesos determinados, antes de empezar o dentro del proceso, y se tramitaría en vía incidental (art. 76 bis.2). Quien lo obtenga no tendría que hacer depósitos de dinero, salvo en el caso de embargo preventivo, y no tendría que garantizar las costas (art. 76 bis.3).
La resolución final del incidente tendría recurso de apelación en el efecto devolutivo (art. 76 bis.4). Si la parte contraria demuestra que la persona ocultó sus recursos o mejoró de fortuna, el beneficio cesaría (art. 76 bis.5). Quien oculte sus circunstancias económicas pagaría tres días multa en asuntos de menor cuantía y cinco días multa en asuntos de mayor cuantía o inestimables.
El artículo 2 reformaría el inciso 4 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas, N° 13 (art. 2). Eximiría de acatar las tarifas de honorarios a quien preste servicios gratis por razones humanitarias, de bien social o a personas en condición de pobreza.
El proyecto lo presentó el diputado José María Villalta Flórez-Estrada el 18 de mayo de 2020 1.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 29 de mayo de 2020 y un dictamen de esa comisión el 20 de octubre de 2021 1. Después de esa remisión a la Secretaría del Directorio, el 26 de octubre de 2021, no hay más pasos en el trámite.
El plazo cuatrienal venció el 12 de mayo de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en primero y segundo debate. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El propio proyecto se apoya en el artículo 41 de la Constitución, que ordena justicia pronta y cumplida para todos Constitución, art. 41. El texto cita ese artículo completo en su exposición de motivos (art. 1).
El artículo 41 dice: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes." Constitución, art. 41
El proyecto sostiene que la derogatoria del beneficio de pobreza en el Código Procesal Civil de 2016 dejó sin alternativa a quienes no pueden pagar abogado (art. 1). El Censo no encontró un choque entre el texto propuesto y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto busca desarrollar el artículo 41, no limitarlo.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede empujar en la corriente legislativa porque está archivado. Si quiere una ley parecida, la vía es la iniciativa popular: reunir firmas y llevarla a la Asamblea guía, p. 26.
La guía explica que la iniciativa popular necesita al menos un cinco por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral guía, p. 30. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26.
También puede llenar el formulario web de la Asamblea para proponer una idea de ley guía, p. 27. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente se archivó ni si la comisión emitió dictamen afirmativo o negativo.
El dossier no permite saber cuánto era el monto exacto de dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo en 2020.
El dossier no registra cuántas personas habrían usado el beneficio si se aprobaba.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto desarrolla el derecho de acceso a la justicia del artículo 41 y el Censo no encontró choque con los artículos constitucionales del dossier.
Constitución, art. 41"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes."
Esta ley, art. 76 bis.1"Las personas cuyo ingreso mensual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993, tendrán derecho a obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado acudiendo al beneficio de pobreza."
Sin choque aparente El proyecto busca que la justicia llegue también a quien no puede pagar abogado, que es lo que pide el artículo 41.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21971: ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, N°9342 DEL 03 DE FEBRERO DE 2016 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, N° 13 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1941
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, N° 9342 DEL 03 DE FEBRERO DE 2016 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, N° 13 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1941
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.971
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, N° 9342 DEL 03 DE FEBRERO DE 2016 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, N° 13 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1941
Expediente N.° 21.971
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 41:
“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”
Sin embargo, a pesar de la claridad y contundencia de la norma constitucional, en la realidad este derecho fundamental nunca ha estado plenamente garantizado para amplios sectores de la población costarricense. Existen múltiples factores que limitan su acceso pleno a la justicia. Uno de los más significativos es la pobreza. Ante la falta de recursos económicos, muchas personas se ven imposibilitadas de contratar una persona profesional en derecho que les represente adecuadamente en los procesos judiciales. Esta situación les coloca en franca desventaja frente aquienes sin pueden hacerlo, si es que logran superar las barreras económicas de acceso para presentar su caso ante los tribunales de justicia.
Esta problemática es particularmente apremiante en aquellas materias como la civil o la sucesoria, en las que no existe la posibilidad de contar con una defensa pública o patrocinio letrado gratuito, costeado por el Estado, para quienes así lo requieren por su condición socioeconómica, como sí existe en las jurisdicciones penal, agraria, laboral o de pensiones alimentarias.
Previendo la situación descrita, desde hace muchos años, nuestra legislación civil ha contemplado mecanismos que buscan aminorar la desigualdad en el acceso a la justicia por motivos económicos, con el propósito de evitar que la realización del artículo 41 constitucional sea una quimera. Este era el caso del beneficio de litigar en pobreza que se encontraba regulado en el Código Procesal Civil de 1989 recientemente derogado (Ley N°7130 del 16 de agosto de 1989)
Sobre este beneficio, el jurista argentino Mauricio Kalejman escribió: “En primer término es del caso destacar que el beneficio de litigar sin gastos es la exención provisional de las costas procesales a favor de una parte carente de recursos suficientes como para acceder al derecho de defensa en juicio. Su objeto es facilitar, por causas sociales, la utilización de los órganos jurisdiccionales estatales cuando debiera prescindirse de ellos, por falta de recursos, en razón de los inevitables costos considerados aún en litigios menores.”
A pesar de la importancia de dicho beneficio para garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales de acceso a la justicia para personas en desventaja socioeconómica, mediante el nuevo Código Procesal Civil, aprobado por la Ley N°9342 del 03 de febrero de 2016, se derogaron los artículos que regulaban el beneficio de litigar en pobreza en esta jurisdicción, sin sustituirlos por otras disposiciones similares o de efecto equivalente.
Con dicha derogatoria sin una alternativa razonable, se restringe el acceso a la justicia civil a todas las personas que no cuenten con recursos económicos suficientes para sufragar los gastos procesales.
Cabe recordar que la jurisdicción civil no conoce sobre materias intrascendentes o exclusivas de los sectores más adinerados de la población. Por el contrario, versa sobre asuntos que afectan la vida cotidiana de todas las personas: los procesos sucesorios indispensables para resolver los múltiples conflictos que se presentan con las herencias, los alquileres de viviendas y los contratos civiles en general, los conflictos entre vecinos y sobre la tenencia de bienes en general, así como todo lo relacionado con la reparación e indemnización de daños, entre muchos otros. En todos estos asuntos, las personas que no pueden pagar un abogado o abogada se encuentran en franca desventaja y ven lesionado su derecho fundamental a encontrar justicia pronta y cumplida.
La eliminación del beneficio de pobreza agrava esa situación de desventaja y privación de la justicia. Si bien, no puede afirmarse que este beneficio sea, por si solo, la solución óptima y definitiva al problema, su eliminación, sin que exista una defensa pública en materia civil y sucesoria u otra alternativa mejor, empeora el estado de desamparo en el que ya viven estas personas. Ya se empiezan a recibir denuncias y quejas de profesionales en Derecho, por casos de personas que anteriormente tenían la posibilidad de litigar acogiéndose al beneficio de pobreza, pero actualmente se encuentran en imposibilidad de llevar adelante los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Incluso, algunas de estas personas se han visto en la obligación de interponer recursos legales como acciones de inconstitucionalidad, buscando una solución.
En este sentido, dicha eliminación contraviene el pleno acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva y es contradictoria con la Constitución Política y con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen obligaciones de los Estados para facilitar el acceso a la justicia de las personas, como la igualdad ante la ley y la no discriminación y el ya mencionado derecho a un remedio efectivo por parte de un tribunal.
Así las cosas, mediante la presente iniciativa se pretende restablecer en nuestra legislación civil el beneficio de litigar en pobreza, como una alternativa para favorecer el acceso a la justicia de aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para costear el patrocinio letrado, al menos mientras no exista una defensa pública gratuita en esta jurisdicción u otro mecanismo más favorable.
Con el mismo espíritu, también se propone modificar el inciso 4) del artículo 9 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas a fin de facilitar y promover que aquellas personas profesionales en derecho que deseen representar gratuitamente a personas en condición de pobreza o por razones humanitarias o de bien social puedan hacerlo sin incumplir sus obligaciones gremiales.
Por las razones expuestas, se somete la presente iniciativa de ley a la consideración de las señoras y los señores diputados, para su estudio y pronta aprobación como Ley de la República.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, N °9342 DEL 03 DE FEBRERO DE 2016 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, N° 13 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1941
ARTÍCULO 1- Para que se adicione un nuevo Capítulo VI al Título II del Código Procesal Civil, N° 9342 del 03 de febrero de 2016 y que en adelante se corra la numeración. Los textos dirán:
Capítulo VI: Beneficio de pobreza
ARTÍCULO 76 bis- Derecho al beneficio de pobreza
76 bis.1- Concepto. Las personas cuyo ingreso mensual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993, tendrán derecho a obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado acudiendo al beneficio de pobreza. El beneficio también podrá otorgarse a las sucesiones y a las personas jurídicas que no tengan fines de lucro. Para esta estimación no se tomarán en cuenta la casa de habitación familiar, las acciones judiciales, los créditos de cobro difícil, las pensiones alimenticias, los beneficios sociales, ni las herramientas, instrumentos o útiles indispensables para el ejercicio de la profesión u oficio de quien solicita esta gracia.
Cuando sea parte un menor sujeto a la patria potestad, que careciere de bienes, se estará a los que tengan el o los progenitores que lo representen en el proceso.
76 bis.2- Ámbito de acción. Este beneficio solo podrá pedirse para procesos determinados, antes de su inicio o dentro de él. La gestión se tramitará en vía incidental. Las pruebas se apreciarán en conciencia, sin sujeción a las normas del Derecho común, y aún podrá tomarse en cuenta el modo de vida del solicitante.
El otorgamiento del beneficio valdrá para el proceso y sus incidentes; sin embargo, si el litigante tuviere establecidos otros procesos, podrá hacerlo valer en estos, por medio de certificación de la resolución respectiva. Si se negare la concesión del beneficio, cesará también en el proceso en el que se hubiere obtenido.
76 bis.3- Efectos del beneficio. El litigante que hubiere obtenido el beneficio no estará obligado a hacer depósitos de dinero en los casos en que la ley lo exige, excepto el caso de embargo preventivo. No podrá obligarse al litigante pobre a garantizar las costas del proceso, pero tampoco podrá éste exigir que lo haga la parte o partes contrarias.
76 bis.4- Recursos. Las resoluciones que se dicten en el incidente de pobreza no tendrán recurso de apelación, salvo la final, que lo será en el efecto devolutivo. Las partes no estarán obligadas a rendir garantía de costas mientras no quede firme la resolución que deniega el beneficio.
76 bis.5- Cesación de los efectos. A petición de la parte contraria, dejará de surtir sus efectos el beneficio de pobreza si se demostrare que el beneficiario ocultó sus verdaderos recursos, o que ha venido a mejor fortuna.
La oposición se tramitará en vía incidental, y si resultara infundada se condenará en costas procesales al que la promovió. Si el beneficiado ocultó sus verdaderas circunstancias económicas, pagará al Fisco tres días multa en asuntos de menor cuantía, y cinco días multa en asuntos de mayor cuantía o inestimables, y desde el momento en que quede firme la resolución en la que se revoque el beneficio, estará también obligado a garantizar las costas del proceso. Mientras no pague la multa y no rinda la garantía de costas, no se dará curso a sus gestiones, las cuales se tendrán por presentadas, sin retroacción de plazos, en el instante en que cumpla.
76 bis.6- Denegatoria del beneficio. Si se declarase sin lugar el beneficio, será obligado el solicitante a pagar las costas procesales del incidente.
ARTÍCULO 2- Se reforma el inciso 4) del artículo 9 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, N° 13 del 28 de octubre de 1941 y sus reformas. El texto dirá:
Artículo 9- Los abogados que pertenezcan al Colegio están obligados: (…)
- Acatar las tarifas de honorarios que dicte el Colegio, debidamente promulgadas de acuerdo con esta ley. Se exime de esta obligación a la persona agremiada que preste sus servicios de manera gratuita por razones humanitarias, de bien social, o a personas en condición de pobreza.
(…)
Rige a partir de su publicación
José María Villalta Flórez-Estrada Diputado
18 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.